Nuevo Proceso – Sistema Acusatorio Contradictorio






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Acción Penal Pública. La acción penal pública no se extingue por la renuncia de la persona ofendida.
2. - Acción Penal Pública ejercida previa denuncia. Si el delito es de aquellos que no pueden ser perseguidos sin previa instancia particular, la renuncia de la víctima a denunciarlo extinguirá la acción penal, salvo que se tratare de delito perpetrado contra menores de edad. Esta excepción es consecuente con el artículo 53 inciso 2°, que indica que en los delitos contra menores siempre hay acción penal.
Pero se extinguen por esa renuncia la acción penal privada y la civil derivada de cualquier clase de delitos.

Esta renuncia no la podrá realizar el ministerio público.
Efectos de la renuncia
La renuncia de la acción penal sólo afectará al renunciante y a sus sucesores, y no a otras personas a quienes también correspondiere la acción. Artículo 57. Es decir, es muy relativa la renuncia.
Responsabilidad Penal
La acción penal, fuere pública o privada, no puede entablarse sino contra las personas responsables del delito.
La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare. Artículo 58.
Acción Civil
Nuevamente podemos distinguir entre:
1. - Acciones Civiles Restitutorias.
2. - Acciones Civiles Reparatorias o Indemnizatorias.
Acción Civil Restitutoria
La acción civil que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa, deberá interponerse siempre durante el respectivo procedimiento penal, de conformidad a lo previsto en el artículo 189. Artículo 59. De acuerdo al 189 se debe ejercer ante el Juez de Garantía y se tramitará como incidente.
Las reclamaciones o tercerías que los intervinientes o terceros entablaren durante la investigación con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o incautados se tramitarán ante el juez de garantía.
La resolución que recayere en el incidente así tramitado se limitará a declarar el derecho del reclamante sobre dichos objetos, pero no se efectuará la devolución de éstos sino hasta después de concluido el procedimiento, a menos que el tribunal considerare innecesaria su conservación.
Lo dispuesto precedentemente no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al dueño en cualquier estado del procedimiento, una vez comprobado su dominio por cualquier medio y establecido su valor.
En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resultaren convenientes de las especies restituidas o devueltas en virtud de este artículo. Esta norma importa ya que si se le restituyeras las cosas a la victima sin que se le saquen las fotos, no tendríamos evidencia en el juicio oral. El objetivo de estas fotografías es para poder dejar constancia de la evidencia y así presentarla en el Juicio Oral.
Acción Civil Reparatoria o Indemnizatoria
Durante la tramitación del procedimiento penal la víctima podrá deducir respecto del imputado, con arreglo a las prescripciones del Código, todas las restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible, esto es la responsabilidad extracontractual.
La víctima podrá también ejercer esas acciones civiles ante el tribunal civil correspondiente. Con todo, admitida a tramitación la demanda civil en el procedimiento penal, no se podrá deducir nuevamente ante un tribunal civil.
En el nuevo Código Procesal Penal, se ha dado evidente preferencia a la víctima y el querellante para poder reclamar las restantes acciones civiles. Esto significa que no hay actores civiles, ni otros responsables civiles.
En cuanto al tribunal competente, la ley ha dado una doble opción:
1. - En el procedimiento penal.
2. - Ante un juez civil.
Esto de que solo puede ejercerla la victima y el querellado, es importante, para lo preceptuado en el inciso final del artículo 59.
Las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren otras personas, deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales. Estas otras personas pueden ser:
1. - Personas distintas de la víctima, o;
2. - Se dirigieren contra personas diferentes del imputado.
Así por ejemplo, si en el caso del robo de un banco un vehículo que iba pasando se vio afectado por los balazos, solo podrá intentar su acción civil ante el juez civil, y nunca en el procedimiento penal.
Si se interpone la acción civil en el procedimiento penal, no se puede intentar la acción en el tribunal civil.
Oportunidad
La demanda civil en el procedimiento penal deberá interponerse en la oportunidad prevista en el artículo 261, es decir, 15 días antes de la audiencia de preparación del juicio oral. Es conveniente contar los 15 días desde el día de la audiencia, hacia atrás.
Requisitos de la Demanda Civil
1. - Por escrito.
2. - Cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
3. - Debe tener patrocinio y poder, ya que el fiscal, no tiene la representación judicial de la victima.
4. - La demanda civil deberá contener la indicación de los medios de prueba, en los mismos términos expresados en el artículo 259. El artículo 259 letra f) indica que uno de los requisitos de la acusación es el señalamiento de los medios de prueba. El inciso 2° del mismo artículo establece ciertas reglas especiales para la prueba de:
a) Testigos. Si, el fiscal ofreciere rendir prueba de testigos, deberá presentar una lista, individualizándolos con nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia, salvo en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 307, y señalando, además, los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones.
b) Peritos. Se deberá individualizar, de igual modo, al perito o los peritos cuya comparecencia solicitare, indicando sus títulos o calidades


