En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia






descargar 217.51 Kb.
títuloEn Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia
página6/11
fecha de publicación20.03.2017
tamaño217.51 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Es decir, en ningún momento, el órgano delegado (Secretaría de Seguridad Social de la Nación), conforme dicho artículo 8°, procedió a determinar el índice RIPTE para las contingencias producidas en períodos anteriores.

En idéntico sentido se ha pronunciado el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba (en adelante, STJ), en su Sala Laboral, en fecha 20 de febrero del año 2014, sosteniendo que la única cláusula de vigencia del nuevo ordenamiento es el inciso 5° del artículo 17, mientras que el subsiguiente (vgr. inciso 6°) sólo es: "... una norma de transición que regula el mecanismo de ajuste hasta el nacimiento de la ley pero para que se aplique desde esa fecha..." Y que: "... la referencia que se efectúa en el mentado inc. 6, a las prestaciones de la LRT y sus modificatorias, incluidas las del Decreto Nº 1694/09, no indica que el ajuste alcance a "contingencias anteriores", aun cuando éstas no hayan sido canceladas..." (Conf. cita textual de autos: "MARTIN PABLO DARIO C/ MAPFRE ART SA. - ORDINARIO - ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) - RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD" 170607/37)

Así las cosas, no corresponde excepcionar lo dispuesto en el inciso 5° con lo normado por el inciso 6° del artículo 17.

Finalmente, cabe realizar una última reflexión en cuanto a la posición que mantuvo esta Sala II a partir de autos "Garis" (LS 424-244) en torno a la aplicación del Decreto n° 1694/09, pues éste fue el único intento para superar las deficiencias que acarreaba el sistema de la Ley 24557, en un contexto económico diametralmente opuesto al de su antecesor Decreto 1278/00 y con la importante desidia del P.E.N. en el cumplimiento de la misión legislativa de actualizar los valores de las prestaciones (expresamente impuesto en el inciso 3° del artículo 11, Ley 24557).

Por el contrario, la Ley N° 26773 es una modificación legislativa de la Ley 24557 (léase: de igual raigambre), que crea nuevos derechos e impone diversas obligaciones -inclusive, al Estado Nacional- y que tiene prevista una entrada en vigor expresa, que no debe ser desoída, so riesgo de afectar el principio de legalidad y la seguridad jurídica de todos.

Por todo lo expuesto, concluyo que la Ley 26773 no es aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín Oficial, con la excepción de lo dispuesto en los incisos 1° y 7° del artículo 17 del mismo cuerpo legal.

ASÍ VOTO.

A LA CUESTION OBJETO DE LA CONVOCATORIA, LA DRA. SILVINA MIQUEL, DIJO:

Que adhiero a la respuesta dada al interrogante que convoca al plenario por los Dres. Adaro y Salvini. Coincido particularmente con quienes me precedieron en el voto en cuanto a que, ni la literalidad del art. 17 inc. 5 de la Ley 26773, ni su interpretación finalista, contextual o consecuencialista, habilitan a pronunciar una conclusión en sentido diverso. A mayor abundamiento sopeso que cuanto el legislador quiso establecer la retroactividad así lo dispuso, como ocurre con los supuestos previstos en los incs. 1 y 7 de dicha manda, para las hipótesis allí­ previstas. La opción por la que me inclino, finalmente, se compadece con la regla que sienta el artículo 2 del Código Civil y con la prohibición de aplicación legal retroactiva, si esa implementación no ha sido dispuesta, expresamente, por el legislador (art. 3 CC).

ASÍ VOTO.

A LA CUESTION OBJETO DE LA CONVOCATORIA, EL DR. PEDRO LLORENTE, DIJO:

Que, en el mismo sentido, adhiero a la conclusión a la que arriba en su voto el Dr. Mario D. Adaro. Ello, desde que las leyes no son retroactivas si ellas mismas así no lo disponen (art. 3° CC) y no son obligatorias sino después de su publicación en el Boletín Oficial (arg. artículo 2° CC). En el caso de la Ley 26773 se ha establecido el plazo de vigencia en el inc. 5 "a partir de la primera manifestación invalidante" con la excepción de los incisos 1 y 7 del artículo 17, que expresamente han dispuesto su retroactividad.

