Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\641)






descargar 220.16 Kb.
títuloSentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\641)
página5/9
fecha de publicación20.03.2017
tamaño220.16 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Como ya hemos adelantado, no parece existir inconveniente alguno para que esta Sala no pueda tomar en consideración las circunstancias que, aunque no mencionadas en el relato de hechos probados, sí fueron expresamente tenidas por ciertas por el Magistrado Presidente en la motivación de su sentencia, puesto que la sentencia y el veredicto, como unidad, forman parte a su vez de la unidad de la sentencia, según ya tuvo ocasión de decir esta Sala en su Sentencia de 14 de enero de 2000 ( ARP 2000, 425) , y reiterar en la de 12 de mayo del mismo año ( JUR 2000, 310999) . Y así, del mismo modo, aunque excepcionalmente y sólo en beneficio del reo, se ha admitido, como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2000 ( RJ 2000, 6229) , «la complementariedad del hecho probado con las afirmaciones fácticas deslizadas a lo largo de los fundamentos jurídicos de la sentencia».
Quiere esta Sala insistir, para disipar confusiones, en que con su pronunciamiento no está en realidad procediendo a una valoración de las pruebas diferente a la realizada por el Tribunal del Jurado, sino que está censurando la noción jurídica de alevosía que ha sido utilizada en la sentencia apelada. No discute, pues, la Sala, que el segundo y tercero disparos se efectuaran por la espalda, ni tampoco que en ese momento la víctima se encontrase indefensa. Se está diciendo que tales hechos no conducen necesariamente a la calificación de la conducta del acusado como alevosa, por cuanto ésta debe valorarse jurídicamente desde el principio y globalmente, es decir, desde el momento en que surge el ánimo homicida; y así, completando los hechos probados con las circunstancias de hecho aludidas por el Magistrado Presidente en la motivación de su sentencia, se llega a la conclusión de que la calificación de los hechos como asesinato conculca la noción jurídica de alevosía, tal y como viene descrita en la doctrina jurisprudencial que hemos transcrito.
UNDECIMO En cambio, sí ha de estimarse como concurrente la agravante de abuso de superioridad, deducida del hecho de que desde el principio existió una desproporción de medios y fuerzas en favor del agresor que facilitó la consecución del resultado buscado, y que fue, ahora sí, buscada de propósito o al menos aprovechada conscientemente. Tal desproporción no tuvo la intensidad suficiente como para constituir alevosía, pero sí permite la apreciación de esta «alevosía menor», como es denominada la agravante de abuso de superioridad.
Como reiteradamente ha recordado esta Sala -sentencias de 7 de noviembre de 1998, 30 de enero de 1999 ( ARP 1999, 2965) , 19 de junio de 1999 ( ARP 1999, 2358) , 12 de mayo de 2000 ( JUR 2000, 310999) , 5 de octubre de 2001 ( JUR 2002, 47535) y 11 de abril y 12 de septiembre de 2003-, «es doctrina uniforme del Tribunal Supremo que el principio acusatorio no impide la apreciación de la circunstancia de abuso de superioridad regulada en el artículo 22.2º del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) a pesar de no haber sido pedido por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular, cuando sí se hubiese pedido, sin estimarse, la apreciación de la circunstancia más grave de alevosía, lo que se justifica en la homogeneidad del fundamento de ambas agravantes y la menor entidad del abuso de superioridad, que es considerada como una alevosía menor o de segundo grado ( SSTS de 9 de julio de 1997 [ RJ 1997, 5838] , 13 de abril de 1998 [ RJ 1998, 3771] , 18 de junio de 1998 [ RJ 1998, 5384] , 17 de noviembre [ RJ 2000, 9295] y 28 de diciembre de 2000 [ RJ 2001, 257] , y 19 de diciembre de 2002 [ RJ 2003, 497] , entre otras)».
DUODECIMO La consecuencia de todo lo expuesto es que ha de estimarse parcialmente el recurso de apelación, absolviendo al recurrente del delito de asesinato, y condenándolo como autor de un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad, dejando subsistentes los restantes pronunciamientos de la sentencia apelada. Y considerando lo dispuesto por el apartado tercero del artículo 66 del CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) en orden a la concreción de la pena, procede la imposición de la de trece años y nueve meses de prisión, que es la que se sitúa en medio de la mitad superior de la pena correspondiente al delito de homicidio. Todo ello, con declaración de oficio de las costas causadas en esta alzada, al no apreciarse temeridad o mala fe en ninguna de las partes.
