Ley orgánica del ministerio público de la defensade la nacióN






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Curadores Públicos. Los Curadores Públicos actuarán en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica, cuando no existieran bienes suficientes que permitan la designación a cargo económicamente de la persona involucrada o de quien, presumiblemente, debiera asumir las costas; o en ausencia de familiar o referente comunitario que pudiera hacerse cargo de tal función.

Tendrán los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás propios de la naturaleza de su cargo y aquellos que le encomiende el Defensor General de la Nación:

a) ejercer la defensa técnica en procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de la implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en orden a garantizar los derechos de igualdad y no discriminación, el derecho a ser oído y debidamente informado, a participar en el proceso, incluso mediante los ajustes de procedimiento que puedan requerirse, en respeto a la autonomía y reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. En el ejercicio de la función, deberá tener en cuenta la voluntad y preferencias del asistido;

b) ejercer la función de representación que se disponga en procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica, con relación a los actos comprendidos en la sentencia, y teniendo en cuenta la voluntad y preferencias del asistido;

c) ejercer la función de apoyo que se disponga en procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias, con relación a los actos comprendidos en la sentencia, y teniendo en cuenta la voluntad y preferencias del asistido;

d) ejercer la función de apoyo que se establezca por decisiones no jurisdiccionales, siempre que así fuera dispuesto en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las particularidades específicas de cada caso y los niveles de cobertura de la prestación del servicio;

e) instar la revisión judicial de las sentencias dictadas en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, en un plazo no superior a TRES (3) años desde que fue dictada o en un término menor si ello fuere pertinente;

f) adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad; en particular al respeto por su autonomía, voluntad y preferencias, al derecho a participar en el proceso, incluso mediante los ajustes de procedimiento que sean necesarios, y a la no discriminación;

g) promover la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y la diversidad cultural;

h) proceder de oficio, en el ámbito judicial y extrajudicial en la defensa de los derechos e intereses de sus asistidos, de conformidad con lo previsto en esta ley y en la reglamentación pertinente;

i) instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus asistidos;

j) concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojadas las personas asistidas;

k) convocar personas a su despacho cuando fuere necesario para el ejercicio de su ministerio;

l) responder a los pedidos de informes que les formule la Defensoría General de la Nación.
Título V

Defensa de las personas internadas en forma involuntaria por motivos de salud mental


  1. Personas internadas en forma involuntaria por motivos de salud mental. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa que determine el Defensor General de la Nación deberán ejercer la asistencia técnica de las personas involuntariamente internadas por motivos de salud mental, de acuerdo a la normativa específica y la que surge de la naturaleza de la función. Tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

  1. actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos a las personas internadas involuntariamente por motivos de salud mental;

  2. ejercer la función conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos a los niños, niñas y adolescentes, o las personas con discapacidad, si así correspondiere;

  3. respetar, en el ejercicio de la defensa, la autonomía personal, la voluntad, los deseos y preferencias de la persona internada en forma involuntaria por motivos de salud mental y realizar presentaciones judiciales o extrajudiciales, pudiendo, entre otras tareas, oponerse a la internación, solicitar la externación, requerir mejoras en las condiciones de internación y tratamiento y acceder a las actuaciones judiciales en todo momento;

  4. en aquellas situaciones en que no pueda comprenderse la voluntad de la persona internada, se deberá procurar que las condiciones generales de la internación respeten las garantías mínimas exigidas por la legislación específica de salud mental, así como las directivas anticipadas que pudieran existir;

  5. mantener contacto con la persona asistida en cualquier momento, en los establecimientos públicos y privados donde se desarrolla su internación, por sí o a través de integrantes del Ministerio Público de la Defensa, manteniendo entrevistas en ámbitos de confidencialidad y privacidad;

  6. ingresar a los establecimientos públicos y privados donde se desarrollen las internaciones, sin necesidad de autorización previa por parte de los efectores de salud ni de ninguna otra autoridad, incluido el acceso a toda documentación relativa a la persona defendida que obre en poder de las instituciones;

  7. brindar información a sus asistidos respecto de su función, datos personales y el estado del proceso;

  8. contar con el apoyo del equipo interdisciplinario necesario para brindar defensa técnica especializada;

  9. realizar los informes de gestión que les sean requeridos por la Defensoría General de la Nación.


Título VI

Remuneraciones y subrogancias de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa

Capítulo 1

Remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa

  1. Intangibilidad de las remuneraciones. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, en virtud de la función que desempeñan y de lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional, gozan de intangibilidad en sus remuneraciones.

