Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\641)






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títuloSentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 29/2003 (Sala de lo Civil y Penal, Sección Unica), de 19 septiembre (arp 2003\641)
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Finalmente, con base también en el apartado a) del artículo 846 bis c) LECrim, indica la representación procesal del apelante la contradicción existente entre las respuestas del Jurado a los hechos cuarto y quinto del objeto del veredicto. Sin embargo, no es posible apreciar contradicción alguna, como revela la propia argumentación de la defensa, que se dirige exclusivamente a tratar de desvirtuar la valoración de la prueba efectuada por el Jurado, cuestión que, como explicaremos más adelante está vedada a esta Sala.
Los motivos impugnativos precedentes han de correr, por tanto, la misma suerte que los anteriormente examinados.
QUINTO A continuación, siguiendo la interminable lista de quebrantamientos de normas y de garantías procesales, esgrime la tan repetida representación procesal del acusado la insuficiente motivación de la sentencia apelada en lo que a la valoración del material probatorio conseguido se refiere.
No está de más insistir, como tan frecuentemente viene haciendo esta Sala, en que el control de la suficiencia de la motivación del veredicto y de la sentencia no puede realizarse en abstracto y desde parámetros de carácter formal, sino que ha de hacerse en función de la singularidad de cada caso concreto, las dudas suscitadas, las versiones enfrentadas y la mayor o menor elocuencia de los hechos, de tal modo que en ocasiones la exigencia de motivación será mucho mayor (porque la cuestión debatida sea especialmente compleja o confusa) y en otras ocasiones apenas será necesaria, cuando aparezcan elementos suficientes, de hecho o de derecho, de los que resulta de forma clara y evidente la razonabilidad de la resolución adoptada ( Sentencias de esta Sala de 7 de marzo de 2003 [ ARP 2003, 491] y 23 de mayo de 2003, entre otras).
En principio, hemos de afirmar que los pronunciamientos del Jurado sobre los hechos y sobre la culpabilidad o no del acusado vinculan al Juzgador técnico. Es más, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado está vinculado al veredicto -cuyo objeto, correcta o incorrectamente, ha sido propuesto por él mismo-, incluso en el pronunciamiento sobre culpabilidad o no culpabilidad, determinantes de la condena o de la absolución, y en la calificación del delito, en los términos que señalan los artículos 67 y 70.1 LOTJ ( RCL 1995, 1515) , pues, como integrante de un órgano colegiado -el Tribunal del Jurado-, en el que sus componentes técnico y lego tienen funciones diferenciadas y deliberan y deciden por separado, pero se complementan mutuamente a la hora de adoptar una decisión final que se presenta como del Tribunal en su conjunto, el Magistrado-Presidente no puede desligarse de la decisión adoptada por aquella parte del Tribunal, el Jurado, a quien corresponde decidir sobre los hechos y sobre la culpabilidad o no culpabilidad, del mismo modo que éste, el Jurado, no puede separarse de las decisiones del Magistrado-Presidente sobre validez de la prueba o formulación del objeto del veredicto.
Partiendo de tales premisas, incumbe al Magistrado Presidente, como ya hemos tenido ocasión de declarar, la enjundiosa labor de dar forma jurídica al resultado del acta del veredicto, para lo que ha de plasmar el mecanismo intelectual que lleva a sentar unas determinadas conclusiones. Esa tarea, sin duda, es siempre complementaria y, por supuesto, evidentemente crítica, ya que va a consistir en el análisis de la suficiencia de los motivos o razones que expusieron los Jurados para basar su veredicto.