Hemos de advertir, sin embargo, con relación a las responsabilidades penales del acusado, como ya se hiciera en las sentencias de esta Sala de 16 de junio ( JUR 2000, 226868) y 14 de julio de 2000 ( JUR 2000, 302514) , 8 de marzo de 2002 ( JUR 2002, 130994) y 18 de enero, 23 de marzo y 27 de junio de 2003, que la imposición al acusado, por el delito de tenencia ilícita de armas, de una pena de dos años y dos meses de prisión, no debe llevar aneja, como accesoria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 55 CP, la de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, sino, conforme determina el artículo 56 CP, la de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, prevista para los supuestos en los que la pena principal sea inferior a diez años, que fue la impuesta por la sentencia apelada.
Si el Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de octubre de 1990 ( RJ 1990, 8200) , estimó que el hecho de imponer una pena de prisión con una extensión inferior al mínimo legalmente previsto al respecto suponía un error material y manifiesto que podía ser subsanado por medio de la aclaración establecida en los artículos 161 LECrim ( LEG 1882, 16) y 267 LOPJ ( RCL 1985, 1578, 2635) , con mucho mayor motivo habrá de estimarse así en un caso, como el de autos, en el que se impone como accesoria una pena distinta de la que preceptivamente correspondía, y cuyo tenor, pues, deberá ser corregido en esta alzada, pues, como se declaró por el propio Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de diciembre de 1989 ( RJ 1989, 9728) , advertido el error «iuris patente», la Sala no puede mantenerlo y darlo por reproducido, pues se lo veda el principio de legalidad. No puede ser óbice para ello la falta de invocación de las partes acusadoras, ni el principio prohibitivo de la «reformatio in peius», pues, como se mantuvo por el Tribunal Constitucional -SSTC 17/1989, de 30 de enero ( RTC 1989, 17) , y 40/1990, de 12 de marzo ( RTC 1990, 40) -, «la prohibición de la reforma peyorativa es una garantía de la no indefensión, incluida en el derecho protegido por el artículo 24.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) , cuyo objeto es impedir que la situación jurídica establecida en una sentencia sea modificada en perjuicio del que recurre contra ella, a no ser que exista pretensión de signo contrario dirigida a obtener ese resultado peyorativo para el recurrente o este resultado venga legitimado en la aplicación de normas de orden público», cuya recta aplicación, según la STC 202/1988, de 21 de octubre ( RTC 1988, 202) , «es siempre deber del Juez con independencia de que sea o no pedida por las partes». Fundamentalmente esta doctrina resulta aplicable a los casos en que no se trata propiamente de un pronunciamiento judicial en cuanto al fondo, en uso de la facultad jurisdiccional, sino más bien de una rectificación de un pronunciamiento que, sin margen posible de interpretación, y sin que ello comportase concesión de una petición expresamente pedida por la parte beneficiada por dicho error, ha de calificarse como incurso en un error material, como ocurre en el presente caso habida cuenta de que lo establecido en el artículo 55 CP no es una facultad concedida al sentenciador para la imposición o no de esa pena accesoria, sino, antes bien, la concreción de que con la pena de prisión «de hasta diez años» los Jueces o Tribunales, atendiendo a la gravedad del delito, podrán imponer la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, es decir, que lo que se hace es fijar uno de los efectos o consecuencias que necesariamente ha de llevar consigo una pena de tal naturaleza. No hay, pues, reforma del fallo, sino rectificación de error en el mismo, como, por otra parte, lo demuestra el hecho de que en el fundamento jurídico séptimo de la sentencia apelada, expresamente se dice que «la pena de inhabilitación absoluta está prevista como de obligatoria imposición, para delitos de la gravedad de los enjuiciados, en el artículo 55 del Código Penal».
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente
FALLO