  • Hasta ahora, hemos visto que con este requisito se cumple colocando simplemente que me valdré de todos los medios de prueba, en especial de... pero en esta demanda, hay que indicar expresamente los medios de prueba. Hay que individualizar a los testigos a los peritos, etc.


5. - La demanda civil del querellante deberá deducirse conjuntamente con su escrito de adhesión o acusación.
Preparación de la Demanda Civil
Artículo 61. Con posterioridad a la formalización de la investigación la víctima podrá preparar la demanda civil solicitando la práctica de diligencias que considerare necesarias para esclarecer los hechos que serán objeto de su demanda, aplicándose, en tal caso, lo establecido en los artículos 183 y 184. El 183 nos habla de la proposición de diligencias de los intervinientes al Ministerio Público y el 184 nos habla de la asistencia del imputado a las diligencias.
Asimismo, se podrá cautelar la demanda civil, solicitando alguna de las medidas previstas en el artículo 157. El artículo 157 son las medidas cautelares.
La preparación de la demanda civil interrumpe la prescripción. No obstante, si no se dedujere demanda en la oportunidad prevista en el artículo precedente, la prescripción se considerará como no interrumpida.
Actitud del Imputado o Demandado
No olvidemos que solo el imputado puede ser demandado. El artículo 62 lo regula. El imputado deberá oponer las excepciones que corresponda y contestar la demanda civil en la oportunidad señalada en el artículo 263. Las excepciones a las que se refiere son tanto las perentorias como las dilatorias.
En cuanto a la oportunidad para contestar la demanda, el artículo 263 se refiere a una oportunidad doble:
1. - Por escrito. Hasta las vísperas del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral ante el Juez de Garantía.
2. - Verbalmente. En el inicio de la audiencia de preparación del juicio oral.
Podrá, asimismo, señalar los vicios formales de que adoleciere la demanda civil, requiriendo su corrección. Estos vicios formales son por ejemplo los errores de pagina, ortografía, numeración, de calculo, etc.
En cuanto a los requisitos de la contestación ésta deberá contener:
1. - Ser por escrito o verbal.
2. - En su contestación, deberá indicar cuáles serán los medios probatorios de que pensare valerse, del modo previsto en el artículo 259.
3. - Todas las excepciones deben interponerse conjuntamente.
Incidentes en la demanda
Todos los incidentes y excepciones deducidos con ocasión de la interposición o contestación de la demanda deberán resolverse durante la audiencia de preparación del juicio oral, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 270. Las excepciones a que se refiere este artículo, solo son las excepciones dilatorias ya que las perentorias son del fondo.
El artículo 270 señala que cuando el juez considerare que la acusación del fiscal, la del querellante o la demanda civil adolecen de vicios formales, ordenará que los mismos sean subsanados, sin suspender la audiencia, si ello fuere posible.
En caso contrario, ordenará la suspensión de la misma por el período necesario para la corrección del procedimiento, el que en ningún caso podrá exceder de 5 días. Transcurrido este plazo, si la acusación del querellante o la demanda civil no hubieren sido rectificadas, se tendrán por no presentadas. Es decir, al juicio oral no podemos llegar con una demanda con defectos, debe estar perfecta.
Si no lo hubiere sido la acusación del fiscal, a petición de éste, el juez podrá conceder una prórroga hasta por otros cinco días, sin perjuicio de lo cual informará al fiscal regional.
