Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\641)






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Entendemos que la duda debe resolverse a favor de la no concurrencia de la exención y ello por las siguientes razones:
1º) Porque el art. 24 de la LGT (RCL 1963, 2490; NDL 15243) (en su redacción entonces vigente) ya previene que «no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de ..las exenciones o bonificaciones», lo que equivale a una interpretación restrictiva o cuanto menos «estricta» que impide extender sus efectos a supuestos en los que, a pesar de que la lógica invite a entenderlos comprendidos en la exención, realmente no están mencionados en ella. Así pues, pese a que se diga que no se aplica la analogía, lo cierto es que las interpretaciones que extienden la exención del art. 48.I b) 7 a supuestos no directamente referidos a la transmisión de terrenos para su aportación a Juntas de Compensación, son interpretaciones analógicas o extensivas.
2º) Es cierto que la finalidad de la exención es el no hacer tributar aquellas operaciones jurídicos-registrales que se deriven directamente de la ejecución de un planeamiento urbanístico y que por tanto quedan exentas las operaciones de aportación de los terrenos a la Junta, la cesión obligatoria de terrenos a la Administración o la posterior adjudicación de los solares resultantes de la actuación, pero nada nos conduce a interpretar que las operaciones previas o preparatorias para la posterior aportación, queden exentas. Si lo que debe aportarse a la Junta de Compensación no es una íntegra finca, deberá efectuarse una segregación previa, pero la norma sólo limita la exención a la concreta operación de la aportación de la finca, con independencia de si ésta ya fuese una unidad registral o si fue preciso su segregación. Estas operaciones son anteriores a la actuación urbanística y por tanto no protegidas por la exención. En consecuencia, debe entenderse que la exención lo es exclusivamente -tal como previene la norma- para no hacer tributar aquellas operaciones de ejecución del planeamiento y ello comprende exclusivamente las operaciones de «intercambio» aportación de terrenos, las operaciones internas (agregación, segregación, agrupación) y la posterior adjudicación de los terrenos, pero no las anteriores. Se entiende que en estas actuaciones lo que se produce es una sustitución del objeto del derecho de propiedad a consecuencia del procedimiento de ejecución urbanística, sin que se dé realmente una transmisión, pero la segregación previa de una finca es acto previo e independiente de la actuación urbanística de variación del objeto del derecho de propiedad.
3º) La referencia del art. 48.I b) 7 a las «transmisiones», excluye su aplicación a la ITPyAJD en su modalidad de actos jurídicos documentados. No entenderlo así, implica el uso del criterio analógico proscrito para las exenciones.
Controversia análoga es la que se plantea con respecto a la exención aplicable a los préstamos y resuelta en el sentido de que la relación de exenciones no son aplicables a las tres modalidades del impuesto, sino a la que proceda «en cada caso». Pues bien, en nuestro caso, sólo se mencionan las transmisiones.
Por todo ello, debe confirmarse el criterio del TEAR en cuanto al argumento principal [aplicación de la exención del art. 48.I b) 7 del Texto Refundido del Impuesto].
TERCERO Retroacción para práctica de nuevas comprobaciones de valores, debidamente motivada
Se invoca el argumento de la imposibilidad legal de realizar una nueva comprobación de valores, una vez anulada la anterior. Dicha doctrina se fundamenta en diversas sentencias del TSJ de Valencia en dicho sentido.
Si bien es cierto que el TS en su reciente sentencia de 10-3-2001 (RJ 2001, 5301) no pudo pronunciarse expresamente (por razones de inadmisibilidad del recurso) sobre las tesis de las sentencias del TSJ de Valencia que se recurrían en casación, no podemos sino tener en consideración que el mismo TS en sentencias de 8 (RJ 1996, 8464) y 29 de noviembre de 1996 (RJ 1996, 8476)en recursos de casación para unificación de doctrina, ya indicó que la falta de motivación suficiente es un defecto formal que a lo que da lugar es a la retroacción de actuaciones para que se motive suficientemente, con lo cual no se puede hablar de nulidad radical.
La posterior STS de 29-12-1998 (RJ 1999, 559) no puede ser más clara en este sentido:
