A la sala de lo penal del tribunal superior de justicia de






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Estación de Servicio de Servicio Pradoregordoño SL, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 1996. El administrador mancomunado de la sociedad es Francisco Vázquez Igual. La empresa se constituye con un capital resultante desembolsado de 210.955 euros. En 1997 hay una ampliación de capital de doce millones (12.000.000) de pesetas.




  1. La gran operación urbanística de especulación en Villaviciosa de Odón: Los que habían tomado el control de la Junta de Compensación obtuvieron suelo a precio inferior al de mercado y cesiones gratuitas de suelo.


El 19 diciembre 2000 el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, propietario de 15.864 metros de suelo industrial en la finca denominada “Quitapesares”, vendió 13.153 m2 a un precio aproximado de 34.000 pts/m2 (en total cuatrocientos cincuenta millones (450.000.000) de pesetas). Según fuentes empresariales, el valor de mercado de ese suelo en el momento de la venta oscilaba entre las 40.000 y 60.000 pts/m2.
Los compradores de ese suelo fueron fundamentalmente La Caixa, que obtuvo la proporción mayoritaria, y las empresas Basodi Inmobiliaria SL (de Balbás) y Mosalvi SL (de Bravo y Vázquez), todas ellas integrantes, como se ha visto, de la propia Junta de Compensación.
Posteriormente, en abril de 2001, el Ayuntamiento de Villaviciosa cedió gratuitamente, con el voto en contra del PSOE, a los propietarios del Polígono Industrial de Quitapesares 45.000 m2 de propiedad municipal. Estos terrenos tenían por objeto la construcción de accesos directos desde la M-501 y de plazas de aparcamiento.


  1. Denuncia y oposición del PSOE de la operación de especulación urbanística en Villaviciosa de Odón.


Los concejales del PSOE denunciaron reiteradamente ante la opinión pública esta operación urbanística por considerarla especuladora. Asimismo, se opusieron a la cesión gratuita de 45.000 m2 de suelo público a los promotores del Polígono Industrial Quitapesares.
A tal efecto, el representante del PSOE en Villaviciosa de Odón, Pedro Cifuentes Vega, dio la voz de alarma sobre la operación especulativa en varias publicaciones locales y regionales. El PSOE de Villaviciosa de Odón denunció que la mayor beneficiada por la operación especulativa del Ayuntamiento del PP era la empresa Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA, ligada a los empresarios Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual. El PSOE de Villaviciosa también denunció las poderosas conexiones entre dicha empresa y el PP.


