Nuevo Proceso – Sistema Acusatorio Contradictorio






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Principios de Organización del Ministerio Público



1. - Principio de Unidad. El Ministerio Público se organiza unitaria y jerárquicamente. Cada fiscal representa al Ministerio Público en las actuaciones procesales que realice con sujeción a la ley. Artículo 2 inciso 1° de la LOC. Cada uno de los eslabones inferiores debe obediencia a los superiores. Solo así se podrán perseguir los delitos en forma uniforme, con un mismo objetivo y eficientemente.
2. - Principio Jerárquico. La forma en que las autoridades superiores del Ministerio Público ejercen el principio jerárquico es a través de la dictación de normas generales relativas al funcionamiento administrativo y operativo de la institución, es decir, a través de las Instrucciones Generales del Fiscal Nacional. Artículo 17 a), d) inciso 2° de la ley. Los fiscales regionales puede igualmente dictar ciertas instrucciones locales. Artículo 32 a) de la ley.
Sin embargo la subordinación de los fiscales no es absoluta. Así el artículo 2 inciso 2° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece Los fiscales, en los casos que tengan a su cargo, dirigirán la investigación y ejercerán la acción penal pública con el grado de independencia, autonomía y responsabilidad que establece esta ley.
El fiscal nacional no puede dar instrucciones particulares, ni ordenar realizar u omitir la realización de determinadas actuaciones, con la sola excepción de la hipótesis prevista en el artículo 18 de la ley. Dice el artículo 18. El Fiscal Nacional podrá asumir, de oficio y de manera excepcional, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos respecto de determinados hechos que se estimaren constitutivos de delitos, cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía.
En rigor no es una excepción, pues solo se planteará cuando el propio Fiscal Nacional asuma personalmente la persecución penal.
Pero los fiscales regionales si pueden impartir instrucciones particulares a los fiscales adjuntos con respecto a un caso que le su hubiere ido asignado, sin perjuicio de la facultad de objetarlas cuando se estime necesario hacerlo si son arbitrarias o atentan contra la ley, o la ética profesional. Artículo 44 inciso 2°. El procedimiento de hacerlo presente está en los artículos 35 y 44.

Bases Constitucionales y Legales del Funcionamiento del Ministerio Público



El artículo 80ª de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establecen las funciones que le corresponden al Ministerio Público.
1. - Se encuentra a cargo de la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del un imputado.
2. - El ejercicio, en su caso, de la acción penal pública en la forma prevista por la ley;
3. - La adopción de medidas de protección de víctimas y testigos.
A. - Dirección Exclusiva de la investigación de los delitos
Con esto se optó por el diseño de la investigación preparatoria más compatible con el principio acusatorio y con el respeto de las garantías del debido proceso.
Pero la Constitución Política y las leyes no tan solo le dieron la facultad de investigar los delitos y la participación culpable, sino que también la investigación de los hechos y circunstancias que acrediten la inocencia del imputado. Es el llamado Principio de Objetividad.
Es importante tener presente que si bien es cierto que la ley habla de la investigación de hechos constitutivos de delitos, esto se toma en el sentido omnicomprensivo, abarcando los crímenes, simples delitos, faltas y cuasidelitos.
Se discutió la situación de las faltas. Se dijo que al menos debía perseguir las faltas establecidas en el Código Penal, pero respecto de las otras faltas ¿quién investiga?. Se dieron muchos criterios, pero en Chile, se optó por dictar la ley 19.806 que es una Ley Adecuatoria de casi 55 leyes diferentes.
Por otro lado, el Ministerio Público tiene además de la investigación la dirección de la misma, la que se materializa en manos de la Policía. La Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, se encuentran subordinados funcionalmente al mismo en las tareas de investigación. Ellos deben cumplir las ordenes directas que les imparte, sin tener la posibilidad de calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa cuando se trate de actuaciones que afecten derechos asegurados por la Constitución Política.
B. – Función de ejercer, en su caso, la acción penal publica
El Estado es quien tiene el monopolio en el ejercicio de la acción penal pública. Ejercer la acción penal, significa formular la acusación. Esto es en el sentido estricto, pero entre nosotros, suele utilizarse en el sentido lato, es decir, como sinónimo de promover la persecución penal o de incoación del proceso penal, también denominado ius ut procedatur.
Pero el artículo 80ª inciso 1° de la Constitución Política, establece que la ejercerá en su caso. Así nos da a entender que se utiliza en el sentido estricto, es decir, como forma de acusar o no dependiendo de los antecedentes reunidos durante la investigación preparatoria.
C. – Función de dar protección a las victimas y testigos
Esta función del Ministerio Público se declara, al nivel básico en el artículo 6 del Código Procesal Penal que ya vimos. Se manifiesta en 3 ordenes, en el artículo 78:
1. - Entregarle información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debiere realizar para ejercerlos.
2. - Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados.
3. - Informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo, y remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles.
4. - Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier causa.
En general, estos deberes incumben también a la Policía. Artículo 6 inciso 2°, 78 inciso 1° y 83 N° 1 del Código Procesal Penal.
Principios Orientadores de la Actividad del Ministerio Público
Algunos de estos principios ya los vimos como el principio de Independencia de los fiscales.
1. - Principio de Oficialidad. El principio de oficialidad es una consecuencia del monopolio de la coacción del estado moderno. El estado tiene el ejercicio privativo de la acción penal publica, para el esclarecimiento y sanción de los delitos. Sin embargo hay ciertas limitaciones:
a) La existencia de delitos de acción penal publica previa instancia particular. Artículo 54 del Código Procesal Penal.
b) La existencia de delitos para cuya persecución se exige el cumplimiento de una condición objetiva de procesabilidad, como en el caso de delitos tributarios por ejemplo. Salvo 2 excepciones:
i) Delitos de acción penal privada, del artículo 55 del Código Procesal Penal.
ii) Los supuestos en que el Juez de Garantía acceda al forzamiento de la acusación a instancia de un particular.
2. - Principio de Legalidad. Determina que una vez promovida la persecución penal de un hecho que reviste caracteres de delito, el Ministerio Público está obligado a investigarlo, y si existe fundamento suficiente, debe formular la acusación contra la persona o personas que aparezcan como responsables. Artículo 166 del Código Procesal Penal. El principio opuesto es el principio de oportunidad que faculta al Ministerio Público para no iniciar o interrumpir la persecución penal en los casos que determine el Fiscal Nacional.
3. - Principio de Objetividad. Artículo 3 de la Ley orgánica. En el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen. El artículo 77 de la Constitución Política lo reafirma.


