Ley orgánica del ministerio público de la defensade la nacióN






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Deber de observancia. Si un integrante del Ministerio Público de la Defensa actuare en cumplimiento de instrucciones emanadas del superior, podrá dejar a salvo la opinión personal. Si la considerare contraria a la ley, pondrá en conocimiento del Defensor General de la Nación el criterio disidente mediante un informe fundado.

Si la instrucción objetada concierne a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la instrucción objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien lo realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

Toda instrucción particular estará encaminada a asegurar la defensa pública efectiva y adecuada.

Si se tratare de recomendaciones generales, se explicitará que deberá siempre prevalecer, en el caso concreto, la solución que más favorezca al asistido o defendido.

  1. Deber de asistencia o representación. Continuidad. Excusación y recusación. La asignación de un caso a un integrante de la Defensa Pública, torna obligatoria su gestión en él.

La obligación señalada sólo podrá quedar exceptuada por resolución de autoridad de superintendencia y conforme la reglamentación, en los siguientes casos:

  1. si se encontrare imposibilitado en forma física o psíquica de asumir la asistencia o representación;

  2. si se encontrare en una situación de violencia moral respecto de su representado, debiéndose entender como tal, todo conflicto de interés que comprometa o pudiera comprometer la integridad del defensor o impida el ejercicio de una Defensa Pública efectiva y adecuada;

  3. si el asistido o defendido rechazare la actuación del defensor por alguna causa justificada.

  1. Confidencialidad. Trato reservado y frecuente. Deberá protegerse especialmente la confidencialidad e instarse el trato reservado y frecuente con el asistido o defendido, quien será informado sobre las contingencias de su proceso en un lenguaje que le resulte comprensible.

Los integrantes del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación o de las fuerzas de seguridad, garantizarán y favorecerán, en todo lugar y de manera efectiva, la comunicación privada entre la Defensa Pública y su asistido o defendido.

  1. Estabilidad. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tendrán estabilidad en su empleo mientras dure su buena conducta y hasta los SETENTA Y CINCO (75) años de edad.

Los magistrados que alcancen la edad indicada en el párrafo primero, quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo. Estas designaciones se efectuarán por el término de CINCO (5) años, y podrán ser reiteradas mediante el mismo procedimiento.

  1. Inmunidades. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa tendrán las siguientes inmunidades:

  1. no podrán ser arrestados, excepto en caso de ser sorprendidos en flagrante delito; en tales supuestos, se dará cuenta al Defensor General de la Nación y al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, con la información sumaria del hecho;

  2. estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, en cuyo caso deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes;

  3. no podrán ser perturbados en el ejercicio de sus funciones; las denuncias que los miembros del Ministerio Público de la Defensa efectúen en tal sentido se sustanciarán ante el Defensor General de la Nación, el cual tendrá la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente y requerir las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones;

  4. no podrán ser condenados en costas en las causas que intervengan como tales.

  1. Prohibiciones. Sin perjuicio de los diversos impedimentos que se prevén en los respectivos regímenes jurídicos de la administración de justicia, los integrantes del Ministerio Público de la Defensa tienen especialmente prohibido:

  1. atender consultas como profesionales de derecho o dar asesoramiento en casos de contienda judicial actual o posible, fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función;

  2. ejercer la abogacía o la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o de su cónyuge o con quien se encontrare en unión convivencial, ascendiente o descendiente, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal;

  3. ejercer el comercio o actividad lucrativa o empleo público o privado, sin autorización previa del Defensor General de la Nación, salvo el ejercicio de la docencia universitaria o las comisiones de investigación y estudio, siempre y cuando la práctica de éstas últimas no obstaculice el cumplimiento de su labor.

  1. Deber de informar. Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa tienen el deber de informar ala Defensoría General de la Nación los asuntos a su cargo, que por su trascendencia o complejidad, requieran su puesta en conocimiento o una asistencia especial, indicando eventualmente las dificultades y propuesta de soluciones que estimen adecuadas.

  2. Declaración enunciativa. Los deberes y garantías contenidos en este capítulo no excluyen otros derivados de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales incorporados a nuestro derecho positivo, las leyes de la Nación, los reglamentos que en su consecuencia se dicten, las normas y protocolos aprobados para el ámbito específico de cumplimiento de la función.

Capítulo 3

Designaciones

  1. Designación del Defensor General de la Nación. El Defensor General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes.

  2. Designación de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa. Las designaciones de los Defensores Públicos, Tutores Públicos y Curadores Públicos previstos en esta ley, se efectuarán mediante concurso público de oposición y antecedentes del cual surgirá la terna de candidatos que el Defensor General de la Nación presentará al Poder Ejecutivo quien elegirá a un candidato, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

Las designaciones de los Defensores de Coordinación, seleccionados entre los Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, conforme las previsiones de esta ley, serán dispuestas mediante resolución fundada del Defensor General de la Nación y de acuerdo a la pertinente previsión presupuestaria.

