1 análisis, crítica y comentarios sobre “ley de institutos y escuelas de educación superior”, ley nº 29394 del 31 de julio del 2009 y su reglamento regulado por el d. S. Nº 04-2010-ed, del 26 de enero de 2010






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título1 análisis, crítica y comentarios sobre “ley de institutos y escuelas de educación superior”, ley nº 29394 del 31 de julio del 2009 y su reglamento regulado por el d. S. Nº 04-2010-ed, del 26 de enero de 2010
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RESPECTO A LAS CONVALIDACIONES ACADÉMICAS:


El artículo 14 de la Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, dispone que los Institutos y Escuelas se articulen entre si, con las universidades, con las instituciones de educación básica y con su entorno social, económico y cultural, de acuerdo con la Ley General de Educación, Ley Nº 28044 (hasta acá todo bien no hay nada que nos lleve al engaño y al fraude).

Pero a continuación sale el interés lucrativo y la verdad, cuando se dice que “Para la articulación con las universidades las convalidaciones académicas se realizan de conformidad con el grado o nivel de las programas educativos aprobados por el Ministerio de Educación”, a continuación señala la Ley de marras que los requisitos mínimos serán precisados en el reglamento de esta ley.

Para entender lo que trae la denomina “convalidación académica” dentro del subterfugio de la articulación vamos al Reglamento:

El Reglamento de la Ley 29394, es aprobado por el Decreto Supremo Nº 04-2010-ED publicado el 26 de enero de 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”.

De los siete títulos que contiene el Reglamento sólo vamos a analizar los artículos relacionados a la denominada articulación el cual conlleva las convalidaciones académicas.

Así tenemos que el artículo 10º norma la articulación entre Institutos y Escuelas de Educación Superior y universidades, señalando que “Los estudios de los Institutos y Escuelas de Educación Superior se articulen entre si y con las universidades o de éstas con los Institutos y Escuelas, por medio de las convalidación académica o la homologación de planes de estudio y competencias de los estudiantes o titulados” (SIC).

Este artículo es la madre del cordero, acá están los intereses mercantilistas de los mismos dueños tanto de los institutos como de las recientes creadas universidades particulares.

¿Qué es lo que busca esta disposición? Dice que por medio de la convalidación académica se busca homologar y/o igualar los planes de estudio y competencia de los estudiantes o titulados de los Institutos Tecnológicos con el de las universidades.

Esta fraudulenta convalidación académica no puede ser, no se ajusta a derecho, es un vil engaño tal y conforme se ha explicado y analizado en el numeral anterior (2.3).
En el artículo 12º de este Reglamento se pretende algo absurdo que va contra la vigente Ley Universitaria y la Constitución Política del Perú, al pretender que los estudiantes de los institutos tecnológicos sean admitidos en las universidades sin el correspondiente y obligatorio examen de admisión. Sólo es requisito para la nueva ley el certificado de estudios que emite el propietario del instituto tecnológico particular para que ingrese sin examen de admisión a su universidad particular.

Estos artículos 10, 12,13 de la anecdótica articulación o fraudulenta Convalidación Académica no se ajustan a derecho y por tanto con una simple demanda de garantía constitucional de Acción Popular, ante la sala competente del Poder Judicial, se deberá declararse fundada en vista de que estos artículos del Reglamento analizado, lesionan y vulneran a la Constitución Política del Perú, a la Ley Universitaria vigente y al Decreto Legislativo Nº 998.
2.5. EDUCACIÓN A DISTANCIA, FORMACIÓN DE ABOGADOS Y COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Todo lo normado ilegalmente sobre la Educación a Distancia en el Decreto Supremo Nº 014-2008-ED que reglamenta al Decreto Legislativo Nº 998 que manifiesta impulsar la mejora de la calidad de la formación docente, en el marco de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial del Perú - Estados Unidos, reglamenta ilegalmente Programas Universitarios regulares, no regulares y complementaciones que no se ajustan a derecho. Los de Complementación Pedagógica y Universitaria, se han analizado en el Numeral 2.3 de este Informe.

Debemos señalar que la Educación a Distancia es ilegal y no se ajusta a las normas contenidas en la Ley Universitaria vigente ni menos en la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, tanto es así que la formación profesional de abogados, que de acuerdo a la Ley Universitaria vigente debe hacerse en seis (6) años o doce semestres académicos, se viene haciendo sólo en cuatro (4) años y peor todavía a distancia, es decir, educación no presencial.