Si el ministerio público no subsanare oportunamente los vicios, el juez procederá a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa, a menos que existiere querellante particular, que hubiere deducido acusación o se hubiere adherido a la del fiscal. En este caso, el procedimiento continuará sólo con el querellante y el ministerio público no podrá volver a intervenir en el mismo.
La falta de oportuna corrección de los vicios de su acusación importará, para todos los efectos, una grave infracción a los deberes del fiscal.
Desistimiento y Abandono de la Acción Civil
1. - Desistimiento. La víctima podrá desistirse de su acción en cualquier estado del procedimiento. Se pierde la acción. Artículo 64 inciso 1°.
2. - Abandono de la Acción. Se considerará abandonada la acción civil interpuesta en el procedimiento penal, cuando la víctima no compareciere, sin justificación, a:
a) La audiencia de preparación del juicio oral o;
b) A la audiencia del juicio oral. Artículo 64 inciso 2°.
Efectos de la Extinción de la Acción Civil
Extinguida la acción civil no se entenderá extinguida la acción penal para la persecución del hecho punible. Artículo 65.
Cuando sólo se ejerciere la acción civil respecto de un hecho punible de acción privada se considerará extinguida, por esa circunstancia, la acción penal. Artículo 66 inciso 1°.
Para estos efectos no constituirá ejercicio de la acción civil la solicitud de diligencias destinadas a preparar la demanda civil o a asegurar su resultado, que se formulare en el procedimiento penal. Es decir, si yo preparo la demanda, eso no significa que he ejercido la acción.
Independencia de la acción civil respecto de la acción penal
La circunstancia de dictarse sentencia absolutoria en materia penal no impedirá que se de lugar a la acción civil, si fuere legalmente procedente. Si se dicta sentencia absolutoria en materia penal, no significa que se deba rechazar la demanda, ésta puede perfectamente se acogida. Artículo 67.
Terminación del Juicio Penal Anticipado
Si antes de comenzar el juicio oral, el procedimiento penal continuare de conformidad a otras normas, la prescripción continuará interrumpida siempre que la víctima presentare su demanda ante el tribunal civil competente en el término de 60 días siguientes a aquél en que, por resolución ejecutoriada, se dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento penal. Las otras normas pueden ser:
1. - Las normas que regulan el procedimiento abreviado, o;
2. - Por cualquier causa terminare o se suspendiere, sin decisión acerca de la acción civil que se hubiere deducido oportunamente,
En este caso, la demanda y la resolución que recayere en ella se notificarán por cédula y el juicio se sujetará a las reglas del procedimiento sumario.
Si la demanda no fuere deducida ante el tribunal civil competente dentro del referido plazo, la prescripción continuará corriendo como si no se hubiere interrumpido.
Si en el procedimiento penal se hubieren decretado medidas destinadas a cautelar la demanda civil, éstas se mantendrán vigentes por el plazo de 60 días, tras el cual quedarán sin efecto si, solicitadas oportunamente, el tribunal civil no las mantuviere. Es decir, hay que pedirle al tribunal civil que las mantenga, lo que se parece a las medidas prejudiciales precautorias.

Si, comenzado el juicio oral, se dictare sobreseimiento de acuerdo a las prescripciones de este Código, el tribunal deberá continuar con el juicio para el solo conocimiento y fallo de la cuestión civil.