Que estimando como estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª. Isabel Delgado Garrido, en nombre y representación del condenado en la instancia D. Gaspar, contra la sentencia dictada, en fecha 8 de abril de 2003, por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, en el ámbito de la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, en causa seguida contra el referido acusado por delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, debemos revocar y revocamos parcialmente la mencionada sentencia, absolviendo al acusado del delito de asesinato y condenándolo por el delito de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad, a la pena de TRECE AÑOS Y NUEVE MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, manteniendo incólumes el resto de los pronunciamientos de la referida sentencia, aunque, corrigiendo de oficio el error material cometido en la misma, se pronuncia que la pena de dos años y dos meses de prisión impuesta por el delito de tenencia ilícita de armas, lleva consigo, como accesoria, la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, en lugar de la en aquélla fijada, y declarando de oficio las costas causadas en esta segunda instancia.
Notifíquese esta Sentencia, de la que se unirá certificación al correspondiente Rollo de esta Sala, a las partes, en la forma prevenida en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, instruyéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que, en su caso, deberá prepararse ante esta Sala de lo Civil y Penal en el término de cinco días a partir de la última notificación de la misma.
Una vez firme, devuélvanse los Autos originales al Ilmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado que dictó la Sentencia recurrida, con testimonio de la presente resolución y, en su caso, de la que pueda dictarse por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con remisión del correspondiente oficio para ejecución y estricto cumplimiento de lo definitivamente resuelto.
Así por esta nuestra Sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente de la misma, en la audiencia pública del día de su fecha, presente yo la Secretaria; doy fe.

ARP 2003\683

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 28/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 12 septiembre

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 21/2003.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Miguel Pasquau Liaño.

ASESINATO: alevosía: inexistencia: agresión anunciada y previsible precedida de una persecución, teniendo la víctima posibilidades de evitarla: el acusado no se preocupó especialmente por encontrar la manera más segura y eficaz de conseguir la muerte: homicidio con la agravante de abuso de superioridad.PRINCIPIO ACUSATORIO: vulneración inexistente: acusado de actuar con alevosía, se reconoce por el Tribunal la agravante de abuso de superioridad.

