Nuevo Proceso – Sistema Acusatorio Contradictorio






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Decidir sobre Medidas Cautelares. Estas pueden ser personales o reales. Estas son distintas de las que antiguamente estudiamos como medidas para poder garantizar la persona del imputado. Aquí las medidas son destinas a efectivamente realizar la pretensión punitiva o civil, más que vincular la persona con el proceso.
c) Anticipar Prueba. Puede darse la situación que ciertos medios probatorios no puedan rendirse durante el juicio oral, y por ello el artículo 191 permite que se adelante o anticipe la prueba. Esta prueba siempre se realiza ante el Juez de Garantía, y en el juicio oral, simplemente se lee la prueba rendida.


  • No hay otra prueba que pueda realizarse durante la etapa de investigación que ésta. No sacamos nada con tener un testigo que haya declarado 500 veces en el Ministerio Público, pero si no testifica en el juicio oral, no sirve, salvo que se rinda prueba anticipada.


d) Establecer mecanismos de salidas alternativas.
Características
1. - Es una etapa preparatoria del Juicio Oral. Si bien distinguíamos entre la etapa de instrucción y la etapa del juicio oral, esta etapa es siempre una etapa preparatoria del juicio oral.
2. - Es una etapa desformalizada. Se libera en esta etapa de la formalización propia de la etapa judicial, es decir, se ha desjudicializado la investigación. El Ministerio Público no es un órgano jurisdiccional, y eso es importantísimo. Es un órgano netamente administrativo, lo que queda claro en la Constitución Política.
3. - Las actuaciones en la etapa de instrucción carecen de valor probatorio. Es lógico, toda vez que solo en el juicio oral se prueba. Salvo la excepción de la prueba anticipada.
Principios Formativos de la Investigación
Estos principios responden básicamente, a la lógica de un sistema acusatorio.
1. - Principio de Legalidad y de Oportunidad. En el antiguo procedimiento, era una estructura rígida, donde el principio de la legalidad establecía implacablemente el curso a seguir. Era prácticamente un tren, se subía en el sumario y terminaba en la sentencia o el sobreseimiento.


  • Este principio de legalidad no desaparece, pero se flexibiliza, se le introducen al procedimiento, consideraciones de carácter político-criminales. Esto está claramente establecido en el artículo 166. Los delitos de acción pública serán investigados con arreglo a las disposiciones del Libro II, Titulo I del Código Procesal Penal.




  • Cuando el ministerio público tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito, con el auxilio de la policía, promoverá la persecución penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso. Hasta aquí es claramente practicable el principio de legalidad.




  • Pero agrega el inciso 2°: salvo en los casos previstos en la ley. Estas excepciones están dadas por el principio de oportunidad. Los casos previstos en la ley, son los casos donde se introducen criterios que flexibilizan el principio de legalidad y entregan al Ministerio Público otras posibilidades, es decir, ya no están estrictamente ligados a esta primera parte. Los factores que flexibilizan podríamos decir que son:


a) Puede no investigar. Conforme al artículo 168. Es más el artículo 170 expresamente habla del principio de oportunidad. Los fiscales del ministerio público podrán no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público, a menos que:
i) La pena mínima asignada al delito excediere la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo o;
ii) Que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.


  • Agrega el 168 que en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitieren establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y se someterá a la aprobación del juez de garantía.


b) Puede suspender la investigación. Artículo 167. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el ministerio público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. En todo caso la víctima podrá solicitar al ministerio público la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación. Asimismo, podrá reclamar de la denegación de dicha solicitud ante las autoridades del ministerio público.
c) Puede negociar. Tampoco el Ministerio Público está libremente facultado para poder negociar. Básicamente estas salidas alternativas son 3:
a) Acuerdos Reparatorios. Se dan entre la victima y el imputado.
b) Suspensión condicional del procedimiento. Se llega a un acuerdo con el imputado, suspendiendo el procedimiento imponiéndole al imputado ciertas medidas. Las negociaciones son entre el fiscal y el imputado.
c) Juicio Abreviado. Artículo 406. Se aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar, en la audiencia de preparación del juicio oral, los hechos respecto de los cuales el fiscal requiriere la imposición de una pena privativa de libertad no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas. Como se ve hay una serie de restricciones en cuanto a la pena.


  • Para ello, será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento. La existencia de varios acusados o la atribución de varios delitos a un mismo acusado no impedirá la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de los cuales concurrieren los presupuestos señalados en el artículo 406, es decir, si hay varios acusados 2 de ellos se pueden ir a juicio abreviado y 2 de ellos a juicio oral, por ejemplo.




  • La solicitud del fiscal de proceder de conformidad al procedimiento abreviado podrá ser planteada al juez de garantía por escrito, en la oportunidad que señala el artículo 248, que es al cierre de la investigación o verbalmente, en la misma audiencia de preparación del juicio oral. En este último caso, el fiscal y el acusador particular, si lo hubiere, podrán modificar su acusación, así como la pena requerida, a fin de permitir la tramitación del procedimiento conforme a las normas de este Título.




  • El problema estará ¿dónde hay mayor preeminencia, en el principio de legalidad o en el principio de oportunidad?. Es muy difícil, y la doctrina responderá con el tiempo. Unos interpretación restringida del principio de oportunidad establece los casos donde el fiscal puede utilizarlo, como rige en Chile.


