Ley orgánica del ministerio público de la defensade la nacióN






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Defensores Generales Adjuntos. Función. Los Defensores Generales Adjuntos tienen por función:

  1. realizar las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aquellos casos que intervengan por decisión del Defensor General de la Nación;

  2. mantener informado al Defensor General de la Nación respecto de los casos en que intervengan;

  3. actuar por delegación del Defensor General de la Nación en ámbitos relacionados con su ejercicio funcional;

  4. sustituir al Defensor General de la Nación en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia. La reglamentación sobre subrogancias establecerá el orden de intervención; a falta de designación, intervendrá quien tenga más antigüedad en el cargo;

  5. realizar el informe anual relativo al ejercicio de sus funciones.

  1. Funciones de los Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación, los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación y los Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación. Los Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación, los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación y los Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación, de acuerdo a sus responsabilidades y atribuciones, su especialidad y jerarquía, y por decisión del Defensor General de la Nación, tienen las siguientes funciones:

  1. dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema en los que intervengan el Defensor General de la Nación o los Defensores Generales Adjuntos;

  2. actuar en casos de interés institucional o litigio estratégico;

  3. subrogar a otros magistrados del Ministerio Público de la Defensa en la gestión de sus dependencias;

  4. integrar unidades para la gestión de casos y equipos de trabajo según las necesidades de la cobertura;

  5. participar de la actividad del gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el Defensor General de la Nación disponga encomendarles;

  6. realizar el informe anual relativo al ejercicio de sus funciones.

Capítulo3

Defensores Públicos Oficiales ante las Cámaras de Casación

  1. Funciones. Los Defensores Públicos Oficiales ante las Cámaras de Casación ejercerán la defensa de los asistidos o defendidos en tal instancia, efectivizando el derecho al recurso de acuerdo a los intereses de éstos. Peticionarán la reunión de las Cámaras de Casación en pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, de conformidad con los intereses de sus asistidos o defendidos. Deberán mantener un fluido contacto con los defensores públicos que intervienen en otras instancias, en especial con los defensores de coordinación, para la mejor gestión de los casos e intereses de asistidos y representados y realizar los informes relativos a su función que fueren solicitados por la Defensoría General de la Nación.



Capítulo 4

Defensores Públicos de Coordinación

  1. Designación. Los Defensores Públicos de Coordinación serán designados por decisión fundada del Defensor General de la Nación, de una terna propuesta por los Defensores Públicos Oficiales de cada distrito o ámbito funcional. A esos fines, se considerarán especialmente los antecedentes profesionales y experiencia en defensa y gestión.

Durarán UN (1) años en el ejercicio de la función y podrán ser reelegidos. Procederá la remoción antes del término indicado por inconducta manifiesta, deficiente desempeño de la función asignada o inobservancia de los principios y postulados enunciados en la presente ley y en sus resoluciones reglamentarias. El Defensor Público de Coordinación podrá renunciar a esta asignación por causales que a juicio del Defensor General de la Nación resulten atendibles y no perjudiquen al servicio.

  1. Funciones. Los Defensores Públicos de Coordinación tienen, en el ámbito de actuación asignado, los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los que surgen de la naturaleza del cargo:

  1. coordinar y supervisar a los Defensores Públicos Oficiales y Coadyuvantes y distribuir las tareas de modo objetivo y equitativo en orden al mejor desenvolvimiento del servicio;

  2. aplicar, de acuerdo a lo dispuesto por el Defensor General de la Nación, los sistemas ponderados de asignación y de seguimiento de casos y un sistema de turnos para asegurar una cobertura íntegra y eficiente del servicio de Defensa Pública, garantizando el contralor de la detención en sede policial;

  3. continuaren la gestión de casos que les corresponda en su rol de defensores públicos oficiales, salvo que la carga de trabajo, naturaleza y coyuntura de la cobertura del servicio, realidad territorial y demás circunstancias, hicieran aconsejable que el Defensor General de la Nación los exima temporariamente de aquellas funciones;

  4. asegurar la prestación adecuada del servicio en los casos penales cuando el fiscal, previo a la formalización de la investigación, comunica al imputado que lo está investigando y le hace conocer los derechos que le asisten;

  5. asegurar la prestación adecuada del servicio en la etapa de ejecución de la pena, resguardando la fluida relación entre los Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal y los Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena a fin de garantizar una protección integral de los derechos de los defendidos;

  6. ejercer, de conformidad con la reglamentación vigente, la superintendencia de los magistrados, funcionarios y empleados que se encuentren bajo su dependencia;

