Nuevo Proceso – Sistema Acusatorio Contradictorio






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formalice la investigación para que una persona adquiera la calidad de imputado.

2. - Posición del Imputador dentro del Proceso

El Código Procesal Penal establece como principio básico el derecho que tiene el imputado para hacer valer sus facultades, derechos y garantías constitucionales y legales desde el momento mismo en que se le atribuya participación en un hecho punible. Es decir, desde entonces el imputado es sujeto de derechos dentro del proceso penal.

Con esto se elimina la concepción inquisitiva que veía al imputado como un objeto del procedimiento y de la investigación judicial. Por eso se la confesión se convirtió en la reina de las pruebas, pero hoy en cambio, el imputado tiene derecho a guardar silencio (artículo 93 letra g) del Código Procesal Penal), y a que en el evento que consienta en declarar, ella solo sea entendida como un medio de defensa (artículo 98).

Sin embargo el imputado igualmente está sujeto a coacción del estado en la medida que debe tolerar el procedimiento penal, y eventualmente, las afecciones masivas en su libertad personal o en su integridad corporal, como la prisión preventiva o tomas de sangre.

3. - Derecho a Defensa

Consiste en la facultad del imputado de intervenir en el procedimiento penal que se dirige en su contra para poner en evidencia ya sea la falta de fundamento en la pretensión punitiva estatal o de cualquier circunstancia que la excluya o atenúe.

El derecho a defensa comprende genéricamente los siguientes derechos:

1. - El derecho a ser oído, lo que supone el derecho a conocer el contenido de los cargos que se le imputan y los antecedentes que los fundan, a objeto de ejercer adecuadamente su derecho a defenderse y a formular los planteamientos y alegaciones que convengan a su defensa.

2. - El derecho a controlar y controvertir la prueba de cargo.

3. - El derecho a probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal.

4. - El derecho de valorar la prueba producida y exponer las razones, fácticas y jurídicas para obtener del tribunal una sentencia favorable.

5. - El derecho a defenderse personalmente o, si esto no le fuera permitido, elegir un defensor para que lo represente o asista.

Estas garantías se contemplan en los artículos 14 N° 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8° N° 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El no respeto de estas garantías puede conllevar la nulidad de actuaciones del procedimiento o, incluso, la nulidad del juicio y de la sentencia.

El derecho de defensa del imputado comprende, en consecuencia, tanto la defensa material como la defensa técnica.

La defensa material es el ejercicio de los derechos que la Constitución y las Leyes le confieren durante el procedimiento y que, en general, atingen en forma personal al imputado. El Código Procesal Penal permite la autodefensa, salvo cuando ella sea perjudicial para el propio interesado. Artículo 102 inciso 4. En caso contrario deberá designar libremente a un defensor de su confianza, y si carece de él tendrá derecho a uno proporcionado por el estado (defensor penal público)

La defensa técnica consiste . Es una derivación de la defensa material. Su fundamento radica en la necesidad de garantizar lo más posible la igualdad de posiciones en el proceso penal, a pesar de que igualarlo con el poder del estado es imposible, pero al menos se pretende buscar una igualdad de armas.

El Derecho de Defensa Material

El Código Procesal Penal establece como principio básico del nuevo proceso el derecho del imputado a formular los planteamientos y alegaciones que considerare oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvas las excepciones legales. Artículo 8 inciso 2°.

De la misma forma establece deberes e impone ciertos limites a la actividad de los órganos estatales que intervienen en la persecución penal y el enjuiciamiento, a fin de garantizar la intangibilidad del derecho a defensa del imputado, su dignidad y autonomía personal.

