Juzgado 1ª Instancia Número de Localidad






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fecha de publicación22.03.2017
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Juzgado 1ª Instancia Número de Localidad

Juicio Núm. Número de Procedimiento

AL JUZGADO

 

Nombre inquilino, con DNI xxxxxxx, en nombre propio y derecho, con domicilio a efectos de notificación en domicilio calle xxxx número xx piso x, C.P. XXXXX, localidad, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que, en fecha 29 de julio de 2015, el Parlament de la Generalitat de Catalunya ha aprobado la Ley 24/2015, del 29 de julio, de Mesures urgents per a afrontar l'emergència a l'Àmbit de l'Habitatge i la pobresa energètica (medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética), publicada en el DOGC el día 5 de agosto de 2015 y entrando en vigor al día siguiente.

Que mediante el presente escrito interesamos la suspensión inmediata de las actuaciones del procedimiento arriba referenciado, en base a las siguientes

ALEGACIONES

Primera.- El 6 de agosto de 2015 entró en vigor la Ley 24/2015, del 29 de julio de Mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética), siendo por esto de obligada aplicación desde esta misma fecha. Esta ley, fruto de la mobiliación de la ciudadanía, da respuesta a la situación de emergencia social que vive Cataluña, especialmente grave en el ámbito de la vivienda. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias y desahucios relacionados con el impago de alquiler.

Segunda.- La ley de referencia establece, en su artículo 5.5, que las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial que no puedan afrontar el pago del alquiler de la vivienda habitual tienen el derecho a disfrutar de ayudas que eviten el lanzamiento. Y continúa diciendo en el punto 6 del mismo artículo, que las administraciones públicas, en cualquier caso, deben garantizar el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual.

Tercera.- Esta ley está en consonancia con numerosos tratados internacionales ratificados por el Estado Español, que forman parte del derecho interno (artículo 96.1 CE) para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna y adecuada. El artículo 11 del Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para ella y su familia. Y en el mismo sentido, la Consitución Española reconoce, en el artículo 47, el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos de impedir la especulación. Según jurisprudencia reciente, el reconocimiento del derecho a la vivienda digna y adecuada en el título I - "De los derechos y deberes fundamentales" – y en la norma de mayor relevancia del ordenamiento jurídico, debe considerarse por sí misma un indicio de su fundamentalidad (cfr. Sentencia Nº 1649/12 del Juzgado de Primera Instancia Nº 39 de Madrid). Una lectura sistemática de la Constitución obliga a interpretar el derecho a la vivienda y la prohibición de desalojos arbitrarios de la forma más garantista posible. Esto supone realizarlo, por un lado, en conexión con otros derechos y principios constitucionales que permitan delimitar su contenido, como el principio del Estado social y democrático de derecho (art. 1.1 CE), el de la dignidad de la persona y el derecho a su libre desarrollo (art. 10.1 CE), la integridad física (artículo 15) o la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad de domicilio (art. 18 CE). Y por otro lado, con el que establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos.

El Tribunal Constitucional ha sostenido que la obligación de interpretar los derechos reconocidos en el título I de la CE de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por estos tratados y acuerdos internacionales (STC 61/2013 del 14 de marzo, FJ 5).

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comitè DESC) de Naciones Unidas, órgano de interpretación y garantía del PIDESC, ha entendido que la prohibición de desalojos arbitrarios forma parte del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familiia, como se ha dicho anteriormente, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de su existencia (artículo 11.1). Según el Comité, los desalojos forzosos consisten en “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”, y sólo pueden justificarse en circunstancias excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional.
En la Observación General Nº 7 en el artículo 11.1 del PIDESC, el Comité DESC establece que “los desalojos no deberían dar lugar al hecho de que haya personas que se queden sin viviendas o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Y que cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda” (párrafo. 16).

"Además de infringir claramente los derechos consagrados en el PIDESC, la práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no ingerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios (OG Nº 7, párrafo.5) ", derechos que la CE reconoce en el título de los derechos fundamentales de todas las personas.

Cuarta.- El dÍa 15 de octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) paralizó cautelarmente el desalojo de dos familias que habitaban en un bloque de viviendas propiedad de la Sociedad de activos provenientes de la reestructuración bancaria (Sareb), de conformidad con los derechos contemplados en los artículos 3 t 8 del CEDH. En este mismo sentido se había pronunciado el mismo tribunal impidiendo cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de dos familias de la ciudad de Madrid sin que previamente hubiera una alternativa habitacional adecuada (Demanda Nº 77842/12 del 11 de diciembre de 2012 y Nº 3537 / 13 del 31 de enero de 2013).

