Visiones de la Doctrina, la Constitución, el Código del Proceso Penal y las normas internacionales de Derechos Humanos






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Rol de la víctima en el Proceso Penal Inquisitivo y Acusatorio

Visiones de la Doctrina, la Constitución, el Código del Proceso Penal y las normas internacionales de Derechos Humanos.
Dr. Jorge Walter Geymonat Gélvez (1)

(Ponencia presentada en las X Jornadas

Rioplatenses de Derecho 2012- San Isidro-

Provincia de Buenos Aires-Argentina)


Sumario: 1) Introducción. 2) Sistema Inquisitivo. 3) Sistema Acusatorio. 4) Realidad en Iberoamérica. El Principio de legalidad. El principio de oportunidad y el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. 5) El Proceso Penal Uruguayo visto desde la Constitución. 6) La víctima y sus derechos. 7) Conclusiones. 8) Bibliografía
1) Introducción

Sin duda que es un honor poder presentar una ponencia en las X Jornadas Rioplatenses de Derecho 2012, y más cuando uno proviene de una ciudad tan pequeña del Uruguay pero grande en el corazón de la gente. Y más el orgullo de haber sido formado en una de las Universidades más importantes como lo es la Universidad de la República.

El tema del rol de la víctima en el proceso penal y su referencia en los instrumentos internaciones de derechos humanos, es un aspecto que me interesa desde hace bastante tiempo, y que sin duda forma parte del debate en las clases de derecho penal y en las de derecho procesal, buscando de algún modo que ese debate también puede alcanzar lo político.
En lo que hace a lo procesal penal el rol de la víctima va a depender del sistema procesal penal en el que nos encontremos, sin lugar a dudas.

Es así que a lo largo del trabajo se comenzará distinguiendo los sistemas que hacen a los diferentes esquemas de procesos penales y entre ellos encontramos dos: el inquisitivo y el acusatorio. A partir de ello el proceso penal en su estructura, y en la base misma dependerá la actuación y la importancia en los roles de las diferentes partes del proceso.

Luego de analizado los sistemas procesales antedichos haciendo referencia al rol de la víctima, se continuará con un breve análisis de la situación Iberoamérica, pasando luego con el caso específico en Uruguay, el concepto de víctima y los derechos que se protegen a nivel del derecho comparado, posteriormente se realizarán las respectivas conclusiones.

2) Sistema Inquisitivo
El Principio inquisitivo en sus inicios tanto la víctima como el acusado no eran objeto de atención ni protección, resultando especialmente graves las tremendas limitaciones del derecho de defensa, erradicación de la publicidad y la tortura para obtener la confesión, presentando dos instituciones destinadas a limitar y controlar al Poder Judicial: la prueba legal y la doble instancia.

Este sistema inquisitivo siguiendo a Arlas se puede caracterizar de la siguiente manera:

  • El juicio penal puede iniciarse por denuncia del ofendido por el delito, o por cualquier ciudadano, o de oficio por el propio juez.

  • El órgano judicial reúne en sí los poderes de acusar y de juzgar. Como consecuencia, el poder del juez aparece por encima de los poderes de las partes y no se ve limitado por ellos.

  • Desaparece la igualdad entre las partes y el imputado queda situado en un plano notoriamente inferior al del Ministerio Público.

  • El Juicio es escrito, secreto, no contradictorio y discontinuo.

  • El Juez no tiene libertad para apreciar la eficacia de cada medio de prueba, sino que rige el sistema de la llamada prueba legal, en que la ley establece el valor probatorio de cada medio de prueba.

  • Existe la prisión preventiva, que supone la privación de libertad del imputado desde el comienzo del proceso penal y que puede verse atenuada por el instituto de la libertad provisional.


En este sistema el rol de la víctima es prácticamente nulo. De acuerdo al principio de legalidad en el proceso penal inquisitivo ésta queda a cargo, es decir la acción, a cargo del Ministerio Público o del Juez, ya que una vez que se tiene noticia del delito, deben necesariamente promover la acción penal. Con el principio de legalidad o de necesidad, el Estado, a través del órgano al cual le haya encomendado la función persecutoria, subroga a los particulares que sufren el conflicto (delito), asumiendo el control del proceso. Principio que supone que la acción que tiene a su cargo la función persecutoria de los delitos a nombre del Estado, con prescindencia de quienes sean protagonistas del conflicto, siempre y cuando concurran los presupuestos materiales necesarios para el ejercicio.