Los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal contemplan un catalogo de derechos y garantías que el imputado puede hacer valer desde el inicio hasta la terminación del procedimiento, derechos que guardan estrecha en relación con los contenidos en los pactos aludidos. Estos derechos los podemos clasificar en:

1. - Derecho de Información. Constituye un presupuesto necesario para el imputado el derecho a ser oído (derecho de audiencia) y defenderse de los cargos que se le imputan o, derechamente, inhibir la persecución penal. El Código Procesal Penal, lo refleja en:

a) Derecho a ser informado de forma específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y sobre los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes. Si el imputado está en libertad, debe cumplirse con este deber cuando se allane a prestar declaración voluntaria ante el fiscal (artículo 194 inciso 1° del Código Procesal Penal) o al momento de procederse a la formalización de la investigación (artículo 229).

b) El imputado privado de libertad tiene derecho, a que se le informe específica y claramente el motivo de su privación de libertad, salvo el caso de delito flagrante, a que se le exhiba la orden que la dispone.

i) El funcionario a cargo de la detención o de la aprehensión deberá informarle de los derechos establecidos en los artículos 93 letras a), b) y g) y 94 letras f) y g) del Código Procesal Penal.

ii) Tiene derecho a que el encargado de guardia del recinto policial al que hubiere sido conducido el informe, en su presencia, al familiar o persona que indique, la circunstancia de hallarse detenido o en prisión y el lugar donde se encuentre.

iii) Por ultimo posee el derecho a entrevistarse privadamente con su abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención.

  • Con todo, si, por las circunstancias que rodearen la detención, no fuere posible proporcionar inmediatamente al detenido la información prevista en este inciso, ella le será entregada por el encargado de la unidad policial a la cual fuere conducido. Se dejará constancia en el libro de guardia del recinto policial del hecho de haberse proporcionado la información, de la forma en que ello se hubiere realizado, del funcionario que la hubiere entregado y de las personas que lo hubieren presenciado. Artículo 135 inciso 1°




  • La información de derechos prevista en el inciso anterior podrá efectuarse verbalmente, o bien por escrito, si el detenido manifestare saber leer y encontrarse en condiciones de hacerlo. En este último caso, se le entregará al detenido un documento que contenga una descripción clara de esos derechos, cuyo texto y formato determinará el ministerio público.




  • En todo recinto policial, de los juzgados de garantía, de los tribunales de juicio oral en lo penal, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, deberá exhibirse en lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de las víctimas y aquellos que les asisten a las personas que son detenidas. Asimismo, en todo recinto de detención policial y casa de detención deberá exhibirse un cartel en el cual se consignen los derechos de los detenidos. Artículo 137 del Código Procesal Penal.




  • La detención del que se encontrare en los casos previstos en el párrafo segundo del número 6º del artículo 10 del Código Penal se hará efectiva en su residencia. Si el detenido tuviere su residencia fuera de la ciudad donde funcionare el tribunal competente, la detención se hará efectiva en la residencia que aquél señalare dentro de la ciudad en que se encontrare el tribunal. Artículo 138 del Código Procesal Penal.


2. - Derechos de Intervención. Una manifestación del derecho a ser oído está constituido por las variadas posibilidades de intervención en el procedimiento de que dispone el imputado, ya sea para ser excluido tempranamente de la persecución penal o ya para influir sobre la decisión jurisdiccional del tribunal del juicio a través de la producción, confrontación y valoración de la prueba.
a) Solicitar de los fiscales diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formularen. Artículo 93 letra c) del Código Procesal Penal. Si con ocasión de su declaración judicial, el imputado o su defensor solicitaren la práctica de diligencias de investigación, el juez podrá recomendar al ministerio público la realización de las mismas, cuando lo considerare necesario para el ejercicio de la defensa y el respeto del principio de objetividad. Artículo 98 inciso 4°.
b) Solicitar directamente al juez que cite a una audiencia, a la cual podrá concurrir con su abogado o sin él, con el fin de prestar declaración sobre los hechos materia de la investigación. Artículo 93 letra d).
c) Solicitar que se active la investigación y conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada secreta y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongare. Artículo 93 letra e)
d) Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la resolución que lo rechazare. Artículo 93 letra f)


  • Los tratados internacionales que hemos mencionado expresan la garantía mínima del debido proceso el derecho del acusado a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.


