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Sentencia número 353-2016. Tribunal Aduanero Nacional, San José, a las diez horas con quince minutos del seis de octubre del dos mil dieciséis.
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el agente aduanero independiente XXXXX, en representación de la empresa XXXXX S.A., contra la denegatoria de trato arancelario preferencial y consecuente ajuste de la obligación tributaria aduanera en el despacho aduanero realizado a la Declaración Única Aduanera N° XXXXX de 25 de mayo de 2016 de la Aduana de Limón.

RESULTANDO


  1. Mediante Declaración Aduanera de Importación número XXXXX de 25 de mayo de 2016 de la Aduana de Limón, el agente aduanero señor XXXXX, declaró en nombre de la empresa importadora XXXXX S.A., la destinación al régimen de importación definitiva de 46 bultos, en las líneas 0001 a la 0006 como “vidrio gris, vidrio claro, vidrio espejo y vidrio flotado”, con un valor aduanero de $50733.69, donde la obligación tributaria se estableció y canceló por la suma de ₡3.592.163.91, aplicando el trato arancelario preferencial que concede el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica (en adelante Tratado). (Folios 61-81)




  1. Durante el ejercicio del control inmediato, el funcionario encargado del proceso de revisión documental para lo de interés señalo lo siguiente: “(…) Aduana de Limón determina que al momento del despacho no se presenta un certificado de origen válido, toda vez que el documento aportado no cumple con la normativa vigente por las Partes en la negociación del tratado de Libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Centroamérica, Ley 9122. Lo anterior debido a que el documento adjunto al DUA 006-2016-0XXXXX por cuanto en la casilla No.2 periodo que cubre el mismo contempla los períodos de: 01/01/2015 a 31/12/2015, más en la casilla donde se firmó y se llenó el certificado de origen tiene fecha de 01/01/2015… con una diferencia a favor del fisco de ₡954,196.95. …”. La notificación fue realizada vía electrónica el 30/05/2016, impugnando el agente en el sistema Tica el 06/06/2016. (Folios 27-28)




  1. A través de gestión número 4335 recibida en fecha 16 de junio de 2016, el agente aduanero XXXXX, presenta sus argumentos recursivos de reconsideración y apelación en contra del ajuste realizado en el despacho al DUA XXXXX de 25 de mayo de 2016 de la Aduana de Limón. Manifiesta el recurrente (Folios 01-03):




  • Que realizada la revisión física el funcionado de la aduana, además de revisarla mercancía, revisó la documentación y encontró que la fecha del tratado de libre comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Costa Rica, no coincidía con el periodo de año en curso.




  • Que el funcionario de aduanas procede con la notificación de la inconsistencia, sin tener en mano los documentos originales, según el artículo 86 de la Ley General de Aduanas, en el cual se consignan los requisitos de la declaración de aduanas, adicional de los artículos 93,93bis,94 y 99, en los cuales se consigna el proceder con la revisión de las mercancías y lo requerido para dar con su levante, notando que esta declaración se estaba notificando sin tenerlos documentos originales.




  • Que el día posterior a la revisión física, se entregan los documentos originales en donde se consigna el certificado de origen, en su estado original el cual ampara el periodo 01/01/2016 al 31/12/2016.




  • Que dicha inconsistencia se trató de un error en la imagen escaneada en el sistema de Tic@, mas no así en la documentación original.




  • Solicita se acepte el certificado aportado, ya que se trata de la misma mercancía.




  1. Con Resolución RES-AL-DN-1744-2016 del 14 de julio de 2016, la Aduana rechaza el recurso de reconsideración interpuesto y procede a emplazar al interesado para que en el término de diez días hábiles reitere o amplíe los argumentos de su pretensión ante este Órgano de Alzada. (Folios 36-57).




  1. Que según constancia que corre a folio 90, la Jueza de Instrucción de este Tribunal señala que no se registra documento alguno que pueda ser incluido con carácter de apersonamiento presentado por el recurrente.




