En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia






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Y en forma negativa: -Silva, Julio Antonio vs. ART Liderar S.A. s. Accidente - Ley especial -Cámara Nacional del Trabajo Sala III. Voto en disidencia del Dr. Pesino (minoría) Fecha: 30/04/2014, -Méndez, Ángel Alberto vs. CNA ART S.A. y otro s. Accidente - Acción civil /// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VI; 31-mar-2014, -Pellico, Rogelio Jorge vs. Liberty ART S.A. s. Accidente - Cámara Nacional del Trabajo Sala VII- ; 30-jun-2014, -Alcaraz, Nehuen vs. ART Liderar S.A. vs. Cobensil S.A. s. Accidente - Ley especial Cámara Nacional del Trabajo Sala VII- 30/06/2014, -San Martín, Washington Marcelo vs. La Segunda ART S.A. s. Accidente - Cámara Nacional del Trabajo Sala II -16-may-2014, -Expte.170607/37 Martin Pablo Dario c/ Mapfre ART SA. Tribunal Superior de Justicia de Cordoba-Sala Laboral-20/2/2014, -Martinez, Jorge c/ Consolidar ART SA s/ Cobro de pesos." Cámara del Trabajo de Santa Fe (n° 199/2012), -Segovia Ferreira, Ramón Eduardo vs. IAPSER ART s. Accidente de trabajo.CAL Sala II Neuquén; 07-ago-2014, -Expte. 127275/37Colazo Ariel Enrique C/ Interacción S.A. p/ordinario - Provincia de Córdoba.

3- A la luz de las consideraciones desarrolladas, es que la Ley 26773 debe ser estudiada, y su escueto pero confuso y conflictivo articulado analizado, ya que todavía debe recorrer a pesar de su juventud un largo camino que la lleve a cumplir los objetivos que ella misma se propone en su art. 1, en cuanto propicia como objetivo del régimen normativo la suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir las contingencia, objetivos que se ven impedidos de cumplirse por la misma normativa que los propone.

Rescatando el tratamiento que la ley da al supuesto de la gran invalidez, cuyo importe y actualización se producen a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la norma, con independencia de la fecha de la determinación de esa condición (art. 17.7 Ley 27773). Observo que en este caso, el legislador tuvo en cuenta "la contingencia" y no el hecho generador, es decir priorizó la persona del trabajador, sujeto de preferente protección en el derecho laboral.

En cambio en los supuestos de los arts.17.5 y 17.6, prioriza las prestaciones por encima del trabajador enfermo o accidentado y establece para ellas el momento a partir del cual serán actualizadas, dejando de lado "integridad psicofísica e indemnidad del trabajador" que es el bien jurídico protegido y objeto de la reparación, dando preeminencia al patrimonio del deudor del sistema, a punto tal que iguala las prestaciones en especie con las dinerarias. (art. 17.5).

Ese destrato que le dan a las prestaciones en especie (igualarlas)- cuando son de suma importancia para los objetivos principales del sistema- hacen que no sean debidamente consideradas tanto en los reclamos de los actores como en las condenas judiciales. Obviamente las prestaciones en especie no pueden sujetarse en su implementación a la fecha de entrada en vigencia de una norma , sino a las necesidades de salud del trabajador utilizando los tratamientos médicos asistenciales, de rehabilitación y farmacológicos disponibles al momento de la prestación, a los fines de dar cumplimiento con uno de los objetivos del régimen que es restablecimiento de la salud o la mitigación de las consecuencias dañosas por cuanto las mismas deben otorgarse en función de la índole de la lesión o incapacidad. Considerar lo contrario sería un absurdo y atentatorio del derecho a la salud, íntimamente ligado al derecho fundamental a la vida y contrario a los dispuesto por la propia ley en su art.2 penúltimo párrafo como así también en los arts. 16, 20 y 26 ap.7 de la Ley 24557, Decreto. 334/96 art. 11, resolución SRT 1240/2010, SRT resol.2/96, art.3 inc. d), art.2 de la Ley 26773, Conv. 17, art. 10 OIT, entre otros.

Como así también resulta todo un contrasentido cuando nos encontremos frente a un trabajador con incapacidad absoluta que sin llegar a ser una gran invalidez, caerá indefectiblemente en la judicialización de su situación en virtud de lo dispuesto por los apartados 5 y 6 del art. 17.

La situación planteada podría haberse evitado, utilizando el mismo criterio con el que trató la "gran invalidez", y no haciendo distinciones inapropiadas que en los hechos se traducen en un escollo muy difícil de sortear, para los operadores legales (jueces, abogados, etc.), sin perjuicio de no receptar la experiencia jurisprudencial y doctrinaria que ha ido marcando camino a luz de los principios que regulan la materia.

