Nuevo Proceso – Sistema Acusatorio Contradictorio






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Juicio Oral




Audiencia Intermedia



Principios y Garantías
En cuanto a los principios se hablan de una serie de clasificaciones de los principios. Algunos establecen los principios en relación con su naturaleza, y algunos hablan de principios jurídico- políticos, naturales, procesales, procedimiéntales, etc.
Así, desde el punto de vista del Código Procesal Penal de Ibero América, se clasifican en:
1. - Jurídico-Político.
2. - Procesales.
3. - Procedimentales.
Hay diversas agrupaciones en diversos textos. Nosotros seguiremos una clasificación desde la jerarquía, tomada por el profesor Sabas Chauan Sarrás. Así el nos habla de:
1. - Principios Constitucionales.
2. - Principios de los Tratados Internacionales.
3. - Principios y Garantías que están en el Código Procesal Penal.
1. – Principios y Garantías Constitucionales
En general todas ellas vienen del concepto de “debido proceso” establecido en la Constitución Política.
Los principios constitucionales, importante, porque entre 10 a 15 años a la fecha se ha producido en el mundo un movimiento jurídico doctrinario que tiende a constitucionalizar las instituciones del derecho, es decir, las normas, garantías y principios constitucionales, deben estar en todas las normas sustantivas y objetivas. Se ha tratado de aterrizar la Constitución Política, de hacerla más práctica, lo que se ha hecho a través de los Derechos Humanos.
Los tratados internacionales han adquirido fuerza a través de los llamados derechos humanos. No se trata de que la Constitución Política está lejos del alcance del hombre, ya no son netamente garantías, son principios concretos prácticos. A la Constitución Política solo se llega a través del Recurso de Inaplicabilidad de las Leyes, del de Protección, Amparo y ciertas acciones más. Pero que pasa si la norma común no está de acuerdo con la Constitución Política, nadie responde.
La doctrina moderna dice que si la Constitución Política está, no está para mirarla, sino que para cumplirla y ningún texto jurídico que no se ajuste a ella, hay que hacerla cumplir. Se busca constitucionalizar el derecho. Todos están obligados a cumplir el derecho, no solo los jueces, sino que el legislador también y para ello, deben haber formas de hacerla valer.
A través del debido proceso se pueden tomar 3 sentidos:
1. - Ejercer y proteger las garantías penales de carácter material o sustantivo.
2. - Servir de limite al ius puniendo estatal.
3. - Servir como legitimidad del estado de derecho.
a) Debido Proceso o un Juicio Justo

Está en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, inciso 5. Viene del derecho anglosajón o del “common law” (ley común: todos los ciudadanos están sometidos a la ley común, no hay nadie superior a ella, ni los monarcas, ni los gobernantes, etc. Establecida en la Carta Magna Inglesa). Se le ha llamado la garantía de las garantías.
Dice el inciso 5: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.
Esta garantía debe ser resguardada por el legislador. La expresión “sentencia” no se refiere exclusivamente a la sentencia judicial, como afirma Enrique Evans de la cuadra.
Los requisitos establecidos en este inciso 5° son:
1. - Proceso previo legalmente tramitado.
2. - Bilateralidad.
3. - Juez Competente.
4. - Derecho a Defensa.
En definitiva lo que se protege o garantiza es un Procedimiento y una investigación racional y justo. Es decir:
a) Notificación y audiencia del afectado. Bilateralidad, derecho a defensa.
b) Presentación de las pruebas, recepción de ellas y su examen. Bilateralidad.
c) Sentencia dictada en un plazo razonable.
d) Sentencia dictada por un tribunal imparcial.
e) Revisión de lo fallado por una instancia superior.
Estas acepciones deben ser tomadas con cuidado, ya que algunas de ellas, no son de un carácter tan general, sino que son incluidas dentro de otras garantías.
En principio, decíamos que le corresponde al legislador velar por estos requisitos, sin embargo, es el juez quien debe velar por la aplicación de la normativa establecida para proteger el proceso.
El artículo 10 del Código Procesal Penal le ha dado una facultad muy grande al Juez de Garantía.
Artículo 10.- Cautela de garantías. En cualquiera etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio.

  Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o decretará el sobreseimiento temporal del mismo.
Contenido de la Garantía
Tiende a asegurar mínimamente al imputado frente a la acusación. En definitiva el debido proceso se le otorga al imputado. Ellas son:
1. - Existencia de un Juez Natural. Que lo juzgue un tribunal competente y no por comisiones especiales.
2. - Que el juez sea independiente externamente e imparcial. Que no esté sujeto a ninguna potestad de ningún órgano del estado que lo pueda obligar a fallar de una determinada manera. Actualmente el Código Procesal Penal dice expresamente que el juez debe ser imparcial.
3. - Que el proceso sea efectivamente contradictorio. Que sea contradictorio significa que se tenga la posibilidad de contradecir los cargos y las pruebas presentadas en su contra.
4. - Que exista igualdad entre la acusación y la defensa. Que la defensa tenga la posibilidad de ejercer sus derechos de la misma forma como lo hace la acusación. Ya no ha solo acceso al sumario por parte del fisco, no, al igual acceso.
5. - Publicidad del Procedimiento. Ella legitima al procedimiento, es decir, el pueblo lo aprueba. A diferencia con la legalidad, que es encuadrarse en el marco legal, la legitimidad es mucho más importante, ya que algo puede ser legal, pero no legítimo.
6. - La solución del proceso en un plazo razonable. Entendiendo por solución el termino del procedimiento. El procedimiento no puede durar en un plazo razonable. En principio dura lo que el juez diga que tiene que durar, aunque no puede exceder el plazo legal. Lo mismo que el juicio oral, debe desarrollarse en una audiencia continua que no puede suspenderse. El artículo 281 lo reafirma así.
7. - Presunción de Inocencia. La Constitución Política establece que no se puede presumir de derecho la responsabilidad penal, pero no dice que no puede presumir la responsabilidad penal, es decir, si se puede simplemente legal. Numerosos cuerpos legales si lo han establecido.
b) Derecho a Defensa
Esta garantía está incluida en el “debido proceso”, pero nuestra Constitución Política la trata también en el artículo 19 N° 3 inciso 2°: “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.”
Todas estas garantías además, de estar referidas al procedimiento mismo, se abarca la investigación.
En el antiguo sistema no existía esta garantía de ninguna forma, ya que habían abogados de turno, o ciertas presunciones de pobre, las Corporaciones de Asistencia Judicial (Ley 17.995). Pero no todos caían o eran admitidos por el sistema. Para que hablar de la calidad de la defensa del abogado.
Todo esto cambia con la reforma ya que se establece lo que se denomina la Defensoría Penal Pública, que siempre son abogados, y no procuradores como era hasta ahora.
Acorde con la doctrina, la intervención del letrado debe ser “debida”, caracterizando ésta como una actuación pertinente y respetuosa, conforme al procedimiento que la ley indique para el asunto de que se trate, o en todo caso, acorde con las exigencias de un racional y justo procedimiento.
En cuanto al contenido del derecho de la defensa, se regula que la defensa sea adecuada, en el artículo 10. Además el artículo 102, establece el derecho a elegir libremente a un defensor: “Desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza. Si no lo tuviere, el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien el juez procederá a hacerlo, en los términos que señale la ley respectiva. En todo caso, la designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado.
Es importante tener claro que puede elegirse libremente a cualquier defensor, ni siquiera el de turno, el sabrá a quien elegir. Si no lo tiene puede elegir un defensor penal público. También puede defenderse personalmente.
Es tal la exigencia física del defensor que el artículo 103 establece que: “La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exigiere expresamente su participación acarreará la nulidad de la misma, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 286.
Es más el artículo 373 en las causales de nulidad establece una causal muy importante: “Cuando, en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes” Es decir, si el imputado ha tenido un mal defensor, uno penca, y por ello pierde, podrá pedir la nulidad del procedimiento, además, que el Juez de Garantía de oficio puede tomar las medidas pertinentes.
c) Principio de la Igualdad
El artículo 19 N° 2 inciso 1°: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados...” Esta igualdad en la aplicación y ejercicio de los derechos, se refiere en términos en generales.
Sin perjuicio de esta igualdad, el N° 3 del artículo 19 nos establece la igualdad que nos interesa: “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.” Claramente aparece una garantía procesal.
Se pretende que todos quienes deban recurrir ante cualquier autoridad. La defensa se encuentra en igualdad de condiciones que la acusación. No se está más frente a un juez que es parte.
Esta garantía implica que toda persona que recurra a los tribunales debe ser atendido por éstos de acuerdo a las leyes comunes para todos y bajo un procedimiento igual y fijo.
d) Derecho al Tribunal Común u Ordinario Preestablecido por la Ley o Juez Natural
Está en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política: “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.”
Debe ser:
1. - Independiente. Esta independencia se relaciona con agentes externos. Si bien es cierto que no está establecido precisamente como tal en la Constitución Política, el artículo 73 de la misma, establece el principio de la Inavocabildiad, lo que eventualmente sería una manifestación de la independencia. En realidad el contenido de esta independencia está dado por los tratados internacionales.


  • En definitiva, el hecho de que no sean influenciados, dependerá de ellos, ya que a pesar de que la Constitución Política establezca formalmente muchas cosas son ellos los que deben hacerse respetar.


2. - Imparcial. En este caso, si fuera parcial, violaría el principio de igualdad. Este principio o garantía no está establecida en la Constitución Política. Pero el Código Procesal Penal, si lo reconoce: “Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial.
Esta garantía está establecida en una forma de prohibición. En cuanto a su contenido tenemos:
1. - Las personas tienen derecho a que su causa sea conocida y resuelta por un tribunal, no por un organismo semi judicial.
2. - Tribunal preestablecido por la ley, es decir, constituido con anterioridad al inicio del proceso. El tribunal debe conocerse antes del inicio del proceso por el cual se juzgan determinados hechos.

e) Otras Garantías
1. - La prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. Artículo 19 N° 3 inciso 6°. A modo de ver del profesor debiera quedar la prohibición de presumir la responsabilidad penal, bajo ninguna forma. El artículo 4 del Código Procesal Penal, establece el principio este: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.”
2. - Artículo 19 N° 7° letra f). “En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley.”. La declaración del inculpado en el nuevo proceso, será más bien una forma de defensa del imputado y no un requisito indispensable para acusar al imputado como sucedía en el antiguo proceso; recordemos que si no había declaración indagatoria simplemente no se le podía someter a proceso ni hacer las demás actuaciones. Así ya no es ni requisito esencial, ni tiene un carácter inculpatorio.


  • Su declaración , es decir, la del imputado, tiene la calidad de testigo y declara si quiere, ya que no puede ser obligado a prestar la declaración, ni siquiera a sentarse en el estrado. En definitiva está más bien como un medio de defensa que como de inculpación.


2. – Garantías Procesales establecidas en Tratados Internacionales
El artículo 5 de la Constitución Política, es esencial en todas estas materias.
Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
En esta materia solo nos referiremos a dos tratados internacionales:
1. - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas por resolución N° 2.200, el 16 de diciembre de 1966, suscrito por Chile esa misma fecha, pero publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1999.
2. - Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
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