Esto que es absurdo e ilegal fue denunciado y tratado en la Pág. 54 del Libro “Normas Educativas” del suscrito, de fecha marzo del 2004, donde se manifestó lo siguiente: “Debe normarse el Art. 27 de la Ley 28044, Ley General de Educación, respecto a “educación a distancia”, ya que esta se presenta como una nueva modalidad, situación que no fue considerada en la anterior ley. El que no esté normada la “educación a distancia” viene originando que muchas instituciones educativas, especialmente privadas estén haciendo su agosto y haciendo lo que les viene en gana, por ejemplo: Hay Universidades Privadas, que funcionan sin autorización de Funcionanamiento por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), las cuales vienen formando profesionales a distancia como: Abogados, profesores, administradores, economistas, contadores, etc., sin que exista norma alguna que regule esta novísima modalidad.

Preguntamos al Colegio de Abogados de Lima; ¿Por qué su silencio sobre la “formación de abogados a distancia” que algunas universidades de fines estrictamente lucrativos, vienen en este momento desarrollando en Lima con alcance nacional, la pseudo formación profesional de abogados? ¿Y los otros Colegios Profesionales sobre el tema, no dicen absolutamente nada?”

En este asunto de “formación profesional de abogados a distancia” en sólo cuatro (04) años tiene plena responsabilidad el Colegio de Abogados de Lima, quien para colegiar a los abogados sólo le interesa que paguen los derechos de colegiatura y no revisar ni evaluar los “certificados de estudios” que se hacen al margen de la ley.

Esperamos y confiamos en el flamante Decano del Colegio de Abogados de Lima, de poner coto a este absurdo accionar y abusiva ilegalidad en la formación profesional del abogado.
III.- CONCLUSIONES
3.1 Actualmente hay tres normas legales que regulan la creación y funcionamiento de las Escuelas de Educación Superior: Ley Nº 29384, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, de fecha 31 de julio del 2009, el Decreto Legislativo Nº 998 del 31 de marzo del 2008 y la vigente Ley Universitaria Nº 23733 del 9 de diciembre de 1983.

La Escuela de Educación Superior al ser normada por tres normas jurídicas de la misma jerarquía se contravienen mutuamente y la última no ha derogado al Decreto Legislativo ni menos a la vigente Ley Universitaria, por lo tanto hay contradicción legal que debe resolverse para no afectar el objeto, objetivos y funcionamiento de las Escuelas de Educación Superior Pedagógicas, de Formación Artística, Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la Academia Diplomática, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico y las Escuelas de Música y Bellas Artes de Lima, de Arequipa y Cusco.

Debe tenerse en cuenta, que el lunes 8 de febrero del año en curso se publicó en el Diario Oficial ”El Peruano” la Resolución Rectoral Nº 0086-2010 ANR, la cual declara que la Escuela Superior Nacional de Folklore”José María Arguedas”, ha organizado sus planes de estudio en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 29292 y en aplicación de la Ley Universitaria Nº 23733, quedando en consecuencia aprobado. Como vemos las Escuelas de Educación Superior se gobiernan por la Ley Universitaria y otra como la Ley Nº 29292, y no por la inconstitucional Ley Nº 29394 que es materia, en parte, de éste análisis.

3.2 El Decreto Legislativo Nº 998 publicado oficialmente el 31 de marzo del 2008, suspende la autorización de funcionamiento y creación de Facultades o Escuelas de Educación y regula todo lo concerniente a la Educación a Distancia sólo en la formación docente y dispone que el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) suspenda la autorización de funcionamiento de nuevas facultades o escuelas de Educación, filiales, programas y otros que conduzcan a la obtención de titulo profesional o grado académico en Educación en tanto no se establescan los criterios, indicadores y estándares de acreditación de las facultades o escuelas de Educación que debe aprobar el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de la Educación Superior Universitaria-CONEAU, órgano operador del SINEACE, creado por Ley Nº 28740.

De la misma manera , este Decreto Legislativo dispone la prohibición a las universidades publicas y privadas de ofrecer Educación a Distancia relacionada con la formación inicial de profesional docente, así como cualquier otro programa no regular que conduzca a la obtención de titulo profesional o grado académico en Educación, hasta que sean acreditadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria –CONEAU, situación que tampoco se cumple y no la A.N.R. y CONAFU se hacen respetar la normatividad vigente al respecto.
3.3 El Decreto Supremo Nº 014-2008-ED que reglamenta al Decreto Legislativo Nº 998, norma los requisitos y condiciones generales a los que debe sujetarse el funcionamiento de las facultades o escuelas de Educación y otros que conduzcan a la obtención del grado académico de Bachiller o Titulo Profesional en Educación, de la misma manera reglamenta los denominados Programas Universitarios Regulares y No Regulares y dentro de estos últimos reglamenta las Complementaciones universitarias, Complementaciones pedagógicas y las denominadas Complementaciones pedagógicas y universitarias para los egresados de Institutos Superiores Tecnológicos de una duración de cinco (05) semestres académicos.

