Sociedad de Información






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Sociedad de Información

LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

La presente Ley tiene como objeto la incorporación al Ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio del año 2000, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

La Ley se aplica a toda actividad con trascendencia económica que se realice por medios electrónicos. Esta ley obligar a las empresas a facilitar, a través de su página web, cierta información mínima sobre su denominación, domicilio y actividad.

El artículo 10 de la Ley indica que la información sobre el prestador de servicios y su actividad ha de ponerse a disposición de los usuarios por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita.
Estas condiciones se cumplen cuando la información está contenida en la página de inicio del prestador de servicios o se inserta en páginas interiores relacionadas con el tipo de información de que se trate y a las que se pueda acceder a través de un enlace claramente visible, cuyo título aluda de forma inequívoca a la información de que se trate.
Cuáles son las obligaciones que la Ley impone a una empresa que disponga de una página web propia a través de la que comercializa sus productos o servicios?

Las obligaciones de los prestadores de servicios se concretan en dos grupos: obligaciones de información y obligaciones en relación con la contratación.

Por lo que se refiere a las obligaciones de información, la empresa debe incluir en su página web información básica que permita a los usuarios identificar quién es el titular de dicha página. La información básica que se debe facilitar es la siguiente:

  1. a. Su denominación social, NIF, domicilio y dirección de correo electrónico, así como los datos de su inscripción en el Registro Mercantil. Si la empresa está inscrita en un Registro público en el que sea necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica o a efectos de publicidad, deberá comunicar al mismo el nombre de dominio o dirección de Internet que utilice habitualmente para su identificación en Internet.

  2. b. En el caso de que la empresa no fuese de tipo mercantil, o como es el caso se debe hacer mención a su expresa a su personalidad jurídica y al marco normativo que la justifica. Esto es lo que hace Renfe en su aviso legal

  3. La entidad pública empresarial Renfe-Operadora es un organismo público de los previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que se halla adscrito al Ministerio de Fomento.

  4. Renfe-Operadora tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, patrimonio y tesorería propios, en los términos establecidos en la disposición adicional tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y en los términos establecidos en su propio Estatuto, aprobado por el Real Decreto 2396/2004, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

  5. .c. De igual modo debe de incoporarse los datos de contacto, sindo obligados los campos, dirección postal, CIF, Telefóno y mail. Se considera buena práctica, y es de amparo legal el fax.



  6. Datos de contacto de Renfe-Operadora:

Dirección: Avda. Pío XII, 110. 28036, Madrid.

C.I.F. G-84144161

Teléfono de contacto: 91.300.66.00

Correo electrónico de contacto: comunicacion@renfe.es



  1. d. Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente. Si su actividad estuviera sujeta a autorización administrativa, los datos de la autorización de que disponga.

  2. En este sentido RENFE incorpora a su pie de página un link directo a la Condiciones Generales de los Viajeros, y presenta los siguientes links:



  3. Seguro Viajeros

    -

    Condiciones Generales Viajeros

    -

    Aviso Legal

    -

    © Renfe - Todos los derechos reservados





Además de la información básica señalada anteriormente, si la empresa realiza contratos on-line a través de su página web, deberá facilitar a los usuarios la información siguiente:



  1. c. la forma en que los usuarios podrán identificar y corregir errores en la introducción de los datos,

  2. d. la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato y e. si las hubiera, las condiciones generales aplicables al contrato.


Accesibillidad
La Comisión Europea puso en marcha en diciembre de 1999 la iniciativa eEurope – Una Sociedad de la Información para todos. Esta iniciativa ha llevado aparejada la revisión de la legislación sobre la sociedad de la información y normas de accesibilidad, aprobando entre otras cosas, el compromiso de que todas las administraciones públicas (locales, comarcales, provinciales, autonómicas, nacionales y europeas) tuviesen sus sitios web accesibles (superando el nivel “AA” del WAI).
Con respecto a la legislación Española, la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE). Publicada el 12 de julio, dice en sus disposiciones adicionales lo siguiente (cita literal, se ha resaltado lo más importante):
Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados.
LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Conocida como "LIONDAU", esta ley viene a llenar el vacío existente en España de un marco legal amplio y general, similar al que proporcionan en otros países leyes similares. La LIONDAU se basa y pone de relieve los conceptos de: No discriminación, acción positiva y accesibilidad universal.

Respecto a los productos y servicios de la Socieddad de la Información la ley establece:
Disposición final séptima. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará, según lo previsto en su artículo 10, unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, que serán obligatorias en el plazo de cuatro a seis años desde la entrada en vigor de esta ley para todos los productos y servicios nuevos, y en el plazo de ocho a diez años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal y favoreciendo la formación en diseño para todos:
Para administrar la gradualidad en la puesta en marcha de la LIONDAU se consideró conveniente la elaboración de instrumentos de planificación, y al tiempo de su redacción se diseñaron dos planes: el "Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012" y el "II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007
Interoperatividad
Por interoperatividad se entiende el desarrollo de sistemas compatibles basados en el neutrallidad tecnológica. El principio de neutralidad tecnológica supone la necesidad de ofrecer a los operadores, prestadores de servicios, adjudicatarios en concursos públicos, etc., la posibilidad de ofrecer los servicios a través de las tecnologías o infraestructuras que consideren más convenientes, no impidiendo la introducción y desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito del libre mercado.
El mencionado principio de neutralidad tecnológica se recoge actualmente en el artículo 3 f) de la Ley LGT 32/2003, e inspiraba con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones tanto la legislación nacional como, especialmente, la normativa europea, y las recomendaciones de la Comisión Europea. 3)La lógica del principio de neutralidad tecnológica es aplastante: si un determinado servicio comienza a desarrollarse con una concreta tecnología disponible, la introducción de nuevas tecnologías, distintas de las existentes en el momento inicial, no puede ser impedida. Esto es así muy especialmente en supuestos como el que nos ocupa, donde el desarrollo e introducción de un determinado servicio se extiende necesariamente durante un período temporal relativamente largo.
Este principio es uno de los fundamentos del las iniciativas que promueven el uso del soft libre, si bien el marco europeo no se circunscribe a estos parámetros pues recomienda de forma explícita lo siguiente:
a) El fomento de la interoperatividad entre redes: Reglamento (CE) n° 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, ... Concesión de apoyo a la interconexión y la interoperatividad de las redes.

b) El uso de ciertos formatos como xml, wdsl, y los web services, que se entiende que facilitan la misma

c) El fomento de la interoperatividad entre dispositivos.

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