A la sala de lo penal del tribunal superior de justicia de






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MEDIDAS CAUTELARES

PRIMERA.- Dada la pena grave superior a tres años de prisión prevista para el delito continuado que se imputa en esta querella, y el desconocido paradero de los querellados Eduardo Tamayo Barrena y María Teresa Sáez Laguna, y, por añadidura, su facilidad para destruir pruebas necesarias a la investigación de la causa, esta representación solicita que tras los trámites urgentes correspondientes se acuerde la prisión provisional de ambos querellados.
SEGUNDA.- Que se fije fianza suficiente para responder de las responsabilidades económicas dimanantes del delito, que deberá ser prestada de forma solidaria por los querellados y, en su defecto, por sus responsables civiles subsidiarios, que se cuantifican muy prudente y provisionalmente en 1 millón de euros.
TERCERA.- Suspensión provisional de la condición de diputados electos de los querellados Tamayo y Sáez y mandamiento judicial a la Junta Electoral, a la Presidenta de la Asamblea de Madrid y/o a quien conforme a derecho corresponda para que se integren en la lista de candidatos electos del PSOE los dos siguientes al último elegido.
Los fundamentos jurídicos de esta solicitud son los siguientes:
1.- De acuerdo con el artículo 12. 4 del Estatuto de Autonomía de Madrid la condición plena de diputado se adquiere con el juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y la toma de posesión. Antes, los diputados solo tienen la condición de electos, es decir, de proclamados como elegidos por la Junta Electoral correspondiente.
Los diputados querellados no han llegado a adquirir la condición plena de diputados de la Asamblea de Madrid, ya que no han realizado los actos estatutariamente requeridos antes aludidos, esto es, no han realizado el juramento o promesa de fidelidad a la Constitución, ni tampoco han tomado posesión de sus cargos.
En consecuencia, la medida cautelar que se solicita, que consta, a su vez, de dos partes afectará solo y de forma provisional, a la condición de diputados electos, pero no a la condición plena de diputados de Tamayo y Sáez.
2.- La suspensión provisional de la condición de diputados electos y el simultáneo nombramiento provisional de los dos siguientes al último electo de la lista del PSOE tiene por objeto inmediato la evitación de la consumación de un nuevo delito de cohecho, dentro de la continuidad delictiva antes analizada, por los dos diputados querellados, es decir, la evitación del acto injusto pendiente todavía de ejecución por los dos diputados, consistente en impedir con su voto o ausencia que el primer candidato de la lista electoral del PSOE sea elegido presidente de la Comunidad de Madrid y pueda, en consecuencia, formar su gobierno.
No es preciso recordar aquí que todos y especialmente los funcionarios públicos, tienen el deber jurídico de evitar la comisión de delitos y, por supuesto, de no colaborar en su comisión.
3.- La suspensión provisional deberá durar, al menos, el tiempo necesario para que este nuevo delito de cohecho no pueda consumarse, y, como máximo, el que se estime necesario para la investigación judicial de los hechos aquí denunciados y, en su caso, la condena firme de los querellados.
4.- Defender el bien jurídico preponderante en esta situación, es decir, garantizar la efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos (artículo 23.1 de la Constitución) exige que la suspensión provisional de la condición de diputados electos de los querellados Tamayo y Sáez vaya acompañada del mandamiento judicial de que sus vacantes provisionales sean cubiertas de forma, asimismo, provisional, por los siguientes candidatos de la lista electoral del PSOE, ya que, en caso contrario, se estaría favoreciendo la consumación del acto injusto objeto del delito de cohecho, es decir, se estaría consolidando la resta de dos votos de diputados de la lista del PSOE y, por tanto, se estaría favoreciendo la elección del candidato del Partido Popular como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, la suspensión provisional no seguida de la complementación señalada de las vacantes provisionales alteraría esencialmente la composición de la Cámara, que estaría formada por dos diputados menos, y vulneraría, por tanto, el antes mencionado derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución.
El derecho penal, a través del proceso penal, tiene una indiscutible vocación de eficacia, como instrumento que es para la solución de conflictos sociales. Las medidas cautelares solicitadas, además de servir para evitar la consumación de un delito, privan o disminuyen notabilísimamente de utilidad criminal a estas y otras conductas de “transfuguismo” político delictivo.
5.- Frente a estos argumentos no cabe esgrimir la jurisprudencia constitucional consolidada desde las sentencias del Tribunal Constitucional 5/1983, de 4 de febrero y 10/1983, de 21 de febrero, que, muy por el contrario, sirve como argumento a favor de la constitucionalidad de las medidas cautelares aquí solicitadas.
Es bien sabido que estas sentencias consolidaron, en síntesis, la interpretación del derecho reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución como derecho, precisamente, de los ciudadanos o, más precisamente, de los electores, por lo que negaron la constitucionalidad de normas y actos consecuentes que permitían a los partidos políticos sustituir a los representantes en cámaras representativas cuando tales representantes perdían la condición de miembros de dichos partidos por expulsión. La conclusión, fue, por eso, que el escaño o puesto representativo es personal, esto es, no es disponible por los partidos políticos.
Esta jurisprudencia constitucional se refiere, obviamente, a los hechos concretos que la motivan. Por mucho que se reconozca una cierta fuerza expansiva de resoluciones interpretativas de la Constitución, no puede prescindirse, no obstante, de su estricta vinculación a los hechos concretos objeto de las mismas y de su ineficacia con respecto a hechos esencialmente diferentes.
Los hechos a los que se refiere esta querella y esta solicitud de medidas cautelares son exactamente los contrarios de los que motivaron esa jurisprudencia constitucional. En esta jurisprudencia se trataba de partidos políticos que habían privado de sus puestos representativos a representantes elegidos que estaban integrados en diferentes cámaras, por haber sido expulsados de sus respectivos partidos. Por el contrario, en esta querella se trata de diputados electos que se enfrentan por motivos indiciariamente espurios y delictivos al partido en cuya lista electoral han concurrido, en contra de la voluntad de los electores.
Esta diferencia es esencial, porque permite fundamentar, precisamente en esta jurisprudencia constitucional, la solicitud de estas medidas cautelares. En ambos casos se trata, en efecto, de garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de elecciones libres, lo que implica, respetar la esencia de la representación, que, en palabras de la STC 10/1983, antes mencionada, consiste en “la presunción de que la voluntad del representante es la voluntad de los representados, en razón de la cual son imputados a éstos en su conjunto y no solo a quienes votaron a su favor o formaron la mayoría los actos de aquél”.
La finalidad perseguida en esa jurisprudencia constitucional y la finalidad de las medidas cautelares simultáneas propuestas aquí es, pues, la misma, es decir, de nuevo en palabras de la misma sentencia, “restaurar la unidad de voluntad en que la representación consiste”. Los actos de los diputados querellados no afectan, pues, solo a la voluntad de los electores que les votaron en el contexto de una determinada lista, sino a la voluntad única de todos los electores en su conjunto, que debe manifestarse en las mayorías de las Cámaras queridas por ellos.

Por todo lo cual a esta Ilustre Sala para ante el Ilmo. Sr. Magistrado Instructor SOLICITO:
Que tenga por presentado este escrito y, en su virtud, acuerde admitir esta querella, y ordene la adopción de las medidas cautelares interesadas.
Lo que pido en Madrid a diecisiete de junio de dos mil tres.

Ldo. Dr. José Manuel Gómez Benítez Procª Virginia Aragón Segura

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