  • El Ministerio Público europeo continental tiene una función de custodio de la ley, esto es, no tan solo debe establecer el delito y la responsabilidad penal, sino también debe velar a favor del imputado, porque se obtenga todo el material de descargo y porque ninguno de sus derechos procesales sea menoscabado.




  • Este modelo del Ministerio Público ha sido criticado, acusándolo de ser una ficción típicamente inquisitiva. Se le acusa de definir la persecución penal como una tarea neutral, objetiva e imparcial orientada a obtener una recta aplicación del derecho penal y de la ley, en circunstancias que la experiencia del procedimiento inquisitivo ha demostrado que en el juez de instrucción, hay imposibilidad de cumplir con este principio. En Estados Unidos, no rige el principio de objetividad, y los fiscales sueles chequear la veracidad de los argumentos de defensa para verificar su investigación.


4. - Principio de Eficiencia. El artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público impone a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público la obligación de eficiencia en dos ámbitos:
a) En la administración de los recursos y bienes públicos y;
b) En el cumplimiento o desempeño de sus funciones.


  • La ley orgánica usa reiteradamente el concepto de eficiencia, por ejemplo en los artículos 39, 77 al 80.




  • Pero junto con la exigencia de la eficiencia, y como una manifestación de la misma, se establece la obligación de propender a la unidad y coordinación de las acciones evitando la duplicación o interferencia de funcionales. Artículo 40 de la ley orgánica.




  • Finalmente el inciso 3° del artículo 6 de la ley, establece que los procedimientos del Ministerio Público deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y procurarán la simplificación y rapidez de sus actuaciones.


5. - Principio de la Transparencia y Probidad. Se analizó como presupuesto indispensable para el control ciudadano de la actividad del Ministerio Público. El artículo 8 de la ley lo establece. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella. El Ministerio Público adoptará las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado acceso a los fiscales por parte de cualquier interesado, con pleno respeto a sus derechos y dignidad personal.


  • Por su parte el inciso 1° del artículo 8, establece el principio de probidad: Los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público deberán observar el principio de probidad administrativa.




  • Por otro lado el artículo 9 inciso 1°, establece la declaración de intereses. El Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales y los fiscales adjuntos deberán, dentro del plazo de treinta días contado desde que hubieren asumido el cargo, efectuar una declaración jurada de intereses ante un notario de la ciudad donde ejerzan sus funciones, o ante el oficial del Registro Civil en aquellas comunas en que no hubiere notario.




