En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia






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- Que, en la particular interpretación de Roubier, la mayoría de los momentos o fases se "agotan" con el hecho que los produjo.

Por consiguiente: "... pretender juzgar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica con arreglo a las nuevas leyes, es darles un efecto retroactivo, prohibido categóricamente..." (MOISSET DE ESPANÉS, op.cit. textual fs. 17/18)

- Que la obligación de resarcir, es una "relación jurídica" que se establece entre víctima y victimario, en virtud de disposición legal, cuando se reúnen los recaudos de hecho, aunque se le apliquen los mismos conceptos que a la "situación jurídica".

- Que un presupuesto básico para su nacimiento es el daño (material o moral). Por consiguiente, éste no es una consecuencia de la reparación. Es la CAUSA constitutiva de esa relación.

- Que, en tal momento, nace la vinculación con determinado contenido que ya no podrá ser variado sin una ley expresamente retroactiva.

Que: "... si la situación se constituyó válidamente bajo el imperio de la ley antigua (...), no podrá volverse sobre el punto, aunque la ley nueva lo regule de manera distinta..." (ib. pág. 23)

Por consiguiente, el momento de la constitución no puede ser alterado por la aplicación de una nueva ley en otro momento o fase. El contenido y alcance de la obligación queda ahí pétreamente establecido. Podrá modificarse la situación jurídica y/o extinguirse, pero nunca modificando aquélla, puesto que se incurriría en retroactividad.

Textualmente: "... una vez formada la relación, el cambio de leyes no puede afectar su "constitución", salvo que el legislador, de manera expresa, confiera efecto retroactivo a la nueva ley..." (ibídem)

- Que, por otra parte, el incumplimiento no es una "consecuencia" de la relación jurídica sino un "hecho modificatorio" de la situación jurídica que crea, por ejemplo, la "situación jurídica" de mora.

- Que, en lo tocante a "consecuencias o efectos", las correspondientes a la obligación de resarcir son, entre otras, la producción de intereses.

En tal sentido, a partir de la situación jurídica de mora, si se dictara una nueva ley sobre tasas de intereses moratorios, ésta alcanzaría a los devengados con posterioridad a su vigencia, pero no a los anteriores, en virtud de la armoniosa coordinación entre los principios de irretroactividad y aplicación inmediata.

- En conclusión, el "hecho constitutivo" de la situación jurídica aquí analizada no puede ser modificado (ni en su contenido, ni en su alcance) por las nuevas leyes. Menos aún, alterando la forma de extinción, puesto que de esta forma, indirectamente, se afectaría a aquél, sin una ley que expresamente lo haya dispuesto así.

Me explico: si la situación jurídica entre A.R.T. y trabajador se formuló con un contenido determinado (prestaciones dinerarias y en especie de la Ley 24557) pero se exige que la misma se extinga conforme el contenido de la Ley 26773, pues el pago se efectúa en este tiempo, se está alterando el hecho constitutivo del vínculo y se está produciendo la retroactividad de la ley -prohibida- en contra de los derechos constitucionales del contrario, sea o no una Aseguradora.

e. Sin embargo, y no obstante los enormes esfuerzos civilistas para interpretar esta norma (reeditados con motivo de la sanción de la Ley 26994), lo cierto es que la Ley N° 26773 contiene una expresa norma de derecho transitorio, que es la aquí analizada, y que difiere de la fórmula del artículo 3° Código Civil, que era la propugnada por el Dictamen de la Minoría, en el Senado del Congreso de la Nación (conforme Anexo al Orden del día N° 1041, de fecha 26 de diciembre de 2012), pero que no fue el texto finalmente sancionado.

Ello así, existiendo un régimen autónomo -en el ámbito del Trabajo-, el traslado de normativa civilista al ámbito del Derecho del Trabajo merecería, al menos, una profunda reflexión, toda vez que este último siempre ha tendido a apartarse de aquél, en aras del principio protectorio del artículo 14 bis CN y a la independencia de la materia.

