Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\641)






descargar 220.16 Kb.
títuloSentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\641)
página7/9
fecha de publicación20.03.2017
tamaño220.16 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Es verdad que, como se ha dicho antes, esta Sala no puede tomar en consideración lo que aparezca en el acta del juicio oral para modificar o completar los hechos declarados probados, al haberse formulado el recurso únicamente por la vía del apartado b) del artículo 846 bis c); pero sí puede considerar las circunstancias que, aunque no mencionadas en el relato de hechos probados, sí fueron expresamente tenidas por ciertas por el Jurado en la motivación del veredicto, puesto que el veredicto, como unidad, forma parte a su vez de la unidad de la sentencia (de ahí que a la misma haya de unirse, como exige el artículo 70.3 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado [ RCL 1995, 1515] , el «acta del Jurado»), según ya tuvo ocasión de decir esta Sala en su Sentencia de 14 de enero de 2000 ( ARP 2000, 425) , y reiterar en la de 12 de mayo del mismo año ( JUR 2000, 310999) , conforme a la cual «el veredicto ha de estimarse como parte integrante de la propia sentencia, o cuando menos, y como se tiene establecido por la doctrina científica, conformando una y otro una unión inescindible, por lo que, en consecuencia, nunca podrá prescindirse de la totalidad de lo mantenido en dicho veredicto». Y así, del mismo modo que, aunque excepcionalmente y sólo en beneficio del reo se ha admitido, como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2000 [ RJ 2000, 6229) , «la complementariedad del hecho probado con las afirmaciones fácticas deslizadas a lo largo de los fundamentos jurídicos de la sentencia», del mismo modo, decimos nosotros, ha de admitirse la posibilidad de completar, aunque nunca en perjuicio del reo, el relato de hechos probados con las afirmaciones fácticas deslizadas en la motivación del veredicto. Lo que no es admisible, naturalmente, es el planteamiento propuesto por las acusaciones pública y particulares en el acto de la vista ante esta Sala, que incurre en el vicio de respetar escrupulosamente el relato de hechos probados en lo que perjudica al acusado (en particular, de la falta de alusión expresa en la parte referida a hechos probados deducen que la navaja sólo apareció en el momento final de la agresión) y completarlo, sin embargo, con hechos que pudieran ser perjudiciales (que una vez decaída la primera agresión por huida de la víctima, volvió y fue sobrevenidamente objeto de una «emboscada»).
Quiere esta Sala insistir, para disipar confusiones, en que con su pronunciamiento no está en realidad procediendo a una valoración de las pruebas diferente a la realizada por el Tribunal del Jurado, sino que está censurando la noción jurídica de alevosía que ha sido utilizada en la sentencia apelada. No discute, pues, la Sala, que los agresores acorralasen a la víctima, ni que la puñalada se asestara por la espalda, ni tampoco que en ese momento se encontrase indefensa. Se está diciendo que tales hechos no conducen necesariamente a la calificación de la conducta del acusado como alevosa, por cuanto ésta debe valorarse jurídicamente desde el principio y globalmente, es decir, desde el momento en que surge el ánimo homicida; y así, respetando escrupulosamente tales hechos probados, pero completándolos con las circunstancias de hecho aludidas por el Jurado en la motivación del veredicto, se llega a la conclusión de que la calificación de los hechos como asesinato conculca la noción jurídica de alevosía, tal y como viene descrita en la doctrina jurisprudencial que hemos trascrito.
QUINTO Sí ha de estimarse como concurrente la agravante de abuso de superioridad, deducida del hecho de que desde el principio existió una desproporción de medios y fuerzas en favor del bando agresor que facilitó la consecución del resultado buscado, y que fue, ahora sí, buscada de propósito o al menos aprovechada conscientemente. Tal desproporción no tuvo la intensidad suficiente como para constituir alevosía (pues, como se ha dicho, no hubo propiamente indefensión de la víctima, sino sólo una «disminución notable» de sus posibilidades de defensa sin llegar a eliminarlas), pero sí permite la apreciación de esta «alevosía menor», como es denominada la agravante de abuso de superioridad.
Como reiteradamente ha recordado esta Sala en sentencias de 7 de noviembre de 1998, 30 de enero de 1999 ( ARP 1999, 2965) , 19 de junio de 1999 ( ARP 1999, 2538) , 12 de mayo de 2000 ( JUR 2000, 310999) , 5 de octubre de 2001 ( JUR 2002, 47535) y 11 de abril de 2003, «es doctrina uniforme del Tribunal Supremo que el principio acusatorio no impide la apreciación de la circunstancia de abuso de superioridad regulada en el artículo 22.2ª del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) a pesar de no haber sido pedido por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular, cuando sí se hubiese pedido, sin estimarse, la apreciación de la circunstancia, más grave de alevosía, lo que se justifica en la homogeneidad del fundamento de ambas agravantes y la menor entidad del abuso de superioridad, que es considerada como una alevosía menor o de segundo grado ( sentencias del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1997 [ RJ 1997, 5338] , 13 de abril de 1998 [ RJ 1998, 3771] , 18 de junio de 1998 [ RJ 1998, 5384] , 17 de noviembre de 2000 [ RJ 2000, 9295] , 28 de diciembre de 2000 [ RJ 2001, 257] , 19 de diciembre de 2002 [ RJ 2002, 10776] , entre otras).
SEXTO La consecuencia de todo lo razonado es que ha de estimarse el recurso de apelación, absolviendo al recurrente del delito de asesinato, y condenándolo como autor de un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad. Considerando lo dispuesto por el apartado tercero del artículo 66 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) en orden a la concreción de la pena, así como la circunstancia de la relación de parentesco colateral entre agresor y víctima, procede la imposición de la de trece años y nueve meses, que es la que se sitúa en medio de la mitad superior de la pena correspondiente al delito de homicidio.
SEPTIMO Al no apreciarse mala fe o temeridad en ninguna de las partes, han de declararse de oficio las costas causadas en esta alzada.
Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación al caso, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente
FALLO