Prueba de las Acciones Civiles
La prueba de las acciones civiles en el procedimiento criminal se sujetará a las normas civiles solo en cuanto a la determinación de la parte que debiere probar.
Con relación a su procedencia, oportunidad, forma de rendirla y apreciación de su fuerza probatoria se sujeta a las disposiciones del Código Procesal Penal.
Lo previsto en este artículo se aplicará también a las cuestiones civiles a que se refiere el inciso primero del artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales. Artículo 324.
Sujetos Procesales
I. - Ministerio Público
Orígenes, desarrollo y significación en el nuevo proceso
Esta institución es muy reciente en su historia y tiene como fuente dos momentos:
1. - El surgimiento del estado central moderno europeo, y con el la persecución de la acción publica.
2. - La crítica ilustrada al proceso penal inquisitivo y la adopción del régimen acusatorio.
Los precursores del procedimiento acusatorio nacen en Francia. En especial esto está vinculado a la codificación napoleónica, y en especial, al Code d’instruction criminelle de 1808 donde no cabe duda que influyeron los postulados iluministas y liberales.
El Ministerio Público resulta consustancial al sistema acusatorio que recobra la iniciativa ciudadana, ya sea individual o colectiva o ya a través del jurado de acusación, la introducción del Ministerio Público en el proceso penal implicó el quiebre acusatorio strictu sensu y su transformación en uno de tipo formal, ya desde el año 1789.
Este nuevo sistema en Francia, consistió en la separación estricta de la función acusadora y la de juzgamiento, con su consiguiente atribución a órganos diferentes, y la necesidad de previa acusación para que los jueces pudieran conocer los casos. Esto determinó una diferencia con el proceso inquisitivo antiguo caracterizado por la facultad reconocida al órgano judicial de inicial el proceso penal y continuarlo sin necesidad de previa existencia de una acusación. Así, solo con el sistema acusatorio se aseguró la imparcialidad y objetividad del juzgador.
Sin embargo, no es posible dejar de advertir no destacar aquí que el Ministerio Público nació con escaso poder sobre el procedimiento. La investigación se le encargó a un Juez de Instrucción el que podía actuar de oficio.
El Ministerio Público, siempre tuvo que velar por el principio de la objetividad. Esta configuración del Ministerio Público como órgano objetivo e imparcial implicaba asemejar su tarea a la de los jueces, orientando su actividad a la de un colaborador en la averiguación de la verdad y aplicación del derecho penal material.
Finalmente el Ministerio Público debía controlar a la policía, para que en sus procedimientos fueran conforme a las reglas del Estado de Derecho. Esto para regular sus excesos.
La reforma del procedimiento penal en la primera mitad del siglo XIX implicó oralidad, publicidad y participación ciudadana en la administración de justicia penal. Dos son los rasgos del Ministerio Público en la Europa continental:
1. - Su organización unitaria y jerarquizada, cuyos miembros son intercambiables y actúan siguiendo las instrucciones de sus superiores jerárquicos.
2. - Su dependencia del Poder Ejecutivo. Es desconcertante la situación de que originariamente haya sido dependiente del Poder Ejecutivo. Parece evidente la custodia de las leyes por lo cual requiere independencia del gobierno y no sujeción a jerarquías ni a instrucciones externas o internas. La explicación es solo histórica, ya que las reformas napoleónicas quisieron conciliar un sistema inquisitorio y uno acusatorio lo que fracasó.
En el Common law, la evolución de la persecución penal de los delitos tuvo contornos claramente diferenciados al existente los países pertenecientes a la tradición románica continental. Desde ya decimos que el ejercicio de la acción penal no corresponde a una institución unitaria que actúa según criterios uniformes sino a una constelación de órganos descentralizados cuya dependencia del Poder Ejecutivo es solo tenue y formal.
En Inglaterra y Gales, sus sistemas procesales penales no se vieron afectados por las influencias del ius commune de origen románico-canónico. Solo a fines del siglo XIX es posible encontrar la figura de un acusador estatal, aunque no representó ninguna alteración significativa.
En 1879 se dictó una ley donde se creaba un Director de Persecuciones Públicas, el que en principio debía esbozar la forma de un Ministerio Público, pero que solo alcanzó a tener funciones consultivas. Solo desde 1908 se le faculta de funciones propias del Ministerio Público.
