Ley orgánica del ministerio público de la defensade la nacióN






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Partidas Presupuestarias. Se otorgará el correspondiente crédito presupuestario para la creación de los órganos y cargos mencionados el que se imputará al presupuesto del Ministerio Público de la Defensa.

El Defensor General de la Nación solicitará las partidas presupuestarias pertinentes para la designación de los Defensores Públicos Oficiales de Coordinación según las necesidades de cobertura del sistema de Defensa Pública.

ARTÍCULO 81.-Obra Social. Todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, con idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas.

ARTÍCULO 82.- Implementación autarquía financiera. La autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa se implementará a partir del ejercicio presupuestario que inicia el 1º de enero de 2016.

ARTÍCULO 83.-Derogación. Derógasela Ley N° 24.946 y sus modificatorias en lo pertinente al Ministerio Público de la Defensa y a las disposiciones referentes a sus integrantes, salvo lo expresamente dispuesto en el segundo párrafo del artículo 75de la presente.

Derógase asimismo toda otra disposición contraria a esta ley.

ARTÍCULO 84.-Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:

Vengo a presentar un proyecto de ley cuyo objeto es regular la organización del Ministerio Público de la Defensa, en el marco de las reformas introducidas por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la Ley Nº 27.063.

El artículo 120 de la Constitución Nacional instituye al Ministerio Público como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera de carácter bicéfalo; por un lado el Ministerio Público Fiscal y por otro el Ministerio Público de la Defensa. Esta decisión del Poder Constituyente ha colocado al organismo en un lugar distinto al de la justicia, dotándolo de las garantías adecuadas para ejercicio de la función asignada.

El modelo adoptado en el orden federal, en tanto instaura una defensa pública autónoma, constituye una garantía orgánica del derecho de defensa, reglamentaria del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22), que así la consagran, estructurada como una salvaguarda ineludible del acceso a la justicia y la protección de los sectores vulnerables.

Este diseño orgánico federal ha venido influyendo definitivamente en el derecho público provincial, que fue deslindando en la organización de su administración de justicia, la función del acusador público de la del defensor público, en tanto representan la antítesis procesal, evitando así la supervivencia de estructuras que debilitan ostensiblemente la protección de derechos.

El esquema de autonomía funcional de la Constitución Nacional se encuentra en consonancia con los estándares provenientes de los organismos internacionales. Así, mediante la Resolución AG/RES. 2656 (XLI-O/11) “Garantías para el acceso a la justicia. El rol de los defensores oficiales”, aprobada durante el 41º período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”), se reconoció la fundamental actividad de la defensa pública oficial como herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Específicamente se resolvió “recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional”. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el “Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, de fecha 31 de marzo de 2010, sostuvo entre las Observaciones finales respecto de Argentina, que el Estado parte debe garantizar la independencia presupuestaria y funcional de la Defensa Pública respecto de otros órganos del Estado.

La Asamblea General de la OEA, mediante la Resolución AG/RES. 2714 (XLII-O/12) “Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad” de junio de 2012, afirmó que “los Estados Miembros tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que son parte y en sus legislaciones internas, eliminando los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública, de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia”. Asimismo, allí se destacó “la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita prestada por los Defensores Públicos Oficiales para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”, así como también ha destacado la necesidad de adoptar acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales gocen de independencia y autonomía funcional.

El 5 de junio de 2013, la Asamblea General de la OEA aprobó la Resolución AG/RES. 2801 (XLIII-O/13) “Hacia la autonomía de la Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia”, que constituyó un nuevo logro en el campo de la defensa pública, por cuanto profundiza el compromiso de los Estados Miembros en pos de lograr la autonomía de sus respectivas instituciones de defensa pública.

Posteriormente, también la Asamblea General, reunida en sesión plenaria en la ciudad de Asunción, Paraguay los días 3, 4 y 5 de junio de 2014, aprobó la nueva Resolución AG/RES. 2821 (XLIV-O/14), “Hacia la autonomía y fortalecimiento de la Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia”. En uno de los puntos más salientes de la nueva Resolución, la Asamblea General destaca el exitoso trabajo realizado por los Defensores Públicos Interamericanos en la defensa de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe “Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento del Acceso a La Justicia y el Estado de Derecho en las Américas” (OEA/Ser.L/V/II.; Doc. 44; 5 diciembre 2013), resaltó el rol fundamental que desempeñan las y los operadores de justicia, se refirió a las garantías para su independencia e incluyó como operadores de justicia a los defensores públicos, en tanto se encuentran vinculados a los procesos en los cuales el Estado realiza funciones dirigidas a garantizar el acceso a la justicia (párr. 15). Específicamente, señaló que “las y los defensores públicos desempeñan un rol esencial para asegurar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar un debido proceso a las personas que puedan ser afectadas en virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado” (párr. 18).

En el informe en cuestión, el citado órgano internacional recomendó a los Estados Americanos, entre otras cosas: garantizar la dotación de recursos financieros técnicos y humanos adecuados y suficientes con el fin de asegurar que jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras públicas puedan realizar de manera efectiva sus respectivos roles en el acceso a la justicia; establecer normativamente procesos de selección y nombramiento que tengan por propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base en el mérito y las capacidades profesionales; establecer un mecanismo de asignación de casos a través de criterios objetivos; establecer procedimientos previsibles y criterios objetivos para la promoción y ascenso de los y las operadoras de justicia; asegurar en la legislación bases salariales idóneas para las y los operadores de justicia que permitan adoptar remuneraciones suficientes que correspondan a sus responsabilidades; garantizar la existencia de canales de cooperación efectiva entre fiscales, jueces, defensores públicos y la policía, así como otras instituciones que puedan tener en su poder información relevante para los casos, de tal manera que se institucionalice la colaboración, intercambio y acceso de información técnica con el fin de que puedan desempeñar libre y eficientemente sus labores, garantizando el acceso a la justicia de los casos en los que participan.

