En Mendoza, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia






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5. Por su parte, en una variante de la tendencia anterior, la Sala II (CNAT, Sala II, 11/11/2013, en autos "Ronchi, Jorge Hugo c. Consolidar ART SA" y "Véliz, Mauricio Alejandro c. SMG ART SA") limitó dicha aplicación a los valores mínimos establecidos en el Decreto 1694/2009.

6. Por el contrario, las Salas IV (CNAT, Sala IV, 29/11/2013, autos "Rodríguez, Marcos Ezequiel c/ Asistencia y Remolques") y X (CNAT, Sala X, 22/10/2013, autos "Silveira, Roberto Carlos c. La Caja ART SA" y 15/10/2013, autos "Batet, Julio César c. QBE ART SA"), rechazaron la aplicación de la Ley 26773 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante fuera anterior a la entrada en vigencia de dicho articulado.

7. Oportunamente, el Dr. Eduardo Álvarez, en lo relativo al Artículo 4° de la Ley 26773, se pronunció por la irretroactividad de la norma (Dictamen pronunciado en expediente N° 53.199/2012-Sala V, "Virgilli, Darío Ernesto c/ Federación Patronal Seguros S.A. y otros s/ Accidente - Acción Civil"). Sin embargo, al analizar la aplicación del artículo 8°, propugnó su aplicación a supuestos acaecidos con anterioridad a la primera manifestación invalidante (autos: "DÍAZ CARLOS ALBERTO C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL", EXPTE. NRO. 14.923/2012 - SALA I- Dictamen N° 58.996 del 18/11/13).

IV. A continuación, resumiré las posturas doctrinarias:

1. Por una parte, se encuentran los que postulan la aplicación "inmediata" de la nueva ley laboral más beneficiosa, con fundamento en el principio de progresividad y la equidad y, en tal entendimiento, cuestionan la validez del artículo 17, inciso 5°, Ley 26773; o defienden la aplicación "inmediata" en función de las "consecuencias" las que alude el artículo 3° C.C., equiparando aquéllas a la falta de pago (conf. Cornaglia, Ricardo J., "Aplicación inmediata de la ley laboral más beneficiosa", L. L. 02/11/2011, 1 - L. L. 2011-F, 841, entre muchos otros trabajos del mismo autor; SHICK, Horacio, "Aplicación de las mejoras indemnizatorias dispuestas por el Decreto 1694/09 y la Ley 26773 no canceladas a la fecha de su entrada en vigencia", DT 2013 (agosto) , 2052, entre otros ensayos de su propia autoría)

2. En otro sector se ubican los autores que entienden que la actualización del artículo 8° debe ser aplicada en forma inmediata, por expresa previsión del inciso 6°, del artículo 17, que resultaría ser una excepción al principio general establecido en el inciso 5° (conf. BARREIRO, Diego A. - FORMARO, Juan J., "El ajuste por RIPTE establecido por la Ley 26773". Publicado en: DT, 2013 (agosto), 2016.; GABET, Alejandro, "La Ley 26773 permite ajustar -según el índice RIPTE- las prestaciones en dinero por incapacidad laboral permanente acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia", LLGran Cuyo 2013 (diciembre), 1161, entre otros).