- Por todo, me inclino por omitir trasladar el artículo 3° CC al análisis de la pregunta formulada en autos.

f. Mención aparte merece el análisis del concepto de "definitividad", utilizado por la Corte Federal en los autos "Calderón", ya citados.

(i) En primer término, puesto que ya no resulta favorable al trabajador (arg. art. 14 bis CN) ubicar el nacimiento del derecho en el momento del nacimiento de la acción, toda vez que es sumamente más valioso para los trabajadores la ya analizada cláusula 2°, párrafo 3°, Ley 26773: el crédito devengará intereses y consecuencias para el deudor desde el acaecimiento del siniestro.

Nótese que este nuevo ordenamiento se aparta expresamente del tal término (en el ya analizado artículo 2.3), previendo que el derecho nace en el momento en que se ocasiona el daño a la salud del trabajador, y no cuando este se consolida o cristaliza. El propio artículo en comentario señala: "... más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance...".

(ii) Ello así, existiendo una nueva formulación del contenido y alcance de la relación jurídica por parte de la Ley 26773, lo resuelto en "Calderón" no resulta vinculante.

(iii) A idéntica conclusión cabe arribar por existir pronunciamientos contrarios dentro de la propia Corte Federal.

Máxime, cuando ella misma, en reiteradas oportunidades, sostuvo que es impropio de su competencia formular interpretaciones de normas de carácter común (a partir del caso "Benítez", Fallos 332:2815) y cuando ha querido modificar su doctrina, así lo ha efectuado expresamente y no por remisión al dictamen de Procuración (casos "Aquino" Fallos: 327:3753; "Benítez", Fallos 332:2815; "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino si daños y perjuicios", de fecha 27/11/12, entre muchos otros).

4. Ahora bien, y ya en torno al inciso 6° del artículo 17, entiendo que el mismo sólo fue una disposición tendiente a fijar un punto de inicio para la adopción del índice RIPTE. Una orden directa para que Organismo delegado (v.gr. Secretaría de Seguridad Social) procediera a actualizar los valores de los montos fijos y los pisos mínimos considerando el índice devengado entre el Decreto 1694/09 y la entrada en vigor de la Ley 26773.

De ningún modo considero que es la excepción a la regla contenida en el inciso 5°. Por el contrario, quienes postulan esta tesitura tornan a la retroactividad como una regla, puesto que resultarían alcanzados todas las obligaciones impagas, incluyendo las judicializadas. Precisamente, es lo que ha acontecido en la jurisprudencia mendocina a partir del fallo "Godoy" y genera una aplicación completamente retroactiva de todo el ordenamiento, en contraposición con el inciso 5° que, sin dudas, es la regla.

Asimismo, en el ámbito Civil, la irretroactividad es la regla (art. 3 CC), salvo disposición del legislador en contrario.

En nuestro ámbito, ni ha sido dispuesta en contrario la retroactividad, ni se ha otorgado atribución a los Jueces para fallar en tal sentido (arg. art. 8°).

De esta forma, se ha delegado esta obligación en la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, por lo que la Justicia no puede asumir una atribución que no le es propia.

- En conclusión, entiendo que todas las disposiciones novedosas que incorpora este régimen -salvo las excepciones expresas que analizaré ut infra- resultan de aplicación para las primeras manifestaciones invalidantes que se produzcan luego de la publicación de la Ley 26773 en el Boletín Oficial, conforme lo normado en el inciso 5° del artículo 17.

6. Mención aparte merece dejar a salvo mi postura -complementaria a la recalcada al analizar el derecho a la salud- en torno a que, si por las vicisitudes que pudieran acontecer, la reparación en dinero resultara insuficiente, así lo declararé, en ejercicio del control de convencionalidad y de constitucionalidad que me competen, tal y como ya lo tengo dicho en mi voto -en disidencia- pronunciado en autos "Coria" (LS 441-241) y "Bizzotto" (443-214).

