Nuevo Proceso – Sistema Acusatorio Contradictorio






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Los sistemas del derecho comparado



En el derecho comparado podemos verificar la existencia de 3 sistemas básicos de defensa oficial o pública:
1. - Honorífico, fundado tan solo en la regla ética que obliga al abogado a defender gratuitamente a los imputados de escasos recursos.
2. - Oficina Pública o de funcionarios estatales.
3. - Pago por prestación organizado en torno a abogados o asociaciones de abogados privados que reciben auxilio económico estatal o el pago de sus servicios por el Estado como contraprestación a la asistencia técnica de quienes no pueden o no quieren procurarse privadamente la misma.
Sin embargo, tiene a observarse el predominio de un sistema mixto que combina funcionarios estatales dedicados en forma permanente a la función de defensa con abogados de lista que prestan servicios de defensa penal pública a cambio de un estipendio pagado por el estado conforme a tarifas establecidas previamente.
El sistema de oficina pública jerarquizada, con estatus similar al Ministerio Público, ha sido fuertemente criticado por diferentes razones. Están aquellas que se centran en la tendencia a la burocratización, rigidez y ritualismo que caracteriza a la administración pública. También se aducen como problemáticas la fuerte dependencia al Poder Ejecutivo, las restricciones presupuestarias, la escasez de personal, la enorme carga de trabajo que conduce a una relación impersonal con los beneficiarios del sistema, etc.

Sistema adoptado por la Ley 19.718



Hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, existía la llamada defensa de oficio era el régimen de asistencia jurídico-penal existente para todo el país. Es proporcionada por las Corporaciones de Asistencia Judicial, más precisamente por los egresados de las escuelas de derecho, que sin goce de sueldo debían defender.
También ofrecen gratuitamente el servicio de defensa penal, los denominados abogados de turno, carga que pesa sobre estos profesionales de conformidad al artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales. La calidad es deficiente por la falta de estímulos económicos y el escaso control sobre su gestión. Además, es discriminatorio para los profesionales jurídicos, que deben soportar una carga pública que no pesa sobre otros profesionales liberales.
La ley 19.718 publicada en el Diario Oficial del 10 de marzo del 2001, establece un nuevo sistema que en términos generales consiste en un sistema mixto, que combina la existencia de una oficina publica jerarquizada de abogados funcionarios con un sistema de prestación temporal del servicio de defensa penal publica, en los cuales pueden participar personas naturales como personas jurídicas, públicas o privadas, que cuenten con profesionales que cumplan los requisitos para ejercer la profesión de abogados. Los abogados particulares y los pertenecientes a personas jurídicas licitadas serán incluidos en una nomina o lista elaborada por la defensoría regional y deberán asumir la defensa penal publica de los imputados o acusados en la región que hayan elegido. Su desempeño están regidos por el Titulo VI de la ley, artículos 68 y siguientes de la ley.
Se busca combinar una organización permanente de abogados funcionarios que satisfagan los requerimientos básicos e impostergables de la defensa penal pública con otra más flexible, de prestadores públicos o privados que deben concursar para la adjudicación de un fondo público sobre la base de criterios de competitividad y eficiencia.
En caso de que la licitación sea declarada desierta, o de que el número de postulantes aceptados sea inferior al requerido para completar el total de casos licitados, el Consejo lo comunicará al Defensor Nacional para que éste disponga que la Defensoría Regional respectiva, a través de los defensores locales correspondientes, asuma la defensa de los casos comprendidos en el porcentaje no asignado en la licitación. Artículo 49 inciso 1° de la ley.
Los defensores locales podrán ejercer funciones directivas o de jefaturas en las Defensorías Locales en que se desempeñen. Los defensores locales asumirán la defensa de los imputados que carezcan de abogado en la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y, en todo caso, con anterioridad a la realización de la primera audiencia judicial a que fuere citado. Asimismo, la asumirán siempre que, de conformidad al Código Procesal Penal, falte abogado defensor, por cualquier causa, en cualquiera etapa del procedimiento. Mantendrán la defensa hasta que la asuma el defensor que designe el imputado o acusado, salvo que éste fuere autorizado por el tribunal para defenderse personalmente. Artículo 25 de la ley.
En caso necesario, el Defensor Nacional podrá, además, celebrar convenios directos, por un plazo fijo, con abogados o personas jurídicas públicas o privadas que se encuentren en condiciones de asumir la defensa penal de los imputados, hasta que se resuelva la nueva licitación. En la prestación de sus servicios, estas personas naturales o jurídicas se sujetarán a las mismas reglas aplicables a aquellas que fueren contratadas en virtud de los procesos de licitación. Artículo 49 inciso 3° de la ley de la Defensoría Penal Pública.

Objeto y Funciones



La Defensoría tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado. Artículo 2 de la ley.
Es un servicio público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, denominado Defensoría Penal Pública, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Artículo 1° de la ley.
La defensa penal pública será siempre gratuita. Excepcionalmente, la Defensoría podrá cobrar, total o parcialmente, la defensa que preste a los beneficiarios que dispongan de recursos para financiarla privadamente. Para estos efectos considerará, al menos, su nivel de ingreso, capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependan, en conformidad con lo que señale el reglamento. Siempre que correspondiere cobrar a algún beneficiario por la prestación del servicio de la defensa penal, se le deberá informar de ello en cuanto se dé inicio a las gestiones en su favor, entregándole copia del arancel existente y de las modalidades de pago del servicio. Artículo 36.
Son beneficiarios de la defensa penal pública todos los imputados o acusados que carezcan de abogado y requieran de un defensor. Artículo 35.

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