Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\641)






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títuloSentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\641)
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B) El recurrente, a lo largo del proceso admitió haber transportado el estupefaciente en el interior de su cuerpo.
Los agentes intervinientes dieron cuenta en el acto del plenario de las diligencias practicadas así como las manifestaciones del acusado.
En el marco de la prueba documental se dio por reproducido el informe analítico de la sustancia intervenida y que resultó ser 1.032,139 gramos de cocaína con una riqueza base del 73,7%.
C) Acorde con la fundamentación jurídica de la resolución recurrida, se confirma la existencia de prueba de cargo y suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia que asistía al recurrente, al constar, junto al dato objetivo de la intervención de la sustancia cuyo análisis pericial consta unido a las actuaciones; su reconocimiento de los hechos y las manifestaciones de los agentes intervinientes que de forma conteste describen el resultado de su intervención; teniendo declarado la constante Jurisprudencia de esta Sala II que las declaraciones de los agentes de policía prestadas con las garantías propias de la contradicción, inmediación y publicidad, es prueba hábil y suficiente parar desvirtuar la presunción de inocencia, correspondiendo su valoración -en contraste con las demás pruebas- al Tribunal de instancia (STS 2 de diciembre de 1998 [RJ 1998, 10080]).
Y habiéndose practicado la prueba con estricta observancia de la legalidad vigente, el Tribunal formó su íntima convicción conforme a las normas de la lógica y máximas de experiencia, afirmando la realidad de los hechos, y la participación en los mismos del recurrente, mediante un razonamiento que no cabe reputar de irracional ilógico o arbitrario.
En consecuencia, al afirmarse la existencia de prueba de cargo y suficiente, se hace incompatible con el mantenimiento de la presunción de inocencia por lo que el motivo articulado, carente, manifiestamente de fundamento, incurre en la causa de inadmisión del artículo 885.1º de la LECrim.
TERCERO El tercer motivo se funda en el artículo 849.1º de la LECrim y denuncia aplicación indebida del artículo 368, 369.3º y 376 del CP, al no haber tenido en consideración el Juzgador, «la actitud de franca y espontánea colaboración» del recurrente.
A) La Jurisprudencia de esta Sala II (STS de 16 de junio de 1999 [RJ 1999, 5647]) tiene afirmado que el art. 376 del CP, de nueva creación y aplicable únicamente a los delitos de tráfico de drogas comprendidos en los artículos 368 a 372, tiene como primera característica la de que su aplicación queda al libre arbitrio de Jueces y Tribunales en cuanto en él se emplea la palabra «podrán», sin perjuicio de que cuando lo acepten han de motivarlo debidamente en la sentencia. Aparte de ello, de su interpretación lógica se infiere que para desgravar en uno o dos grados la pena que corresponde al delito, se requieren tres requisitos o tipos de actividades que debe realizar el imputado y que tienen un carácter conjunto, es decir, es necesario que se produzcan todas ellas ya que la norma está redactada de forma copulativa y no disyuntiva cuando se emplea la conjunción «Y», y tales son: abandonar voluntariamente las actividades delictivas, presentarse a las autoridades confesando los hechos y colaborar activamente con éstas. Aunque, eso sí, las finalidades que pueden pretenderse con esa actitud colaboradora pueden ser diferentes y no es necesario que se conjuguen todas bastando sólo una de ellas, que se describen de este modo: impedir la producción del delito, obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.
B) En el relato de hechos probados, del que necesariamente se ha de partir dada la vía casacional utilizada, no sólo está lejos de la filosofía que contiene el tan repetido artículo 376, sino que nada tiene que ver con él, pues el recurrente no abandonó voluntariamente su actuar delictivo, sino que fue la intervención policial la que permitió descubrir que él mismo transportaba la droga intervenida.
Por lo que no respetando el relato de hechos probados, el motivo incurre en la causa de inadmisión del artículo 884.3º de la LECrim, y ante la ausencia manifiesta de fundamento en el artículo 885.1º del mismo texto.
CUARTO El cuarto motivo se ampara en el artículo 849.1º de la LECrim y denuncia inaplicación indebida de los artículos 21.4º y 6º del CP, al no haber apreciado la atenuante analógica de arrepentimiento espontáneo en la conducta del acusado y que debió ser apreciada como cualificada «habida cuenta de la cooperación activa del acusado de manera inmediata desde el primer momento y antes de conocer que el procedimiento judicial se dirigía contra él».
A) Esta Sala II exige como circunstancia necesaria para apreciar la circunstancia a que se refiere el motivo el requisito cronológico de confesar antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, requisito que no se cumple en el caso, dado que las confesiones del recurrente afirmando que la sustancia estupefaciente se la había entregado un tal «Alexis» al que tenía que llamar a Brasil y que sería el encargado y hacerse cargo de la droga facilitando el número de teléfono móvil y unas características físicas del referido, se hicieron después de ser detenido por la Policía. De esta exigencia no cabe prescindir apreciando la atenuante como analógica, ya que ésta sólo cabe en presencia de circunstancias con análoga significación, es decir, en cuanto supongan menor antijuridicidad del hecho o menor culpabilidad del sujeto, de modo semejante a la atenuante nominada de que se trate, pero no es un expediente que sirva para crear atenuantes incompletas, y aún menos para su apreciación como muy cualificadas, haciendo irrelevante la concurrencia de un requisito exigido en la Ley para su valoración como atenuante (STS de 10 de marzo de 2000 [RJ 2000, 1464]).
B) Por tanto no concurren ni el elemento de temporaneidad anterior al conocimiento de iniciarse procedimiento penal en averiguación de los hechos, ni tampoco el contenido de lo declarado por el recurrente entraña una colaboración mínimamente relevante para atenuar su responsabilidad criminal, y mucho menos como muy cualificada.
Por lo que no respetando el relato de hechos probados donde no se contiene la existencia de ninguna razón de política criminal, ni de una menor culpabilidad que permita la apreciación de la atenuante que se postula, el motivo incurre en la causa de inadmisión del artículo 884.3º de la LECrim y ante la ausencia manifiesta de fundamento en el artículo 885.1º del mismo texto.
En su consecuencia procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
PARTE DISPOSITIVA

La Sala acuerda:
No haber lugar a la admisión del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
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