3. También se han pronunciado quienes argumentan que la ley no puede ser aplicada a supuestos anteriores a su entrada en vigencia, puesto que así lo ha dispuesto el Legislador en el inciso 5° del artículo 17, la Ley 26773 y las leyes no pueden ser aplicadas en forma retroactiva, si ellas mismas así no lo han dispuesto; y que la falta de pago no es una "consecuencia" de las previstas en el artículo 3 CC (conf. RAMÍREZ, Luis E., "Riesgos del trabajo: ¿Es aplicable el Decreto 1694/09 a contingencias anteriores a su entrada en vigencia?, DT 2011-junio, 1534 - L. L. 28/07/2011, 3 - L. L. 2011-D, 376; del mismo autor "Las prestaciones dinerarias de la LRT, después de la Ley 26773: un modelo para armar", Rev. De Derecho Laboral 2013-1, ley de riesgos del trabajo IV/ dirigido por Mario Eduardo Ackerman - 1ª ed. - Santa Fe- Rubinzal Culzoni, 2013, pág. 83 y ss.; ACKERMAN, Mario E., "El RIPTE y su ámbito temporal de aplicación", DT 2014 -julio-, 1927; OJEDA, Raúl Horacio, "La aplicación del RIPTE (Ley 26773) no es retroactiva", Revista de Derecho Laboral Actualidad, RC D 960/2014; GARCÍA VIOR, Andrea E., "Reglamentación de la Ley de Riesgos del Trabajo. Cuantificación actual de su resarcimiento", DT 2014-mayo, 1335; FOGLIA, Ricardo A., "La aplicación del índice RIPTE a contingencias ocurridas antes de la vigencia de la Ley 26773", DT 2013- noviembre, 3025, entre otros)

V. Anticipo que mi respuesta al presente Plenario, será negativa, dejando a salvo las retroactividades dispuestas expresamente por el Legislador en los incisos 1° (in fine) y 7°, del artículo 17.

En efecto, sostengo que el resto de los dispositivos de la Ley 26773 no son aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín Oficial.

Pasaré a dar los fundamentos que sostienen mi decisión.

1. Advierto que el artículo 3°, Ley 26773 introdujo una nueva prestación dineraria -equivalente al 20 % de las indemnizaciones dinerarias-, por lo que, en virtud del inciso 5° del artículo 17, corresponde que sea aplicado en los casos de primeras manifestaciones invalidantes producidas con posterioridad a su publicación en el Boletín Oficial.

En tal sentido, y porque se trata de una nueva obligación, caben aquí las mismas conclusiones a las que arribó el Plenario "Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A." (21/12/1971) de la Cámara Nacional en lo Civil, cuando sentó que el daño moral incorporado por la Ley 17711 no podía ser aplicado a los daños causados con anterioridad a su vigencia.

Este criterio fue ponderado positivamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Edelberg" (Fallos: 291:390) y posteriormente seguido por los siguientes fallos Plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, "Prestigiácomo" (L. L. 1981-C); "Villamayor" (L. L. 1991-B, 441 - DT 1991-A, 710 - DJ 1991-1, 862).

Como puede apreciarse, la problemática aquí discutida, y que tiene en el centro de la escena a la persona humana que ha sido víctima de un daño, tiene larga data y ha sido resuelta, en cada plenario convocado al efecto, del modo antedicho: sin aplicación de la nueva ley a los hechos generadores de responsabilidad, ya fuera civil o laboral.

Más adelante analizaré la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, la que es conteste con este criterio.

2. En lo tocante al artículo 4°, resultan trasladables los mismos argumentos -lustrosamente expuestos en los Plenarios ya citados-, puesto que la cláusula introduce un requisito -antes, inexistente: la obligación de optar entre el régimen tarifado o el Civil.

En consecuencia, el "hecho constitutivo" de la nueva obligación (primera manifestación invalidante) generará una nueva "situación jurídica" en la cual, la opción por uno u otro régimen comportará la renuncia del otro.

En tal sentido, verifico que, de seguirse la tesitura doctrinaria y jurisprudencial que entiende que la "falta de pago" es una "consecuencia" de las mentadas en el artículo 3° del Código Civil y, en tal entendimiento, propugna la aplicación "inmediata" de la Ley 26773, ocasiona un grave perjuicio a todos los trabajadores que percibieran sus acreencias luego de la entrada en vigor de la Ley 26773, puesto que la aplicación "inmediata" de la norma a sus supuestos les impediría el acceso al ámbito de responsabilidad civil (pues se entendería que ya "optaron").

Sin lugar a dudas, este no ha sido el espíritu de la norma y prueba que de lo que se trata es de una aplicación netamente "retroactiva" de la ley, y no "inmediata", como un sector pretende.