Según ha declarado el Tribunal Supremo -SSTS de 15 de noviembre de 1999 ( RJ 1999, 8936) , 29 de mayo de 2000 ( RJ 2000, 5755) , 12 de marzo ( RJ 2001, 1934) y 10 de octubre de 2001 ( RJ 2001, 9141) , a modo de ejemplo-, la motivación «se integra como un requisito esencial de toda resolución judicial». En esa indiscutible exigencia ha de distinguirse la motivación sobre los hechos y la motivación sobre la aplicación del Derecho, o motivación de la subsunción, cuyo grado de necesidad es distinto. Así, la motivación sobre los hechos constituye el núcleo esencial de la exigencia motivadora, ya que es la que justifica el ejercicio de la Jurisdicción y la que va a permitir conocer el proceso de convicción del órgano jurisdiccional sobre la culpabilidad del acusado, desde la perspectiva de su participación en el hecho delictivo imputado. En cambio, la motivación sobre la aplicación del Derecho se efectuará mediante la expresión de las razones que fundamentan la subsunción de los hechos en la norma sustantiva aplicable a fin de extraer de aquéllos las consecuencias jurídicas que procedan. A esta segunda fase de la motivación se refieren exclusivamente el artículo 248.3 LOPJ ( RCL 1985, 1578, 2635) y el artículo 142 LECrim ( LEG 1882, 16) . Pero, siguiendo al Tribunal Supremo, no basta esta segunda fase, porque «la interpretación del artículo 120.3 CE ( RCL 1978, 2836) y su puesta en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la misma, han llevado a la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala, a extender el deber de motivación a la primera de las fases que hemos señalado, esto es, al juicio en que descansa la convicción sobre los hechos que son subsumidos en la norma». Por eso destacábamos antes que esta función sólo la puede realizar el Magistrado-Presidente que ha percibido la prueba con la inmediación derivada de su práctica y que, consecuentemente, ha de justificar que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no ha actuado de manera absurda ni arbitraria, expresando las razones por las que llega a la conclusión de que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que corresponde a todo ciudadano, ha sido enervado o desvirtuado por una actividad probatoria bastante, aunque, lógicamente, la aplicación de la doctrina expuesta exija el análisis pormenorizado de cada supuesto concreto.
Como ya hemos señalado, las «razones» del Jurado han de ser complementadas por el Magistrado-Presidente, que tiene la facultad de ordenar la devolución del veredicto en el caso de que aquella motivación sea insuficiente. Esa es la razón de que esta Sala venga declarando -Sentencias de 9 de febrero de 2001 ( JUR 2001, 141652) y 1 de febrero de 2002 ( ARP 2002, 50) , por citar sólo dos de ellas-, que el hecho de que la ausencia total de motivación en el veredicto no pueda ser subsanada por la posterior motivación de la Sentencia del Magistrado Presidente no significa que no puedan completarse en dicha resolución las deficiencias de que pueda adolecer aquella motivación, lo que no es sino una consecuencia de la estrecha relación que ha de existir entre el veredicto del Jurado y la Sentencia del Magistrado Presidente.
Ahora bien, en el caso objeto de enjuiciamiento, con su descripción de los hechos probados, el Jurado expresó su convencimiento respecto de la culpabilidad del acusado de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas que se le imputaban, detallando los elementos de convicción que había tenido en cuenta, de forma expresa y pormenorizada, que en cierto modo eximía, al menos en parte, al Magistrado-Presidente, en el ejercicio de su jurisdicción, de ofrecer cumplida y rigurosa argumentación para justificar la probanza de aquellos hechos y la conclusión a la que había llegado el Jurado. En la plasmación jurídica del resultado del acta, el Magistrado-Presidente redactó los hechos probados de la sentencia teniendo en cuenta la totalidad de los elementos que el Jurado había entendido como probados, y completó la valoración de la prueba obtenida. Cuestión distinta es la discrepancia que muestra la dirección letrada del apelante respecto de aquella valoración.
Es obvio que el Magistrado Presidente se perdió en una serie de disquisiciones sobre las pruebas propuestas indebidamente y que fueron rechazadas, y que no es un dechado de perfección la dispersa motivación que en la sentencia de instancia se contiene, pero de ahí no puede inferirse la omisión de motivación. Por el contrario, el Magistrado Presidente concretó debidamente la existencia de prueba de cargo, aunque, tras remitirse a los elementos de convicción tomados en consideración por los miembros del Jurado, siguió el método de desvirtuar las coartadas u objeciones presentadas por la defensa, para «justificar» aquellos extremos consignados en el acta del veredicto, como se constata claramente en el último párrafo del primer fundamento jurídico y en la totalidad del fundamento jurídico cuarto de su sentencia, en los que, en contra de lo que sostiene el apelante, se determinó la prueba de cargo obtenida, asumiendo los términos en que se había pronunciado el Tribunal popular.