Esta última complementación es totalmente ilegal y arbitraria y lo que se busca subrepticiamente es el ingreso de los estudiantes de los I.S.T. a las universidades sin el requisito del Examen de Admisión para luego de matricularse efectuar la famosa y fraudulenta Convalidación de los estudios realizados en los I.S.T. de modo que los grandes ganadores de este negocio pseudoacadémico son los dueños de los I.S.T. privados, como de las universidades privadas que son los mismos.
3.4 El artículo 14 de la Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, que dispone articulación con las universidades con la finalidad de efectuar “convalidaciones académicas” entre cursos y/o asignaturas del Plan de Estudios de los Institutos Superiores Tecnológicos con los créditos universitarios de las asignaturas que se desarrollan en las Universidades, es INCONSTITUCIONAL como lo hemos demostrado en el análisis (2.3) debido a que este artículo contraviene el artículo 18 de la vigente Constitución Política del Perú.

3.5 La Resolución Ministerial Nº 023-2010-ED de fecha 15 de febrero del 2010, que aprueba el Plan de Adecuación de los actuales Institutos y Escuelas de Educación Superior a la Ley Nº 29394-Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, dispone que tanto las Direcciones Regionales de Educación como los Institutos y Escuelas de Educación Superior están obligadas a cumplir lo dispuesto en el denominado Plan de Adecuación aprobado por la Resolución mencionada.

En este Plan de Adecuación no se regula absolutamente nada sobre la criticada Convalidación Académica de los estudios realizados en los I.S.T con las universidades, ni tampoco sobre las admisiones fraudulentas de los alumnos de los I.S.T a las universidades.

Por primera vez, se señala que en el Reglamento Institucional de los Institutos Tecnológicos, debe precisarse “el creditaje académico de cada curso o módulo del plan de estudios en cada carrera”.

Nos parece bien que se exija poner créditos a los cursos o asignaturas de los Institutos Tecnológicos, pero de ahí a pretender hacer convalidaciones académicas de cursos sin créditos con créditos universitarios, es una farsa e ilegalidad como lo pretende el Art. 14 de la Ley 29394 y los artículos 10, 12 y 13 de su Reglamento.

Hay que felicitar a la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio de Educación por la seriedad y conocimientos puestos de manifiesto en este Plan de Adecuación, el cual no ha tomado en cuenta la inconstitucionalidad de artículos denunciados de la Ley y el Reglamento de Institutos y Escuelas de Educación Superior.
3.6 La vigente Ley Universitaria Nº 23733 y la vigente Ley General de Educación Nº 28044, no tienen normatividad vigente sobre Educación a Distancia, tanto es así que el artículo 27 de la Ley General de Educación, que enuncia que la Educación a Distancia “Es una modalidad del Sistema Educativo…facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo…de acuerdo con la normatividad en la materia.”, a la fecha no ha regulado absolutamente nada, excepto los enunciados del Decreto Legislativo Nº 998 y su Reglamento
3.7 Títulos que no sirven ni para envolver pescado
El 04 de diciembre del 2009, el Presidente Alan García Pérez hizo declaraciones sobre las universidades peruanas, tuvo frases muy duras sobre las instituciones educativas, especialmente sobre las instituciones privadas, como la universidad Alas Peruanas, que esta envuelta en un conjunto de denuncias.

En sus últimas declaraciones el presidente Alan García dijo:…“entidades autónomas que no hacen absolutamente nada y expiden títulos a nombre de la Nación que no sirven “ni para envolver pescado””.

Los cartones a los cuales se refiere el Presidente son los grados y títulos otorgados por las universidades, bajo el encabezado de “A Nombre de la Nación”.

Efectivamente la educación superior peruana está muy venida a menos, debido a la irresponsabilidad de sus autoridades y a la falta del control y gestión, no sólo del Ministerio de Educación, sino de la Asamblea Nacional de Rectores (A.N.R), CONAFU, Contraloría General de la República, INDECOPI, entre otras instituciones públicas.