i) Este derecho se ejercerá en el Juicio Oral, etapa en la que se asegura y exige la presencia ininterrumpida (principio de la inmediación) de todos los sujetos procesales, incluidos el acusado y su defensor, a fin de que intervengan como medios de control efectivo de la prueba que sirva de base a la sentencia definitiva.
ii) Comprende el derecho de ofrecer prueba de descargo que solo por excepción puede ser excluida en la etapa intermedia y producida durante el debate.
iii) Tiene derecho a la valoración de la prueba y a la valoración jurídica de los hechos que considere acreditaros (alegato y réplica de clausura)
iv) Finalmente el derecho de toda persona declarada culpable de un delito que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme lo prescrito por la ley o el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Es el derecho a recurso de nulidad. La garantía prevista para evitar posibles errores en la apreciación de los hechos se materializa en que en la audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integraren el tribunal y del fiscal. Artículo 284 del Código Procesal Penal.
3. - Derechos que imponen el deber de abstención por parte de los órganos que enjuician. Se trata de que tales órganos se abstengan de afectar los derechos del imputado, ya porque se encuentran teleológicamente conectados con su derecho de defensa o ya porque emanan del principio de la dignidad humana. Estos derechos son:
a) A guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. Artículo 93 letra g) del Código Procesal Penal y el artículo 19 N° 7 letra f) de la Constitución Política. Esta garantía vale tanto para los interrogatorios policiales como los del Ministerio Público, sea durante la investigación preliminar, sea durante el desarrollo del juicio. Artículos 97, 135, 136, 137, 138 entre otros.


  • Queda absolutamente prohibido todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa. Sólo se admitirá la promesa de una ventaja que estuviere expresamente prevista en la ley penal o procesal penal. Artículo 195 inciso 1°.




  • Incluidas dentro de ellas está la prohibición absoluta de la tortura o tormento, cualquier forma de maltrato, la violencia corporal o psíquica, las amenazas, el juramento, el engaño (preguntas capciosas o sugestivas) o incluso el cansancio. Si el examen del imputado se prolongare por mucho tiempo, o si se le hubiere dirigido un número de preguntas tan considerable que provocare su agotamiento, se concederá el descanso prudente y necesario para su recuperación. Artículo 196 del Código Procesal Penal.




  • Se prohíbe, en consecuencia, todo método que afecte la memoria o la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de psicofármacos y la hipnosis.




  • Las prohibiciones previstas en este artículo rigen aun para el evento de que el imputado consintiere en la utilización de alguno de los métodos vedados.


b) No ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 93 letra h) del Código Procesal Penal.
c) No ser juzgado en ausencia, sin perjuicio de las responsabilidades que para él derivaren de la situación de rebeldía. Artículo 93 letra i) del Código Procesal Penal. Este derecho se garantiza únicamente en la etapa de juicio oral y se regula a través de la institución de la rebeldía. Las causales de rebeldía son:
a) Cuando, decretada judicialmente su detención o prisión preventiva, no fuere habido, o
b) Cuando, habiéndose formalizado la investigación en contra del que estuviere en país extranjero, no fuere posible obtener su extradición.


  • La declaración de rebeldía del imputado será pronunciada por el tribunal ante el que debiere comparecer. Artículo 100. Para el examen de sus efectos es necesario distinguir la etapa procesal:


i) Si se declara durante la investigación preparatorio el procedimiento continuará hasta la audiencia de preparación del juicio oral, oportunidad donde podrá decretarse (252 letra b).
ii) Si, en cambio, la rebeldía se produce durante la etapa del juicio oral, se sobreseerá temporalmente hasta que el imputado comparezca o sea habido. Artículo 101 inciso 2°.


  • Efectos de la Rebeldía. Declarada la rebeldía, las resoluciones que se dictaren en el procedimiento se tendrán por notificadas personalmente al rebelde en la misma fecha en que se pronunciaren. La investigación no se suspenderá por la declaración de rebeldía y el procedimiento continuará hasta la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, en la cual se podrá sobreseer definitiva o temporalmente la causa de acuerdo al mérito de lo obrado. Si la declaración de rebeldía se produjere durante la etapa de juicio oral, el procedimiento se sobreseerá temporalmente, hasta que el imputado compareciere o fuere habido. El sobreseimiento afectará sólo al rebelde y el procedimiento continuará con respecto a los imputados presentes. El imputado que fuere habido pagará las costas causadas con su rebeldía, a menos que justificare debidamente su ausencia.


d) Prohibición de exceder, en la sentencia, del contenido de la imputación (principio de congruencia). La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Artículo 342 del Código Procesal Penal. Su infracción da origen a una causal de nulidad del juicio y la sentencia. Artículo 374 letra f).