  1. En las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en la tramitación del presente recurso de apelación.



Redacta la Lic. Barrantes Coto; y,
CONSIDERANDO


  1. La Litis: El objeto de la presente Litis se refiere a la aplicación o no del trato arancelario preferencial dispuesto por el Tratado y solicitado por el agente aduanero XXXXX agente independiente y en representación de la empresa importadora XXXXX S.A., en favor de la mercancía amparada a la Declaración Aduanera de Importación número XXXXX de 25 de mayo de 2016 de la Aduana de Limón, mediante la cual se nacionalizó en las líneas 0001 a la 0006 un “vidrio gris, vidrio claro, vidrio espejo y vidrio flotado”, aplicando el trato arancelario preferencial que concede el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, en donde al momento de la verificación el funcionario de aduana determina que el certificado de origen transmitido es inválido, por lo desaplica el trato arancelario preferencial, estableciendo una diferencia de tributos a cancelar por el monto de ₡954,196.95.




  1. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación: Para el caso y visto el expediente instruido por la Aduana de Limón, establece el Tribunal que se cumplen los presupuestos procesales que son necesarios para constituir un procedimiento válido y tener por admitido el recurso de apelación. El recurso de apelación fue presentado dentro del término de ley regulado en el artículo 198 de la LGA, lo que es visible a folios 27-28, además quién lo interpone cuenta con la capacidad procesal para intervenir en el procedimiento de conformidad con constancia que corre a folio 86.




  1. Hechos probados: De relevancia para las resultas del presente asunto tenemos como hechos probados los siguientes:




  1. Con la Declaración Aduanera de Importación número XXXXX de 25 de mayo de 2016 de la Aduana de Limón, el agente aduanero señor XXXXX, declaró en nombre de la empresa importadora XXXXX S.A., la destinación al régimen de importación definitiva de 46 bultos, en las líneas 0001 a la 0006 como “vidrio gris, vidrio claro, vidrio espejo y vidrio flotado”, con un valor aduanero de $50733.69, donde la obligación tributaria se estableció y canceló por la suma de ₡3.592.163.91, aplicando el trato arancelario preferencial que concede el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica (en adelante Tratado). (Folios 61-81)




  1. El certificado de origen transmitido para aplicar la preferencia arancelaria señala como período de vigencia 01/01/2015 a 31/12/2015, siendo suscrito en fecha 01/01/2015, suscrito por el encargado de la exportación empresa Saint Gobain México S.A. de C.V. (Folio 75)




  1. En el ejercicio del control inmediato, el funcionario encargado del proceso de revisión documental para lo de interés señalo lo siguiente: “(…) Aduana de Limón determina que al momento del despacho no se presenta un certificado de origen válido, toda vez que el documento aportado no cumple con la normativa vigente por las Partes en la negociación del tratado de Libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Centroamérica, Ley 9122. Lo anterior debido a que el documento adjunto al DUA 006-2016-0XXXXX por cuanto en la casilla No.2 periodo que cubre el mismo contempla los períodos de: 01/01/2015 a 31/12/2015, más en la casilla donde se firmó y se llenó el certificado de origen tiene fecha de 01/01/2015… con una diferencia a favor del fisco de ₡954,196.95. …”. La notificación fue realizada vía electrónica el 30/05/2016, impugnando el agente en el sistema Tica el 06/06/2016. (Folios 27-28)




  1. La pretensiones del recurrente es que se acepte un nuevo certificado, cuyo período corresponde a la fecha de importación. (Folios 1-3)




  1. Sobre el fondo: Se refiere a la aplicación o no del trato arancelario preferencial dispuesto por el Tratado y solicitado por el agente aduanero XXXXX agente independiente y en representación de la empresa importadora XXXXX S.A., en favor de la mercancía amparada a la Declaración Aduanera de Importación número XXXXX de 25 de mayo de 2016 de la Aduana de Limón, mediante la cual se nacionalizó en las líneas 0001 a la 0006 un “vidrio gris, vidrio claro, vidrio espejo y vidrio flotado”, aplicando el trato arancelario preferencial que concede el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, en donde al momento de la verificación el funcionario de aduana determina que el certificado de origen transmitido es inválido, ya que el período que cubre el mismo no alcanza la importación, toda vez que tiene una vigencia de 01/01/2015 al 31/12/2015 y la importación se realiza el 25 de mayo de 2016, razón por la cual desaplica el trato arancelario preferencial, estableciendo una diferencia de tributos a cancelar por el monto de ₡954,196.95, ajuste que comparte este Tribunal por las razones que a continuación se indican.