  2. Remuneraciones. Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa se determinan del siguiente modo:

  1. el cargo establecido en el punto 1 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley recibirá la retribución equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

  2. el cargo establecido en el punto 2 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, percibirán un VEINTE POR CIENTO (20%) más de las remuneraciones que corresponden a los jueces de cámara, computables solamente sobre los ítems sueldo básico, suplemento, remuneración Acordada CSJN N° 71/93, compensación jerárquica y compensación funcional;

  3. los cargos establecidos en los puntos 3 y 4 del inciso a)del artículo 15 de la presente ley, percibirán la remuneración equivalente a juez de casación;

  4. los cargos establecidos en los puntos 5, 6 y 7 del inciso a)del artículo 15 de la presente ley, percibirán la remuneración equivalente a la de juez de cámara;

  5. los cargos establecidos en los puntos 8 y 9 del inciso a)del artículo 15 de la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la de juez de primera instancia;

  6. el cargo establecido en el punto 10 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, percibirá la remuneración equivalente a la de un secretario de cámara;

  7. los cargos establecidos en los incisos b) y c)del artículo 15 de la presente ley, percibirá la remuneración que corresponda al ejercicio de sus funciones, establecida en las leyes y reglamentación del servicio de defensa pública.

  1. Equiparaciones. Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa no podrán ser inferiores a la de los miembros del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, encontrándose equiparados en trato, escalafón y jerarquía. Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios.

Capítulo 2

Régimen de subrogancias de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa

  1. Reglamentación. Principios. En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia de magistrados del Ministerio Público de la Defensa, se procurará el reemplazo por otro magistrado de este Ministerio. Si ello fuera desaconsejable o fuera necesario evitar conflictos de interés, se asignará un Defensor Público Coadyuvante para asegurar la eficiente prestación y cobertura del servicio de Defensa Pública.

Esta ley y la reglamentación específica del servicio de Defensa Pública establecen el orden de subrogancias de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, asegurando sus deberes y garantías.

Título VII

De los funcionarios y empleados

  1. Designación. Los funcionarios, empleados administrativos y de maestranza del Ministerio Público de la Defensa serán designados por el Defensor General de la Nación, a propuesta de los respectivos Defensores Públicos. Gozarán de estabilidad en sus cargos y cumplirán las funciones que resulten necesarias para el normal funcionamiento y desarrollo del servicio conforme lo dispuesto por el Defensor General de la Nación y sus superiores jerárquicos. Todo ello, de acuerdo a lo dispuesto por la ley y la reglamentación correspondiente.

Todo traspaso de funcionarios o empleados entre el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos.

  1. Estructura escalafonaria. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa se integrarán en tres agrupamientos:

  1. técnico jurídico;

  2. técnico administrativo;

  3. servicios auxiliares.

Tales agrupamientos estarán divididos en categorías que constituyen los grados que pueden ir alcanzando los agentes durante su carrera en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación que se dicte al efecto.

Título VIII

Sistemas de control de gestión

  1. Reglas de funcionamiento y control de gestión. El Defensor General de la Nación establece criterios generales y protocolos de actuación y asegura una defensa eficiente y adecuada. Implementa un sistema de gestión específico para el control y asignación ponderada o por turno de los casos y procura la mejora continua de los procesos de trabajo.

Debe evaluar la calidad de los servicios que presta el Ministerio Público de la Defensa, especialmente en cuanto a la observancia de la ley, el cumplimiento de los plazos y de las instrucciones generales que se hayan dictado.

Título IX

Régimen disciplinario

  1. Poder disciplinario. En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el Defensor General de la Nación podrá imponer a los magistrados que componen el Ministerio Público de la Defensa, las siguientes sanciones disciplinarias:

  1. prevención;

  2. apercibimiento;

  3. multa de hasta el VEINTE POR CIENTO (20 %) de sus remuneraciones mensuales.

Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se regirá por la norma reglamentaria que dicte el Defensor General de la Nación, la cual deberá garantizar el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio.

En los supuestos en que el órgano sancionador entienda que el magistrado es pasible de la sanción de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la sanción correspondiente.

Las sanciones disciplinarias que se apliquen en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación en sede judicial.

  1. Correcciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los miembros del Ministerio Público de la Defensa las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El juez o tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquel desempeña.

Cuando la medida afecte al Defensor General de la Nación, será comunicada al Senado de la Nación.

  1. Mecanismos de remoción. El Defensor General de la Nación sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.

Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público de la Defensa sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en esta ley, por las causales de mal desempeño, grave negligencia o por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie.