Por lo demás, también comparto la aclaración efectuada por el Dr. Hermán A. Salvini, en torno a la aplicación del Decreto n° 1694/09, a partir del precedente "Garis" (LS 424-244).

Por todo lo expuesto, concluyo que la Ley 26773 no resulta aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín Oficial, con la excepción de lo dispuesto en los incisos 1° y 7° del artículo 17 del mismo cuerpo legal.

ASÍ VOTO.

A LA CUESTION OBJETO DE LA CONVOCATORIA, POR LA MINORÍA, EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

1- Dado el presente plenario cabe realizar algunas consideraciones previas a dar respuesta al interrogante planteado: La vigencia temporal de las leyes laborales, en especial las de accidentes y riesgos del trabajo.

Aclaro, antes que nada, que la complejidad de la temática exige la necesidad de hacer un voto, claro, conciso y práctico que despeje dudas y sirva como herramienta útil para poner luz a esta temática altamente conflictiva.

Esta problemática, también llamada derecho transitorio, se reitera con la aparición de la Ley 26773 y así lo señalaba, en octubre del año 2013, el Dr. Cornaglia diciendo que : "La reforma de la Ley 24557 por la Ley 26773, desafía a la doctrina y pondrá en aprietos a la jurisprudencia" (La Ley 26773 y la naturaleza contractual objetiva por riesgo de la acción de reparación integral de daños. Doctrina Laboral y Previsional-Errepar n° 338, pág. 1033 y ss.).

Y ello se confirma al insistir el legislador con una fórmula altamente cuestionada por inconstitucional (art. 3 CCivil) como es la de disponer que las modificaciones al sistema de la Ley de Riesgo del Trabajo se producen desde la publicación en el Boletín Oficial y cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha; prueba de ello son las últimas modificaciones significativas introducidas al sistema por el Decreto 1694/09 (art. 16) y el actual Régimen de Ordenamiento Ley 26773 (art. 17), que con algunas variantes repite tal esquema sobre la vigencia.

Asi lo ha entendido la jurisprudencia que ha producido la desactivación de la mencionada fórmula, declarando la inconstitucionalidad en todo el pais. Ello es asi, porque ante la existencia de un defecto legal, el mismo debe ser subsanado con un claro criterio jurisprudencial, que evite la reiteración de etapas ya superadas.

Esa desinteligencia del legislador ha llevado, por un lado, a recepcionar en forma sesgada la experiencia jurisprudencial, con todo el perjuicio y la litigiosidad que ello acarrea.

Toda vez que los Jueces se han enfrentado a la ardua tarea de enderezar el rumbo marcado por una deficiente técnica legislativa, mediante el control de constitucionalidad y convencionalidad y la aplicación lógicos y racionales.

Y por el otro, la falta de la aplicación inmediata de la legislación social a las situaciones en curso, que no es aplicación retroactiva como algunos han interpretado al punto de abusar del principio de la irretroactividad de las leyes; al aceptar como válida la defensa de las Aseguradoras y empleadores, que han visto en ese principio la justificación del uso abusivo de su derecho de defensa y de propiedad (art. 1071 del CC, art. 63 y concordantes de LCT) .

En efecto, la aplicación inmediata de la Ley o la irretroactividad de la misma, son tópicos que han generado gran confusión al dejarse de lado que la reparación que acoge el Juzgador es la consecuencia pendiente -por no estar consumada- del hecho dañoso.

El hecho provocador del daño precede- lógicamente- a la determinación de la enfermedad, su gravedad o fallecimiento.

La reparación se establece en miras a la contingencia y no en el hecho dañoso, generador de la misma, por ello el sistema de reparación se encarga de la discapacidad, su grado; la rehabilitación de manera de mitigar las consecuencias y favorecer la posibilidad para el trabajador con discapacidad de reincorporarse al mundo del trabajo (arts. 16, 20 y 26 ap.7 de la Ley 24557, Decreto. 334/96 art. 11, resolución SRT 1240/2010, SRT resol. 2/96, art.3 inc. d), art. 2 de la Ley 26773, Conv. 17, art. 10 OIT, entre otros), sin perjuicio también del deber de prevención. (Conv. OIT 155 y 157; art. 4 LRT, Decreto 410/2001 entre otros).