Tercero.-El primer motivo del recurso de casación seguido contra la sentencia referida consiste en sostener que dicha sentencia infringe el artículo -48 de la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (RCL 1992, 2512 y 2775; RCL 1993, 246) (sic), puesto que la sentencia recurrida desestimó el recurso interpuesto al entender -Fundamento Jurídico Tercero- «al amparo del artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que le es de aplicación al caso la doctrina de la nulidad o anulabilidad, y por consiguiente no cabe extinguir el derecho a comprobar (...)», la tesis que mantiene el recurrente es que no se trata de una cuestión de nulidad o de anulabilidad, sino simplemente que como la Administración no probó el valor comprobado, se extinguió su derecho a tal comprobación.
La Sala no comparte en absoluto esta peregrina doctrina. Nos hallamos ante un acto administrativo de valoración de un inmueble llevada a cabo por un perito de la Administración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121, apartado 2 de la Ley General Tributaria (RCL 1963, 2490; NDL 15243), y de acuerdo con una doctrina jurisprudencial reiterada hasta la saciedad, debe ser motivada, expresando el modelo o criterios valorativos utilizados, y los datos precisos para que el interesado pueda discrepar si lo considera pertinente, de manera que si no se cumplen estos requisitos el interesado se halla indefenso, porque ante el vacío total de justificación no puede plantear una valoración contradictoria, de ahí que al amparo del artículo 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (RCL 1958, 1258, 1469 y 1504; RCL 1959, 585; NDL 24708), tal acto administrativo es anulable por indefensión, que es exactamente lo que ha mantenido la sentencia recurrida en casación.
Ahora bien, la anulación de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las formas y garantías de los interesados.
En este sentido son aleccionadores los artículos 52 y 53 de la misma Ley de Procedimiento Administrativo que disponen que «en el caso de nulidad de actuaciones, se dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites, cuyo contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse realizado la infracción origen de la nulidad, y también que la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, preceptos que llevan claramente a la idea de que los actos administrativos de valoración, faltos de motivación, son anulables, pero la Administración no sólo está facultada para dictar uno nuevo en sustitución del anulado, debidamente motivado, sino que está obligada a ello, en defensa del interés público y de los derechos de su Hacienda».
Por ello, debe entenderse que el vicio de anulabilidad derivado de la falta de motivación permita perfectamente una retroacción que esta misma Sala ha acordado en numerosas sentencias en que se aprecia falta de motivación en la valoración.
CUARTO Prescripción
Entiende la recurrente que entre la fecha de 10.08.1993 en que finalizaba el período voluntario de la liquidación, y la fecha en que se practique la próxima comprobación -en sustitución de la anulada-, habrán transcurrido con exceso el plazo de los 5 años de prescripción (art. 64 LGT), ahora cuatro años.
No obstante, el mecanismo de la «retroacción» como consecuencia de la anulación de un acto y para su posterior formulación conforme a derecho, implica el restablecimiento de la situación al momento a que se acuerda la retroacción, sin que entretanto corra el plazo de la prescripción.
Pero es que además, la LGT previene [art. 66.1 b) en su redacción actual] que los plazos de prescripción se interrumpen «por la interposición de reclamaciones o recurso de cualquier clase», por lo que durante el transcurso de los recursos, reclamaciones económico-administrativas y recursos jurisdiccionales, no corre el plazo de prescripción. Por todo lo anterior, debe desestimarse el recurso.
QUINTO Costas procesales
No se aprecia ninguno de los motivos que, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741), obligue a hacer una expresa imposición de costas procesales, por lo que se estima adecuada su no imposición.
Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
PRIMERO Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo
SEGUNDO Que declaramos adecuados al ordenamiento jurídico los actos administrativos impugnados y, en consecuencia, los confirmamos.
TERCERO No se hace expresa declaración en cuanto a costas procesales.
Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario.
Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.-Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. Fernando Socías Fuster que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El Secretario, rubricado.