La Prof. Raquel Landeira nos dice que el principio de legalidad encuentra su fundamento en las teorías absolutas de la pena y en su concepción retribucionista, la idea básica de que todos los delitos deben ser castigados, enunciado en el apotegma “nullum crimen sine poena”, supone que no haya excepciones a la persecución del Estado de las conductas ilícitas.

3) Sistema Acusatorio
Este sistema tiene su origen en Grecia, Arlas también nos menciona sus caracteres esenciales:


  • No hay juicio penal sin acusación, que puede ser del ofendido por el delito, de cualquier ciudadano, o de un funcionario. Esto representa el desdoblamiento de las funciones de acusar y de juzgar, que no pueden coincidir en una misma persona u órgano. Se comprende fácilmente que esto representa una garantía esencial para el derecho de las personas.

  • Los poderes del juez están limitados por los poderes de las partes y en particular por la acusación penal, ya que el juez no puede imponer una pena mayor a la pedida por el acusador.

  • Hay absoluta igualdad de las partes, tal como ocurre en el proceso civil.

  • El imputado permanece en libertad hasta la sentencia definitiva, desconociéndose el instituto moderno de la prisión preventiva.

  • El juicio es público, oral, contradictorio y concentrado.

  • Las pruebas se producen libremente por ambas partes y el Juez tiene amplia libertad para valorarlas. Desconociéndose el sistema de la prueba legal o tasada.


Este sistema que es muy diferente al anterior, ya que el rol de la víctima pasa a tener un carácter de protagonista activo del proceso penal. Donde encontramos instancias como la denuncia de parte, las audiencias, las pruebas, hacen que la víctima pase a ocupar otro plano dentro del proceso penal.

El proceso acusatorio va en consonancia con el principio de oportunidad.

Desde la perspectiva de las finalidades de la pena, el principio de oportunidad propicia la efectividad, al permitir la persecución de los delitos más graves, omitiendo la de los llamados bagatelarios. Los intereses de la víctima son preferidos, a excepción de que su previa satisfacción figure como condición para aplicar el principio.

Este principio llevaría dos alternativas naturales:


  • el incremento de los medios materiales y humanos a disposición de la misma

  • la simple despenalización de las conductas a que pretende aplicarse por su escasa relevancia.


El principio de oportunidad, y de ahí el rol importante de la víctima, traslada el conflicto a sus verdaderos protagonistas permitiendo que sean los dueños de la acción, tanto en su ejercicio como en su realización y terminación, que puedan acudir a mecanismos alternativos como la mediación y así llegar a una solución que satisfaga las expectativas de las partes.

Se presenta una doble modalidad: puro o bajo condición. La primera se da cuando las partes son dueñas absolutas de poner fin al proceso penal, la segunda si la terminación anormal del proceso se mantiene en suspenso en espera del cumplimiento de una determinada o determinadas prestaciones.

El principio de oportunidad permite evitar que el Fiscal o el Juez persiga todos los delitos, sin importar la gravedad, siempre y a costa de lo que sea, para entregar el conflicto a sus verdaderos dueños (víctima y victimario) y permitir que en conjunto encuentren soluciones que garanticen, en primer lugar el equilibrio, y en segundo lugar la proporcionalidad, que supone el ejercicio del poder discrecional igual en casos iguales y diferente en aquellos que tengan una justificación objetiva y razonable.
4) Realidad en Iberoamérica. El Principio de legalidad. El principio de oportunidad y el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica.
En Iberoamérica el sistema que ha caracterizado a los modelos procesales de la región, ha sido sin duda el inquisitivo. Suponiendo una forma de pensar y ejercer el poder penal.

Sus bases se encuentran en el poder penal del Estado, representado en la persecución penal pública.