Entre las fuentes de nuestro conjunto normativo, los tratados internacionales ocupan una posición predominante, tal y como lo dispone el artículo 7 de la Constitución Política, estableciendo que los tratados debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tienen, como regla general, autoridad superior a las leyes. Lo que implica que el legislador, en el ejercicio de su potestad legislativa, debe respetar ese marco jurídico internacional que ha sido integrado a la legislación interna.

Así, los tratados poseen un lugar de privilegio dentro del principio de jerarquía normativa, el cual establece que en el Ordenamiento Jurídico existen unas normas que son superiores a otras, teniendo como consecuencia, que la norma superior prevalece sobre la norma inferior, por lo que la de menor rango no puede modificar a la de superior jerarquía debiendo siempre optarse por la norma de mayor rango, todo lo cual genera claridad y seguridad, evitándose confusiones ante la posibilidad de un conflicto de normas.

Según el numeral 38 de la Corte Internacional de Justicia, los tratados se disponen como una de las fuentes principales del Derecho Internacional, configurándose en instrumentos privilegiados para que los Estados acuerden y reconozcan reglas y limiten sus potestades soberanas, precisando el contenido de sus derechos y obligaciones1.
Este principio, se encuentra recogido en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, el cual reza:

1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden:

a) La Constitución Política;

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley;

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.” (El resaltado no es del original)2

Asimismo, la normativa aduanera dispone al efecto en el numeral 4 de la LGA:

Fuentes del régimen jurídico aduanero

La jerarquía de las fuentes del régimen jurídico aduanero se sujetará al siguiente orden:

a) La Constitución Política.

b) Los tratados internacionales y las normas de la comunidad centroamericana.

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley.

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes y los de los otros Supremos Poderes, en materia de su competencia.

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo.

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos.

Las normas no escritas, como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios del derecho, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.

Cuando se trate de suplir la ausencia de las disposiciones que regulan una materia y no la insuficiencia de ellas, esas fuentes tendrán rango de ley.

Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior.” (El resaltado no corresponde al original)
Por consiguiente, el tratado, como acuerdo de voluntades celebrado entre sujetos de Derecho Internacional y regido por el Derecho Internacional, está destinado a producir efectos jurídicos3, por lo que su aplicabilidad posibilita el imponerse directamente respecto de la ley y normas secundarias.
En razón de la aplicación en la especie del principio de jerarquía normativa desarrollado supra, tenemos que el Tratado ocupa un rango superior dentro del Ordenamiento Jurídico costarricense, quedando únicamente subordinado a nuestra Carta Magna, razón por la cual sus normas, se sitúan por encima de cualquier disposición normativa de menor rango.
Establecida la naturaleza de la normativa que ha de aplicarse en la especie, se procede a desarrollar el fundamento jurídico que sostiene la posición de este Tribunal. En ese sentido tenemos que el Tratado, la Decisión 1 de la Comisión Administradora del Tratado implementada mediante Decreto Ejecutivo 37755- COMEX, y la resolución DGA-145-2013 del 22 de mayo del 2013, emitida por la Dirección General de Aduanas, establecen las disposiciones normativas con base en las cuales debe resolverse el presente asunto, teniendo presente que en esta materia, el beneficio arancelario preferencial correspondiente deberá otorgarse y sujetarse a los alcances y limitaciones establecidos por las Partes, siendo que a la fecha las Partes no han acordado Reglamentaciones Uniformes para la interpretación, aplicación y administración del Tratado.
Sobre la base normativa señalada, debe indicarse que el Tratado de Libre Comercio negociado entre México y Costa Rica y otros países de Centro América, implementado mediante Ley 9122, cuenta con un formato de certificado de origen. El Capítulo V del Tratado, relativo a los “Procedimientos Aduaneros Relacionados con el Origen de las Mercancías”, regula en el artículo 5.2 el tema de la declaración y certificado de origen:
Artículo 5.2: Declaración y Certificación de Origen


  1. Para los efectos de este Capítulo, las Partes acordarán un formato único para el certificado de origen y un formato único para la declaración de origen, los cuales podrán ser emitidos en forma escrita o electrónica, entrarán en vigor conjuntamente con este Tratado, y podrán ser modificados posteriormente por la Comisión Administradora.




  1. El certificado de origen servirá para certificar que una mercancía que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte califica como originaria.