RJ 2001\2933

Auto Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 20 abril 2001

Jurisdicción: Penal

Auto de Inadmisión núm. 804/2000-P.

Ponente: Excmo. Sr. D. Joaquín Delgado García.

RECURSO DE CASACION: Carencia manifiesta de fundamento: inadmisión.DERECHO DE DEFENSA Y A LA ASISTENCIA DE LETRADO: vulneración inexistente: sometimiento voluntario a exploración radiológica sin la asistencia de abogado.TRAFICO DE DROGAS: Abandono voluntario de la actividad delictiva: requisitos; inexistencia: detenido en aeropuerto cuando transportaba droga en su cuerpo.CONFESAR LA INFRACCION A LAS AUTORIDADES: Por analogía: inapreciable: facilitar ciertos datos una vez detenido portando droga.

El TS declara no haber lugar a la admisión del recurso de casación interpuesto por Luis Felipe S. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 2ª) en causa seguida contra el mismo por delito contra la salud pública de tráfico de drogas.
Texto:
En la Villa de Madrid, a veinte de abril de dos mil uno.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Dictada Sentencia por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 2ª, en Autos núm. 2736/1999, por delito contra la salud pública, se interpuso Recurso de Casación por Luis Felipe S. mediante la presentación del correspondiente escrito por la Procuradora de los Tribunales señora T. R.
SEGUNDO En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Por la representación procesal del recurrente, condenado por sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias gravemente nocivas para la salud y en cuantía de notoria importancia de los artículos 368 y 369.3º del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777), sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de nueve años y un día de prisión, multa y accesorias, se formalizó recurso de casación en base a cuatro motivos: por vulneración del derecho de defensa y a la asistencia letrada, por infracción del derecho a la presunción de inocencia, aplicación indebida de los artículos 368, 369.3º y 376 del CP e inaplicación indebida de los artículos 21.4º y 6º del CP.
El primero se ampara en el artículo 5.4 de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375), por vulneración del derecho de defensa y a la asistencia letrada, con infracción de los artículos 17.3 y 24.2 de la CE (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875), al no tener en consideración el Juzgador que el recurrente no fue asistido de letrado cuando se le practicó la radiografía que permitió descubrir en el interior de su cuerpo la existencia de las cápsulas que transportaba, ni fue informado previamente a dicho examen de sus derechos.
A) Del examen de las actuaciones resulta que el recurrente llegó al aeropuerto de El Prat de Llobregat procedente de un vuelo de Río de Janeiro, por la fuerza actuante se recabó autorización para ser sometido a un examen radiológico, accediendo a ello voluntariamente, detectándose a raíz del mismo la presencia de múltiples cuerpos extraños en el interior de su organismo, procediéndose a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública e instruido de sus derechos se procedió a trasladarlo a un centro sanitario donde evacuó 77 cuerpos extraños conteniendo en total 1.032,139 gramos de cocaína.
B) Esta Sala en Pleno no jurisdiccional de 5 de febrero de 1999, declaró que para la práctica de una prueba radiológica, verificada voluntariamente, no se precisa la presencia de Letrado, si el presunto acusado no se halla en la situación de detenido, criterio mantenido en Sentencias, entre otras, de fecha 6 de julio de 1999 (RJ 1999, 6201), 24 de enero de 2000 (RJ 2000, 209).
C) No procede, pues, acoger la tesis del recurrente, ya que no se ha acreditado la ausencia de consentimiento por parte de aquél para la práctica de la prueba radiológica a que fue sometido, sino al contrario, ha quedado probado que aquél voluntariamente accedió a la realización de dicha prueba, pues del resto de la prueba practicada se deduce que prestó su consentimiento a la invitación que se le hizo para someterse a tal prueba radiológica, lo que desvirtúa esa pretendida nulidad. Además, cuando tal se realizó no tenía la condición de detenido por lo que la asistencia letrada que se reclama «a posteriori» no era necesaria de modo alguno, siendo inatendible el que por la simple alegación de haberse conculcado unas determinadas garantías, sin pruebas evidentes de ello, se llegue a la impunidad de hechos tan graves y dañinos para la sociedad como son los de tráfico de drogas, sobre todo, como ocurre en el presente caso, de delitos que por sus características tienen la cualidad de flagrantes (STS de 9 de febrero del 2000 [RJ 2000, 425]).
Por lo que no existiendo la infracción denunciada, el motivo, ausente manifiestamente de fundamento incurre en la causa de inadmisión del artículo 885.1º de la LECrim.
SEGUNDO El segundo motivo se basa en el artículo 5.4 de la LOPJ, por infracción del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2º de la CE, al considerar que son nulas las pruebas practicadas, por lo que no ha quedado acreditado la perpetración del delito por el que resultó condenado.
A) La Jurisprudencia de esta Sala II tiene declarado reiteradamente que el ámbito del conocimiento de la Sala de casación en relación al derecho a la presunción de inocencia, se centra exclusivamente en la constatación de prueba de cargo, esto es, en los aspectos fácticos relativos al delito imputado y a la participación en ellos del acusado, quedando extramuros de la casación la valoración que haya efectuado la Sala sentenciadora, valoración que en exclusiva sólo le corresponde a aquélla en virtud de la inmediación y contradicción que tuvo, como se recuerda en el art. 741 LECrim (STS de 10 mayo de 1999 [RJ 1999, 4970]). La presunción de inocencia sólo puede aceptarse cuando de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, bien por falta de pruebas, bien por haber sido obtenidas éstas de manera ilícita, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas de cargo o simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria (STS 25 mayo de 1999 [RJ 1999, 5254]).
Y la inferencia del destino al tráfico en este delito es un juicio de valor sobre el elemento subjetivo del injusto que como expresión del resultado de un proceso de valoración deductiva, opera sobre intenciones inferibles de datos objetivos probados y queda fuera del ámbito de protección de la presunción de inocencia (STS de 2 abril de 1998 [RJ 1998, 3764]).
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