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado frente a la sentencia dictada con fecha 8 de abril de 2003 ( JUR 2003, 159399) por el Iltmo. Sr. Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, en el ámbito de la Audiencia Provincial de Sevilla, y cuyo fallo consta en el cuarto de los antecedentes de hecho de la presente, debemos revocar y revocamos parcialmente la mencionada sentencia, absolviendo al acusado del delito de asesinato y condenándolo por el delito de homicidio con abuso de superioridad a la pena de trece años y nueve meses, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, manteniendo incólumes el resto de los pronunciamientos de la referida sentencia, y declarando de oficio las costas causadas en esta apelación.
Notifíquese la presente sentencia, de la que se unirá certificación al correspondiente rollo de esta Sala, a las partes, instruyéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que, en su caso, deberá prepararse ante esta Sala de lo Civil y Penal en el término de cinco días a partir de la última notificación de la misma, y, una vez firme, devuélvanse los autos originales al Iltmo. Sr. Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado que dictó la sentencia apelada, con testimonio de la presente resolución y, en su caso, de la que pudiera dictarse por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y el correspondiente oficio para ejecución y cumplimiento de lo definitivamente resuelto.
Así por esta sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

JT 2002\373

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Baleares núm. 19/2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 4 enero

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso contencioso-administrativo núm. 87/2000.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Socias Fuster.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS: Actos jurídicos documentados: exenciones: transmisiones de terrenos a juntas de compensación y adjudicaciones de solares posteriores: alcance de la exención: aplicación únicamente a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas: aplicación al gravamen sobre actos jurídicos documentados que grava los documentos públicos en los que se materializa la segregación improcedente.TRIBUTOS-GESTION: Comprobación de valores: ITPyAJD: supuestos: anulación del inicial acuerdo de comprobación por falta de motivación: efectos: no extingue el derecho de la Administración para practicar una nueva comprobación de valores: obligación de practicarla durante el plazo de prescripción: procedencia.

