En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia






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No puedo dejar de lado algunos datos que nos refleja una realidad compleja y dura para la franja de trabajadores cuyos derechos estamos analizando. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año en el mundo más de 270 millones de trabajadores sufren accidentes laborales, mientras que aproximadamente 160 millones contraen enfermedades profesionales. De ellos, más de 2 millones pierden su vida, de manera tal que el trabajo asalariado mata a casi 5.500 personas por día. Y, agrega el informe, los datos son parciales y están por debajo de la realidad, ya que no hay estadísticas de los siniestros ocurridos entre los trabajadores del sector informal de la economía. Del total de trabajadores muertos anualmente en siniestros laborales, 12.000 son niños que trabajan en condiciones peligrosas. (RAMIREZ, Luis E., "Aspectos salientes de la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo", Publicado en: Sup. Esp. Nueva Ley de Riesgos del Trabajo 2012 (noviembre), 62, Cita Online: AR/DOC/5498/2012).

En tal sentido, las normas implicadas deben ser analizadas bajo la óptica del principio de progresividad y del principio protectorio del derecho del trabajo. Esto en tanto los mismos cumplen ante todo una función de interpretación en la medida que constituyen el sentido y la razón del cuerpo normativo, reflejan ese sentido en las normas que lo componen y por lo tanto operan como criterios orientadores del intérprete (FERNANDEZ MADRID, Juan Carlos, Tratado práctico de derecho del trabajo, Buenos Aires, 1978).

La Corte Suprema esbozó el alcance de este último en la causa Vizzoti donde sostuvo: "[...] consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba resignar el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que aquella le exige... importaría pura y simplemente invertir la legalidad que nos rige como nación organizada [...]" (Fallos 290:116, 118, considerando 4).

El desequilibrio estructural que se presenta en el Derecho laboral es el que se debe morigerar principalmente a travez de los principios protectorios que tienden a lograr una igualación entre quien sólo posee su fuerza de trabajo para obtener su subsistencia y quien posee la fuerza del capital para imponer las condiciones laborales.

En ese camino, no tengo dudas que debe interpretarse la norma a favor de aquella solución que tienda a ampliar o a mejorar los derecho del trabajador siniestrado, más aun cuando lo que está en juego es su salud, o dicho de otro modo el bienestar de su cuerpo, físico y psíquico, único bien con el cuenta el trabajador para insertarse en el mercado laboral. Frente a una situación de daño no reparado sobre su cuerpo no cabe dudas que debe prevalecer la solución que más se acerque a la reparación integral, en tanto la misma busca volver las cosas al estado anterior al siniestro.

Dicho de otro modo, la salud del trabajador es un bien que merece absoluta protección, y que debe estar por encima del presunto desequilibrio financiero de la Aseguradora o del empleador, en tanto se trata de la parte fuerte la relación que cuenta con los beneficios del capital para enfrentar los costos de las contingencias que asume en la relación.

3. Aplicación del art. 8 a las situaciones jurídicas existentes. Análisis del inciso 5 del art. 17.

Tal como destaqué la Ley 26773 contribuye a la idea de una reparación justa, integral y actualizada en los términos que lo venían haciendo los Decretos anteriores. En ese sentido el artículo 8 dispone el ajuste semestral de los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.

El fundamento de la norma se encuentra en la previsión legal de un ajuste automático de los parámetros de liquidación de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente que evite desactualizaciones perjudiciales a los derechos de los trabajadores siniestrados.

Sin embargo el juego de este artículo con la llamada cláusula de vigencia que establece el artículo 17 inciso 5 genera una situación injusta e inequitativa, en tanto introduce una fecha de corte que marca un límite temporal arbitrario que delimita los alcances de las mejoras que introduce la norma al sistema.

Sostengo la aplicación inmediata de las mejoras que introduce la normativa, en tanto si una nueva ley propicia una solución que beneficia al trabajador siniestrado, su ámbito de aplicación debe ser lo más expansivo posible dentro de los límites de la razonabilidad y la justicia de los casos, lejos de constituir eso una aplicación hacia atrás de las nuevas leyes.

Dicho de otro modo, la forma de liquidación que determina el artículo 8, en tanto implica una forma de actualización que mejora la prestación que percibirá el trabajador, debe alcanzar a los siniestros cuyas consecuencias dañosas aún están vigentes, independiente del momento en que ocurrieron.

Salvo disposición en contrario las nuevas leyes no tienen efecto retroactivo, tal como claramente lo determina el art. 3 de nuestro Código Civil y el art. 7 del CCCN unificado. Sin embargo por el principio de aplicación inmediata de la nueva ley, consagrado en el primer párrafo del artículo, la misma rige para los hechos que están in fiere o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción. Tal aplicación inmediata no atenta contra la irretroactividad de la ley, regla fundamental para la seguridad jurídica. (Rivera, Julio Cesar en Código Civil de la República Argentina Explicado, Santa Fe, 2011, pág. 19).

