En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia






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- En tal sentido, entiendo necesario memorar que, de conformidad con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Observación General N° 14 (Fuente: Nº 1 a Nº 19: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I); Nº 20: E/C.12/GC/20; Nº 21: E/C.12/GC/21), el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos, entre los que se incluyen las condiciones sanitarias adecuadas y las condiciones de trabajo seguras y sanas, en un medio ambiente sano (párrafo 4; en el mismo sentido, ver párrafo 11), por lo que se debe hacer hincapié en las medidas preventivas y "reducir al mínimo, en la medida en que ello sea razonablemente viable, las causas de los peligros para la salud resultantes del medio ambiente laboral" (párrafo 15).

Así las cosas, nuestro país se encuentra obligado internacionalmente a adoptar medidas necesarias para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y deontología y porque los terceros no limiten el acceso de las personas a la información y los servicios relacionados con la salud (párrafo 35).

- Es de resaltar que, para el Comité, los juristas tienen un papel importante en la tutela del derecho a la salud, pues: "Los Estados Partes deben alentar a los magistrados y a los demás jurisconsultos a que, en el desempeño de sus funciones, presten mayor atención a la violación al derecho a la salud" (párrafo 61).

Asimismo, que: "... el derecho a la salud física y mental implica también el derecho a tener acceso a los servicios médicos y sociales -incluidos los aparatos ortopédicos- y a beneficiarse de dichos servicios, para que las personas con discapacidad puedan ser autónomas, evitar otras discapacidades y promover su integración social. De manera análoga, esas personas deben tener a su disposición servicios de rehabilitación a fin de que logren "alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad". Todos los servicios mencionados deben prestarse de forma que las personas de que se trate puedan conservar el pleno respeto de sus derechos y de su dignidad..." (Conf. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General No. 5, "Personas con Discapacidad". Naciones Unidas, Documento E/1995/22 (1994), párr. 34).

- Lo que es más, la Corte Interamericana en sentencia contra nuestra República (C.I.D.H., CASO FURLAN Y FAMILIARES VS. ARGENTINA, SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2012, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) ha establecido varias pautas que no pueden seguirse olvidando en este ámbito tan sensible para la población entera:

v las medidas de reparación no se centran exclusivamente en medidas de rehabilitación de tipo médico, sino que deben incluir aquéllas que ayuden a la persona con discapacidad a afrontar las barreras o limitaciones impuestas, con el fin de que dicha persona pueda "... lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida...", todo ello, de conformidad con la interpretación que el Tribunal efectúa del Artículo 26 de la CDPD.

v Todo tratamiento a personas con discapacidad debe estar dirigido "al mejor interés del paciente", debe tener como objetivo preservar su dignidad y su autonomía, reducir el impacto de la enfermedad, así como a mejorar su calidad de vida (Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 109.).

v El derecho a la rehabilitación (previsto por los artículos 23 y 25 de la CDPD) implica la posibilidad de gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, así como la obligación de adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud.

v La rehabilitación debe ser brindada en forma temprana y oportuna, para lograr un resultado idóneo, debe ser continua y abarcar más allá de la etapa de mayor complejidad inicial, con especial consideración del tipo de discapacidad que la persona tiene y ser coordinado por un equipo multidisciplinario que atienda todos los aspectos de la persona como una integralidad.

v Los tratamientos respectivos deberán prestarse, en la medida de lo posible, en los centros más cercanos a los lugares de residencia de las personas y por todo el tiempo que sea necesario.

- Insisto, toda vez que se incrementen las posibilidades de mejora de la salud del trabajador siniestrado, conforme el avance científico y tecnológico, las prestaciones sistémicas, en especie, deberán otorgarse a todos los interesados, sin limitación temporal alguna.

Ello así, el eje de la materia no puede ser exclusivamente la cuantía monetaria de la indemnización dineraria sustitutiva. Por el contrario: "Las reparaciones no se agotan con la indemnización de los daños materiales e inmateriales (supra pár. 72 a 76 y 80 a 89), a ellas se agregan las otras formas de reparación (...) f) Tratamiento médico y psicológico..." (C.I.D.H., "Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala (Reparaciones), 2004)

-Por todo, y dado que el Estado argentino ha legislado en la materia sobre las necesidades de las prestaciones de salud, la prevención y rehabilitación (v.gr. Ley 24.557 y complementarias) los magistrados deberían centrar su atención en el cabal cumplimiento de las obligaciones de prevención (arg. art. 1 LRT) y de todas las previstas en el artículo 20 y cc. de la LRT por parte de las Aseguradoras, de forma tal de verificar si se realizó el mayor esfuerzo posible en aras a la mejora oportuna de la salud del trabajador.