IV.-RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS:
4.1 En vista de la triada de normas legales que regulan la actual creación y funcionamiento de Escuelas de Educación Superior distorsionando la naturaleza, objeto, objetivos y funcionamiento de estas instituciones debe dictarse una nueva norma que aclare las contradicciones mutuas que se encuentran en las Leyes Nº 29394, Decreto Legislativo Nº 998 y la vigente Ley Universitaria Nº 23733.
4.2 La Asamblea Nacional de Rectores debe exigir a su órgano autónomo CONAFU, para que acate y cumpla adecuadamente los alcances del Decreto Legislativo Nº 998, en cuanto a la prohibición de autorizar la creación y funcionamiento de Facultades de Educación, mientras no sean acreditadas por el CONEAU, órgano operador del SINEACE creado por ley 28740.

Debe tenerse en cuenta que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) acaba de publicar recién el domingo 7 de febrero del año en curso los Estándares para la Acreditación de los Programas No Regulares de Educación en separata especial, el cual según ellos tiene 03 dimensiones, 09 factores, 16 criterios, 95 estándares y 118 indicadores de gestión.

Lo que sorprende es que estos estándares o requisitos para la Acreditación de los Programas no Regulares de Educación, no son, a la fecha, exigidos por el CONAFU, el cual está obligado por el artículo 4º y 7º del Decreto Supremo Nº 014-2008 que reglamenta al Decreto Legislativo Nº 998 que busca impulsar la mejora de la calidad de la formación docente.

Al respecto el artículo 4º dispone que “En la evaluación de los proyectos de nuevas universidades…el CONAFU tomará en cuenta los estándares de acreditación aprobados por el CONEAU.” Y el artículo 7º dispone que “Si en la universidad cuyo funcionamiento definitivo se autoriza el funcionamiento de una facultad, escuela, filial o programa de educación, el CONAFU señalará expresamente en la resolución de reconocimiento…que se cumple con los estándares de acreditación establecidos por el CONEAU para la carrera de Educación”, situación que el CONAFU a la fecha no cumple.

4.3 Debe hacerse una Demanda Constitucional de Acción Popular con la finalidad de dejar sin efecto el artículo 2, inciso b) del Decreto Supremo Nº 014-2008-ED.

La demanda de Acción Popular debe buscar que la normatividad relacionada a la Complementación Pedagógica y Universitaria dirigida a los egresados de los Institutos Superiores Tecnológicos, sea declarada ilegal por no ajustarse a derecho.
4.4 También debe hacerse una Demanda Constitucional de Acción Popular con la finalidad de dejar sin efecto los artículos 10,12 y 13 del Reglamento de la Ley Nº 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, la cual en su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 04-2010-ED, publicado el reciente 26 de enero del 2010, regula arbitraria e ilegalmente sobre una supuesta articulación (convalidación académica) que lesiona y vulnera a la Constitución Política del Perú, la vigente Ley Universitaria y al mismo Decreto Legislativo Nº 998.

4.5 Para evitar las contravenciones y contradicciones que se dan frecuentemente en la Educación Superior Universitaria y No Universitaria es tiempo ya de normar una nueva Ley General de Educación Superior que contenga:



  1. A los Institutos Superiores Tecnológicos

  2. A las Escuelas de Educación Superior

  3. A las Universidades publicas y privadas

  4. A las Escuelas de Post Grado


Es conveniente que se regulen estadíos comunicantes de movilidad académica superior, de modo que un estudiante de Instituto Superior Tecnológico pueda avanzar de a) a b), c) y d) a través del cumplimiento de un creditaje académico previamente regulado.
4.6. Es conveniente dar una nueva Ley Universitaria, en vista de que la actual de 1983 se ha quedado estancada en el tiempo, por el devenir de la ciencia y tecnología y por el avance de la globalización económica.

Lima, Febrero del 2010

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MG. VICTOR JUBER MOSCOSO TORRES

DNI: 08263996

- Abogado y profesor universitario

- Profesor de Pre y Post Grado de Universidades Públicas y Privadas.

- Mg. en Administración de la Educación Universitaria .U.N.M.S.M.

- Doctorado en Derecho y Ciencia Política U.N.M.S.M

- Egresado del CAEM. Promoción XXXIII

  • Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, Tacna- Moquegua y Ayacucho.

  • Consultor de la Oficina de Coordinación y Supervisión Regional del Ministerio de Educación.

  • Consultor del Gobierno Regional de Lima Provincias, en la Reorganización de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias y las 09 UGELES.

  • Presidente de la Academia Peruana de Magísteres en Administración de la Educación Superior. APMADES

  • Actual Director de Proyección Social de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal.


VJMT/ malm




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