A mayor abundamiento, insistir en la aplicación retroactiva de la ley, cuando su aplicación es fuertemente resistida por los operadores jurídicos, particularmente, por quienes proclaman la vigencia "inmediata" del RIPTE (conf. SCHICK, Horacio, "Reforma a la ley de riesgos del trabajo. Un viraje regresivo en materia de daños laborales", Sup. Esp. Nueva Ley de Riesgos del Trabajo 2012 (noviembre), 22; GIALDINO, Rolando E., "Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. La vigencia de un instrumento cristalizador de derechos humanos", DT 2014 (enero), 8, del mismo autor "Opción excluyente de la Ley 26773 y principios de progresividad y de opción preferencial", L. L. LXXVIII- 28, 1 - DT 2014 (marzo), 729 - IMP 2014-5, 203; entre otros autores) merece un debate más intenso.

De tal forma, esta "opción excluyente" correrá idéntica suerte que los incisos anteriormente analizados, puesto que en todos ellos es de plena aplicación lo dispuesto por el inciso 5° del artículo 17.

3. Ahora bien, en el inciso 5° del artículo 17, Ley 26773 radica la principal temática en torno al presente Plenario.

Abordaré su análisis con distintos métodos de interpretación, a fin de aproximarme a su verdadero sentido y alcance, intentando develarlo de forma coherente con todo el ordenamiento y la legislación constitucional e internacional.

a. En primer lugar, incumbe el análisis gramatical del texto en cuestión, pues: "Las sentencias que pronuncien los tribunales y jueces letrados se fundarán en el texto expreso de la ley, y a falta de ésta, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso." (conf. Art. 149º C. Mendoza)

Las bondades de la interpretación gramatical también han sido destacadas por la Sala I de este Tribunal, quien ha manifestado que: "... No debemos olvidar que el régimen de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969, C. Viena DT) se atiene al "principio de la primacía del texto..." (L.S 443-163)

Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994) se inscribe en esta misma postura (arg. art. 2°), rezando que: "La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento".

Así las cosas, resulta del texto normativo que: - las disposiciones "atinentes" a las prestaciones en dinero y en especie de la Ley 26773, tendrán vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

En consecuencia, sólo una vez publicada en el Boletín Oficial (26 de octubre del 2012) las disposiciones "atinentes" a las prestaciones en dinero y en especie de la Ley 26773 pueden ser aplicables a los supuestos allí detallados, según el texto legal.

En su oportunidad, la norma no clarificó qué debía entenderse por "disposiciones atinentes a las prestaciones (...) de esta ley". Fue recién el Decreto reglamentario 472/14 (B.O. 11/04/2014), el que en su artículo 8° especificó a qué institutos cabía la referencia. Ello así, la actualización conforme el índice RIPTE sólo correspondería para los supuestos del artículo 11.4 ("adicionales de pago único") y para los pisos mínimos de las indemnizaciones tarifadas, según dicha reglamentación.

En tal cometido, tanto las resoluciones 34/13, 3/12 y 22/14, como el Decreto Reglamentario 472/14 han sido contestes en regular sólo los pisos mínimos establecidos por el Decreto 1694/09 y los montos de las prestaciones dinerarias de pago fijo (art. 11), así como la reparación adicional del artículo 3° y las disposiciones atinentes al artículo 4°.

- El artículo hace expresa alusión a la "primera manifestación invalidante" -en adelante, 1ª MF- como hito para delimitar la aplicación de la nueva ley.

Así, de la dura letra resulta que: luego de su publicación en el Boletín Oficial, se aplicará a las nuevas contingencias que resulten de nuevas primeras manifestaciones invalidantes.

Conforme o no con el articulado, así se encuentra redactado y la cláusula no efectúa ningún distingo ni ninguna referencia ni al accidente, ni a la definitividad, ni a la falta de pago.

En tal sentido, el Legislador ha efectuado una elección clara que no puede soslayarse al tiempo de realizar la interpretación del inciso en cuestión, salvo el supuesto en el que se considere que dicha legislación ha sido violatoria de cualquier derecho constitucional, y por tanto, merecedora de la tacha de inconstitucionalidad en el caso concreto.