En ese sentido se pronunció Borda en su ponencia el en Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, cuando analizó la sutil diferencia entre los efectos inmediatos de una nueva ley y la irretroactividad, sosteniendo que: "... las nuevas leyes deben aplicarse con la mayor extensión posible y producir sus efectos de inmediato. Toda nueva ley se supone mejor y más justa que la anterior, de no entenderlo así el legislador no la hubiere dictado. por ello mismo y salvado el principio de la irretroactividad esa ley debe aplicarse en su máxima extensión posible..." (Borda, Guillermo, "Ponencia del Tercer Congreso nacional de derecho Civil", Córdoba, 1969, ED, T. XXXVI.1971, pág. 730. En igual sentido se pronunció Spota).

En estos términos, una situación jurídica puede nacer bajo el amparo de una ley pero extinguirse bajo la vigencia de otra. La modificación o extinción de una situación jurídica queda regida por la ley vigente el momento en que dicha modificación o extinción se suscitan. La consecuencia no consumadas del infortunio laboral es la reparación y esta tiene la función de poner las cosas en el lugar en que se encontraban antes del daño, con lo cual un hecho dañoso no reparado aun tiene latentes sus consecuencias. La consumación del hecho reparativo debe regirse por la ley vigente al momento en que se produce, ya que "[...] sólo esta (pago) quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar en que se encontraban antes del daño. No hay consecuencia consumada de un daño no reparado. (CORNAGLIA, Ricardo J., "La reforma a la Ley de Accidente del trabajo y su aplicación en el tiempo", Revista de derecho Laboral, 1989, p.161)

Una situación o relación jurídica nacida bajo la órbita de la ley anterior, puede proyectar sus consecuencias materiales y jurídicas en el tiempo, esa proyección puede ser alcanzada por una modificación legislativa posterior. En ese sentido, encuentro razonable y equitativo aplicar los mecanismos de actualización que contiene el art. 8 de la Ley 26773 a los fines de determinar las prestaciones por incapacidad laboral permanente, a todos los infortunios laborales que se encuentren pendientes de reparación. Entiendo que la aplicación de sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad, pero no cancelados a la fecha de entrada en vigencia de la norma, no implica la retroactividad de la ley (art. 3º CC) ni afecta al derecho de propiedad de las obligadas del sistema.

Este principio de aplicación inmediata de las nuevas normas a las consecuencias no extinguidas de las relaciones nacidas bajo la vigencia de una ley derogada o modificada fue sostenido por la Corte de la Nación en el fallo "Camusso" en el cual la viuda de un trabajador fallecido en un accidente de trabajo solicitó la aplicación de una actualización que dispuso a Ley 20695 en relación al Ley 9688. Allí sostuvo: "se trata de una aplicación inmediata de la norma a una relación jurídica existente, toda vez que en el caso de autos, al entrar en vigor aquella, no se había satisfecho el crédito del accionante. Resulta por tanto aplicable la doctrina del art. 3 del CC, primera parte, ya que tan sólo se alteran los efectos en curso de aquella relación nacida bajo el imperio de la ley antigua, a partir del momento de la entrada en vigencia del nuevo texto legal. [...] Que, por otra parte, el aumento del monto nominal en función de los índices oficiales de precios al consumidor no hace la deuda más onerosa en su origen, sólo mantiene el valor económico real frente al paulatino envilecimiento e la moneda [...] En todo caso el derecho de propiedad afectado sería el del acreedor a quien se le pagaría, sino se aplica la actualización, con una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería inferior al que tenía cuando nació el crédito." (CSJN, "Camusso Vda. De marino c/ Perkins S.A. p/ dda, 21/05/1976, considerando 8. En igual sentido ver C.S.J.N. "Souto de Adler", 2007, CNAT; Sala II, "Graciano, Antonio y otro c/ Trilenium S.A. y otro, voto del Dr. Maza, 31/07/2009, DT, 2009, 473, L. L. Online AR/JUR/26128/2009).

De lo dicho por el Máximo Tribunal se pueden destacar tres ideas fundamentales: la distinción entre aplicación inmediata y aplicación retroactiva de la ley, que el incumplimiento de una obligación, sea por el motivo que sea, nunca puede beneficiar a la parte deudora y que la aplicación una ley desfasada en el tiempo en definitiva afecta el derecho de propiedad del acreedor damnificado.

Luego en la causa "Aveiro", el Máximo Tribunal consideró arbitraria la sentencia que rechazó el reclamo indemnizatorio que fundado en las modificaciones del Decreto 1278/00, planteó la derechohabiente de un trabajador fallecido por un infortunio laboral ocurrido 8 días antes a la sanción del Decreto, sosteniendo: "Es misión del intérprete de la ley indagar el verdadero alcance y sentido de la norma, en el caso en relación a la entrada en vigencia del Decreto 1278/00 que modifica la Ley 24557 de riesgos del trabajo, mediante un examen que atienda menos a literalidad de los vocablos que a rescatar su sentido jurídico profundo , prefiriendo la inteligencia que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos explícitamente" (CSJN, "Aveiro, Isabel c/ Consolidar ART S.A., 22/12/2008).