  1. Bravo interviene decisivamente en la elección del Comité Electoral Local del PP en Villaviciosa de Odón.


La alcaldesa de Villaviciosa de Odón, cuando se realizaron las primeras actuaciones en Quitapesares, era Pilar Martínez. Posteriormente, fue nombrada Consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid por Alberto Ruiz Gallardón. En la actualidad, Pilar Martínez es concejala del Ayuntamiento de Madrid, a cargo de la Concejalía de Economía del consistorio.
La revista editada por la Asociación Cultural “Círculo de Opinión”, radicada en Villaviciosa de Odón y controlada por el Partido Popular, da detallada cuenta de las tensiones internas en el Partido Popular local, y de la lucha de poder en la elección del Comité Ejecutivo Local (CEL), en la que tuvo una importante intervención “un constructor local, promotor de un polémico polígono industrial en Villaviciosa”, y, más adelante, se refiere al “apoyo del empresario promotor del polígono industrial de Quitapesares”. La intervención se produjo a través de una operación de afiliación en bloque al PP de más de sesenta personas muy cercanos al mencionado empresario, amigos y familiares que, según denuncia la revista, ni siquiera tenían su residencia en esa localidad. Entre estos nuevos afiliados al PP de Villaviciosa de Odón hay que incluir a los propios querellados, Bravo y Vázquez.
En la organización del Partido Popular de Villaviciosa de Odón tiene una influencia decisiva un destacado dirigente nacional: Ricardo Romero de Tejada y Picatoste. Romero de Tejada fue hasta 1999, además, alcalde del cercano municipio de Majadahonda.
Según la revista del propio Partido Popular recién aludida, uno de los miembros del PP más activo en esta operación interna fue Carlos Cabrera, periodista contratado por el Ayuntamiento de Villaviciosa, miembro del PP y persona de confianza de Ricardo Romero de Tejada.
Conclusiones sobre el asunto Villaviciosa
1.- José Luis Balbás González y Eduardo Tamayo actuaron conjunta y coordinadamente en la Junta de Compensación de Quitapesares, que dio lugar al polígono industrial de Quitapesares.
2.- De la Junta de Compensación de Quitapesares también fueron socios Francisco Bravo Vázquez y su tío, Francisco Vázquez Igual.
3.- José Luis Balbás González en alguna ocasión actuó como representante en la Junta de Compensación de la mercantil Mosalvi SL, entidad presidida por Francisco Bravo Vázquez y de la que es también administrador Francisco Vázquez Igual.
4.- La venta de suelo público del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, en manos del PP, a los promotores del Polígono de Quitapesares se hizo entre un 20 y un 50% por debajo del precio de mercado.
5.- Además, la alcaldesa del PP del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, cedió gratuitamente 45.000 m2 de suelo público a los promotores del Polígono de Quitapesares.
6.- El PSOE de Villaviciosa de Odón denunció pública y reiteradamente todas las operaciones urbanísticas en torno al Polígono de Quitapesares. Además, los concejales del PSOE, se opusieron mediante su voto en el pleno a estas operaciones urbanísticas impulsadas por las alcaldesas del PP, Pilar Martínez y Nieves García.
7.- La principal beneficiaria de la gigantesca operación de especulación terminó siendo la mercantil Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA., propiedad de Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual. La empresa influía decisivamente en el PP de Villaviciosa de Odón.
8.- Romero de Tejada Picatoste, secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, actuó directa e indirectamente, a través de personas y empresas de confianza, para controlar el PP de Villaviciosa de Odón.
9.- Francisco Bravo Vázquez, empresario de la construcción, con más de una treintena de sociedades inscritas en el Registro Mercantil y principal beneficiario de la operación especulativa de Quitapesares, apadrinó la operación de control del PP de Villaviciosa de Odón, en beneficio de Romero de Tejada, y se afilió a dicho partido, junto con su tío, el también querellado, Vázquez Igual.
10.- Todas las conexiones de la trama inmobiliaria de Villaviciosa de Odón que dieron lugar a la millonaria operación especulativa de Quitapesares, concluyen en los querellados Bravo y Vázquez, empresarios inmobiliarios que se han visto beneficiados y, a su vez, han beneficiado al dirigente del PP, Romero de Tejada.

Adjunto como documento nº 5 el conjunto de documentos encuadernados con índice inicial referidos a esta operación urbanística, que acreditan cuanto acaba de narrarse.
Séptimo. Con estos antecedentes y acreditada, por tanto y según fuentes del propio PP, la relación nada casual entre Bravo y Romero de Tejada en la lucha por el control del Comité Ejecutivo del PP en Villaviciosa de Odón en el año 2002, no puede sorprender que este último haya reconocido haber recibido en su despacho en la sede del PP de la calle Génova de Madrid a Francisco Bravo, y que lo haya hecho, precisamente, poco después de la ausencia intencional de los diputados querellados en la votación de la Asamblea de Madrid, en reunión conjunta con el coordinador de política municipal del PP, Carlos Zori y para tratar, según dice el querellado Romero de Tejada, de un asunto similar al de la Asamblea de Madrid, a saber, el desplazamiento del PSOE en beneficio del PP en la elección de un cargo electo, aunque el querellado sitúe el escenario en la localidad madrileña de Sevilla La Nueva. No es, en absoluto, intrascendente una reunión promovida por un empresario del PP sin cargo alguno en su partido, que tiene intereses inmobiliarios muy específicos en la Comunidad de Madrid, con el coordinador de política municipal y el número dos del PP de Madrid, para tratar sobre la estrategia a seguir en la conformación de mayorías en contra del PSOE.