- De consuno con lo expuesto, del texto de la norma surge su irretroactividad.

b. Por otra parte, del análisis finalista resulta:

(i) Que el Legislador ha buscado mejorar la condición económica de los créditos por riesgos de trabajo, pero no ha elegido la fórmula utilizada por el dictamen de minoría, que transcribía la letra del artículo 3° del Código Civil.

Esto se desprende del mensaje de elevación al Poder Ejecutivo, de fecha 19 de septiembre de 2012 (Orden del día 1041, impreso el 25 de septiembre de 2012, Dirección General de Publicaciones, Sesiones Ordinarias, Congreso Nacional, Cámara de Senadores).

En tal sentido, verifico que no fue intención legislativa la de aplicar la ley a los supuestos ya producidos, aunque impagos.

- Por el contrario, cuando el legislador ha querido disponer en el sentido apuntado, así lo ha hecho expresamente, de forma tal de despejar toda duda.

Así acaeció con la Ley N° 20695 (B.O.: 13/08/74), que motivó el pronunciamiento de la Corte Federal en el precedente "Camusso" (Fallos 294:434), ya que, mediante dicha normativa, se autorizó expresamente -léase: por imperio Legislativo- la actualización monetaria a los procesos en trámite.

En efecto, dicha norma dispuso, en su art. 1°, que los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, demandados judicialmente, serían actualizados teniendo en cuenta la depreciación monetaria que operase desde que cada suma fuera debida, y hasta el momento de su efectivo pago.

Asimismo, de conformidad con la parte final de la citada norma, la actualización debía ser efectuada por los jueces (de oficio o a petición de parte), sobre la base de los índices Oficiales de incremento del costo de la vida.

Finalmente, por manda del art. 2°, sus previsiones serían aplicables incluso a los juicios en trámite al momento de entrar aquélla en vigencia, comprendiendo el proceso de ejecución de sentencia y cualquiera fuera la etapa en que esos juicios se encontrasen.

En consecuencia, tres son -por lo menos- las diferencias entre las Leyes 20695 y 26773:

- En la Ley 20695 la retroactividad fue dispuesta por la ley (arg. art. 3° CC); mientras que en la ley 26.773 la irretroactividad es la regla. Lo que es más, en la Ley 26773 no existe mención alguna de su aplicación retroactiva a los juicios en trámite, a diferencia de la N° 20.695.

- En la primera de las mencionadas, la actualización debía ser efectuada por los jueces; mientras que en la actual, ello debe ocurrir de la mano de la Secretaría de Seguridad Social.

- En el régimen instaurado por la Ley 20695, quien debía probar la afectación a sus derechos constitucionales era el obligado al pago. A él incumbía la demostración de la irrazonabilidad de la medida. En el régimen actual, dicha carga recae sobre el trabajador.

- Ello así, no existiendo expresa disposición normativa tendiente a dar aplicación retroactiva a la normativa -por el contrario, se impone la conclusión inversa- no cuadra realizar una interpretación finalista diferente a la aquí expuesta, y menos aún, trasladar los fundamentos del precedente "Camusso" a la normativa vigente.

(ii) En segundo término no considero que el principio de progresividad justifique la aplicación retroactiva de la ley. Antes bien, importará que el Estado Argentino no podrá emitir leyes regresivas a la 26773 y, en su caso, servirá de parámetro para analizar la validez constitucional de esta última, pero quienes argumentan que es el fundamento de la aplicación de la nueva ley a todos los casos hoy en trámite o impagos, comenten los siguientes yerros.

- En primer término, inconsistencias lógico -jurídicas y económicas que se derivan en la afectación de otros derechos de igual rango y en la anulación de la seguridad jurídica.

- En efecto, ante todo, encierra una grave contradicción lógica, pues no da explicación plausible de por qué se considera que el artículo 8° debe ser aplicado en virtud del principio de progresividad a los siniestros acontecidos con anterioridad a la publicación de la norma en el Boletín Oficial, pero a renglón seguido se niega la aplicación inmediata del artículo 4° y su complementario Artículo 17.2, de la misma Ley, aduciendo su carácter regresivo.
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