  1. Se considerará que un certificado de origen es válido cuando sea elaborado en el formato a que hace referencia el párrafo 1, y cuando sea llenado y firmado por el exportador de la mercancía en territorio de una Parte, de conformidad con las disposiciones de este Capítulo y con lo establecido en su instructivo de llenado.




  1. Cada Parte dispondrá que sus exportadores llenen y firmen un certificado de origen respecto de la exportación de una mercancía para la cual un importador pueda solicitar trato arancelario preferencial, salvo lo establecido en el Artículo 5.5.




  1. Cada Parte dispondrá que cuando un exportador no sea el productor de la mercancía, llene y firme el certificado de origen con fundamento en:



  1. su conocimiento de que la mercancía califica como originaria; o




  1. la declaración de origen que ampara la mercancía objeto de exportación, la cual deberá ser llenada y firmada por el productor de la mercancía y proporcionada voluntariamente al exportador.




  1. Cada Parte dispondrá que el certificado de origen llenado y firmado por el exportador ampare:




  1. una sola importación de una o más mercancías; o




  1. varias importaciones de mercancías idénticas a realizarse en un plazo señalado por el exportador en el certificado de origen, que no excederá del plazo establecido en el párrafo 7.




  1. Cada Parte dispondrá que el certificado de origen sea aceptado por la autoridad competente de la Parte importadora por el plazo de un año contado a partir de la fecha de su firma.”. (El resaltado no es del texto)


El párrafo 2 dispone la función del documento sobre el cual versa el litigio en autos, tal cual es certificar que una mercancía califica como originaria, lo que le permite en principio beneficiarse del trato preferencial.
Asimismo, el numeral 5.3 establece las obligaciones de los importadores que soliciten la aplicación de un trato preferencial, estableciendo como tales en lo de interés:
1. Cada Parte requerirá al importador que solicite trato arancelario preferencial para una mercancía importada a su territorio proveniente del territorio de otra Parte, que:

  1. declare por escrito, en la declaración de importación prevista en su legislación nacional, con base en un certificado de origen válido en los términos del Artículo 5.2.3, que la mercancía califica como originaria;




  1. tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer esa declaración; y




  1. proporcione copia del certificado de origen cuando lo solicite su autoridad competente.4


Por su parte, el apartado 3 del numeral transcrito, dispone que cuando un importador no cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en los párrafos 1 y 2, se negará trato arancelario preferencial a la mercancía importada del territorio de otra Parte para la cual se hubiere solicitado la preferencia.
Por lo tanto, es obligación del importador tener en su poder el certificado al momento de efectuar la declaración dispuesta por el TLC, caso contrario, la normativa permite que se deniegue el beneficio arancelario a la mercancía importada, siendo que en la especie se ha comprobado, al punto que el propio interesado lo acepta en su recurrencia, que al momento de diligenciarse la declaración de cita no se tenía el certificado de origen, valiéndose a los efectos de una supuesta copia del mismo, dado que el original no había sido enviado por el proveedor del importador, al punto que se transmitió un certificado que no concuerda con el que posteriormente se presentó físicamente.
No existe duda respecto al incumplimiento de la obligación señalada, siendo que una vez aceptado el punto por el interesado, mismo que es respaldado por la prueba documental que obra en el expediente, el recurrente pretende tener a menos el incumplimiento normativo referido, haciendo ver que fue un simple error de envío, aportando un nuevo certificado, luego de la revisión física y documental con el objeto de que le sea aplicado, calificando de subjetivas las diferencias existentes, derivándose una vez más del dicho del recurrente el hecho de no haber tenido en su poder el referido documento en forma reglada, al momento en que lo dispone el Tratado, y que además, independientemente de los puntos señalados en el ajuste operado, la mercancía califica como originaria, aspecto que no basta para otorgar el beneficio pretendido, ya que para tales efectos debe cumplirse con todas las normas conforme al Tratado, lo cual como ya se señaló, no se cumple en la especie.
En el caso, la actuación de la Aduana al revisar el certificado de origen adjunto a la declaración aduanera, logra demostrar que éste no cumple con las disposiciones del Tratado en cuanto al contenido, constituyéndose en un certificado no válido para demostrar el origen de las mercancías y otorgar la preferencia arancelaria acordada por las Partes que lo suscriben, mismo que no tenía al momento de aceptar la importación.
La normativa le establece al funcionario aduanero en la revisión documental y física, la tarea de revisar la documentación que ampara la importación de las mercancías, encomendado expresamente que conste que el certificado de origen cumple con lo dispuesto en el Tratado, y bajo esa línea se ha confirmado reiteradamente por parte de este Órgano la decisión de la Administración Activa de desaplicar un certificado de origen, por determinar en esa etapa por ejemplo certificados inválidos, que en el caso es inválido por cuanto el mismo tenía una validez para el año 2015 y la importación se realiza en el año 2016, aplicando un certificado caduco.
Se puede concluir que en la especie existió efectivamente una violación a las disposiciones del Tratado, las cuales conllevan la desaplicación del trato preferencial solicitado. Además se aclara al recurrente, que actualmente las Partes no han acordado Reglamentaciones Uniformes para la interpretación, aplicación y administración del Tratado, tal y como se existían para el Tratado suscrito entre México y nuestro país5, mediante las cuales se instrumentalicen, interpreten o flexibilicen las normas del Tratado, para casos como el presente.
Por las razones indicadas, está más que demostrado que las mercancías nacionalizadas con el DUA de interés, al momento de los hechos, no estaban amparadas a un certificado de origen válido, como lo exigen las regulaciones existentes. Por lo cual lleva razón la Administración, al haber denegado la gestión para otorgarle a dichas mercancías el trato arancelario preferencial, ya que el certificado aportado no reunía las condiciones necesarias para ser considerado un instrumento válido para aplicar los beneficios del Tratado, conforme con las disposiciones citadas del Acuerdo Comercial.
En virtud de las consideraciones precedentes, no le resta más a este Colegiado que confirmar la denegación del trato arancelario preferencial requerido para las mercancías amparadas a la Declaración Aduanera de Importación de la Aduana de Limón, por no estar amparadas a un certificado de origen válido y en consecuencia procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando el ajuste recurrido.