  7. dirigir y supervisar a los diversos órganos de apoyo que se desempeñen en su ámbito de actuación;

  8. promover y ejecutar los cursos de acción necesarios para garantizar en forma permanente y continua la supervisión de la prestación del servicio de Defensa Pública en su distrito o ámbito funcional;

  9. tramitar los reclamos referentes a la prestación del servicio y la atención a los requirentes;

  10. designar Defensores Públicos Oficiales responsables por áreas, si fuere necesario;

  11. interactuar con los Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación en la elaboración de líneas de litigio estratégico;

  12. intervenir en la gestión de aquellos casos en los cuales se estime conveniente; sea en función de su relevancia, interés institucional o social o por disposición del Defensor General de la Nación, de manera individual o conjunta con otros Defensores Públicos Oficiales;

  13. realizar informes periódicos de su gestión, responder a solicitudes de la Defensoría General de la Nación sobre la prestación del servicio en su ámbito de coordinación y producir estadísticas específicas sobre la labor desarrollada.

Los Defensores Públicos Oficiales de Coordinación con actuación en el interior del país, además de las funciones encomendadas, organizan los equipos técnicos de apoyo, la capacitación yla comunicación institucional.

Capítulo 5

Defensores Públicos Oficiales

  1. Funciones. Los Defensores Públicos Oficiales son los magistrados del Ministerio Público de la Defensa que llevan la gestión de casos ante los fueros asignados en virtud de cada rol funcional y brindan asistencia o defensa técnica en los diversos fueros e instancias, conforme los requisitos y según la materia que se trate.

  2. Deberes y atribuciones. Los Defensores Públicos Oficiales, en las instancias y fueros en los que actúan, tendrán los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás propios de la naturaleza del cargo:

  1. ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar los gastos del proceso, situación de vulnerabilidad o cuando estuviere ausente y fuere citado por edictos;

  2. ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizarlas medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias, conforme lo previsto por la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación. La asistencia a las personas que lo requieran deberá iniciarse desde que se encuentran detenidas en sedes policiales o de otros organismos de seguridad y hasta la conclusión de la etapa de ejecución de la pena;

  3. ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo;

  4. intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución judicial de conflictos, con carácter previo a la promoción de un proceso en los casos, materias y fueros que corresponda. En su caso, presentarán a los jueces los acuerdos alcanzados para su homologación;

  5. arbitrar los medios para hallar al demandado ausente. Su intervención cesa cuando sele hace saber la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal;

  6. contestar las consultas formuladas por personas con recursos limitados para afrontar los gastos del proceso o en situación de vulnerabilidad y asistirlas en los trámites pertinentes y dar respuesta a las consultas en materia penal efectuadas por cualquier persona que requiera la asistencia de un defensor público;

  7. intervenir en todo acto procesal del cual pueda derivarse un beneficio o perjuicio para sus asistidos o defendidos. En el marco del proceso penal deberán estar presentes en cada ocasión en la que se cite al imputado;

  8. responder los pedidos de informes que le formulan el Defensor General de la Nación y el Defensor Público de Coordinación;

  9. convocar personas a su despacho cuando sea necesario para el desempeño de su ministerio;

  10. solicitar a los Registros u Oficinas Públicas o Privadas, sin cargo alguno, testimonios, documentos y actuaciones necesarias para su gestión;

  11. realizar visitas y tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que impliquen cualquier forma de privación de la libertad;

  12. intervenir en todos los procesos disciplinarios que se realicen en los ámbitos de privación de libertad o de internación;

  13. requerir a los fines de su gestión y más allá de las funciones de los organismos de apoyo del Ministerio Público de la Defensa, la actuación de los cuerpos periciales del Poder Judicial y la colaboración de las fuerzas de seguridad y de otras Instituciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

  14. desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la situación de vulnerabilidad las exigieren, para la optimización de la prestación del servicio;

  15. promover la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y la diversidad cultural;

  16. promover la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales mediante acciones judiciales y extrajudiciales, de carácter individual o colectivo;

  17. actuar mediante carta poder del patrocinado para presentaciones administrativas y judiciales en caso de imposibilidad de asistencia del mismo a la sede del tribunal;

  18. ejercer la representación de las personas en sede administrativa cuando la naturaleza de los derechos en juego exija la actuación de un defensor público oficial, de conformidad con la normativa establecida al efecto;

  19. actuar en coordinación con la Defensoría General de la Nación en la representación de intereses colectivos o difusos;

  20. instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus defendidos o asistidos.