Así, el TEDH ha calificado los desalojos como la forma más extrema de ingerencia en el derecho a la protección del domicilio, condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la obligación de proveer un realojo adecuado a partir de estos derechos.
En el caso mencionado anteriormente de octubre de 2013 el TEDH impidió el desalojo de dos familias que residían en un bloque de viviendas de la localidad de Salt – Gerona, a partir de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo y exhortó al Estado Español a informar detalladamente cuáles eran las medidas que las autoridades internas se proponían adoptar en relación con los demandantes, particularmente los niños, a la luz de su vulnerabilidad, para prevenir la alegada vulneración del Convenio. En esta decisión, el TEDH también inquiría a las autoridades competentes sobre las medidas relacionadas con el alojamiento y asistencia social que pensaban adoptar (Demanda Nº 62688/13 del 15 de octubre de 2013).

Con base en esta jurisprudencia, el TEDH ha ratificado que el Estado es siempre responsable y garante del derecho a la vivienda y por tanto, quién debe procurar una solución habitacional frente de los desalojos forzosos, especialmente cuando se afecta a colectivos vulnerables, como los niños, que a consecuencia del desalojo quedarán expuestos a la violación de los derechos tutelados en los artículos 3 y 8 del Convenio, íntimamente relacionados con el derecho a la vivienda adecuada. Esta obligación de no llevar a cabo desalojos que impliquen la vulneración de derechos humanos fundamentales y sin que las administraciones públicas puedan garantizar una alternativa habitacional adecuada se aplicaría hasta en casos como del del bloque de Salt, en que la propiedad de los inmuebles pertenecía a una entidad financiera privada (aunque participada en un 45% con capital público).

Por otra parte, el TEDH recordó al Estado español que el incumplimiento de un estado miembro de acatar una medida ordenada de acuerdo al art. 39 puede determinar un incumplimiento del artículo 34 de Convenio, en el sentido que las otras partes contratantes se comprometen a no obstaculizar el ejercicio eficaz de este derecho (Sentencia de la gran sala del 4 de febrero de 2005 en el caso Mamatkulov y Askarov v. Turquia - demandas ens. 46827/99 y 46951/99).
Así, sólo cuando el Estado informó al TEDH que proveería a las familias de un realojo en viviendas sociales por una suma de 50 por mes o incluso menos, dependiendo de la situación actual de las familias, la medida cautelar se levantó, entendiendo que ante una solución habitacional concorde a las familias podía producirse el desalojo respetando las debidas garantías con el derecho internacional en la materia.

Quinta.- Que en nosotros concurren la doble circunstancia de no tener alternativa habitacional propia y estar en situación de riesgo de exclusión residencial. El artículo 5.10 de la Ley 24/2015, del 29 de julio define que se encuentran en riesgo de exclusión residencial las personas o unidades familiares siempre que tengan ingresos inferiores a 2 veces el IRSC si se trata de personas que viven solas, o si se trata de unidades familiares de convivencia, unos ingresos inferiores a 2,5 veces el IRSC, i en los casos de personas con discapacidades o con gran dependencia, unos ingresos inferiores a 3 veces el IRSC.

Sexta.- Que hemos iniciado todos los trámites necesarios y solicitado las ayudas correspondientes a nuestro caso, y subsidiariamente un realojo adecuado, ya que por imperativo legal la Administración debe realojar a las personas y unidades familiares en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual. En congruencia con esta obligación y las anteriores alegaciones, el principio de precaución, aconseja suspender el procedimiento hasta poder encontrar una alternativa habitacional para mi familia.

Por lo expuesto,

AL JUZGADO SUPLICO tenga por presentado este escrito y por realizadas las manifestaciones contenidas en el mismo. Acuerde la suspensión inmediata del procedimiento en curso, con fecha de lanzamiento para el día XX de XX de 20__, otorgando el tiempo mínimo necesario para que la administración resuelva las solicitudes presentadas para tener una vivienda adecuada.

OTROSÍ DIGO : Que en el supuesto que SSª considere que este escrito debe presentarse mediante abogado y procurador, me sea notificada resolución, y se suspenda el procedimiento a efectos de solicitud de Justicia Gratuita o presentación por letrado de oficio que me represente.

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