Resulta indispensable memorar el contenido de los mismos, a continuación:

- si bien la ley aplicable al caso concreto se corresponde con la vigente al tiempo de la Primera Manifestación Invalidante, ningún Tribunal puede efectuar una aplicación automática de la ley de riesgos del trabajo.

- De tal forma, corresponde efectuar el control de convencionalidad y constitucionalidad sobre la normativa referida, en cada caso concreto.

En tal sendero, cabe tener presente que el ejercicio del iura novit curia no comporta un agravio constitucional (v. doctrina de Fallos: 323:2456; 324:2946; 326:3050, 334:120).

- Las pautas para la obtención de una reparación tarifada adecuada a Derecho deben ser las siguientes:

(a) La tarifa no es inconstitucional per se. La fórmula matemática -basada en el salario, la edad y la incapacidad del trabajador- debe, en principio, ser respetada.

(b) El monto que arroje debe cubrir -al menos- la pérdida de capacidad de ganancia (lucro cesante), en forma íntegra (conf. "Ascua", Fallos 333:1361), intentando lograr, en el caso concreto, la justicia social (conf. Bercaitz, Fallos 289:430), y en la búsqueda de una reparación justa, equitativa y digna.

(c) Los dispositivos de la LRT que se opongan a esto último, son inconstitucionales por no respetar los imperativos constitucionales, lo cual debe ser motivo de análisis por el juzgador y de declaración expresa (CSJN, 23/03/2010, "Berti, Alfredo Jesús c/Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors s/Accidente Ley 9688", B.1780, XLI, en adelante "Berti", considerandos 8° y 9°, y autos "Guerrero").

(d) En la gran mayoría de los supuestos, el reproche recaerá sobre el artículo 12 (ingreso base) de la L.R.T., dado que genera una fuerte inequidad: el trabajador siniestrado con motivo o en ocasión del trabajo resulta resarcido con una base salarial desactualizada y sin incluir los rubros no remunerativos.

Nótese que gran parte de la doctrina critica que dicho artículo (12 L.R.T.) continúe aún vigente (véase SCHICK, Horacio; "Aplicación de las mejoras indemnizatorias dispuestas por el Decreto 1694/09 y la Ley 26773 no canceladas a la fecha de su entrada en vigencia", DT 2013 (agosto), 2052; RAMÍREZ, Luis E., "Aspectos salientes de la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo", Sup. Esp. Nueva Ley de Riesgos del Trabajo 2012-noviembre, 62; ETALA, Juan José; MAZA, Miguel Ángel; FOGLIA, Ricardo A., "Modificaciones a la ley de riesgos del trabajo", L. L. 27/02/2013, 6, GILETTA, Ricardo Agustín, "Sobre lo que parece que podría querer decir la Ley 26773", Rev. de Derecho Laboral 2013-1: ley de riesgos del trabajo IV / dirigido por Mario Eduardo Ackerman - 1ª ed. - Santa Fe: Rubinzal - Culzoni, 2013, pág. 35 y ss.; entre otros).

7. Finalmente, resta el análisis de los incisos 1 y 7 del artículo 17, Ley 26773 he anticipado que sí procede la aplicación retroactiva, pero por expreso mandato legislativo.

Las razones de mérito y conveniencia estimadas por el Congreso no pueden ser objeto de censura, salvo inconstitucionalidad debidamente acreditada, en caso concreto.

a. En tal sentido, considero que el primero de los mencionados dispositivos ha establecido la retroactividad pero ha dejado a salvo las prestaciones que se encuentren "en ejecución", esto es, con principio de cumplimiento, mediante la forma de renta periódica, de conformidad con el precedente "Milone" (Fallos 327:4607) de la Corte Federal

Añado que, toda vez que el dinero correspondiente a la prestación dineraria debía ser depositado por la A.R.T. -in totum- ante una compañía de seguros de retiro (arg. arts. 14.2, 15.2, 19 cc. y ss. LRT), el mismo egresaba del patrimonio de aquélla en idéntico momento en el que saldrá a partir de la Ley 26773.