Pero, además de esta reunión confesada, todos los medios de comunicación han difundido y apoyado con copia del movimiento de entradas en la sede del PP en la calle Génova de Madrid, la existencia de dos reuniones de Bravo y Romero de Tejada en el despacho de éste durante 151 minutos el mismo día de la ausencia de los dos diputados querellados en la votación para los cargos de la Asamblea de Madrid, es decir, el 10 junio 2003, muy poco después de que estos diputados hubieran consumado su deserción.
Esta reunión en la sede del PP del empresario inmobiliario del PP Francisco Bravo, que estaba en directo contacto con Tamayo, son en sí mismas de una importancia indiciaria de la intervención en la operación de corrupción del querellado Romero de Tejada, pero lo son todavía más, si cabe, por haber sido ocultadas y negadas antes de su descubrimiento por éste, lo que indica claramente su voluntad de evitar que fueran conocidas tanto la frecuencia de sus contactos con Bravo, que el número dos del PP de Madrid ha pretendido presentar como meramente esporádica, como la coincidencia temporal de estas reuniones, precisamente, con los hechos delictivos aquí narrados. Todo indica, pues, que Romero de Tejada ha intervenido en la organización de la operación en la Asamblea de Madrid, tanto, al menos, como el también querellado, Francisco Bravo.
Adjunto como documento nº 6 fotocopia de la noticia periodística continente de la copia de la hoja de entrada en la sede del PP en la calle Génova de Madrid el día 10 junio 2003, acreditativa de cuanto acaba de narrarse, así como de la declaración previa del querellado Romero de Tejada reconociendo solo una reunión posterior.
Octavo. Volviendo, ahora, al entramado económico inmobiliario de Bravo y Vázquez, sirva como dato la simple enumeración de las sociedades en las que figuran ambos como administradores:
-Alcorcón Futuro S.L

-Alfeva S.L

-Aparcamientos Cantarranas S.L

-Arroyomolinos 2000 S.L

-Barrio Goya S.A

-Bravate Promociones S.L

-Euroholding de Inversiones Financieras e Inmobiliarias S.A

-Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria S.A

-Hotel Proyect Dieciséis S.L

-Mosalvi S.L

-Odón 94 S.L

-Valtorón S.L

-Valtorón II S.L

-Vaz Inversora e Inmobiliaria S.A

-Villanueva de Negocios Inmobiliarios S.L
Adjunto como documento nº 7 nota registral de las mencionadas sociedades.
Noveno. En cuanto a José Luis Balbás, aparece en el Registro Mercantil Central como administrador de las siguientes sociedades dedicadas a la promoción urbanística y de auditoría y asesoramiento financiero:
-Fidages S.A (en cuya representación actuó el diputado querellado Tamayo en la Junta de Compensación del Sector XII, “Quitapesares”, en Villaviciosa de Odón. Cfr. Epígrafe 5)

-Basodi Inmobiliaria S.L (en cuya representación actuaron Tamayo y Balbás en la Junta de Compensación recién aludida)

-Areas 620 S.A

-Box Foro Inmobiliaria S.L

-BVC Asesores Financieros S.L

-Cash Control Auditoria S.L

-Ergolar Gestión Inmobiliaria S.L

-Fiduciaire Asesores de Gestión S.A
Adjunto como documento nº 8 nota registral de las sociedades mencionadas.
Décimo. Del querellado solo tiene esta representación información por el momento sobre la titularidad de la sociedad Losa Morilla S.L, cuya nota registral se adjunta como documento nº 9, así como de su intervención en la Junta de Compensación del polígono de Quitapesares en representación, entre otras ya señaladas, de Tour Neptuno S. A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé la necesidad de que en las querellas se contengan fundamentos jurídicos o calificación de los hechos, sin duda en aplicación del principio iura novit curia.
No obstante, es práctica consolidada que las querellas contengan una reflexión sobre el significado delictivo de los hechos narrados.
Previamente, sin embargo, debe dejarse constancia de que, como es bien sabido, la querella no es más que una forma de poner en conocimiento de la autoridad judicial hechos que se consideran con trascendencia penal. En este sentido, una querella no se diferencia materialmente de una denuncia. Esta reflexión viene al caso, puesto que de lo que se trata con ambos instrumentos procesales es de señalar los indicios racionales suficientes como para que se inicie una instrucción penal, en cuyo seno han de practicarse, precisamente, las diligencias probatorias que, por un lado, son inaccesibles a los particulares y que, de otra, han de preparar, en su caso, el juicio oral. De ahí que el Tribunal Constitucional haya reiterado –sin que sea necesaria la cita de sentencias específicas por ser jurisprudencia constitucional notoria- que el rechazo a limine de una querella vulnera, por norma general, el derecho a obtener tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución). Sin que ello equivalga, obviamente, al reconocimiento constitucional de un derecho a la admisión a trámite de las querellas, ello significa, no obstante, que salvo en los casos de evidente ausencia de contenido delictivo de los hechos narrados o de la intervención de los querellados en ellos, las querellas deben ser admitidas y dar lugar a la práctica de las diligencias probatorias interesadas, siempre, obviamente, que se consideren útiles y necesarias a los efectos del proceso penal.
Los hechos narrados contienen indicios directos de la intervención de los querellados en una conducta continuada de cohecho, cuyos detalles solo pueden obtenerse a través de la investigación judicial, ya que sin ella es imposible acceder al conocimiento de cuentas corrientes, relaciones de sociedades con terceros, practicar registros domiciliarios, y el resto de las diligencias probatorias esenciales para la confirmación de los serios indicios ahora existentes.
Sobre el delito continuado de cohecho al que se acaba de aludir, es útil hacer las siguientes precisiones:


  1. La Sala Segunda del Tribunal Supremo considera que los representantes electos que a cambio de dádiva o promesa cambian el sentido de su voto con respecto al de la lista por la que fueron elegidos, posibilitando, así, la elección de cargos de la lista contraria en el seno de órganos representativos, realizan un acto injusto y, por tanto, consuman el delito de cohecho propio del artículo 420 del Código Penal .


La sentencia de su Sala 2ª de 19 diciembre 2000 contiene, en efecto, los siguientes fundamentos de Derecho, especialmente ilustrativos:
Esta representación se obtiene mediante el ofrecimiento a los electores de un programa autónomo o integrado dentro de la formación de un determinado partido político y, en principio existe un deber de lealtad con los ciudadanos, ya que, en caso contrario, se adulteraría el juego limpio y libre del mecanismo de la obtención del voto. Es cierto que nuestro sistema no admite el mandato imperativo, pero ello no es base suficiente para transigir con cualquier forma torticera y fraudulenta del cambio de orientación del sentido del voto en relación con el que originariamente se había solicitado (…)”
(…) lo que debe ser rechazado, de manera rotunda, es la intervención de circunstancias bastardas o torticeras que sean la única causa y justificación del cambio del sentido del voto o la utilización de la abstención como elemento favorecedor de otras opciones políticas (…)
(…) En un sistema democrático representativo no hay, así, espacio posible para la corrupción que supone la compra de los votos de los representantes elegidos en función de un ideario o programa previo ofrecido con lealtad y compromiso a los electores, por lo que la acción que ha llevado a cabo el recurrente –compra, mediante una sustanciosa suma de dinero y el acceso a un cargo público de libre designación, de la abstención de un concejal electo en el pleno constitutivo de la corporación municipal y en el que se procedería a la designación de alcalde, cargo que merced a la abstención de dicho concejal recaería en el acusado- será, en todo caso, injusta a los efectos de la integración del elemento tipificador del cohecho contemplado en el artículo 386 CP [actual 420]”


  1. Los hechos narrados constituyen un delito continuado, de acuerdo con el artículo 74.1 del Código penal, por cuanto la dádiva o dádivas o sus promesas pretenden la realización de una serie de actos injustos por los dos diputados querellados en el ejercicio de sus cargos, de entre los que destacan, al menos, dos: 1) la constitución de la Asamblea de Madrid con el quorum necesario y la inmediata ausencia de la votación para que se produjera la elección de los candidatos de la lista del Partido Popular como integrantes de la Mesa y de su Presidencia, como, efectivamente, ocurrió; y 2) impedir la elección del candidato de su propia lista, D. Rafael Simancas, como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y la consiguiente formación de su gobierno. Este último efecto se ha producido por el momento, aunque de forma todavía no definitiva y, precisamente, a evitar su consumación definitiva tienden algunas de las medidas cautelares que se solicitan más adelante. En cualquier caso, debe recordarse que los delitos del artículo 420 y 423 del Código penal pueden consumarse sin necesidad de que el acto injusto pretendido de las autoridades o funcionarios públicos llegue a ejecutarse.


Además de estos dos actos injustos, pueden estar, asimismo, incluidos en este delito continuado de cohecho cuantos otros actos inmediatos requieran o hayan requerido la votación de ambos diputados, como, por ejemplo, la elección de cargos para determinadas instituciones, como la Caja de Ahorros de Madrid, para la que ya se ha convocado la correspondiente sesión de la Cámara, sin que ambos diputados hayan mostrado la menor intención de asistir a la votación.

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