POR TANTO



Con fundamento en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, artículos 204 a 210 de la Ley General de Aduanas, por mayoría este Tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso y confirma el ajuste realizado en el despacho. Remítase el expediente a la oficina de origen. Voto salvado del Lic. Gómez Sánchez quien resuelve con lugar el recurso y revoca el ajuste realizado en el despacho.

Notifíquese al recurrente al medio señalado, ……………………y los correos electrónicos……………………………. y a la Aduana de Limón por el medio disponible.



Loretta Rodríguez Muñoz

Presidente




Elizabeth Barrantes Coto Alejandra Céspedes Zamora



Shirley Contreras Briceño Desiderio Soto Sequeira




Luis Gómez Sánchez Dick Rafael Reyes Vargas


Voto salvado del Licenciado Gómez Sánchez. No comparto la decisión de la mayoría, declaro con lugar el recurso y revoco el ajuste realizado en el despacho.
El funcionario a cargo del despacho rechaza la aplicación del certificado de origen porque señalando en la notificación electrónica que corre a folio 58 del expediente administrativo: “…Aduana de Limón determina que al momento del despacho no se presenta un certificado de origen válido, toda vez que el documento aportado no cumple con la normativa vigente por las Partes en la negociación del tratado de Libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Centroamérica, Ley 9122. Lo anterior debido a que el documento adjunto al DUA 006-2016-0XXXXX por cuanto en la casilla No.2 periodo que cubre el mismo contempla los períodos de: 01/01/2015 a 31/12/2015, más en la casilla donde se firmó y se llenó el certificado de origen tiene fecha de 01/01/2015...…”.

En la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, la Aduana asienta que se presentó en el despacho un certificado de origen (CO) corregido, pero no lo admite bajo la consideración “…Es importante recordarle al auxiliar que el error de llenado señalado no permite corrección de ningún tipo y que la presentación de un certificado de origen no vigente hace que el mismo devenga en invalido y en consecuencia no procede su corrección…”. La mayoría del Tribunal respalda la decisión del funcionario, al considerar como certificado invalido el transmitido al TICA.

El agente de aduanas, solicita que se acepte el CO corregido en el que se indica la casilla 2 y 13 las fechas corregidas, para que exista correspondencia con la fecha de registro del DUA de importación, alegando un error en el CO transmitido. El certificado corregido indica fue presentado en original “…el día posterior a la revisión física…”, hecho no desvirtuado por la autoridad aduanera.