Consecuentemente, el motivo ha de ser igualmente rechazado, sin que, llegados a este punto, parezca necesario que esta Sala se pronuncie sobre las disquisiciones que hace el Magistrado Presidente en el segundo de los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida; simplemente, se considera en el deber de recordar, por un lado, la obligación de todos los Jueces de acatar las decisiones de los órganos jurisdiccionales jerárquicamente superiores, y por otro, que no es precisamente la sentencia el marco idóneo para criticar aquellas decisiones y, mucho menos, para hacer elucubraciones.
SEXTO Ya hemos indicado que en algunos de los motivos de impugnación esgrimidos, con total desconocimiento de las normas que regulan el recurso de apelación y de su naturaleza, se refiere la dirección letrada del apelante, si bien de modo tangencial, a la vulneración de la presunción de inocencia, encuadrada en el apartado e) del artículo 846 bis c) LECrim ( LEG 1882, 16) , por lo que, siempre con la finalidad de evitar toda indefensión, vamos a analizar ahora la vulneración denunciada, no sin ciertas precisiones.
Por más que tantas veces lo haya reiterado esta Sala, en sentencias cuya cita parece ociosa, conviene precisar el alcance de las facultades revisoras contempladas por la LECrim en el marco del apartado e) del artículo 846 bis c), pues ello será de utilidad para dar cumplida respuesta a las alegaciones del recurrente. En particular, ha de insistirse en el carácter excepcional de dicha facultad revisora, que no puede auspiciar una completa y abierta revisión de la actividad probatoria, ni, desde luego, autoriza a este Tribunal de alzada a sustituir el criterio o juicio de hecho expresado por el Tribunal «a quo» por el sólo hecho de otorgar similar o mayor verosimilitud a versiones alternativas sostenidas por el apelante, pues en este extraordinario recurso de apelación, equiparado por su naturaleza al de casación, sólo cabe alterar la relación de hechos probados cuando deba calificarse como «irrazonable» y arbitrario el proceso valorativo seguido para alcanzar tal conclusión, pero no por el solo hecho de que puedan subsistir dudas que hubiesen de beneficiar al reo, habida cuenta de que, si al tiempo de la emisión del veredicto por el Jurado ha de jugar con toda su fuerza el principio «in dubio pro reo», una vez que el Jurado, a la vista de las pruebas que presenció con inmediación, ya se ha pronunciado, la Sala, aun teniendo alguna duda, quedaría vinculada a ese veredicto salvo que pueda calificarse como carente de «toda base razonable» (véanse, entre tantas otras, las sentencias de esta Sala de 10 de diciembre de 2002 [ JUR 2003, 35879] , 4 de noviembre de 2002 [ JUR 2003, 35809] y 18 de enero de 2003, y en las que en ella extensamente se citan), o salvo que el propio Jurado en su motivación expresara una duda de tal entidad que le hubiese institucionalmente obligado a la declaración de no culpabilidad. Dicho de otro modo, y como aún más claramente se expresa en la sentencia de esta misma Sala de 20 de diciembre de 2002 ( JUR 2003, 35912) , el motivo en cuestión impone una limitación en el modo de revisar la apreciación y valoración de la prueba, pues no se trata de que pueda valorarse ilimitadamente a fin de detectar el error en que se hubiera podido incurrir en su apreciación, sino sólo de constatar si ese error supone la ausencia de toda base razonable para la condena, ya que, precisamente porque la facultad revisora se mide en términos de presunción de inocencia, no es posible ni necesario realizar tan amplia valoración.