En definitiva, "... la seguridad social mira la contingencia y la contingencia es el daño y no el hecho, y el daño es idéntico en un trabajador amputado con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26773..." (Martinez Jorge c/ Consolidart ART p/cobro de pesos- Cam. de Apelac. del Trabajo de Santa Fe- n°199/2012)

Es decir, que una situación de salud aún no consolidada y por ende no exigible aun, se verá afectada por la nueva norma, como así también cuando estando definida no ha sido reparada, por ser ambas consecuencias jurídicas pendientes.

Ello es así por cuanto el bien jurídico protegido no es el patrimonio del asegurado ni de su aseguradora, sino la integridad psicofísica del trabajador.

Cabe rescatar lo que elocuentemente dice el Dr. Cornaglia cuando señala "... Una indemnización pendiente de satisfacer, es sólo una virtualidad. Una promesa legal, no un derecho agotado..."(Aplicación inmediata de la ley laboral más beneficiosa. L. L. año LXXV, n° 209- noviembre de 2011, pág. 1/8).

Estas consideraciones son fruto de la tarea de interpretación doctrinaria y control de constitucionalidad y convencionalidad que los Jueces vienen realizando y sobre todo apoyados por la Corte Nacional que a partir del año 2004 en causas como Aquino, Castillo, Milone, Itzcovich, Souto, Arostegui, Arcuri, Ascua, Aveiro, entre muchos otros, revalora los principios enunciados en casos Bercaitz (1974), Camusso (1976), Gómez Vélez (1976), Ramirez (1976), Dagata (1977), ALem (1984), Dellutri (1984), entre otros, al poner énfasis en el principio pro homine, la justicia social, in dubio pro operario, progresividad de los derechos, aplicación de la norma que mejor protección otorgue a la persona del trabajador y más aún cuando se encuentra en situación de vulnerabilidad al verse afectado en su integridad psicofísica como consecuencia de un trabajo que no respeta su dignidad e indemnidad.

Memorando esos casos emblemáticos podemos rescatar estas pautas de vigencia atemporal:

-"El objetivo preeminente de la Constitución es lograr el bienestar general, es decir, la justicia en su más alta expresión, la justicia social. Tiene categoría constitucional el principio: in dubio pro justitia socialis, con arreglo al cual las leyes deben ser interpretadas a favor de quienes, de tal manera, consiguen o tienden a alcanzar el bienestar, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a la excelsa dignidad" (Bercaitz-fallos 289:430, C.N. art. 75 inc. 19).

"La justicia es una virtud al servicio de la verdad sustancial..."principio que con referencia a los sectores sociales más necesitados tempranamente aplicó el tribunal- cuando integraban los conspicuos constituyentes del 53- con este enunciado admirable en su sencillez: tratándose de personas desvalidas, es la equidad y aun de justicia apartarse del rigor del Derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes o del descuido de su defensor" (Bercaitz-fallos 289:430; 5:459).

-"Con arreglo a lo dispuesto en el art. 3° del Código Civil, no implica retroactividad la inmediata aplicación de una norma ­la Ley 20695, derogada por la 21297­ a una relación jurídica existente, si al entrar en vigor aquélla no se había satisfecho el crédito". (Camusso Vda. de Marino, 294: 434; Ramírez 295:7)

"No es atendible el planteo constitucional referente a la actualización de las indemnizaciones laborales, pues el desmedro patrimonial que para el deudor moroso deriva de aquella alteración no reviste entidad tal que permita entender configurada una lesión esencial a su derecho de propiedad; y sólo le priva de un beneficio producto de su incumplimiento, que depende de su propia conducta discrecional" (Camusso Vda. de Marino, 294: 434).