El presente proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación incorpora los estándares alcanzados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y regula las relevantes funciones del organismo como institución de defensa y protección de derechos humanos; garantizando el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral en casos individuales y colectivos.

De esa manera, se explicita el contenido específico de la garantía orgánica del derecho de defensa y se supera la antigua concepción de la defensa pública como mera asignación de un abogado para actuar en casos determinados.

La institucionalidad de la defensa pública federal reflejada en este proyecto, cumplimenta el deseo del constituyente reformador de 1994 y ofrece un modelo de gestión del servicio público de defensa para efectivizar el acceso a la justicia; señalando a cuáles principios específicos debe ceñir su actuar funcional.

El proyecto regula en detalle las estructuras orgánicas específicas que integran el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Como novedad, además de la previsión con mayor nivel de detalle del ámbito funcional de la Defensoría General de la Nación, órgano jerárquico de control de la eficiencia del servicio de defensa pública, que además establece y ejecuta políticas públicas, y las Defensorías, Tutorías y Curadurías Públicas, se incorpora un Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa, que se integra con magistrados del Ministerio Público de la Defensa, un representante de una Organización no Gubernamental y un representante de un Colegio Público de Abogados.

Con el evidente propósito de favorecer la interacción social con sectores involucrados en la problemática, el Consejo propone vías de acción para favorecer la cobertura del servicio y actúa como órgano de consulta del Defensor General de la Nación. Por otra parte, se incorpora a la estructura del Ministerio Público de la Defensa el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, tal como lo dispusiera la Ley N° 26.657 que lo establece en su ámbito.

Otro aspecto que debe ser resaltado es el referido a los deberes y garantías de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa respecto a los diversos vínculos con los que se relacionan, estableciendo normas particulares que receptan directrices jurisprudenciales y estándares del derecho internacional de derechos humanos. El principio fundamental que rige la gestión de casos de la defensa pública es la asistencia o defensa integral, efectiva y adecuada; y toda instrucción que se dicte debe justificarse en esos lineamientos. Para el cumplimiento de este cometido, los miembros del Ministerio Público de la Defensa gozan de independencia técnica y autonomía funcional, no pudiendo desatender los planteos de sus asistidos o defendidos.

El proyecto delimita las distintas funciones de cada uno de los magistrados que integran el Ministerio Público de la Defensa, integrando las disposiciones normativas locales, los instrumentos internacionales, la jurisprudencia de organismos internacionales y una profusa reglamentación en el ámbito interno de la Defensoría General de la Nación. Se establecen igualmente instancias de colaboración eficaz como grupos de abordaje territorial para sectores socialmente desaventajados, programas que actúan en relación con la comunidad, y cuerpos técnicos especializados de peritos e investigadores, entre otros.

Es menester señalar que la propuesta también adecúa la organización institucional y de gestión al modelo instaurado por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por Ley Nº 27.063, que establece un sistema adversarial de enjuiciamiento, dotando a los defensores públicos de amplias facultades para cristalizar la paridad de armas, en tanto principio rector del nuevo sistema. El cambio de paradigma que genera la ley procesal, en cuanto transforma la manera en la que se lleva adelante la función, necesariamente debe tener su reflejo en la ley que organiza el servicio, que ya no debe estar atada a estructuras estancas que no permiten gestionar adecuadamente la labor, sino que debe ser flexible y de acuerdo a las necesidades de los defendidos. Se establece así el principio de unidad de actuación, instituyendo la figura del Defensor Público de Coordinación.

Por otra parte, el proyecto aquí presentado regula acabadamente el cambio de paradigma ligado al acceso a la justicia por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, jerarquizando y redefiniendo, entre otras cuestiones, el actuar de los actuales curadores y tutores públicos.

En lo referido a los concursos públicos de acceso al cargo de magistrados de la defensa pública y el régimen disciplinario, el proyecto mantiene la línea trazada por la Ley N° 24.946, pero reafirma con necesarios ajustes los resguardos de idoneidad y transparencia, con aspectos no previstos en esa ley. Así, señala que el concurso debe ser convocado en un plazo no mayor a 60 días de producida la vacante; la inclusión de un jurista invitado en el tribunal del concurso; la existencia de requisitos temporales para trasladar definitivamente a un magistrado con su anuencia o para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento y la exigencia de una sentencia con voto de cinco de sus miembros para remover a un magistrado.

Finalmente, se regulan de manera precisa las diversas cuestiones referidas a la gestión económica y financiera del Ministerio Público de la Defensa, que resultan básicas para que la institución pueda llevar adelante sus funciones de acuerdo con la manda constitucional.

La presente propuesta contiene, en definitiva, los reaseguros indispensables para garantizar una defensa pública autónoma que repercuta de manera real en el acceso a la justicia y protección judicial, especialmente de los más vulnerables. Es que debe tenerse presente que otra particularidad que sin duda también distingue al modelo federal argentino de defensa pública, es la intervención en todo tipo de materias, fueros e instancias.

Finalmente, no debe olvidarse la relevancia que la Defensa Pública tiene para sectores mayoritarios de la población que acuden a diario a su servicio por la protección de sus derechos.

Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
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