Maier apunta que esta realidad política cultural, responde a los conceptos: Estado Nación- Penal Estatal- Derecho Penal- Persecución Penal Pública, que se encuentran implicados entre sí en forma cronológica y lógica.

En las legislaciones de nuestra región, ha imperado el principio de legalidad de la persecución penal, o en otra terminología, el de la oficialidad y necesariedad de la acción.

En la doctrina más avanzada se ha abierto paso al desarrollo y aplicación de criterios de oportunidad o de disponibilidad para el ejercicio de la acción penal. Consistente en la posibilidad concedida al titular de la acción penal, el Ministerio Público, de renunciar a la persecución o desistir de su ejercicio, en los casos en que le está permitido, que se hallan taxativamente enumerados por la ley procesal o sustantiva.

La Dra. Landeira nos dice que en derecho comparado, se verifican dos modelos en su implementación:

  • ampliamente, con discrecionalidad absoluta del Ministerio Público.

  • Parcialmente, como excepción a la legalidad, entendida como obligatoriedad del ejercicio de la acción penal.


El Código Modelo, luego de consagrarse, indica los supuestos en que podría aplicarse este principio de oportunidad y de rol activo de la víctima:


  • Los derivados del principio de insignificancia (mínima entidad o infrecuencia del hecho, mínima culpabilidad del autor).

  • Los casos en que la ley penal permite prescindir de la pena.

  • Aquellos que impliquen una pena material.

  • Cuando lo justifique la persecución de delitos más graves.

  • Frente al arrepentimiento activo o el desistimiento voluntario.

  • En hipótesis de extradición activa o pasiva.


5) El Proceso Penal Uruguayo visto desde la Constitución
En nuestro proceso tenemos diferentes etapas. Por un lado el presumario y el sumario (inquisitivo), un Juez que investiga acerca de la existencia del delito, donde en principio la regla es la prisión preventiva, un proceso escrito básicamente. Luego se pasa a la ampliación sumarial, con un cierto rasgo acusatorio, para finalmente llegar a la etapa del plenario, donde funciona la acusatoriedad como regla básica.

El actual sistema derivado del derecho francés, es de carácter inquisitivo, lo que implica facultades de investigación del delito en la personalidad del Juez. Mientras que en el sistema acusatorio el Juez pasa a ser imparcial en el proceso, quedando estas facultades reservadas al Fiscal.

En lo que hace a la Constitución, existen varios artículos destinados al aspecto procesal penal, pero a los efectos del tema, citaré sólo el artículo 22.

“Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas”.

Sin duda que es una clara consagración del principio acusatorio y del carácter no reservado que debe tener el proceso penal, dándole a su vez el rol activo a la víctima.

Lo que supone que nuestra Constitución adopta el sistema acusatorio lo que implica la no constitucionalidad de nuestro Código Procesal Penal en aquellas etapas de nuestro proceso penal en que la acusatoriedad y el principio de oportunidad son dejados de lado.
6) La víctima y sus derechos
Según el Diccionario Larousse, la palabra víctima puede significar: 1. persona o animal sacrificado a los dioses. 2. Persona que se sacrifica voluntariamente: víctima del deber. 3. Persona que padece por culpa ajena o suya. 4. Persona dañada por algún suceso.

Carnelutti refiere a la persona cuyo interés ha sido lesionado por el delito.

La Declaración sobre los Principios fundamentales de Justicia por las víctima del delito y del abuso del poder, del 29 de noviembre de 1985, de la Organización de las Naciones Unidas nos dice, que “se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los Estados miembros, incluida la que prescribe el abuso del poder.”

Es decir, que se debe proteger a aquél que hay sufrido el daño como consecuencia del delito y todos aquellos terceros que de algún modo se ven involucrados, como por ejemplo familiares, he incluso pudiendo ser más amplio aquellos que dependan económicamente de la víctima.

Entre los posibles derechos que se manejan a nivel del derecho comparado, están:

  • El derecho a un asesoría jurídico, a ser informado y asistido por el Ministerio Público desde el inicio pasando por todas las instancias del proceso penal, y que se haga justicia, patrocinándolos debidamente.

