Los procuradores ante la ley de protección de datos






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fecha de publicación25.03.2017
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LOS PROCURADORES ANTE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Luis Martínez García

Abogado

LEX – GRUPO ABOGADOS

Queramos o no, estamos cada día mas inmersos en un mundo computerizado, en donde la vieja y obsoleta máquina de escribir “olivetti” fue sustituida y jubilada hace tiempo por ordenadores personales, que cuentan con aplicaciones, tanto generales como específicas, las cuales trabajan continuamente con datos de toda índole que incorporamos con paciencia al programa en cuestión a fin de ayudarnos en nuestro quehacer diario.

Esta preocupación ya se esbozaba constitucionalmente en el art. 18 de nuestra Carta Magna; al establecer, por un lado, el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la propia Imagen; y, por otro, la siguiente advertencia legal que viene a vigilar el cumplimiento del citado Derecho Fundamental: “La Ley limitará el uso de la informática para gestionar el cumplimiento del art. 18.1”.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se deroga la antigua Ley Orgánica 5/1992 de 29 de Octubre, LORTAD (Ley Orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos, la cual, como su propio nombre indica, solo regulaba el tratamiento automatizado de datos, mientras que la actual Ley se aplica a cualquier tipo de tratamiento de datos personales, sea cual sea su soporte, tanto físico como informático), y se desarrolla el precepto constitucional; al establecer una serie de derechos y obligaciones de exigible cumplimiento, que resultan cada vez más conocidos pero que aun no se encuentran firmemente arraigados en nuestra sociedad, en el mismo estadio que la normativa laboral o fiscal. Por poner un ejemplo, a nadie se le ocurre ejercer una determinada actividad profesional sin declarar el IRPF o el Impuesto de Sociedades y el I.V.A. del rendimiento de su negocio, mientras que no todo el mundo tiene sus ficheros declarados ante el Registro General de Protección de Datos, ni sabe lo que es un Documento de Seguridad de sus ficheros de datos, lo cual es de obligado cumplimiento en la actualidad para aquellos ficheros automatizados, generando su incumplimiento si es detectado por la Agencia Española de Protección de Datos la imposición de una sanción mínima por infracción grave de multa de 60.101.- Euros. (10.000.000.- Ptas.).

Siendo el ámbito de aplicación de esta Ley tanto los sectores públicos como el privado, la definición legal de la expresión “datos de carácter personal” engloba a toda información concerniente a persona física identificada e identificable. Es decir, los datos relativos a las personas jurídicas no es objeto de regulación de la presente Ley, ya que el Derecho Fundamental a proteger es el honor y la intimidad de la persona física. Así, cuando hablamos de “Fichero”, nos referimos a todo conjunto organizado de datos de carácter personal, por lo que, cuando menos, cualquier Procurador en ejercicio tiene un fichero con los datos personales de sus clientes (nombre, apellidos, dirección, teléfono, etc.) y se encuentra obligado a cumplir con la normativa establecida en la Ley de Protección de Datos; estableciendo en su despacho profesional los mecanismos de control que estipula el Real Decreto 994/99 de 11 de Junio (Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal), según el nivel declarado de los datos que se traten.

Todo este entramado legal es necesario porque cualquier cliente disfruta de un derecho de información, en donde el profesional debe informar a su representado que sus datos personales han quedado registrados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, y que dicho fichero tiene como finalidad la gestión administrativa, contable y fiscal de sus intereses, tratando la información con la máxima privacidad, confidencialidad y seguridad de acuerdo con la legislación vigente; estando prohibida la cesión de dicho datos sin consentimiento expreso de su titular; y gozando en todo momento el afectado de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación; lo cual se garantiza con el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad.

Para los profesionales del Derecho, esta normativa puede resultar un tanto redundante al estar obligados a guardar la confidencialidad debida de la información suministrada por nuestro mandatario, a tenor de nuestro secreto profesional, pero lo cierto es que no hay más excepciones legales que las establecidas en el art. 2.2 de la Ley de Protección de Datos, y que estamos obligados como cualquiera a tener nuestros ficheros adaptados a la legislación en materia de Protección de Datos.

No hay que perder de vista que los Abogados y Procuradores estamos sometidos siempre a que un cliente o contrario insatisfecho nos denuncie ante la Agencia Española de Protección de Datos por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, lo cual motivará obligatoriamente una actuación inspectora. Dicho extremo para un cliente o contrario avispado es un arma de fácil uso pues basta con entrar en la pagina web de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), y ver si tenemos declarados los ficheros del despacho en el Registro General de Protección de Datos.

Según la última Memoria publicada por la Agencia Española de Protección de Datos, correspondiente al año 2.002, del total de operaciones realizadas en el Registro General de Protección de Datos, relativas a la inscripción de ficheros de titularidad privada (66.051), un 86 % han sido altas, un 8 % han sido operaciones de modificación y el resto (6 %) han sido supresiones de ficheros ya inscritos. Por lo tanto, a 31 de Diciembre de 2.002 figuraban inscritos tan solo 292.755 ficheros de titularidad privada, es decir, 52.000 inscripciones más que al finalizar el año anterior (en el año 2.001 figuraban 22.000 ficheros más inscritos con respecto al año 2.000, y a la fecha, aun no se encuentra publicada la memoria del año 2.003, por lo que la Agencia Española de Protección de Datos observa una paulatina toma de conciencia en la que ha influido notablemente, además de la labor informativa, la difusión efectuada por las organizaciones empresariales, colegios profesiones y consultores diversos, que han contribuido a acercar esta materia a los diferentes sectores. No obstante, se recuerda que el plazo de adaptación de los ficheros automatizados preexistentes o de nueva creación terminó en el año 2.002, por lo que actualmente cualquier fichero de datos automatizado no adaptado es objeto de sanción al responsable del mismo; siendo cada vez más frecuentes las actuaciones sectoriales inspeccionadas de oficio, así como el progresivo aumento del número de inspecciones motivadas por un incremento de las denuncias presentadas.


En resumen, como operadores de la Justicia es nuestro deber dar ejemplo y cumplir con la legalidad vigente en todos los ámbitos; y la normativa sobre protección de datos no es una excepción a nuestro buen hacer, pudiendo llevarnos su incumplimiento a consecuencias realmente funestas dentro de nuestro ejercicio profesional, habida cuenta el riesgo que supone la imposición de una sanción de esta índole con motivo de una actuación inspectora, algo que no es fruto de un futuro imperfecto sino de una realidad constatable.






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