El origen del Crown Prosecution Service en 1985 se vinculó a un informe publicado en 1970 por la sección británica de la Comisión Internacional de Juristas, donde se denunciaban serias deficiencias del sistema de enjuiciamiento criminal inglés. Este informe propone la creación del Ministerio Público.
Solo el gobierno de Thatcher publicó en 1981 proponiendo entre otras, la creación de un Ministerio Público a cargo de la acusación. Pero el gobierno se opuso a la creación de un órgano de esta índole, que le arrebataba a la Policía el ejercicio de la investigación y acusación.
En Estados Unidos, junto con los fiscales federales, existe un Ministerio Público por cada uno de los 50 estados que conforman la confederación. En EE.UU. rigen dos principios básicos:
1. - El monopolio estatal de la acción penal publica.
2. - La discrecionalidad en su ejercicio. Este principio, es formulado por una jurisprudencia de 1806 en Inglaterra. Es más se puede dar inmunidad como forma de compensación a la colaboración en la investigación.
En Latinoamérica
Las grandes reformas comenzaron en los años de 1980. El sistema reinante antes de esta década es el sistema inquisitivo.
Establecimiento y regulación del Ministerio Público en el ordenamiento jurídico chileno
Introducción
El Ministerio Público fue introducido a la Constitución Política por la ley 19.519 de 16 de septiembre de 1997. Se agregan los capítulos VI-A y se regulan en los artículos 80A a 80I. Por su parte, la ley Orgánica Constitucional N° 19.640 publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre de 1999 desarrolla, en forma extensa y bastante reglamentaria dichas bases constitucionales.
Antiguamente, el Ministerio Público era considerado un funcionario cuasi-judicial, ya que el D.F.L. 426 había derogado los Abogados Promotores Fiscales, dejando vacante sus puestos. Pero la ley 19.806 derogó este D.F.L., para darle cabida al Ministerio Público en 1° instancia nuevamente. Este órgano, al igual que en el resto de Latinoamérica era la quinta rueda del carro, y por ello fueron declarados no indispensables y suprimidos de 1° instancia por el D.F.L. antes indicado.
A partir de 1927 se estableció un sistema judicial penal chileno de bases pre-liberales, caracterizado por la concentración de funciones de investigar, acusar y juzgar en las manos de un mismo juez: el juez del crimen.
La reforma constitucional que introduce el Ministerio Público al ordenamiento jurídico chileno implicó cambiar por completo la estructura del proceso penal, llevando a cabo el cambio mas trascendental en el ámbito procesal penal desde el establecimiento del Código de Procedimiento Penal de 1906.
En lo estricto significó la separación estricta entre las funciones de investigación y juzgamiento, por una parte y la de acusación y juzgamiento por otra y su atribución a diferentes órganos. Dentro de la instrucción, la separación entre la función de investigar y la de controlar la legalidad de las actuaciones de la investigación, especialmente cuando ellas comprometieran derechos fundamentales.
La jurisdicción, como concepto sufrió una modificación con el artículo 80ª, que señala que en caso alguno el Ministerio Público podrá ejercer funciones jurisdiccionales, ya que con el artículo 73, la facultad de conocer abarcaba la de investigar.
Las bases constituciones nos establecen que el Ministerio Público es una institución autónoma y jerarquizada. Esto plantea dos problemas:
1. - La problemática de su ubicación institucional dentro de la organización general del estado y sus relaciones con los demás poderes públicos.
2. - La organización interna del mismo y sus principios.
Bases Constitucionales y Legales de la Organización del Ministerio Público
Ubicación institucional del Ministerio Público y sus relaciones con otros poderes del estado
El artículo 80ª de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establecen la autonomía del Ministerio Público en relación con las funciones públicas. Otros países han seguido el modelo autónomo o de extrapoder como Bolivia, Guatemala, Perú, Venezuela entre otros.
La cuestión institucional del Ministerio Público no es nada irrelevante ya que ha traído acaloradas discusiones. Hay varias posiciones al respecto:
1. - Dependencia Institucional del Poder Judicial. Este modelo plantea que el Ministerio Público es concebido más bien como un órgano colaborador de la jurisdicción que debe ceñir sus actuaciones a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, con pleno respeto a las garantías del debido proceso.