-"El derecho adquirido mediante el pago hecho con sujeción a todo lo que en orden a su forma y su sustancia dispongan las leyes es, con respecto a la legítima obligación a la cual corresponde, inalterable, ya que, conforme a la ley civil, el cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho de obtener la liberación correspondiente. El efecto liberatorio del pago se funda en la garantía constitucional de la propiedad, que ampara los actos regularmente concluidos" (Gómez de Velez, 294 :456). "Lo atinente a la existencia o inexistencia de cosa juzgada, salvo el caso de arbitrariedad, o cuando se trate de derechos acordados por una sentencia de la Corte, no autoriza la apelación extraordinaria, ya que la cosa juzgada busca fijar definitivamente, no tanto el texto formal del fallo, cuanto la solución real prevista por el juzgador a través de aquél. De modo que la aplicación inmediata de la Ley 21297 no viola el derecho de propiedad, pues no impone una modificación substancial en cuanto al monto del crédito, sino que tiene por objeto actualizar la condena de una manera que el legislador consideró adecuada a la realidad"(Dagata, 298: 522, Caja de subsidios familiares 298:458, Cepeda 298: 586).

-" A los efectos del nacimiento de la protección constitucional, no es imprescindible la existencia de una sentencia firme anterior a la nueva ley, siendo suficiente para ello, que el particular haya cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos por la ley anterior, para ser titular del derecho" (Alem, 305:899).

- "El régimen establecido en la Ley 1401 de la Provincia de Santa Cruz se compadece con lo dispuesto en el art. 3°, primera parte, del Código Civil, desde que con la aplicación de la ley impugnada tan solo se alteran los efectos en curso de una relación jurídica nacida bajo el imperio de la ley antigua, a partir de la entrada en vigencia del nuevo texto legal; es decir, que la ley derogada sólo rige respecto de las relaciones jurídicas establecidas durante su vigencia, con referencia a actos o hechos ocurridos durante ese tiempo, y hasta la fecha en que entra a regir la ley nueva. Tal conclusión descarta la inconstitucionalidad de una ley por el hecho de su aplicación inmediata, en tanto ello no afecte derechos constitucionalmente garantizados"(Dellutri, 306: 1799)

Y recientemente en un caso esclarecedor para el plenario propuesto el caso CALDERÓN (2014) en el que la Corte Nacional hace lugar al recurso federal interpuesto por una trabajadora que solicitaba la aplicación de las mejoras introducidas por el DNU 1278/00 siendo que el hecho que originó la incapacidad fue un accidente de trabajo (in itínere) producido con anterioridad a su entrada en vigencia.

La Corte, adhiriendo al dictamen del Procurador General (20/3/12), dice: "... Los jueces no pudieron dejar de atender los argumentos de la recurrente cuando señaló que si el objeto del reclamo nunca pudo ser exigido antes de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente, resultaba razonable que se aplique la norma vigente al momento que es exigible dicho crédito para su cobro. Máxime que encuentra explicación el concepto de primera manifestación invalidante para otras prestaciones en especie y dinerarias pero no para la reclamada en autos como se describió en el recurso. Desde esta perspectiva, deberá examinarse los principios del precedente Aveiro en cuanto destaco que si el Decreto en juego, según sus propios considerandos perseguía fines perentorios e impostergables, así como procuraba a dar respuesta a la posibilidad y la necesidad de mejorar el régimen de la LRT de inmediato con el propósito de dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador o de sus derecho habientes originadas en el infortunio laboral, la interpretación del citado art. 19 debía realizarse con arreglo a tales premisas...".
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

similar:

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconEn Mendoza, a los doce días del mes de marzo del año dos mil catorce,...

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconEn Mendoza, a dos días del mes de diciembre del año dos mil trece,...

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconEn Mendoza, a veintisiete días del mes de julio del año dos mil doce,...

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconEn Mendoza, a treinta días del mes de julio del año dos mil catorce,...

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconEn Mendoza, s mil doce, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema...

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconEn la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de Mayo del año...

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconEn la ciudad de Santa Fe, a los veinticuatro días del mes de septiembre...

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconEn la ciudad de Mar del Plata, a los 25 días del mes de abril del...

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconEn la ciudad de La Plata, a los tres días del mes de Noviembre del...

En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia iconLima, veintiuno de mayo de dos mil catorce. La sala civil transitoria...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com