El principio de inmediación jugará un rol determinante, sin dudas, pero también lo serán los informes médicos que el Magistrado requiera, aun en forma complementaria a los requeridos por las partes (arg. arts. 69 y 19 CPL).

También deberán apelar a las medidas precautorias que pudieran corresponder para garantizar la oportuna rehabilitación de los trabajadores.

En este sendero se han enrolado numerosos tribunales de nuestro país a partir del pronunciamiento de la Corte Federal en autos "Camacho Acosta" (Fallos 320:1633).

En definitiva, si no modificamos el eje de la discusión y centramos la actividad judicial en la salud del trabajador, sólo estaremos asistiendo -como simples espectadores- a la vil consagración de una "suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones" (parafranseando a la Corte Suprema en autos "Aquino", Fallos 327:3677).

- De consuno con lo hasta aquí expuesto, resulta sumamente más valioso colocar el acento en la prevención y en las prestaciones en especie (art. art. 20 LRT), en lugar de incrementar la cuantía monetaria en contra de las posibilidades económicas del sistema, puesto que el colapso del mismo sólo repercutirá en contra de los mismos trabajadores a quienes se pretende tutelar.

c. Por otra parte, y desde el punto de vista de una interpretación sistemática, advierto que:

(i) Con la nueva legislación, no hay dudas de que el derecho del trabajador nace y produce efectos desde el momento del acaecimiento del evento dañoso, o primera manifestación invalidante.

- Así, se observa del artículo 2°, 3er párrafo, que ha previsto que: "El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional".

En tal sentido, este precepto es coherente con el artículo 17 inciso 5° que postula su vigencia para los nuevos supuestos.

Evidentemente, este punto refiere a la mora debitoris, por lo que seguramente se deberá revisar la télesis del artículo 47 Ley 24557 (esbozada a partir de autos "La Caja en J° Oyola", LS 312-206), en torno a los intereses.

Por lo demás, es la "primera manifestación invalidante" (art. 17 inc. 5° in fine) el factum a indagar para decidir cuándo nace el derecho del trabajador en este régimen, lo que se condice con el artículo 2° de la Ley 26773 que ha dispuesto la producción de efectos desde aquél hito.

De lo contrario se correría el riesgo de la doble actualización monetaria, toda vez que se permitiría el ajuste al momento de la sentencia a contingencias anteriores a la entrada en vigor de la norma (conforme la criticada interpretación del inciso 6°, artículo 17) y coetáneamente la imposición de intereses moratorios desde la primera manifestación invalidante (conforme el artículo 2° del mismo régimen).

- Por otra parte, cabe recordar que, en aras a la prescripción liberatoria, el artículo 4° de la Ley 26773 la ha ubicado en el momento en el cual el trabajador recibe la comunicación que tiene prevista la misma.

Es decir: hasta dicho tiempo, no nacerá la acción y, por consiguiente, no comenzará a prescribir la misma, pero sin embargo queda claro que el derecho se reconoce desde que aconteció el daño, de conformidad con el artículo 2°, 3er párrafo.

- Por el contrario, en la redacción anterior, intereses y prescripción se derivaban del artículo 47, Ley 24557 y estaban a la determinación de la definitividad de la patología, con lo cual, se producía un grandísimo abismo entre la ocurrencia del hecho dañoso, el establecimiento del carácter definitivo del daño (art. 9) y la mora debitoris (res. 414/99 S.R.T.).

- La nueva formulación debería resultar disuasiva del incumplimiento y de las dilaciones en el pago, toda vez que mientras más demora se produzca en el trámite de determinación de la dolencia -y ulterior pago- más intereses devengará el siniestro a favor de la reconstitución del crédito del trabajador.

- Por lo demás, y de esta forma, la legislación de riesgos del trabajo se inscribe en la doctrina civilista, que tiene dicho -desde antaño- que los intereses moratorios corren a partir del daño, pues es éste el que genera la responsabilidad (véase por ejemplo LS 325-091, con voto preopinante de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, entre muchos otros precedentes de la Sala I de este Tribunal).

- Tal criterio ha sido especialmente tenido en consideración por los legisladores al tiempo de la sanción de la Ley 26773, conforme se observa de la redacción del párrafo en estudio en este acápite (conf. fs. 9, último párrafo, Mensaje de elevación, Honorable Cámara de Senadores, Sesión Ordinaria, Orden del Día 1041, de fecha 19/09/12).

Por consiguiente, sólo puede entenderse que el derecho a la reparación se computará a partir de la producción de los nuevos daños, producidos luego de la entrada en vigor de la Ley 26773, de conformidad con el artículo 2°, párrafo 3°.