  • Este planteamiento lleva a una confusión entre las funciones que cumple el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin embargo el principio político de separación de poderes y el principio acusatorio determinan una estricta división funcional entre fiscales y jueces. La dependencia del Ministerio Público al Poder Judicial haría inoficiosa la atribución de las funciones de investigar y juzgar en diferentes órganos.




  • Por otro lado se le objeta a este sistema la imposibilidad de formular una política de persecución penal transparente y permeable a criterios sociales.


2. - Dependencia institucional del Poder Legislativo. Se ha conservado más bien como un planteamiento teórico. Es designado por el Parlamento y responde ante él mismo. Una ventaja es su innegable legitimidad en un sistema democrático. Tiene muchas ventajas, pero como única desventaja, podemos señalar la falta de homogeneidad política para la formulación de criterios unitarios y coherentes de persecución penal publica y el sometimiento indeseable del Ministerio Público a loa avatares de la lucha política en el Parlamento.
3. - Dependencia institucional del Poder Ejecutivo. Es más tradicional y con mayor relevancia práctica. Es adoptado por Alemania, Francia o Estados Unidos. Es el principal para efectos de la coherencia institucional, la unidad, la indivisibilidad del órgano y la subordinación jerárquica. Además que es una garantía para el ciudadano.


  • Se argumenta diciendo que si se quiere tener una política criminal democrática y transparente, el Poder Ejecutivo es el mejor instrumento para canalizar tales decisiones y hacerse responsable frente a la sociedad.




  • Sin embargo presenta la dificultad que entraña conciliar dos grupos de valores no siempre compatibles: la legalidad y la igual protección de los derechos ciudadanos. La diferencia surge cuando hay controversia en la aplicación de normas cuya legalidad está sujeta a control de desviaciones de carácter político-administrativo. A pesar de esto, se ha mantenido y se han buscado soluciones al tema, como la creación de un fiscal ad-hoc para la persecución de delitos de corrupción fiscal.


4. - Autonomía institucional del Ministerio Público. En este esquema el Ministerio Público no depende de ninguno de los 3 poderes clásicos del estado y se plantea como un órgano de extrapoder. Esta postura, no exenta de críticas ni de interrogantes, se intenta evitar los peligros de judicializacion o de manipulación política que exhiben los otros modelos.


  • Las mayores criticas giran en torno a la falta de democracia en su composición. Por ello, la cuestión crucial es delimitar las relaciones del Ministerio Público con los demás poderes del estado, la inclusión de un sistema de controles recíprocos y de responsabilidades para evitar la tendencia del poder al abuso y a la arbitrariedad.




  • El diseño constitucional y legal de controles del Ministerio Público chileno plantea, fundamentalmente, en 3 dimensiones:


a) En el control que ejercen otros poderes del estado (control político)
b) En el control que se ejerce dentro del procedimiento penal (control procesal).
c) En el control que se ejerce internamente, en virtud del principio de jerarquía (control jerárquico, disciplinario).
Controles del Ministerio Público
1. - Control Político. Este control da origen a la denominada responsabilidad política del Ministerio Público que, en rigor, y teniendo en consideración a la regulación tiene más rasgos jurídicos que políticos.


  • El Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento de:


a) El Presidente de la República;
b) El Presidente de la Cámara de Diputados o;
c) Por el voto de diez de sus miembros,


  • Las causales son por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.




  • La solicitud de remoción señalará con claridad y precisión los hechos que configuraren la causal invocada y a ella se acompañarán o se ofrecerán, si fuera el caso, los medios de prueba en que se fundare. Si la solicitud de remoción no cumpliere estos requisitos, el pleno, convocado al efecto, la declarará inadmisible en cuenta, sin más trámite.




  • Admitida a tramitación la solicitud, el Presidente de la Corte Suprema dará traslado de ella al fiscal inculpado, el que deberá ser evacuado dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, que le será remitido junto con sus antecedentes por la vía que se estimare más expedita.




  • Evacuado el traslado o transcurrido el plazo previsto en el inciso precedente, el Presidente de la Corte citará a una audiencia en que se recibirá la prueba que se hubiere ofrecido y designará el Ministro ante el cual deberá rendirse; efectuadas las diligencias o vencidos los plazos sin que se hubieren evacuado, ordenará traer los autos en relación ante el pleno de la Corte Suprema, especialmente convocado al efecto. La Corte Suprema sólo podrá decretar medidas para mejor resolver una vez terminada la vista de la causa. Para acordar la remoción, deberá reunirse el voto conforme de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio.