2. - Principio de Objetividad. El artículo 80 A de la Constitución Política es claro en cuanto a este principio: Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.


  • Por otro lado la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ley N° 19.640 establece en su artículo 3: En el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen. Esta norma es casi idéntica al artículo 109 del Código de Procedimiento Penal 1906.


3. - Principio de Oficialidad. Llamado de impulso procesal. Lo tiene siempre el Ministerio Público, es decir, el fiscal debe actuar siempre de oficio, salvo cuando estemos frente a una acción penal publica previa instancia particular, pero a pesar de ello, existe la excepción en el caso de que las personas indicadas en el artículo 108 no puede denunciar. Los demás intervinientes son simples coadyuvantes en la preparación de la acusación fiscal.
4. - Principio del Orden Consecutivo Discrecional. Es el fiscal quien determina el orden, y la secuencia de los actos de investigación. Esto tiene que ver con la desformalización. No son muy diferentes a las facultades que tiene el juez en el sumario, a pesar de que debe respetar los derechos y garantías constitucionales y legales del imputado, lo que resguarda y regula el Juez de Garantía. Artículo 9.
5. - Principio de la Publicidad. Este principio, es base, pero en la etapa de investigación tiene algunos bemoles. El artículo 182, parte diciendo y tratando el secreto en la investigación. La regla general es la siguiente: Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento.


  • El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar los registros y los documentos de la investigación fiscal y policial. Hace especial realce en el imputado, como contrapartida del antiguo sistema.




  • Secreto. El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. Es decir el secreto es relativo. En tal caso deberá:


a) Identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y;
b) Fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto.


  • El imputado o cualquier otro interviniente podrá solicitar del juez de garantía que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare.




  • Limitación al secreto. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, no se podrá decretar el secreto respecto del propio imputado o de su defensor, sobre:


a) La declaración del imputado;
b) Cualquier otra actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir el imputado;
c) Las actuaciones en las que participare el tribunal;
d) Ni los informes evacuados por peritos, .



  • Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas.




  • Tratándose de las audiencias celebradas en ante un Juez de Garantía, son enteramente públicas. Artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales.


6. - Principio de la oralidad. Es uno de los principios importantes y básicos dentro de la reforma procesal penal. Sin perjuicio de este principio, ciertas actuaciones pueden dejarse en registros. Las actuaciones frente al Juez de Garantía son siempre orales.
7. - Principio de la Inmediación. Es fundamental también, con relación al principio que regía en el sistema anterior. Existe una directa relación entre el Juez de Garantía y los intervinientes, y medios de prueba, fuentes de prueba, evidencias, objetos materiales, etc.


  • Los fiscales van al sitio del suceso, recogen la evidencia junto a la policía, y pueden pedir que se cumpla la cadena de custodia, pueden interrogar a los testigos, etc.


8. - Principio de la Economía Procesal. Este principio lo encontramos en varias instituciones. La economía procesal consiste en la obtención del mayor beneficio de la investigación con el menor desgaste económico. Facilitar los resultados minimizando los costos. Se manifiesta en varias etapas:
a) En cuanto a la investigación que está sujeta a un plazo que es fijado por el Juez de Garantía, sin perjuicio que hay un plazo máximo que es de 2 años. Si pasados los 2 años no puede sustentar una acusación el fiscal, simplemente se sobreseerá definitivamente. Esto es también una manifestación de la presunción de inocencia.
b) El Juicio Inmediato. En la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal podrá solicitar al juez que la causa pase directamente a juicio oral. Si el juez acogiere dicha solicitud, en la misma audiencia el fiscal deberá formular verbalmente su acusación y ofrecer prueba. También en la audiencia el querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente y deberá indicar las pruebas de que pensare valerse en el juicio. El imputado podrá realizar las alegaciones que correspondieren y ofrecer, a su turno, prueba. Artículo 235.
c) El Juicio Abreviado. Hay un acuerdo entre la fiscalía y el acusado, para no ir a un juicio oral, donde el fiscal le ofrece una pena, y el imputado acepta ciertos hechos. Este juicio se lleva a cabo en la misma audiencia de formalización.
9. - Principio de la Bilateralidad de la Audiencia. Sin este principio nadie puede ser condenado sin ser oído, lo que se traduce en que los intervinientes en el proceso tienen derecho a saber que existe una clara manifestación del debido proceso legal. También hay excepciones las que hemos visto cuando decíamos a propósito del 182 que hay actuaciones que son secretas y que el fiscal puede solicitar el secreto.


  • Además de eso hay actuaciones que pueden afectar garantías constitucionales. Así lo dice el artículo 9. Toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa. Estas diligencias son públicas siempre.




  • Sin embargo el artículo 236 establece la excepción a esta publicidad. Las diligencias de investigación que de conformidad al artículo 9º requirieren de autorización judicial previa podrán ser solicitadas por el fiscal aun antes de la formalización de la investigación. Si el fiscal requiriere que ellas se llevaren a cabo sin previa comunicación al afectado, el juez autorizará que se proceda en la forma solicitada cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de la diligencia de que se tratare permitiere presumir que dicha circunstancia resulta indispensable para su éxito.


Inicio de la Investigación
Según el artículo 172 del Código Procesal Penal, el procedimiento se puede iniciar por:
1. - El Ministerio Público de oficio.
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