Estima el suscrito improcedente el rechazo del CO por las razones expuestas por la Aduana y respaldadas por la mayoría del Tribunal.

Es evidente que existe un exceso de formalismo en la decisión de la Aduana y el Tribunal, que afecta una aplicación lógica y correcta de las normas y principios que deben regir la materia, porque se basa en una visión del derecho que solo considera la norma positiva aplicada al caso sin más análisis y desconociendo el resto del ordenamiento jurídico. El señalar que el certificado de origen no es válido y no admitir el certificado corregido presentado en el mismo momento del despacho, es atentar contra los principios que inspiran el establecimiento de Tratados de libre Comercio y desvirtúa los fines del régimen jurídico aduanero establecidos en el artículo 6 de la LGA. Debe velar la Administración por el control aduanero y la percepción correcta de los tributos, pero no puede ni debe en aras de una posición eminentemente fiscal, desaplicar el certificado de origen como sucede en el presente asunto, se constituyen como obstáculos o barreras no arancelarias que buscan limitar el libre comercio entre las Partes, desaplicando las preferencias arancelarias acordadas.

El Tratado permite la corrección del certificado en casos como el que nos ocupa, contenida en el artículo 5.4.2):

“…Artículo 5.4: Obligaciones respecto a las Exportaciones
2. Cada Parte dispondrá que su exportador o productor, que haya llenado y firmado un certificado o una declaración de origen y tenga razones para creer que ese certificado o declaración contiene información incorrecta, notifique sin demora y por escrito, cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del certificado o declaración de origen a todas las personas a quienes hubiere entregado el certificado o declaración de origen, así como de conformidad con la legislación nacional de cada Parte a la autoridad competente de la Parte exportadora, en cuyo caso no podrá ser sancionado por haber presentado un certificado o declaración de origen incorrecto antes que la autoridad competente de la Parte importadora haya iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación o verificación….”. Bajo el amparo de la norma reproducida y tomando en cuenta la buena fe que se establece en la Convención de Viena sobre la Aplicación de los Tratados y los objetivos del mismo Tratado, se debió admitir el certificado corregido presentado en el despacho.

Es importante hacer referencia a la jerarquía de los tratados dentro del ordenamiento jurídico nacional. En las sentencias N° 69 del 26 de febrero y N° 175 del 15 de mayo, ambas del 2015, refiriéndose a la Convención de Viena sobre los Tratados y de la cual Costa Rica es parte, el Tribunal Aduanero estableció:

“…sobre el tema de la interpretación de los Tratados, establece la obligación de las partes de aplicarlo de acuerdo a la buena fe. Dispone la Convención: “Interpretación de los tratados. 31. Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”.
La buena fe siempre se presume, se parte de un principio donde las personas, en este caso, las partes en el proceso, mantienen la confianza en una conducta dirigida al respeto y cumplimiento de las normas, tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes. Se define en Wikipedia.org como “…La buena fe (del latínbona fides) es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad, o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un actocontrato o proceso…”

Por su parte Guillermo Cabanellas, comenta que la buena fe “…Modo sincero y justo con que en los contratos procede uno, sin tratar de engañar a la persona con quién los celebra…Convicción de que el acto realizado es licito…”. El Diccionario de la Real Academia Española, define la buena fe: “…Der. Criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho…”. No encuentra elementos este Tribunal, para dudar de la buena fe en la actuación de los recurrentes, no se observa una intención de engañar al fisco, una conducta contraria a las normas y reglas establecidas, siendo que el hecho de que se cometa un error, el cual se permite subsanar, no da cabida para la no aplicación de un principio de derecho, contemplado en la Convención de Viena y aplicable al caso…”. No procede el rechazo de la certificación de origen por el motivo invocado.

En lugar de valerse de un formalismo, se debió aplicar el principio de informalismo que protege al individuo que actúa ante la administración del cumplimiento de ciertas formalidades o exactitudes que no son estrictamente necesarias o que incluso podría permitir subsanarse con posterioridad en caso de estimarse necesario, ¿en que afecta los intereses fiscales?, en que ¿perjudica la aplicación de las normas del TLC? y ¿cómo transgrede los objetivos del TLC MX-CA?. La aplicación “…del principio del informalismo  o formalismo moderado a favor del interesado en el trámite administrativo el que permite soslayar los reparos formales opuestos a la admisibilidad de la pretensión para dar primacía a la verdad jurídica objetiva y a la legalidad objetiva…”, lo que se busca es el equilibrio entre la actividad de la administración y el derecho de los administrados “…a no encontrarse sometidos a rigorismos que los perjudiquen, porque sería inconstitucional negar una solución al particular por causas meramente formales…”.