  1. Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por SIETE(7) miembros:

  1. TRES(3) vocales, que deberán cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designados UNO (1) por el Poder Ejecutivo, UNO (1) por el Senado y UNO (1) por el Consejo Interuniversitario Nacional;

  2. DOS (2) vocales, que deberán ser abogados de la matrícula federal y cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designados uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y otro por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal;

  3. DOS (2) vocales, que deberán ser elegidos por sorteo público entre los Defensores Públicos Oficiales que tengan un rango no menor a Juez de Cámara y TRES (3) años de antigüedad en el cargo, uno entre quienes se desempeñan en el interior del país y uno entre quienes se desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos de su subrogación se elegirá igual número de miembros suplentes.

  1. Convocatoria. Integración. El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por el Defensor General de la Nación. En caso de que el Defensor General de la Nación hubiese desestimado la denuncia que haya dado lugar a una queja, la convocatoria será realizada por el presidente del Tribunal. Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido. Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán TRES (3) años en sus funciones contados a partir de su designación.

Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el Tribunal, hasta su finalización. Una vez integrado el Tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada SEIS (6) meses, según el orden del sorteo. Las funciones de acusar y defender serán ejercidas por magistrados del Ministerio Público de la Defensa conforme la reglamentación que se dicte a tal efecto.

  1. Instancia. La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento será abierta por decisión del Defensor General de la Nación de oficio o por denuncia, fundadas en la invocación de las causales de remoción previstas en esta ley.

  2. Denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Toda denuncia en la que se requiera la apertura de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento deberá ser presentada ante el Defensor General de la Nación, quién podrá darle curso conforme el artículo 59o desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención sumaria. De la desestimación, el denunciante podrá ocurrir en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificado el rechazo. La queja deberá presentarse ante el Defensor General de la Nación, en su caso, quien deberá girarla dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas al Tribunal de Enjuiciamiento para su consideración.

  3. Procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme la reglamentación que dicte el Defensor General de la Nación, que deberá respetar el debido proceso legal y defensa en juicio, así como los principios consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación deberá atenerse a las siguientes normas:

  1. el juicio será oral, público, contradictorio y continuo. El denunciante no podrá constituirse en parte;

  2. la prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a este si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, en la que se deberá salvaguardar el derecho de defensa de las partes;

  3. durante el debate el acusador deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución si entendiera que corresponde;

  4. el Tribunal tiene un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles desde la recepción de las actuaciones para emitir sentencia;

  5. la sentencia deberá dictarse en un plazo no mayor a QUINCE(15) días que fijará el presidente del Tribunal al cerrar el debate;

  6. según las circunstancias del caso, el tribunal podrá suspender al acusado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el acusado percibirá el SETENTA POR CIENTO (70%) de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a las resultas del juicio; si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones;

  7. el Tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple pero en el caso de recaer sentencia condenatoria se exigirá el voto de CINCO (5) de sus integrantes;

  8. la sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del Tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si se fundare en hechos que puedan configurar delitos de acción pública o ello surgiere de la prueba o aquella ya hubiere sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda al tribunal judicial competente;

  9. la sentencia podrá ser recurrida por el acusador o el condenado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse fundadamente por escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de TREINTA (30) días de notificado el fallo. El Tribunal de Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con las actuaciones a la Cámara mencionada, dentro de los CINCO (5) días de interpuesto.

Título X

Autarquía Financiera y Gestión Económica y Financiera

Capítulo 1

Administración

  1. Administración. El Defensor General de la Nación tiene a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público de la Defensa, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten a tal efecto.

Capítulo 2

Autarquía Financiera

ARTÍCULO 64.-Autarquía financiera.A fin de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público de la Defensa contará con un presupuesto de recursos y gastos atendido con cargo al Tesoro Nacional, y con recursos propios.

ARTÍCULO 65.-Recursos del Tesoro Nacional. Los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el equivalente al SESENTA CENTÉSIMOS POR CIENTO (0.60 %) de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central. A dicha alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo Nacional en el Presupuesto General de la Administración Nacional, para el inciso 4º, bienes de uso, de acuerdo al presupuesto preparado por el Ministerio Público de la Defensa.

El Banco de la Nación Argentina transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público de la Defensa de acuerdo al porcentaje establecido en el párrafo precedente. El Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme a la presente ley.

ARTÍCULO 66.-Recursos propios. Constituyen recursos propios del Ministerio Público de la Defensa los siguientes:

a) donaciones;

b) aranceles, multas cuya aplicación tuviere a cargo y demás ingresos que se establezcan para financiar el Presupuesto de recursos y gastos del Ministerio Público de la Defensa;

c) transferencias de recursos con o sin asignación específica provenientes de jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional u Organismos internacionales, en el marco dela implementación de políticas de colaboración a cargo de estos vinculadas a la actuación del Ministerio Público de la Defensa;

d) toda renta que se obtenga por operaciones financieras e inversiones que se efectúen con los remanentes de recursos que no han sido aplicados a gastos;

e) el producto de la venta o locación de bienes muebles o inmuebles afectados al Ministerio Público de la Defensa;

f) los honorarios regulados por la actuación del Ministerio Público de la Defensa conforme se establece en la presente ley.