Capítulo 6

Defensores Públicos de Menores e Incapaces

  1. Defensores Públicos de Menores e Incapaces. Funciones para la protección integral de niños, niñas y adolescentes y personas respecto de quienes haya recaído sentencia en el marco de un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias. En el supuesto en el que se encuentren comprometidos los derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, o de personas respecto de quienes haya recaído sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias, los Defensores Públicos de Menores e Incapaces, en las instancias y fueros en los que actúan, tienen los siguientes deberes y atribuciones específicos, sin perjuicio de los demás propios de la naturaleza del cargo:

  1. intervenir en los procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;

  2. intervenir en forma complementaria en todo asunto judicial que afecte los derechos, intereses o bienes de niños, niñas y adolescentes, o de personas respecto de quienes haya recaído sentencia en el marco de un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias;

  3. promover o intervenir en forma principal cuando los derechos o intereses de sus asistidos estén comprometidos y existiera inacción de sus representantes; cuando el objeto del proceso sea exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de sus representantes o apoyos; y cuando carecieren de representante o apoyo y fuera necesario proveer la representación o el sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de su capacidad jurídica;

  4. intervenir en el ámbito extrajudicial ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes, cuando estén comprometidos los derechos económicos, sociales y culturales;

  5. intervenir como salvaguardia de los apoyos proporcionados judicialmente o en otros ámbitos, cuando ello fuera resuelto en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, según las circunstancias específicas del caso;

  6. ser parte necesaria, en el ámbito penal, en todo expediente que se forme respecto de una persona menor de edad, autor o víctima de delito, conforme las leyes pertinentes para su protección integral. Deberán intervenir en todo acto procesal del cual pueda derivarse un beneficio o perjuicio para sus defendidos y estar presentes en cada ocasión en que estos fueren citados;

  7. actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la justicia y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes; en particular en cuanto al derecho a ser oídos, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta y a mantenerlos informados de los asuntos inherentes a su intervención, en función del grado de evolución de sus facultades, teniendo en cuenta el progresivo reconocimiento de la capacidad.

  8. actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad; en particular al respeto por su autonomía, voluntad y preferencias, a la implementación de los ajustes que sean necesarios para asegurar su participación en el procedimiento, y a la no discriminación.

  9. postular una visión de la defensa o asistencia que tome en consideración la perspectiva de género y la atención a la diversidad cultural;

  10. concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojados sus asistidos, controlando que sus derechos e intereses sean respetados y efectuar, en su caso, las acciones que fueren pertinentes;

  11. instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus defendidos o asistidos;

  12. convocar personas a su despacho cuando fuere necesario para el ejercicio de su ministerio;

  13. responder a los pedidos de informes que les formule la Defensoría General de la Nación.


Capítulo7

Tutores y Curadores Públicos

ARTÍCULO 44.-Intervención de Tutores Públicos. Los Tutores Públicos actuarán para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de un niño, niña o adolescente, sin perjuicio de los demás casos propios de la naturaleza del cargo y los que les encomienden el Defensor General de la Nación, en los siguientes supuestos:

  1. cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental;

  2. cuando exista conflicto de intereses entre el niño, niña o adolescente y sus representantes, u oposición de intereses entre diversos niños, niñas y adolescentes que poseen el mismo representante legal; con las salvedades que disponga la ley respecto de la actuación por sí de la persona menor de edad;

  3. cuando los padres o tutores del niño, niña o adolescente no pudieran ejercer actos de administración sobre uno o más bienes de éstos;

  4. hasta el discernimiento judicial de la tutela en casos de urgencia.

ARTÍCULO 45.-Función de los Tutores Públicos. En el ejercicio de sus funciones, los Tutores Públicos deberán :a) adecuar su actuación a las garantías de procedimiento y a los estándares de derechos humanos relativos al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes; en particular en cuanto a su derecho a ser oídos, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta y a poner en su conocimiento las garantías procesales que pueden ejercitar y orientarlos para que logren hacerlas efectivas; a mantenerlos informados sobre los asuntos inherentes a la tutela, en función de la edad y grado de madurez suficiente, a la procura de su mejor interés y al principio de autonomía progresiva;

b) promover la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y la diversidad cultural;

c) proceder de oficio, judicial y extrajudicialmente en la defensa de los derechos e intereses de sus asistidos, de conformidad con lo previsto en esta ley y en la reglamentación pertinente;

d) concurrir a las instituciones en donde se encuentren alojados los niños, niñas y adolescentes asistidos;

e) instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus asistidos;

f) convocar personas a su despacho cuando fuere necesario para el ejercicio de su ministerio;

g) responder a los pedidos de informes que les formule la Defensoría General de la Nación.
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