El Tribunal del Jurado, constituido en el seno de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, dictó Sentencia, de fecha 08-04-2003, por la que condenaba al acusado como autor de un delito de asesinato, a las penas de diecisiete años de prisión, e inhabilitación absoluta durante el mismo tiempo y al pago de las costas causadas, incluyendo las generadas por la acusación particular, así como a que indemnizase a la esposa del fallecido en la cantidad de 100.000 euros, y a cada uno de los hijos menores del fallecido en 40.000 euros, manteniéndose la medida de alejamiento y prohibición acordada respecto al acusado.Contra la anterior Resolución el acusado interpuso recurso de apelación.La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima parcialmente el recurso interpuesto, y revoca la Sentencia, absolviendo al acusado del delito de asesinato y condenándolo por el delito de homicidio con abuso de superioridad, a la pena de trece años y nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y declarando de oficio las costas causadas en la apelación.
Texto:
En la ciudad de Granada, a doce de septiembre de dos mil tres.
Apelación penal 21/03.
Vistos en audiencia pública y en grado de apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, integrada por el Iltmo Sr. Presidente y los Iltmos. Sres. Magistrados al margen relacionados, el precedente rollo de apelación y autos originales de juicio penal seguidos ante el Tribunal del Jurado, en el ámbito de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima -rollo núm. 6388/2001-, procedentes del Juzgado de Instrucción número Tres de Sanlúcar La Mayor -causa núm. 1/00-, por el delito de asesinato del que venía acusado Don Matías, con D.N.I. nº NUM000, nacido el día 29 de noviembre de 1956, natural y vecino de Pilas (Sevilla), hijo de Susana y Iñigo, casado, cuya solvencia o insolvencia no consta, en situación de libertad provisional, de la que estuvo privado en méritos de la presente causa desde el 10 de octubre de 2000 hasta el 4 de abril de 2002, y que fue representado por la Procuradora Doña Pilar Cabello Sánchez en la instancia y por Doña María Luisa Sánchez Bonet en esta alzada, y defendido en ambas instancias por el Letrado Don Benito Saldaña Barragán.
Fueron parte, como acusación particular, Doña Amanda, y Doña Begoña, respectivamente representadas por los Procuradores Don José Ignacio Alés Siolí Cádiz y Don Francisco Franco Lama en la instancia y por Doña Isabel Pancorbo Soto en esta alzada y defendidas por los Letrados Doña Gloria María Sánchez Barragán y Don Ildefonso Marañón Ayala en la instancia, y por la misma Doña Gloria María Sánchez Barragán y Doña María Angustias Fernández Mendoza, respectivamente, en esta alzada.
Ha sido parte el Ministerio Fiscal y Ponente para sentencia Don MIGUEL PASQUAU LIAÑO, que expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Incoada por el Juzgado de Instrucción núm. Tres de los de Sanlúcar La Mayor por las normas de la Ley Orgánica 5/1995 ( RCL 1995, 1515) la causa antes citada, previas las actuaciones correspondientes y como habían solicitado el Ministerio Fiscal y la acusación particular, se acordó la apertura del juicio oral, elevando el correspondiente testimonio a la Audiencia Provincial de Sevilla, que nombró como Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado al Iltmo. Sr. Don Juan Romeo Laguna, por quien se señaló para la celebración del juicio oral, que, tras ser elegidos los miembros del Jurado, tuvo lugar en el día acordado, bajo su presidencia y la asistencia de aquéllos, del Ministerio Fiscal y de los acusados, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, tras lo cual, el Fiscal y las partes formularon sus conclusiones definitivas del siguiente modo:
El Fiscal consideró en conclusiones definitivas que los hechos eran constitutivos de un delito de asesinato del art. 139.1 del CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , imputó su autoría al acusado y sin apreciar circunstancias modificativas de su responsabilidad, solicitó que se le impusiera las penas de quince años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, costas y que indemnizara a Dª. Amanda en 20 millones de pesetas y a cada uno de sus hijos en 10 millones de pesetas. En la comparecencia del artículo 68 de la Ley del Jurado mantuvo sus peticiones.
Las acusaciones particulares en el mismo trámite calificaron los hechos como el Ministerio Fiscal, si bien solicitaron que se impusiera al acusado la pena de veinte años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, y en concepto de responsabilidad civil solicitaron para Dª. Amanda en 25 millones de pesetas, y la misma para sus hijos, así como las costas.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

similar:

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconTribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo,...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconSentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Sala especial del art. 61...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconTribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,...
«sucesivos tramos de autopista» comprende ampliaciones y mejoras. Obligación de la concesionaria de efectuar una proposición con...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconA la sala de lo penal del tribunal superior de justicia de

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconA la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconLa Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo...

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconSuplemento boe gallego 11/2003, de 1 de septiembre de 2003

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconTribunal superior de justicia de andalucia

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconTribunal superior de justicia de andalucíA

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\\641) iconSentencia Tribunal Supremo núm. 64/1998 (Sala de lo Civil), de 5 febrero rj 1998\ 405
«Silex Media, sl y Cía. Sociedad en comandita», como autores de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de don Enrique M....






© 2015
contactos
ley.exam-10.com