La decisión basada en los elementos citados, afecta una aplicación lógica y correcta de las normas y principios que deben regir la materia, porque se basa en una visión del derecho que solo considera la norma positiva aplicada sin dimensionar con el caso, sin más análisis, desconociendo el resto del ordenamiento jurídico que aplica.

Corresponde al aplicador e intérprete de la norma darle el alcance de acuerdo a los fines y objetivos del mismo Tratado, rol que debe asumir el Tribunal como Órgano de última instancia administrativa. Para el caso, debe ser analizado objetivamente para llegar a la verdad real, principio que no se cumple porque la administración y el Tribunal, con base en un solo elemento de hecho y sin previo análisis integral de todos los elementos, decide el primero desaplicar el trato preferencial y el segundo confirmar la actuación del primero. Precisamente estimo que la autoridad aduanera no hace un análisis integral de la normativa y argumentos de la parte para demostrar y probar su posición, y tampoco para sustentar su decisión, por el contrario se aferra a una diferencia insustancial para rechazar sin mayor análisis el trato arancelario preferencial, no hace una valoración objetiva del caso, porque esto no se acompaña con un desarrollo de las consideraciones basado en los elementos probatorios existentes en el expediente, un análisis objetivo de las normas aplicables, que permita arribar no a una simple verdad formal, sino la verdad material o real, pero al carecer de ese análisis, se omite la busqueda de la verdad real.

El Tribunal Contencioso Administrativo, en la sentencia 4547-2010, sobre la prueba estableció:
“…El ofrecimiento y presentación de pruebas constituye parte del derecho de defensa del auxiliar, por lo que la autoridad aduanera está obligada a atender la solicitud del interesado y evacuar las pruebas cuando las mismas resulten pertinentes para demostrar o desvirtuar la infracción respectiva. Más aún, la Autoridad Aduanera está obligada a adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas, según lo prescribe el artículo 221 de la lgap…” (el resaltado no es del original).

Sobre los objetivos, en el TLC MX-CA, se dispone en lo que interesa:

Artículo 1.1: Establecimiento de la Zona de Libre Comercio

Las Partes establecen una zona de libre comercio de conformidad con lo establecido en los artículos XXIV del GATT de 1994 y V del AGCS.

Artículo 1.2: Objetivos

1. Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:

(a) estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios entre las Partes;

(b) promover condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio;

(c) eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios entre las Partes;…

2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del Derecho Internacional.”

En referencia a lo anterior, en varias sentencias el Tribunal Aduanero estableció: “…Los objetivos del Tratado son claros en cuanto a la intención de las Partes de generar mayores volúmenes de comercio, con procedimientos simplificados que supriman obstáculos a las operaciones de comercio, posibilitando mayor facilitación para la circulación de las mercancías. Una actuación como la descrita en las consideraciones desarrolladas, refleja una desviación del cumplimiento de esos objetivos y de lo establecido en el artículo 31 de la Convención de Viena…” Desviación que estimo se da con la sentencia de mayoría en este asunto, desconociendo los objetivos que las Partes que suscriben el Tratado se propusieron alcanzar al momento de suscribir el TLC, generando con el rechazo del CO, obstáculos que distorsionan el comercio entre las Partes, en lugar de facilitarlo se convierte en una carrera de obstáculos.

En razón de lo anterior, declaro con lugar el recurso de apelación y revoco el ajuste realizado en el despacho.
Luis Gómez Sánchez





1 “Pacta sunt servanda”, artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Ley número 7615 del 24 de julio de 1996.

2 Ver en igual sentido el artículo 4 de la LGA.

3 Edmundo Vargas Carreño. Introducción al Derecho Internacional, San José, Editorial Juricentro, 1979, volumen 1, p. 87.

4 El resaltado no corresponde al original.

5 Ley 7474 del 19 de diciembre de 1994, publicada en el Alcance No. 39 a La Gaceta No. 244 del 23 de diciembre de 1994


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