Este panorama exige del Juzgador atenerse menos a la literalidad y formalismo, y avanzar en la "ponderación" de las circunstancias, las normas y por sobre todas las cosas "sumar" lo que en materia de justicia social se ha logrado hasta el momento (basta repasar los precedentes citados de la Nación y de esta Sala) y de esa forma se obtiene un doble beneficio:

-avanzar en la defensa sin retrotraerse de manera reiterada o cíclica a etapas superadas por el hecho de la aparición de una nueva ley, Decreto o resolución que modifica o integra este difícil sistema de reparación y por el otro, sobre la base de lo construido, se da una respuesta acorde a la situación que presenta el trabajador afectado en donde las prestaciones en dinero y en especie son de suma importancia toda vez que se generan para el trabajador cuando se encuentra en situación de alta vulnerabilidad personal y familiar.

4- Bajo este marco, la jurisprudencia de la Corte Nacional y Provincial citada, es que la respuesta a la primera parte del interrogante planteado en el plenario es afirmativa.

Con referencia a la segunda parte, esto es: para el caso afirmativo en qué supuestos, la respuesta es en todos los casos cuyas consecuencias se encuentren pendientes de reparación (por ejemplo porque la consolidación del daño se da con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial o porque estando consolidada con anterioridad no ha sido satisfecha, o porque aún no se han verificado el cumplimiento de los presupuestos fácticos jurídicos necesarios para su procedencia, etc.) cuestiones estas que son atribución jurisdiccional de los tribunales inferiores quienes son los encargados de evaluar cada caso concreto, siendo inapropiada una enumeración abstracta de los posibles supuestos , alejada de las situaciones reales y concretas que se planteen en los tribunales, que en definitiva fijaran la casuística.

ASI VOTO.

A LA CUESTION OBJETO DE LA CONVOCATORIA, EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:

Que adhiere, por los fundamentos expresados, al voto precedente del Dr. Jorge H. Nanclares.

ASÍ VOTO.

A LA CUESTIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA, EL DR. OMAR A. PALERMO, POR SUS ARGUMENTOS, DIJO:

Por las razones que a continuación expondré considero que la pregunta del presente plenario debe responderse de manera afirmativa. En consecuencia la Ley 26773 debe aplicarse a todas las contingencias cuyas consecuencias dañosas se encuentren pendientes de reparación, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante, siempre y cuando su aplicación implique una mejora en los derechos de los trabajadores respecto del régimen anterior. Paso a explicarlo:

1. El tema a decidir y las normas implicadas:

Entiendo oportuno destacar que el tema convocado a plenario se relaciona con la aplicación en el tiempo de las nuevas leyes y con su impacto en las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes al momento de su entrada en vigencia.

En ese sentido se intenta poner luz a la solución de los conflictos que se han suscitado en torno a la aplicación inmediata de la Ley 26773 para aquellos siniestros ocurridos con anterioridad a su vigencia pero cuyas consecuencias dañosas aun se encuentran latentes, en tanto las mismas por alguna razón, no han sido reparadas. Similares inconvenientes se presentaron cuando entraron en vigencia los Decretos 1278/00 y 1694/09 en tanto modificaron la estructura jurídica original de la Ley 24557.

Esto en tanto la misma introduce cambios en la liquidación de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo a través de un mecanismo de actualización semestral mediante el índice RIPTE (art. 8), como asimismo contempla un adicional de pago único del 20 % en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas de la ley (art. 3).

Se trata de un régimen que complementa el anterior ya que, salvo lo determinado en el artículo 17 inciso 1, deja en pie las normas vigentes del sistema (Ley 24557, Decreto 1278/00 y Decreto 1609/09). De ahí el nombre que se le dio al ordenamiento y que de alguna manera vislumbra el sentido que predica la norma, que no es otro que introducir mejoras al sistema vigente que se adecuen con la doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión que se deriva de la derogación formal del art. 39.1 de la LRT. Las cuestiones ambiguas de técnica legislativa o de interpretación abierta en las que incurre la ley conformaron un panorama de numerosas controversias como las que hoy aquí nos convocan, que requieren de la interpretación judicial para ser resueltas. Involucran una tarea jurisdiccional que, a mi modo de ver, debe estar guiada por los principios fundantes del sistema, sistema que sin dudas nos pone en el plano de la seguridad social, y por los principios del derecho constitucional e internacional del trabajo.

En honor a la brevedad daré por reproducidos los artículos de la norma que resultan necesarios abordar así como el estado de la cuestión tanto en doctrina como en jurisprudencia, señalados por mi colega preopinante.

2. Análisis hermenéutico de la norma: su sentido y alcance.

La normativa en crisis plasmó una mejora en los montos de las indemnizaciones por incapacidades laborales permanentes que deben recibir los trabajadores siniestrados por motivo del trabajo, introduciendo una forma de actualización de las reparaciones a partir de un índice (RIPTE) que se ajusta periódicamente tomando como parámetro los salarios de todos los trabajadores. De ese modo se constituye como una herramienta para superar los cánones de liquidación desactualizados que presentaba el sistema.

En algún sentido viene a completar un camino ya iniciado por el Decreto 1694/09 en cuanto actualizó las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, eliminó los topes indemnizatorios para todos los casos, estableció pisos para los montos reparatorios y previó el ajuste de acuerdo al art. 208 de la LCT para las incapacidades laborales temporarias y permanentes provisorias, reconociendo las críticas que la doctrina venía realizando.