Los recursos enumerados estarán exentos de toda contribución o impuestos nacionales.

ARTÍCULO67.-Elaboración del Presupuesto. La Defensoría General de la Nación elaborará anualmente, sobre la base de las pautas técnicas establecidas para las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional y observando los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos, el Presupuesto general de recursos y gastos del Ministerio Público de la Defensa para el año siguiente.

El proyecto de presupuesto del organismo será remitido al Poder Ejecutivo Nacional para su incorporación al Proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional que se presenta anualmente ante el Honorable Congreso de la Nación.

El Defensor General de la Nación está facultado a disponer las reestructuraciones y compensaciones que considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al Ministerio Público de la Defensa, en el Presupuesto General de la Administración Nacional, a cuyo fin deberá observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos.
ARTÍCULO 68.- Ejecución presupuestaria. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado se observarán las previsiones de las normas de administración financiera del Estado, con las atribuciones y excepciones conferidas por los artículos 9, 34 y 117 de la Ley Nº 24.156.

El Poder Ejecutivo sólo podrá disponer modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público de la Defensa en la medida que sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financian.

ARTÍCULO 69.- Nuevas estructuras y funciones. Todo aumento de la estructura o cargos del Ministerio Público de la Defensa debe ser acompañado de la correspondiente asignación de recursos con cargo al Tesoro Nacional. Del mismo modo deberán ser financiadas las transferencias de nuevas funciones al Ministerio Público de la Defensa.

Capítulo 3

Honorarios del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 70.- Honorarios. En todas las causas en que actúan los Defensores Públicos, los jueces regularán los honorarios por su actuación, de acuerdo con los aranceles vigentes para abogados y procuradores.

En las causas penales, el imputado que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un Defensor Público Oficial, deberá solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los medios suficientes para ello. Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios se practicará un informe socio-ambiental que deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si el imputado no tuviere medios suficientes para contratar a un abogado al momento de la sentencia, será eximido del pago.

Para el caso que hubiera querellante particular, de resultar vencido en costas, se regularán honorarios por la actuación de un Defensor Público Oficial en defensa del imputado.

En las causas que versen sobre materia no penal, deberán cobrarse honorarios al vencido después de que los defendidos hayan cobrado íntegramente el capital reclamado y sus intereses, o cuando haya una mejora notable de la fortuna de éstos.

En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los DIEZ (10) días de notificado el fallo, el Tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia.

Los honorarios que se devenguen y perciban por la actuación de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa constituyen recursos propios e ingresarán a una cuenta especial del organismo, destinada a la capacitación de sus agentes, al Fondo Especial de Asistencia Social del Asistido y Defendido, y a toda otra actividad dirigida al mejoramiento de las prestaciones del servicio, conforme se reglamente.

Título XI

Capacitación de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 71.-Capacitación.El Ministerio Público de la Defensa promueve la permanente capacitación de sus agentes a través de programas destinados a tal efecto. Cada uno de los agentes tiene derecho a recibir la capacitación establecida por el programa y el deber de cumplir con las actividades generales y específicas que se fijen. Se instará el funcionamiento de una escuela del servicio de justicia.

ARTÍCULO 72.-Empleados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa. Dentro del Ministerio Público de la Defensa se implementará un régimen de carrera para la promoción y permanencia de los funcionarios y empleados, que se basará en la capacitación y la evaluación con estándares objetivos de la función, a través de la reglamentación que se dicte a tal efecto.

Título XII

Transformación de cargos de magistrados del Ministerio Público de la Defensa

ARTÍCULO 73.- Transformación de cargos de Defensores Públicos. Los actuales cargos del Ministerio Público de la Defensa modificarán su denominación de acuerdo a la siguiente manera:

  1. el Defensor General de la Nación, mantendrá su denominación, conforme a lo previsto en el punto 1 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  2. los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se denominarán conforme a lo previsto en el punto 2 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  3. los Defensores Públicos Oficiales ante las Cámaras de Casación Penal, los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos ante la Cámara de Casación Penal, los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial y los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, se denominarán Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara de Casación, conforme el punto 3 del inciso a)del artículo 15 de esta ley;

  4. los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial y los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, se denominarán Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante la Cámara de Casación, conforme el punto 3 del inciso a)del artículo 15 de esta ley;