  • En el código, la exigencia de congruencia fáctica se extiende también a la acusación y la formalización de la investigación. En efecto, el artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal dice que la acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. La inobservancia de esta norma no acarrea, la nulidad de la actuación sino que se da origen a la necesidad de subsanar la acusación en los términos señalados en el artículo 270 del Código Procesal Penal.




  • Sin embargo la acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Artículo 341 inciso 2°.




  • Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella. Inciso 3° del artículo 341.


e) Prohibición de reformatio in peius. Consiste en la prohibición que pesa sobre el tribunal que revisa una resolución jurisdiccional por la interposición de un recurso de modificarla en perjuicio del imputado, cuando ella sólo hubiese sido recurrida por él o por otra persona autorizada por la ley, en su favor. Pero Chile, recoge este principio de una forma más amplia, según lo dispone el artículo 360 inciso 3°: Si la resolución judicial hubiere sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no podrá reformarla en perjuicio del recurrente. Las atribuciones del tribunal que decide se encuentran limitadas a los puntos que constituyen los agravios invocados por el impugnante.


  • El tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en 2 casos: (artículo 360 inciso 1°)


i) Cuando solo uno de varios imputados por el mismo delito entable el recurso contra la resolución, la decisión favorable que se dicte aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo así expresamente. Artículo 360 inciso 2° del Código Procesal Penal.
ii) Tratándose del recurso de nulidad, la regla general es que una vez interpuesto no pueden invocarse nuevas causales. Sin embargo, se admite que la Corte de oficio, pueda acoger el recurso que se hubiere deducido a favor del imputado por un motivo distinto del invocado por el recurrente, siempre que aquél fuere alguno de los señalados en el artículo 374 del Código Procesal Penal. Artículo 379 inciso 2° del Código Procesal Penal.


  • Así, la prohibición de reformatio in peius, no está planteada como un medio de defensa, sino que también beneficia a las partes acusadoras. Pero como garantía solo favorece al imputado.