(ii) A su vez, en el supuesto de concurrencia entre Aseguradoras (arg. artículo 47), el ente que recibió las cotizaciones en la oportunidad del artículo 2°, párrafo 3°, Ley 26773 será el obligado al pago de las reparaciones (en dinero y en especie), pero también, quien cargará con los riesgos de la falta de prevención y deberá asumir los costos que su desidia irroguen.

(iii) Asimismo, y con independencia de los derechos de legalidad, defensa en juicio y propiedad de las Aseguradoras, la irretroactividad de la Ley 26773 también es el principio que mejor compatibiliza los derechos de los trabajadores con los de los demandados, cuando éstos resulten ser personas físicas.

Piénsese en la lesión a los derechos -no ya constitucionales- sino "humanos" de todos los mismos en la télesis de la aplicación "inmediata" de las leyes en los supuestos de accidentes de trabajo de empleados de casas particulares, producidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26844 (BO. 12/04/13), y del Decreto reglamentario 467/14 y Resolución General 3700/14, que incorporaron a dichos dependientes -efectivamente- en el régimen de la Ley 26773.

En el entendimiento de la aplicación "inmediata" y progresiva de la nueva Ley 26844, en consonancia con la 26.773, ¿se condenará en forma personal, al empleador de casas particulares, que no tenía posibilidad de poseer cobertura de Ley 26773, antes de que ello fuera obligatorio y que por tal motivo carece de A.R.T. que lo sustituya en sus responsabilidades para con su trabajador...

Nótese que el artículo 2°, inciso 2, punto b) de la Ley 24557 ya incluía al personal doméstico en el ámbito de protección de los riesgos de trabajo, pero no existía la reglamentación que posibilitaba la cobertura correspondiente, por lo que válidamente se podría argumentar en el sentido apuntado, si se compartiera dicha tesis.

En efecto, se llegaría así a una finalidad no buscada por la ley: que todos los empleadores de casas particulares serían responsables personalmente por los daños sufridos por sus dependientes, con el alcance de la Ley 26773, aún antes de la entrada en vigor de la Ley 26844.

¿Se argumentará también aquí respecto a la aplicación inmediata de la nueva ley laboral más beneficiosa? ¿No se reconocerá la existencia de una lesión al derecho de propiedad, defensa en juicio, y principalmente, a la seguridad jurídica que nos implica a todos? ¿Qué sucederá cuando el demandado resulte ser otro sujeto de especial tutela constitucional, como la mujer o los discapacitados?

Lo que es más, para argumentar en el sentido criticado, se debería estar dispuesto a extender los argumentos de la aplicación "inmediata" a todos los supuestos de nuevas leyes, civiles, comerciales, laborales, tributarias, etc., etc., etc., con lo que se anularía el Derecho mismo.

Lo expuesto, llevado al extremo, demuestra la inconveniencia de esta tesitura, lo que justifica mi apartamiento.

d. Ahora bien, todo lo dicho me obliga a realizar un análisis de la doctrina que postula que el artículo 3° del Código Civil -y su espejo, el artículo 7 del Código Unificado- es la respuesta a todos los interrogantes propios de este Plenario.

Sin embargo, la misma parte de una premisa errada: considera que la "inmediatez" es un simple concepto temporal ("dictada la ley, debe ser aplicada ahora"), cuando el "principio de aplicación inmediata" se vincula, en primer lugar, con conceptos jurídicos y es el correlato de la irretroactividad.

Esta disquisición no puede ser obviada porque de lo contrario la retroactividad resultaría ser la regla, principio completamente opuesto al legislado.

En tal sentido, seguiré las enseñanzas del Dr. Luis Moisset de Espanés ("La irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 Código Civil-Derecho Transitorio" U.N. Córdoba, 1976).

El autor glosado afirma:

- Que al artículo 3° CC sólo cabe recurrir cuando la norma en análisis no contiene una disposición de derecho transitorio (conf. ib., fs. 39), supuesto precisamente contrario al de la Ley 26773.

- Que, de conformidad con dicho precepto de derecho común, la irretroactividad es casi "absoluta", mientras que sólo puede encontrar excepciones en aquéllas hipótesis en que el legislador, expresamente, así lo haya dispuesto.

Tampoco es el caso de la Ley 26773, como ya advirtiera.

- Que la aplicación "inmediata" lo es siempre luego de la entrada en vigencia de una norma y para el futuro, puesto que esta regla es la única forma de compatibilizar dicho principio con la irretroactividad.

- Que hay que comprender debidamente la distinción entre "situación jurídica" y "consecuencias de la situación jurídica".

Seguidamente, explica que una "situación jurídica" pasa por distintas fases que son producidas por hechos a los que la ley asigna virtualidad para "crear", "modificar" o "extinguir" la situación jurídica. Dichas fases se rigen por el principio de irretroactividad, conforme el segundo párrafo del artículo 3° CC.
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