(i) Ahora bien, si la retroactividad -legislativamente instaurada- resultara lesiva de un derecho constitucional (a modo ejemplificativo, de la compañía de seguros de retiro), sería la parte afectada quien debería acreditarlo de modo tal de obtener la invalidez del precepto, en el caso concreto, pero la temática excede el ámbito de esta convocatoria.

b. Idénticas conclusiones caben respecto del inciso 7°, en torno a las prestaciones de pago mensual por gran invalidez, para lo cual la ley ha efectuado la salvedad expresamente, cuando ha sostenido: "... con independencia de la fecha de determinación de esa condición...".

(i) Esta última mención, que no se encuentra presente en el inciso 5° ni en el 6° del mismo artículo, demuestra que sólo en el supuesto de los incisos 1 y 7 puede hablarse de una aplicación retroactiva de la ley, pero por expresa orden del Poder Legislativo.

VII. Por todo lo expuesto, concluyo que la Ley 26773 no es aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín Oficial, con la excepción de lo dispuesto en los incisos 1° y 7° del artículo 17 del mismo cuerpo legal.

ASÍ VOTO.

A LA CUESTION OBJETO DE LA CONVOCATORIA, EL DR. HERMAN A. SALVINI, DIJO:

En principio, y en términos generales, comparto la conclusión a la que arriba en su voto el Dr. Mario D. Adaro. Ello, desde que las leyes no son retroactivas si ellas mismas así no lo disponen (arg. artículo 3° CC) ni obligatorias sino después de su publicación en el Boletín Oficial (arg. artículo 2° CC), con la excepción de los incisos 1 y 7 del artículo 17, que expresamente ha dispuesto dicha aplicación.

Es decir, cuando la ley ha querido ser retroactiva, así lo ha dispuesto expresamente.

Ahora bien, se afirma tal premisa, sin perjuicio de que adherí al voto del Dr. Carlos Bohm en los precedentes registrados en LS 454-141; 452-011 y 452-017, pues la preliminar interpretación esbozada en los mismos obedeció a la ambigua redacción normativa del artículo 17, inciso 6°, Ley 26773.

Sin embargo, en un reexamen de la cuestión, efectuado a la luz de las disposiciones expresas de la normativa reglamentaria, pronunciada a posteriori, queda claro que la ley referida no se pronunció por la actualización de las contingencias anteriores a su publicación en el Boletín Oficial.

En efecto, tanto el Decreto reglamentario N° 472/14 (B.O. 11/04/2014) como las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación (34/13, 3/12 y 22/14) han establecido valores para los pisos mínimos de las manifestaciones invalidantes que acontezcan en períodos POSTERIORES al día 26 de octubre de 2012 (fecha de publicación de la Ley 26773 en el Boletín Oficial).

La fórmula -en términos generales- se reitera en todas las disposiciones antedichas, por lo que sólo a modo ejemplificativo baste transcribir el primer párrafo del articulado de la Resolución 34/13 (primera en aparecer): "ARTICULO 1° - Establécese que para el período comprendido entre el 26/10/2012 y el 28/02/2013 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único (...) ARTICULO 2° - Establécese que para el período comprendido entre el 01/03/2013 y el 31/08/2013 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley Nº 24557 y sus modificatorias, se elevan a (...) ARTICULO 3° - Establécese que para el período comprendido entre el 01/09/2013 y el 28/02/2014 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley Nº 24557 y sus modificatorias, se elevan a (...) ARTICULO 4° - Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la Ley Nº 24557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a lo siguiente: a) Para el período comprendido entre el 26/10/2012 y el 28/02/2013 inclusive, al monto que resulte de multiplicar PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 369.630) por el porcentaje de incapacidad. b) Para el período comprendido entre el 01/03/2013 y el 31/08/2013 inclusive, al monto que resulte de multiplicar PESOS CUATROCIENTOS DIECIESEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 416.943) por el porcentaje de incapacidad. c) Para el período comprendido entre el 01/09/2013 y el 28/02/2014 inclusive, al monto que resulte de multiplicar PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 476.649) por el porcentaje de incapacidad...".
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