En definitiva, lo procedente no es, como en la argumentación del recurso se pretende, comparar la tesis del recurrente con las conclusiones a que llegó el Tribunal del Jurado en orden a preguntar a la Sala por la mayor o menor verosimilitud de una y de otras, como si de la primera instancia se tratase; lo procedente, en el marco de dicho motivo, es analizar si la valoración y apreciación probatoria que llevó a cabo el Tribunal del Jurado transgrede o no el límite de razonabilidad que, para su desvirtuación y consecuente imposición de una pena, exige el derecho de presunción de inocencia.
Para ello hemos de comenzar por precisar cuál o cuáles son las pruebas practicadas en el juicio oral en las que pudiera basarse la afirmación de que Gaspar es culpable de los delitos de que se le acusaba, sin soslayar que la representación del acusado no niega en realidad la existencia de pruebas, sino que trata, con una reiteración exacerbada, de valorar la producida en su exclusivo beneficio, utilizando una dialéctica inaceptable.
SEPTIMO Ese propósito valorativo tan particular lleva a la dirección letrada del acusado a establecer una premisa absolutamente falsa, como es la de ignorar totalmente que el Jurado declaró probados por unanimidad los apartados primero a séptimo del objeto del veredicto, con base, fundamentalmente, en las siguientes pruebas de cargo:
a) Según su declaración en el Juicio oral, el testigo protegido núm. 2 estaba en los alrededores del «pub», acompañando a la víctima Víctor, que era su amigo, a diez metros del acusado, al que veía por primera vez. Una vez se le mostró el plano del lugar de los hechos, afirmó que «se encontraba en el núm. 4 en la acera y desde allí veía perfectamente el punto 1» y «vio al acusado pegar tres tiros a Víctor, que llevaba la mano en el hombro del acusado, le quito la mano y se puso cara a cara, sacando el acusado una pistola grande y negra y le pega un tiro». Añadió que «Víctor le quita la mano y el acusado le da dos tiros más», sin que existiera pelea, de modo que «estaban hablando y de repente el acusado saca la pistola y le da tres tiros». Tras los tres disparos, «Víctor caminó de espalda y cayó al suelo, el acusado salió corriendo y paso delante del dicente, que casi chocó», Dijo que el acusado «vestía una chaqueta oscura, y debajo también una prenda oscura, y un arma grande y negra». Tras declarar que «en Comisaría se le mostraron álbumes de fotos y reconoció con toda claridad al que mató a Víctor» y «que podía volver a reconocer al acusado, no se le puede olvidar», el acusado se negó a colocarse frente al testigo para ser reconocido, de forma que no pudiera verlo. Sin embargo, el testigo de que se trata afirmó que el autor de los disparos «era alto, delgado y rubio, de aspecto extranjero». Insistió en que «estaba a unos 10 metros del lugar de los hechos, la visión era directa, el acusado paso por su lado, casi chocan, que Víctor no se mostró temeroso, que hablaban normalmente, que no pudo defenderse, que el testigo núm. 1 fue en el coche con el dicente y Víctor, el núm. 1 estaba en el Fran's Corney que, en el momento de los disparos el testigo n° 1 también salió corriendo» y que «el acusado cuando pasó delante del dicente se volvió apuntando con la pistola y siguió hacia la playa otra vez, que en el bar había gente, que cuando los disparos estaban solo Víctor y el acusado cara a cara, no vio a nadie más, que no vio a un bigotudo»,
b) Por su parte, tal y como consta en el acta del Juicio, el testigo protegido núm. 3 manifestó que «vio al acusado un arma y disparó un tiro de frente, su amigo subió el brazo y disparó 2 veces más» y «que no se le olvida en la vida la persona del acusado, rubio, alto, vestido de oscuro, chaqueta abierta, que podria en la actualidad reconocerlo». Cuando el acusado manifiesta su deseo de ser reconocido y se pone delante del referido testigo núm 2, éste afirma que «sin duda es él, está seguro, esa cara no se le olvida en la vida», afirmando que «estaría a unos 9 metros del tiroteo, que todas los disparos los realiza con una sola pistola y la misma persona; que pudo correr pero siguió disparando».
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