Si bien en el fallo "Lucca de Hoz" (2010) rechazó la aplicación de las mejoras en las prestaciones dinerarias dispuestas en el DNU 1278/00, que fueran reclamadas por un el infortunio que había ocurrido con anterioridad a su vigencia, ordenó la revisión del resultado indemnizatorio previsto en el régimen vigente a la época del infortunio por ser el mismo insuficiente. Es decir, de alguna manera resguardó el principio de indemnización integral, ya que reconoció la insuficiencia de las prestaciones dinerarias de la LRT frente a las cambiantes circunstancias económicas y la pacíficamente reconocida mezquindad de las mismas, ordenando al tribunal de reenvío que dicte una nueva sentencia que reconozca al trabajador una indemnización justa. En ese sentido expresó: "Una indemnización que deja daños sin reparar no es justa, y si no es justa no es constitucional". (CSJN, "Lucca de Hoz, Mirta y ots. c/ Taddei, Eduardo Carlos y ots, 10/11/2008).

Por último destaco el fallo "Calderón" en el cual la Corte Federal por mayoría, con expresa remisión al dictamen de la procuradora, sostuvo la aplicación inmediata del Decreto 1278/00 a un caso que presentó un lapso de tres años entre el accidente y la definitividad de las lesiones, afirmando que resulta razonable que se aplique la norma vigente al momento que el crédito es exigible. Concluyó que " [...] si el reclamo no pudo ser exigido antes de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente corresponde aplicar la norma vigente al momento en que el crédito es exigible" (En igual sentido C.S.J.N. "Escudero").

Respecto del caso, la Sala I de este cuerpo resolvió siguiendo el criterio marcado por la Corte Suprema al revocar el fallo dictado por la Sala II, El voto preopinante al cual adherí sostuvo que debía aplicarse el Decreto 1278/00 a un accidente in itinere ocurrido con fecha 14 de junio de 2000, que le ocasionó una incapacidad parcial y permanente a la actora que se determinó el día 19 de agosto del 2003. En esa oportunidad se utilizó el criterio de la definitividad para determinar la ley aplicable al caso concreto. (S.C.J.M. Autos 93.513, "Calderón Cecilia c/ Asociart A.R.T.", Sala I, 09/09/14)

Si bien en esa oportunidad sostuve, en mi adhesión, fallar de conformidad al criterio del Máximo Tribunal antes expuesto, hoy considero razonable apartarme del mismo ampliando la aplicación de la ley novedosa a todos los casos pendientes de reparación, sin tomar como hito la definitividad de las lesiones sufridas por los trabajadores.

Lo hasta aquí señalado permite alcanzar una solución preliminar: el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, como claramente lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al afirmar que el "trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes". (re "Vizzoti"; "Aquino"; "Alvarez, Maximiliano", entre otros). Lo contrario constituye una discriminación, un trato desigual para situaciones iguales. Si ninguno de los daños han sido reparados, ni los que ocurrieron con anterioridad ni los que ocurrieron con posterioridad a la vigencia de la nueva ley, no aparece una diferencia ontológica o sustancial que amerite una respuesta indemnizatoria peyorativa para unos respectos de los otros. En otros términos resulta inequitativa la situación de privar a las víctimas que no han visto canceladas sus prestaciones nacidas con anterioridad y que se encuentran en curso de ejecución, de las mejoras dictadas en el marco del mismo régimen legal.

A partir de la doctrina sentada por la Corte Federal en "Aquino" el resarcimiento tarifado propio del sistema de riesgos solo puede juzgarse constitucionalmente compatible cuando tiende a la integralidad en el resarcimiento del daño, dando protagonismo pleno a la garantía constitucional del alterun non ladere consagrada en el art. 19 de la CN.

Estos fundamentos también fueron avalados por la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, cuyos argumentos que comparto cuestionan la discriminación peyorativa que establece el artículo 17 inciso 5 entre el trabajador accidentado antes de la publicación de la Ley 26773 pero que no ha cobrado la indemnización por la mora del deudor y un trabajador cuya primera manifestación invalidante se produce luego de publicada la nueva norma. Sostienen los jueces que carece de justificación la diferenciación normativa entre trabajador ya incapacitado y el que sufrirá los daños a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, ya que la previsión actuarial no puede tener prelación sobre un sistema que, entienden, es en principio de la seguridad social y, luego, un sistema de seguro. Y por último, remiten a la "doble tutela que tiene el damnificado como trabajador en virtud del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y como discapacitado en razón del artículo 75 inciso 23 de la misma Carta Magna." (S., V. H. c. Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ accidente de trabajo/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - 22/09/2014, Publicado en: L. L. 03/11/2014 , 12 P.M. - DT 2014 (diciembre) , 3434 con nota de Juan José Etala (h.) - DJ 14/01/2015 , 28, Cita online: AR/JUR/49909/2014)
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