Cabe destacar que el Decreto 1694/09 venía a superar una situación de desajuste arrastrado durante nueve años desde la sanción del Decreto 1278/00 en diciembre del año 2000. Luego Ley 26773 continua ese camino respecto de las incapacidades permanentes definitivas estableciendo un ajuste, que más allá de los posibles reproches y falencias, constituye un avance que supera el congelamiento que predicaba el régimen original.

En función del contexto económico y social que viene dando marco a la realidad en que los trabajadores siniestrados llevan adelante las consecuencias físicas y psíquicas de los eventos dañosos que les toca atravesar, considero que la Ley 26773, de la misma forma que en su momento lo hicieron los Decretos 1278/00 y 1694/09, tiene como fin introducir mejoras a un sistema que mostró acabadamente sus falencias a lo largo de los años.

Una de ellas, y si se quiere la más perjudicial para los trabajadores dañados, era el congelamiento de los parámetros legales de liquidación de los montos de las indemnizaciones por incapacidad laboral permanente, parámetros que quedaron por demás desactualizados. En ese sentido se sostiene que: "La ley de riesgos del trabajo, en su redacción original, diseñó un sistema de reparación de daños de los siniestros laborales de neto corte financiero, ajeno a las verdaderas necesidades del trabajador y de su entorno familiar, lo que llevó a la Corte federal a sostener que si una indemnización era insuficiente se victimizaba nuevamente a la víctima del siniestro laboral." (TOSELLI, Carlos A. y otro, Régimen Integral de Reparación de los infortunios del Trabajo, Córdoba, 2013, pág. 48).

Ante este panorama, la Ley 26773 introduce cláusulas de actualización automática que sin dudas son beneficiosas para los trabajadores, en el sentido que acercan las reparaciones tarifadas al concepto de integralidad que claramente enarboló nuestro máximo Tribunal en la doctrina sentada en el fallo de la C.S.J.N. "Aquino".

El espíritu de la norma expresado tanto en el mensaje de elevación del proyecto de ley al Congreso Nacional como en el debate legislativo previo a la sanción de la misma fue principalmente el de determinar un ajuste general del sistema, que superara los últimos años de desactualización.

Así la Nota de Elevación del Poder Ejecutivo expresó que el proyecto en consideración "[...] pretende avanzar en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema [...]" (Mensaje N° 1721, 19/09/2012). El punto clave para superar las debilidades del sistema era actualizar la variable más sensible: el salario, sobre todo en un contexto marcado por fuertes incrementos convencionales que se vienen desarrollando en los últimos años.

Este Tribunal en oportunidad de resolver el "Plenario Lorca", con voto preopinante de la Dra. Kemelmajer y la adhesión de la mayoría de los magistrados de este cuerpo, afirmó que: "[...] en la República Argentina, la primacía constitucional nunca ha sido puesta en duda: la Constitución prevalece sobre el resto del ordenamiento, incluido, obviamente, el código civil, las leyes administrativas locales y las nacionales y provincia-les de la seguridad social. Sin embargo, antes no se advertía, y hoy sí, que establecer esta primacía constitucional cuando se aborda un tema regulado por la ley supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de los textos. Obliga, como alguna vez dijo el maestro italiano Rescigno, a una relectura de la ley. En otros términos, la tarea del juez termina sólo cuando el resultado del proceso interpretativo aparece en sintonía con los principios del derecho constitucional (conf. Ferranti, Ione, Linterpretazione costituzionale della norma civile, en Giuliani A ed altri, Linterpretazione della norma civile, Torino, ed, Giappichelli, 1996, pág. 179). Esta visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, aunque no abandona del todo el método gramatical, comienza a valorarlo con menor peso; toma igual actitud con el método histórico y se apoya, esencialmente, en el sistemático, pero entendiendo que el sistema cierra con la norma constitucional; en este camino ascendente, debe advertir que la Constitución siempre incorpora determinadas opciones políticas y sociales profundas. La aplicabilidad directa de la Constitución, con todo su sistema de principios y de valores, lleva a que la interpretación y el proceso aplicativo del Derecho, lejos de poder entenderse como una operación mecánica pase a ser algo necesaria y rigurosamente axiológico (García de Enterría, Eduardo, La democracia y el lugar de la ley, en El derecho, la ley y el juez, Madrid, Cívitas, 1997, pág. 48). [...] Bien se ha dicho que los ordenamientos jurídicos democráticos han incorporado en sus Constituciones principios, valores y derechos de fuerte carácter axiológico; la visión del Estado Constitucional transforma entonces el concepto y el contenido del Derecho y, desde luego, la idea que se tenía de la función jurisdiccional (García Pascual, Cristina, Legitimidad democrática y poder judicial, Valencia, Generalitat Valenciana, 1997, pág. 141). (L.S. 352-72)

A mi modo de ver, limitar la interpretación a los términos en que se encuentra redactado la norma en juego, se contrapone con el fundamento y finalidad que se tuvo en mira al dictarse la misma y más aun se contrapone con los principios constitucionales que le dan sentido a los derechos implicados.
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