  5. los Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  6. los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Criminal, los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos ante los Tribunales Orales en lo Criminal, los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en materia penal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  7. los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en materia penal federal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  8. los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en materia penal económico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  9. los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Criminal de Menores y los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en materia penal de menores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  10. los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en la etapa de ejecución de la pena en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se denominarán Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  11. los Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 5 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  12. los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal, se denominarán Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal, conforme el punto 6 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  13. los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 6 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  14. los Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la Capital Federal, se denominarán Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el punto 7 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  15. los Defensores Públicos Oficiales ante las Cámaras Federales del interior del país, los Defensores Públicos Oficiales de Primera y Segunda Instancia del interior del país y los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en el interior del país, se denominarán Defensores Públicos Oficiales Federales del interior del país, conforme el punto 7 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  16. los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  17. los Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  18. los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámara de Apelaciones, en los casos que ejerzan funciones en materia no penal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantendrán su denominación conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  19. los Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones de Consumo mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  20. los Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 8 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  21. los Tutores y Curadores Públicos, mantendrán su denominación, conforme a lo previstos en el punto 9 del inciso a) del artículo 15 de esta ley;

  22. los Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación, mantendrán su denominación, conforme a lo previsto en el punto 10 del inciso a) del artículo 15 de esta ley.

Los cargos de magistrados que resulten de las transformaciones previstas en el presente artículo gozarán los derechos adquiridos en razón de la estabilidad prevista en el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Toda creación de nuevos juzgados debe ir acompañada de la pertinente creación de igual cantidad de defensorías públicas.
ARTÍCULO 74.-Magistrados Tutores y Curadores Públicos. Transformación. Los actuales Tutores y Curadores Públicos del Ministerio Público de la Defensa se transformarán en magistrados conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.

Título XIII

Disposiciones transitorias y complementarias

ARTÍCULO 75.-Implementación progresiva. Cargos. La transformación de cargos del fuero penal nacional y federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y federal del interior del país, establecida en la presente ley, entrará en vigencia de manera progresiva en la medida en que lo disponga la ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación.

En virtud de lo dispuesto en el párrafo primero, los magistrados del Ministerio Público de la Defensa, que se encuentren en distritos donde aún no se haya implementado la reforma establecida en la Ley N°27.063, mantendrán los cargos y ámbitos funcionales con sus pertinentes retribuciones establecidas en los artículos 4°, 12 y concordantes de la Ley N° 24.946 y leyes complementarias. De igual forma se regirán por los requisitos de acceso a aquellos cargos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 24.946.

ARTÍCULO 76.-Creación de Defensorías en el fuero en lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de la puesta en marcha progresiva del sistema acusatorio establecido en la ley N° 27.063, la necesaria igualdad de armas entre las partes del proceso y la falta de equiparación existente entre las actuales fiscalías y defensorías en la justicia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los fueros Criminal, Correccional, de Menores y de Ejecución, créanse CINCUENTA Y CUATRO (54)Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SEIS (6) Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y TRES (3)Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTÍCULO 77.-Creación de cargos en el fuero en lo penal de la Ciudad de Buenos Aires. Créanse para cada una de las Defensorías mencionadas en el artículo anterior UN (1) cargo de Defensor Público Oficial de instancia única en lo Penal Nacional, en lo Penal de Menores o de Ejecución de la Pena según corresponda, UN (1) cargo de Secretario de Primera Instancia, UN (1) cargo de Prosecretario Administrativo, UN (1) cargo de Jefe de Despacho, UN (1) cargo de Oficial Mayor, UN (1) cargo de Oficial, UN (1) cargo de Escribiente Auxiliar y UN (1) cargo de Medio Oficial.

ARTÍCULO 78.-Creación de cargos en el fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. En la medida en que se lleve a cabo la implementación de la Ley Nº 27.063 en las distintas circunscripciones federales del país, deberá disponerse la pertinente creación de defensorías públicas oficiales, con la dotación de personal y partida presupuestaria correspondiente, a fin de equiparar su cantidad con las fiscalías existentes, y así garantizar la necesaria igualdad de armas entre las partes del proceso.

ARTÍCULO 79.-Creación de cargos. Funcionarios y Empleados. Créanse DOS (2) cargos de Secretario, DOS (2) cargos de Prosecretario Administrativo Relator, DOS(2) cargos de Escribiente y UN(1) cargo de Jefe de Despacho Relator con funciones de Secretario Privado para todas las Defensorías Públicas Nacionales y Federales de primera instancia de todo el país con competencia penal existentes hasta el momento de la aprobación de la presente ley.

ARTÍCULO 80.-
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