  • El derecho a la reparación del daño que haya sufrido por la comisión del delito.Se pueden asegurar bienes como caución. Reparación que se extiende a aquellos afectados en caso de fallecimiento de la víctima.

  • El derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, la facultad de participar con el Ministerio Público desde el inicio y todo el desarrollo del proceso penal.

  • Derecho a la prestación médica de urgencia., en caso de violaciones, lesiones, abortos, tratamiento psicológico, para la víctima como para los familiares en su caso.



7) Conclusiones

Este trabajo busca de algún modo reflexionar acerca del proceso penal que tenemos en nuestro derecho interno y si de algún modo éste está en consonancia con lo que los tratados internacionales de derechos humanos están proclamando. Se procura abrir espacios de debate acerca de lo procesal y de algún modo de la despenalización o no de determinados delitos, y el rol del Estado en lo que hace a la actuación de oficio. A lo largo del trabajo se desarrollaron los sistemas que hacen a los procesos penales, y que ponen a unos de un lado y del otro en el debate jurídico. En cada uno de ellos hay un rol diferente de la víctima. Las normas constitucionales y los tratados de derechos humanos proclaman un sistema acusatorio, donde la víctima sea protagonista, donde desaparezcan de la órbita penal los delitos considerados de bagatela y pasen a la vía civil. Cada país deberá tomarse el tiempo para discutir estos temas que sin duda hacen al Estado de Derecho.

Agradecimiento especial a mis padres y abuela que sin duda son quienes me han formado en valores. Al amor de mi vida Rosi. Agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República por formarme con tanta responsabilidad y dedicación. A los estudiantes del Liceo de Nuevo Berlin por generar espacios de discusión y de practicidad en los temas jurídicos. A mi ciudad natal de Fray Bentos que me vio nacer y que me cobija.

8) Bibliografía


  • Constitución de la República Oriental del Uruguay. Editorial Técnica S.R.L. Montevideo. Uruguay.

  • Código del Proceso Penal. Edit. F.C.U. Actualizada por el Dr. Enrique Tarigo.

  • Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal. Edgar Varela Méndez. Revista Uruguaya de Derecho Procesal 2/86, págs 160-169. Edit. F.C.U. Montevideo. Uruguay

  • El Proyecto para un nuevo Código del Proceso Penal y el Rol del Ministerio Público. Dra. María Esperanza Bentos Abad. La Justicia Uruguaya. Volumen 114, Sección Doctrina. Págs 67-70.

  • El Principio de oportunidad: Un saludable instrumento de política criminal. Dra. Raquel Landeira. Revista Uruguaya de Derecho Procesal 4/95. Edit. F.C.U, págs 547-555. Montevideo. Uruguay

  • Pena y Proceso: Fines comunes y fines específicos. Teresa Armenta Deu. En política criminal y nuevo derecho penal. Libro de Homenaje a Claus Roxin. Ed. José María Bosch. Barcelona. España. 1997, págs 208-229.

  • Curso de Derecho Procesal Penal. Tomo 1. José Arlas. 2da. Edición revisada y puesta al día por Enrique Tarigo. 1994. Edit. F.C.U. Montevideo. Uruguay.

  • Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo 3. Rafael Fontecilla Riquelme. Edit. Jurídica de Chile. 2da Ed. Revisada y actualizada por Marcos Libedensky. 1978. Págs 8-14.

  • Perspectivas Criminológicas en el umbral del tercer milenio. Por la Humanización del Proceso Penal. Julio Andrés Sanpedro Arrubla. Edit. F.C.U. 1ª.ed Noviembre de 1998. Págs. 76-79.

  • Política Criminal. Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Doctrina Penal. Julio Maier. Edit. Depalma. Buenos Aires. 1978. Pág 19-32.

  • http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/19/pr/pr28.pdf. Los Derechos humanos de las víctimas de los delitos. Lic. José Colón Morán.




1- Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Profesor de Educación Social y Cívica, Sociología y Derecho. Abogado de Anda, Gafesur S.A y la Asociación de Jubilados de Industria y Comercio.

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