  1. Concurso público de oposición y antecedentes. La elaboración de la terna de Defensores Públicos Oficiales se hará mediante el correspondiente concurso público de oposición y antecedentes, en base al mérito personal y la capacidad profesional. El concurso de oposición y antecedentes será sustanciado ante un Jurado de Concurso convocado por el Defensor General de la Nación de conformidad a la reglamentación que se dicte al efecto.

  2. Plazo. El concurso de oposición y antecedentes deberá ser convocado por el Defensor General de la Nación en un plazo no mayor a SESENTA (60) días de producida la vacante.

  3. Integración del Jurado de Concurso. El Jurado de Concurso será presidido por el Defensor General de la Nación o por otro magistrado de la Defensa Pública de conformidad a la reglamentación que se dicte a tal efecto. El Tribunal estará integrado además por TRES (3) magistrados del Ministerio Público de la Defensa con rango no menor a juez de cámara y TRES (3) años de antigüedad en el cargo, y por un jurista invitado.

Si el cargo a cubrir fuera de magistrados con rango no superior a juez de primera instancia, un integrante del Jurado de Concurso debe tener esa jerarquía, y TRES (3) años de antigüedad en el cargo.

Los magistrados de la Defensa Pública que integren el Jurado de Concurso deberán haber accedido a sus cargos de magistrados mediante el mismo procedimiento de concurso y serán seleccionados como jurados mediante un sorteo público.

Los juristas invitados de cada concurso serán elegidos por sorteo público de una lista de académicos o juristas de reconocida trayectoria, previamente confeccionada de acuerdo con la reglamentación que se dicte a tal efecto.

La composición del tribunal procurará garantizar la especialidad funcional, diversidad geográfica y de género de quienes lo integren.

  1. Requisitos. Para ser Defensor General de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título de abogado de validez nacional, con OCHO(8) años de ejercicio, y reunir los demás requisitos exigidos para ser senador nacional.

Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 2, 3, 5, 6 y 7del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener TREINTA (30) años de edad y contar con SEIS (6) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos SEIS (6) años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en los puntos 8 y 9 del inciso a)del artículo 15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, tener VEINTICINCO (25) años de edad y contar con CUATRO (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos CUATRO (4) años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para los cargos enunciados en el punto 10 del inciso a) del artículo 15 de la presente ley, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener DOS (2) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación o de la provincias, con por lo menos DOS (2) años de antigüedad en el título de abogado.

No podrá concursar para el cargo de magistrado del Ministerio Público de la Defensa quien haya sido removido de su cargo por juicio político o quien haya sido exonerado del empleo público.

  1. Juramento. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y las leyes de la Nación.

El Defensor General de la Nación prestará juramento ante el Presidente de la Nación. Los demás integrantes lo harán ante el Defensor General de la Nación, o ante el magistrado o funcionario que éste designe a tal efecto.

  1. Traslados definitivos. Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa podrán ser trasladados en forma definitiva, con su conformidad, para desempeñarse en una dependencia del mismo u otro distrito territorial que se encuentre vacante, siempre que el cargo a cubrir sea de la misma materia y grado que el cargo que ocupa, que tenga una antigüedad no menor a DOS (2) años en el ejercicio efectivo del cargo que ocupa al momento del traslado, que no se encuentre sometido a un proceso disciplinario y que no se haya dispuesto la convocatoria a un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo vacante.

  2. Designación de los Defensores Públicos Coadyuvantes. Los Defensores Públicos Coadyuvantes serán designados por la Defensoría General de la Nación, que dictará la reglamentación que establecerá los requisitos de idoneidad para la designación y el ejercicio de la función, sus derechos, obligaciones y la remuneración correspondiente.

Los Defensores Públicos Coadyuvantes actuarán bajo la supervisión de magistrados titulares de dependencias o de la Defensoría General de la Nación, según corresponda. De acuerdo a las categorías y especialidad que establezca la reglamentación, podrán intervenir en la gestión de casos de la Defensa Pública según la asignación que realice quien propuso su designación y ejercite su contralor.

En los casos de Defensores Coadyuvantes que actúen como colaboradores de los magistrados de la Defensa Pública, la propuesta de su designación y el contralor, dependerá del magistrado con el cual se desempeñen.

En los casos de Defensores Coadyuvantes que cumplimenten otras funciones en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, la propuesta de designación y su contralor dependerán del área pertinente de la Defensoría General de la Nación.