Derecho a Defensa Técnica
La Constitución Política establece el derecho de defensa jurídica y la prohibición de que alguna autoridad o individuo impida, restrinja o perturbe la debida intervención del letrado si ella hubiere sido requerida. Es más ordena la constitución de que el legislador debe arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no pueden procurárselos por si mismo. Artículo 19 N° 3 incisos 2° y 3° de la Constitución Política.
Por otro lado el Código Procesal Penal establece también este derecho a defensa jurídica desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Artículo 8 inciso 1°, 93 letra b) y 102 inciso 1° del Código Procesal Penal. Si no lo tuviere, el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien el juez procederá a hacerlo, en los términos que señale la ley respectiva. En todo caso, la designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado.
Si el imputado está privado de libertad, se establece su derecho a entrevistarse privadamente con su abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención. Artículo 94 letra f) del Código Procesal Penal.
La Autodefensa Técnica
El código autoriza la autodefensa técnica, esto es, la posibilidad de que el imputado pueda defenderse personalmente, aunque con una importante limitación sobre cuya existencia debe pronunciarse el Juez de Garantía: que ella no perjudique la eficacia de la defensa. Artículo 102 inciso final del Código Procesal Penal.
Por ello, si el juez decide que el imputado no es capaz de defenderse personalmente deberá designarle un defensor letrado, sin perjuicio de su derecho de formular planteamientos y alegaciones por si mismo, según lo establecido en el artículo 8. Esto ratifica el principio de que la defensa corresponde al imputado y solo a su lado habrá un defensor y no en su lugar.
Por esta misma razón el artículo 98 inciso 1° del Código Procesal Penal dispone que durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas el imputado tendrá siempre derecho a prestar declaración, como un medio de defenderse de la imputación que se le dirigiere.
En la audiencia de formalización de la investigación y tras la formulación de los cargos el imputado podrá manifestar lo que estime conveniente (artículo 232 inciso 1° del Código Procesal Penal).
Otra manifestación es que en el juicio oral el tribunal deberá ordenar que se instruya al acusado de los derechos establecidos en el artículo 8 y en el caso de que decida declarar, se le permitirá que manifieste libremente lo que creyere conveniente respecto de la o las actuaciones formuladas pudiendo en cualquier momento del juicio solicitar ser oído con el fin de aclarar o complementar sus dichos. Artículo 326 del Código Procesal Penal.
Conforme al artículo 104 el defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, a menos que expresamente se reservare su ejercicio a este último en forma personal.
Designación y Sustitución del defensor
El derecho comprende la posibilidad que el imputado designe un letrado de su confianza, y si no lo tiene o no puede tenerlo a que se solicite por el Ministerio Público o se decrete de oficio por el tribunal la designación de un defensor penal público en los términos de la ley respectiva.
Si el imputado se encontrare privado de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un defensor determinado, o bien solicitar se le nombre uno. Conocerá de dicha petición el juez de garantía competente o aquél correspondiente al lugar en que el imputado se encontrare. El juez dispondrá la comparecencia del imputado a su presencia, con el objeto de que acepte la designación del defensor. Artículo 102 incisos 2° y 3°.
La ley 19.718 del 10 de marzo del 2001, crea la Defensoría Penal Pública. El párrafo 4° del Titulo V de la misma ley, establece como mecanismo general de selección, por parte del propio imputado, del abogado que aparezca individualizado en una nomina elaborada por la Defensoría Regional respectiva y que se encuentre disponible.
El artículo 52 de la Defensoría Penal Pública dice que El imputado o acusado elegirá de la nómina a que se refiere el artículo anterior al abogado que, estando disponible, asumirá su defensa. Estarán disponibles los abogados que no alcanzaren el porcentaje total de casos en que les correspondiere asumir la defensa, en virtud de la licitación. El abogado disponible que hubiere sido elegido queda designado como defensor del imputado o acusado.
El artículo 54 dice que Se entenderá, por el solo ministerio de la ley, que el abogado designado tiene patrocinio y poder suficiente para actuar en favor del beneficiario, en los términos que señala el inciso primero del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, debiendo comparecer inmediatamente para entrevistarse con él e iniciar su labor de defensa.
El imputado o acusado tendrá derecho a solicitar en cualquier momento, con fundamento plausible, el cambio de su defensor penal público, petición sobre la cual se pronunciará el Defensor Regional. El reemplazante será designado por el imputado o acusado en la forma indicada en el artículo anterior. Artículo 53 de la ley 19.718.
La designación de un defensor penal público no afectará el derecho del imputado a elegir posteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no producirá efectos hasta que el defensor designado aceptare el mandato y fijare domicilio. Artículo 107 del Código Procesal Penal.
Por ello, la ley establece la obligatoriedad de la defensa técnica en el procedimiento penal e impone que la designación del letrado tenga lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado. Artículo 102 inciso 1°. El fundamento es que el imputado por si solo no puede defenderse.
La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exigiere expresamente su participación acarreará la nulidad de la misma, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 286. Artículo 103 del Código Procesal Penal. Es decir, que la defensa es un requisito de validez del procedimiento. Ahora, las hipótesis en que se requiere la presencia del imputado son:
1. - La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se ventilare la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma. Artículo 237 inciso 3° del Código Procesal Penal.
2. - La presencia del fiscal y del defensor del imputado durante la audiencia de preparación del juicio oral constituye un requisito de validez de la misma. Artículo 269 inciso 1° del Código Procesal Penal.
3. - La presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral será un requisito de validez del mismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 103. artículo 286 inciso 1° del Código Procesal Penal.
Oportunidad procesal en que surge la obligación del estado de proporcionar un defensor
Se ha discutido mucho, ya que el artículo 8 del Código Procesal Penal dice que el imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra, mientras que el artículo 102, establece que la designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado.
Es posible que la 1° actuación del procedimiento dirigido en su contra coincida con la primera audiencia, pero en muchos casos no será así.
Se ha sostenido que la obligación de tener un defensor surgirá en la audiencia de formalización de la investigación y/o en la audiencia de control de detención. Pero esto no coincide con el artículo 8.