El Tribunal Económico Administrativa Regional de las Islas Baleares dictó Resolución en fecha 30-11-1999 desestimatoria de la reclamación económico-administrativa interpuesta por la entidad mercantil «Nou Bellpuig, SL» contra expediente de comprobación de valores por liquidación de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.El TSJ de las Islas Baleares desestima el recurso contencioso-administrativo promovido por la recurrente contra la Resolución impugnada.
Texto:
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares los autos núm. 87/2000, dimanantes del recurso contencioso-administrativo seguido a instancias de Nou Bellpuig, SL, representado por el Procurador doña Sara T. A. N. y asistido del Letrado don R. Z. F.; y como Administración demandada la General del Estado, representada y asistida por el Abogado del Estado; interviniendo como codemandada la Comunidad Autónoma de Illes Balears representada y asistida de Letrado de sus Servicios Jurídicos.
Constituye el objeto del recurso la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional en Illes Balears, de fecha 30-11-1999, dictada en expte. núm. 989/1998, por medio de la cual se desestima la reclamación formulada contra la resolución de la Consellería de Economía i Hisenda del Govern Balear, de fecha 30-4-1998, que estima en parte un recurso de reposición contra el resultado del expediente de comprobación de valores núm. 909/1997, por liquidación del ITPyAJD derivada de escritura de segregación de fecha 6-7-1993, para aportar la parte segregada a la Junta de Compensación del Polígono IV del Sector de Illetes III.
La cuantía se fijó en indeterminada pero cuantificable en cantidad inferior a 25.000.000 de ptas.
El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario.
Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Socias Fuster, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741), se le dio traslado procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo y anunciar su incoación mediante edictos publicados en el Boletín Oficial de esta Comunidad Autónoma.
SEGUNDO Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrarios al ordenamiento jurídico, los actos administrativos impugnados.
TERCERO Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.
CUARTO No recibido el pleito a prueba y declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, se señaló para la votación y Fallo, el día 3-1-2002.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Planteamiento de la Cuestión Litigiosa
Como antecedentes fácticos, merece recordar:
1º) Que en fecha 6-7-1993 se otorgó escritura pública en virtud de la cual, la entidad demandante Bellpuig, SA, procedió a segregar de una finca de su propiedad, una parcela de terreno de 5.000 m2 para su aportación a la Junta de Compensación «Polígonos IV del sector Illetas y II, zonas 4 y 5 del sector Portals Nous», aclarando que por error no se había integrado en la escritura de constitución de la Junta de Compensación.
2º) Presentada autoliquidación al tipo 0,5% por el ITPyAJD en su modalidad de AJD, con un valor declarado de 5.000.000 de ptas. la Oficina Gestora instruyó expediente de comprobación de valores, fijando un valor comprobado de 23.470.000 ptas.
3º) Contra el mismo se interpone recurso de reposición al entenderse que la operación quedaba exenta del impuesto por efecto de lo previsto en el art. 48.I b) 7 del Texto Refundido del Impuesto (RDLeg 3050/1980, de 30 de diciembre [RCL 1981, 275 y 651; ApNDL 7268]) y, subsidiariamente, falta de motivación de la valoración.
4º) La Oficina Gestora, mediante acuerdo de 30-4-1998, estimó en parte el recurso de reposición. Concretamente entendió que la operación estaba sujeta y no exenta del ITPyAJD, pero remitió nuevamente el expediente para efectuar valoración correctamente motivada.
5º) Interpuesta reclamación económico-administrativa, se insiste en la aplicación de la exención y subsidiariamente, la imposibilidad de nueva valoración.
6º) El TEAR desestimó la reclamación mediante el acuerdo aquí impugnado.
La recurrente fundamenta su demanda en los siguientes argumentos:
1º) Que la segregación documentada en la escritura pública de fecha 6-7-1993 está exenta del ITPyAJD, en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados, en aplicación de lo previsto en el art. 48.I b) 7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto (RDLeg 3050/1980, de 30 de diciembre).
2º) Subsidiariamente, no cabe practicar nueva comprobación de valores, una vez anulada la ya practicada en su día.
3º) Subsidiariamente, prescripción de la actividad inspectora.
SEGUNDO Interpretación del art. 48.I b) 7 del texto Refundido de la Ley del ITPyAJD
Admitido que la segregación de fincas está sujeta al ITPyAJD por la modalidad de actos jurídicos documentados, por el concepto de documentos notariales ya que el art. 28 del Texto Refundido del Impuesto en relación con el art. 31 del mismo así lo prevé, la duda se concreta en si le es de aplicación la exención prevista en el repetido art. 48.I b) 7.
El indicado precepto, referido a la fecha en que se otorgó la escritura, contenía la siguiente redacción
Artículo 48
Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a que se refiere el art. 1 de la presente Ley serán los siguientes:
I)
B) Estarán exentas:
(...)
«7. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación inicial a las Juntas de Compensación por los propietarios del polígono y las adjudicaciones de solares que se efectúen a los propietarios citados, por las propias Juntas, en proporción a los terrenos incorporados.
Los mismos actos y contratos a que dé lugar la reparcelación en las condiciones señaladas en el párrafo anterior.
Esta exención estará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos urbanísticos».
La discrepancia, de pura interpretación jurídica, radica en determinar si la segregación previa a la aportación de la porción segregada a la Junta de Compensación, queda comprendida con la exención o si, por el contrario se entiende que la exención afecta únicamente a la transmisión consistente a la aportación a la Junta de Compensación.
Si negar que la interpretación es dudosa y que ciertamente algunas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia (STSJ Cataluña de 17-9-1995 [JT 1995, 1087] y de La Rioja de 23-7-1998 (JT 1998, 1048]) lo interpretan de modo que contemple las operaciones previas o preparatorias -como la segregación que nos ocupa-, no es menos cierto que también existen interpretaciones contrarias (STSJ Navarra de 4-2-2000 [JT 2000, 425] o de Madrid de fecha 26-1-1995 [JT 1995, 41]).
1   2   3   4   5   6   7   8   9

similar:

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconTribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo,...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconSentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Sala especial del art. 61...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconTribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,...
«sucesivos tramos de autopista» comprende ampliaciones y mejoras. Obligación de la concesionaria de efectuar una proposición con...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconA la sala de lo penal del tribunal superior de justicia de

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconA la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconLa Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconSuplemento boe gallego 11/2003, de 1 de septiembre de 2003

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconTribunal superior de justicia de andalucia

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconTribunal superior de justicia de andalucíA

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconSentencia Tribunal Supremo núm. 64/1998 (Sala de lo Civil), de 5 febrero rj 1998\ 405
«Silex Media, sl y Cía. Sociedad en comandita», como autores de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de don Enrique M....






© 2015
contactos
ley.exam-10.com