Título IV

Actuación funcional de los Magistrados del Ministerio Público de la Defensa

Capítulo 1

Defensor General de la Nación

  1. Funciones y atribuciones. El Defensor General de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público de la Defensa, y tiene los siguientes deberes y atribuciones:

  1. garantizar el cumplimiento de la misión institucional del Ministerio Público de la Defensa instando todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa;

  2. impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional;

  3. ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación las facultades del Ministerio Público de la Defensa, función que podrá ser delegada en los Defensores Generales Adjuntos;

  4. tomar intervención, por sí o por medio de un defensor público de la Defensoría General de la Nación, en aquellos casos en que la muestra o reiteración de patrones de desconocimiento y violación de derechos y garantías trasciendan el caso individual, alcanzando impacto institucional;

  5. diseñar y ejecutar políticas públicas para la protección de sectores en condición de vulnerabilidad, implementando programas y comisiones que coadyuven para una mejor gestión de casos;

  6. disponer mediante recomendaciones generales e instrucciones particulares a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales, las leyes y los reglamentos le confieran, con la finalidad de un mejor servicio y la garantía de una Defensa Pública efectiva y adecuada;

  7. ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa y dictar los reglamentos generales necesarios para la eficaz prestación del servicio; establecer una adecuada distribución del trabajo y supervisión del desempeño, mediante sistemas ponderados de asignación y de seguimiento de casos como así también un sistema de turnos para asegurar una cobertura íntegra y eficiente del servicio de Defensa Pública, y garantizar el contralor inmediato de toda detención o internación involuntaria;

  8. disponer fundadamente la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del organismo, de oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados que integran el Ministerio Público de la Defensa, si la relevancia o dificultad de los asuntos la hicieren aconsejable;

  9. efectuar la propuesta en terna de magistrados del Ministerio Público de la Defensa regulada en esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de concursos;

  10. asegurar, en todo proceso, la debida asistencia por la Defensa Pública de cada una de las partes con intereses diversos o contrapuestos, y designar tantos integrantes del Ministerio Público de la Defensa como lo exija la naturaleza del caso;

  11. asegurar, en los procesos en que se encuentran comprometidos los derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, o de personas ligadas a procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos, la separación entre las funciones correspondientes a la intervención complementaria o principal conforme la normativa pertinente y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor público;

  12. promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley si se hallaren incursos en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional y solicitar el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Judicial de la Nación cuando se hallaren incursos en las conductas contempladas en el artículo citado;

  13. elevar al Poder Legislativo, por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del Ministerio Público de la Defensa acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas, y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, si se tratara de reformas reglamentarias;

  14. responder a las consultas formuladas por el Presidente de la Nación, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y los organismos internacionales;

  15. coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación ante las diversas autoridades nacionales, provinciales, municipales, organismos internacionales y autoridades de otros países;

  16. reglamentar la actuación de los Defensores Públicos Coadyuvantes conforme lo previsto en esta ley, se trate de integrantes del Ministerio Público de la Defensa o de abogados de la matrícula, atendiendo especialmente a una gestión eficaz del servicio, a la solución de conflictos de interés y a la sobrecarga de trabajo;

  17. imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación;

  18. organizar y reglamentar el Organigrama General de la Defensoría General de la Nación, estableciendo las misiones y funciones de sus diversas áreas;

  19. disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;

  20. convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta a la que asistirán todos los magistrados, en la cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige la presente ley y se procurará la homogenización de criterios sobre la actuación del Ministerio Público de la Defensa, tratándose todas las cuestiones que el Defensor General de la Nación incluya en la convocatoria;

  21. fijar la sede y el ámbito territorial de actuación de las dependencias del Ministerio Público de la Defensa, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;

  22. responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa y establecer mecanismos ágiles y eficaces para la atención del público;

  23. aceptar, en representación del Ministerio Público de la Defensa, donaciones o legados de personas físicas o jurídicas, conforme establezca la reglamentación;

  24. patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales, en los casos que corresponda, por sí o por delegación en un magistrado del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación específica que regule ese accionar;

  25. celebrar acuerdos de cooperación y asistencia técnica con organismos nacionales e internacionales, para al fortalecimiento institucional y formación permanente de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa;

  26. ejercer la presidencia, representación legal y coordinación ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental creado por la Ley N° 26.657, a través de la designación de una Secretaría Ejecutiva, de conformidad con los principios, deberes y facultades previstos en dicha norma, y designar a los representantes del Ministerio Público de la Defensa, y al equipo de trabajo que corresponda para el correcto cumplimiento de las funciones asignadas ante el mencionado órgano;

  27. designar un representante de la Defensoría General de la Nación para integrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), de acuerdo a la previsión legal;

  28. asegurar la intervención de la Defensa Pública en casos de restitución internacional y visitas de niños, niñas y adolescentes, según los requisitos del derecho internacional;

  29. brindar asistencia y colaboración al Comité Nacional de Prevención de la Tortura en los términos de la Ley N° 26.827 y su reglamentación.

Capítulo 2

Defensores Públicos de la Defensoría General de la Nación
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