  • Cualquiera de las partes podrá comparecer ante la Corte Suprema hasta antes de la vista de la causa.




  • La remoción de los Fiscales Regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional. Artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y artículo 80 G de la Constitución Política.




  • Mucho se discutió respecto a si la remoción debía producirse a través de este procedimiento especial o por la vía del juicio político establecido en los 48 y 49 de la Constitución Política.


2. - Control Procesal. Son pequeños mecanismos procesales previstos en el Código Procesal Penal para controlar la actividad persecutoria del Ministerio Público, especialmente cuando afecten derechos fundamentales. Entre otros por ejemplo:
a) El Juez de Garantía debe autorizar todas las diligencias de investigación que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución Política asegura. Artículo 80ª inciso 3° de la Constitución Política; artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público; artículo 9 del Código Procesal Penal.
b) El Juez de Garantía tiene el control sobre la decisión del fiscal de no iniciar la investigación. Artículo 168 del Código Procesal Penal.
c) El Juez de Garantía decide sobre la aplicación del principio de oportunidad. Artículo 170 del Código Procesal Penal.
d) Al resolver sobre la solicitud de suspensión del procedimiento, de procedimiento abreviado o de sobreseimiento. Artículos 237, 256 y 410 del Código Procesal Penal.


  • Un importante control sobre la actividad del Ministerio Público en el procedimiento es la admisión restringida de la denominada acción popular, para ciertas infracciones cuya persecución puede verse obstaculizada por los poderes públicos que impliquen violaciones a los derechos fundamentales o que afecten bienes jurídicos colectivos o macro sociales. Así lo dispone el artículo 11 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, los delitos de corrupción (delitos de probidad), delitos cometidos por funcionarios públicos que afecten derechos constitucionales, etc.


3. - Control Jerárquico. El Ministerio Público es una institución organizada jerárquicamente. Los fiscales tienen una responsabilidad disciplinaria, establecida en el artículo 45 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

  • El artículo 7 de la ley orgánica dice: Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia administrativa y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación de los funcionarios de su dependencia. Añade el artículo, este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. Esta norma nos dice dos hipótesis:

a) Aquella que dice relación con los objetivos asignados por la ley a cada una de las unidades administrativas del Ministerio Público y, en general, a los criterios de actuación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la constitución y en las leyes fijados mediante instrucciones generales por el Fiscal Nacional de conformidad con el artículo 17 a) de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
b) La que dice relación más específicamente con el respeto de los principios de legalidad y objetividad, y de cumplimiento oportuno de las actuaciones procesales.


  • Existen innumerables ocasiones donde puede haber inobservancia de estas normas en el procedimiento. Para ello existen muchos mecanismos de reclamación, por ejemplo, la victima tiene el 170 del Código Procesal Penal, el imputado el 232 inciso 3 del Código Procesal Penal. La forma de efectuar estas reclamaciones está en el artículo 33 de la ley orgánica.




  • La falta de cumplimiento oportuno de ciertas actuaciones puede determinar consecuencias procesales definitivas e irreversibles, como el termino del procedimiento y la extinción de la acción penal (artículos 132, 247, 270, etc. del Código Procesal Penal)




  • El procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de los fiscales está en los artículos 48 al 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y las sanciones van desde la amonestación privada a la remoción.




  • La ley ha establecido incentivos por medio de bonos en dinero para mejorar la actuación de los fiscales. Artículo 77 inciso 3° de la ley.


4. - El control ciudadano. Es de suma relevancia, ya que la ley orgánica hace posible un control público de la actividad del Ministerio Público y el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Veremos algunas manifestaciones:
a) Se impone la obligación a las autoridades superiores del Ministerio Público de rendir cuenta, en audiencia publica, de las actividades del organismo a nivel nacional o regional. Artículos 21 y 36 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
b) Se impone a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público el principio de transparencia de la función publica y sus actuaciones, con algunas limitaciones. Artículo 8 Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Las limitaciones están relacionadas con el secreto o reserva legal en ciertas actuaciones.

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