  • El original de la declaración será protocolizado en la misma notaría donde fuere prestada o en una notaría con jurisdicción en el territorio de la fiscalía a que perteneciere el declarante. Una copia de la protocolización será remitida por el declarante a la oficina de personal de la Fiscalía Nacional y de la respectiva Fiscalía Regional, donde se mantendrá para su consulta pública. Cualquier persona podrá obtener copia del instrumento protocolizado, a su costa.




  • La declaración deberá ser actualizada cada vez que el declarante fuere nombrado en un nuevo cargo o dentro de los treinta días siguientes al cumplimiento del cuatrienio siguiente a la declaración, si no se hubiere efectuado un nuevo nombramiento a su respecto.




  • La omisión de la declaración será castigada en la forma y con las sanciones que establece esta ley.




  • En cuanto a la transparencia, ésta se manifiesta a través del principio de la publicidad como lo vimos. Sin embargo, la ley señala que se podrá denegar la entrega de documentos o antecedentes requeridos en virtud de ciertas causales:


a) La reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias;
b) Cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo;
c) La oposición deducida por terceros a quienes se refiera o afecte la información contenida en los documentos requeridos;
d) El que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el respectivo Fiscal Regional o, en su caso, el Fiscal Nacional, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional. El costo del material empleado para entregar la información será siempre de cargo del requirente, salvo las excepciones legales.
e) Cuando la publicidad afecta la Seguridad Nacional.
6. - Principio de Responsabilidad. Este principio está establecido en el artículo 2 inciso 2° de la ley orgánica. Los fiscales, en los casos que tengan a su cargo, dirigirán la investigación y ejercerán la acción penal pública con el grado de independencia, autonomía y responsabilidad que establece esta ley. Esta responsabilidad regulada en el Titulo II de la ley, es la denominada “política”, artículo 53. El artículo 45 de la ley establece que los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la ley. El artículo 11 establece la responsabilidad administrativa del personal del Ministerio Público.
a) Responsabilidad Penal. Hay dos situaciones:
i) El artículo 46 inciso final. Tratándose de delitos cometidos por un fiscal en el ejercicio de sus funciones, el fiscal a cargo de la investigación deducirá, si procediere, la respectiva querella de capítulos, conforme a las disposiciones de la ley procesal penal regulada en los artículos 424 y siguientes del Código Procesal Penal.
ii) La comisión de delitos en ejercicio de la función.
b) Responsabilidad Administrativa. Artículo 11 de la ley orgánica. Esta responsabilidad deriva del principio de jerarquía, y se establece directamente por la ley para infracciones específicas. Las sanciones administrativas serían aquellas que la autoridad puede imponer a cualquier ciudadano, mientras que las disciplinarias estarían reservadas para castigar a quienes se encuentren vinculados con la organización administrativa por una relación de subordinación, para el aseguramiento del orden interno del servicio u organismo de que se trate.


  • El artículo 47 de la ley orgánica establece la aplicación administrativa de la sanción. La no presentación oportuna de la declaración de intereses a que se refiere el artículo 9º por los Fiscales Regionales o los fiscales adjuntos, o el incumplimiento de la obligación de actualizarla, será sancionada con multa, impuesta administrativamente por el Fiscal Nacional o el Fiscal Regional respectivo, en su caso.


c) Responsabilidad Política. Se concretiza en la remoción y, por ende, puede afectar al Fiscal Nacional y a los Fiscales Regionales, como ya se revisó.
d) Responsabilidad Civil. El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. Artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Esta acción prescribe en 4 años contados desde la fecha de la actuación dañina. Armonizar con el artículo 38 de la Constitución Política y el artículo 4 de la ley 18.575.
e) Responsabilidad Disciplinaria. Está establecida en los artículos 48 al 52 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. La responsabilidad disciplinaria de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad superior respectiva, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos siguientes, según corresponda. Artículo 48. El artículo 49 establece las sanciones. La remoción que es la más grave la regula el artículo 51 y el artículo 52 establece el procedimiento.
7. - Principio de Interdicción de funciones jurisdiccionales. Está en el artículo 80 A de la Constitución Política (incisos 1° y 3°) 1° parte final y artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El artículo 4 establece que el Ministerio Público no puede ejercer funciones jurisdiccionales, las que son privativas de los tribunales de justicia. Es más ciertas actuaciones que priven de ciertos derechos y garantías al imputado, deberán ser previamente autorizadas por un juez.
8. - Principio de igualdad de acceso. Artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho de postular en igualdad de condiciones a los empleos del Ministerio Público, conforme a Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

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