La colisión de estos 2 artículos debe resolverse afirmando que la facultad o derecho del imputado a obtener la designación de un defensor penal publico desde la primera actuación del procedimiento y la obligatoriedad de la defensa técnica proporcionada por el Estado a partir de la 1° audiencia a que el imputado sea citado.
Derechos y facultades del defensor
El defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, a menos que expresamente se hubiere reservado su ejercicio a este ultimo en forma personal. El defensor actúa en el procedimiento como representante del imputado; sin embargo, este mandato es sui generis, pues la intervención del defensor no excluye la del imputado, ni los actos del primero suplen legalmente los del segundo. La propia ley en su artículo 12 los considera a ambos como intervinientes en el proceso penal.
Solo en ciertos casos es posible que el defensor actúe sin la presencia simultánea del impuesto, desde luego cuando no asista el imputado. En los demás casos la ausencia será temporal. Por ejemplo el artículo 285 del Código Procesal Penal. El acusado deberá estar presente durante toda la audiencia. El tribunal podrá autorizar la salida de la sala del acusado cuando éste lo solicitare, ordenando su permanencia en una sala próxima. Asimismo, el tribunal podrá disponer que el acusado abandonare la sala de audiencia, cuando su comportamiento perturbare el orden. En ambos casos, el tribunal adoptará las medidas necesarias para asegurar la oportuna comparecencia del acusado. El presidente de la sala deberá informar al acusado de lo ocurrido en su ausencia, en cuanto éste reingresare a la sala de audiencia.
El artículo 96 establece los derechos de los abogados. Todo abogado tendrá derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de detención o prisión, la confirmación de encontrarse privada de libertad una persona determinada en ese o en otro establecimiento del mismo servicio y que se ubicare en la comuna. En caso afirmativo y con el acuerdo del afectado, el abogado tendrá derecho a conferenciar privadamente con él y, con su consentimiento, a recabar del encargado del establecimiento la información consignada en la letra a) del artículo 94. Si fuere requerido, el funcionario encargado deberá extender, en el acto, una constancia de no encontrarse privada de libertad en el establecimiento la persona por la que se hubiere consultado.
Pero el defensor también cumple la función de aconsejar a su cliente para decidir sobre los pasos siguientes a dar en el procedimiento a partir de un calculo de posibilidades.
En cuanto a la comunicación entre el acusado y su defensor. El acusado podrá comunicarse libremente con su defensor durante el juicio, siempre que ello no perturbare el orden de la audiencia. No obstante, no podrá hacerlo mientras prestare declaración. Artículo 327 del Código Procesal Penal.
Renuncia y Abandono de la defensa
Se admite la renuncia del defensor a la representación del imputado en el procedimiento, siguiendo las reglas generales. Sin embargo ello no libera al abogado de realizar estos actos inmediatos y urgentes.
La renuncia formal del defensor no lo liberará de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión del imputado. En el caso de renuncia del defensor o en cualquier situación de abandono de hecho de la defensa, el tribunal deberá designar de oficio un defensor penal público que la asuma, a menos que el imputado se procurare antes un defensor de su confianza. Con todo, tan pronto este defensor hubiere aceptado el cargo, cesará en sus funciones el designado por el tribunal. Artículo 106 del Código Procesal Penal.
Una situación especial es la que se produce cuando el abandono de la defensa se produce en ciertas audiencias que exijan como requisito de validez la presencia ininterrumpida del defensor. Si no compareciere el defensor, el tribunal declarará el abandono de la defensa, designará un defensor de oficio al imputado y dispondrá la suspensión de la audiencia por un plazo que no excediere de cinco días, a objeto de permitir que el defensor designado se interiorice del caso. La no comparecencia del defensor a la audiencia en el juicio oral constituirá abandono de la defensa y obligará al tribunal a la designación de un defensor penal público, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 106. Artículos 269 y 286 del Código Procesal Penal.
La ausencia o abandono injustificados de la audiencia por parte del defensor o del fiscal será sancionada conforme a lo previsto en el artículo 287. La ausencia injustificada del defensor o del respectivo fiscal a la audiencia del juicio oral o a alguna de sus sesiones, si se desarrollare en varias, se sancionará con suspensión del ejercicio de la profesión, hasta por dos meses. En idéntica pena incurrirá el defensor o fiscal que abandonare injustificadamente la audiencia que se estuviere desarrollando. El tribunal impondrá la sanción después de escuchar al afectado y recibir la prueba que ofreciere, si la estimare procedente. No constituirá excusa suficiente la circunstancia de tener el abogado otras actividades profesionales que realizar en la misma oportunidad en que se hubiere producido su inasistencia o abandono. Artículos 269 y 287 del Código Procesal Penal.
Defensa de varios imputados
La defensa de varios imputados podrá ser asumida por un defensor común, a condición de que las diversas posiciones que cada uno de ellos sustentare no fueren incompatibles entre sí. Si fueran intereses contrapuestos, estaría en el tipo penal del artículo 232 del Código Penal.
Si el tribunal advirtiere una situación de incompatibilidad la hará presente a los afectados y les otorgará un plazo para que la resuelvan o para que designen los defensores que se requirieren a fin de evitar la incompatibilidad de que se tratare. Si, vencido el plazo, la situación de incompatibilidad no hubiere sido resuelta o no hubieren sido designados el o los defensores necesarios, el mismo tribunal determinará los imputados que debieren considerarse sin defensor y procederá a efectuar los nombramientos que correspondieren.
Sanciones
Además de las sanciones que vimos respecto a la incomparecencia, les son aplicables las disposiciones de publicidad del juicio oral que establece el artículo 289 del Código Procesal Penal o a los deberes que imponen a los asistentes a la audiencia principal, previstos en el artículo 293 del Código Procesal Penal. A los infractores les son aplicables los artículos 530 ó 532 del Código Orgánico de Tribunales. Artículo 294 del Código Procesal Penal.
Las reclamaciones de los beneficiarios de la defensa penal pública podrán ser presentadas ante la Defensoría Nacional, Regional o Local, indistintamente. La Defensoría Nacional y la Local deberán remitir inmediatamente las reclamaciones a la Defensoría Regional respectiva. El Defensor Nacional conocerá de las reclamaciones que se refieran a actuaciones propias del Defensor Regional. Artículo 66 y 67 de la Defensoría Penal Pública.
Asimismo, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal, las personas naturales o jurídicas que presten servicio de defensa penal pública, sea en virtud del contrato a que dio lugar el proceso de licitación o del convenio directo a que se refiere el inciso final del artículo 49, incurrirán en responsabilidad en los siguientes casos:

1. - Cuando su defensa no fuere satisfactoria, de acuerdo con los estándares básicos, definidos por el Defensor Nacional, que deben cumplir en el procedimiento penal quienes presten servicios de defensa penal pública;
2. - Cuando no hicieren entrega oportuna de los informes semestrales o del informe final, o consignaren en ellos datos falsos, y
3. - Cuando incurrieren en incumplimiento del contrato celebrado.
Las sanciones que podrá aplicarse serán las siguientes:
1. - Multas establecidas en los contratos respectivos, y
2. - Terminación del contrato.

La Defensa Penal Pública


Como hemos puesto de relieve, la necesidad de aproximar la posición de las partes en el proceso penal, asegurar la igualdad de armas y el ejercicio eficaz de los derechos de defensa del imputado, imponen la obligatoriedad de la defensa técnica. No basta con la mera designación formal de un defensor, pues ello no asegura una asistencia jurídica eficiente y mínimamente idónea. La calidad de la defensa técnica debe ser una preocupación importante y constante de los sistemas de defensoría pública.
En un sistema acusatorio, el equilibrio entre fiscal y abogado defensor pasa necesariamente por que este último desempeñe un papel más activo a lo largo de todo el procedimiento penal. En este sistema, y sin perjuicio del principio de objetividad de los fiscales, el defensor tiene la responsabilidad de controlar y controvertir la evidencia de cargo e investigar la exculpatoria, para lo cual requerirá de investigadores profesionales y/o expertos privados, y debe estar preparado para examinar y contra interrogar testigos y peritos, etc.

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