2. inexistencia, nulidad y anulabilidad: causas y efectos






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TEMA 65. DERECHO CIVIL.
1.- INEFICACIA DE LOS CONTRATOS.

2.- INEXISTENCIA, NULIDAD Y ANULABILIDAD: CAUSAS Y EFECTOS.

3.- LA CONFIRMACIÓN DE LOS CONTRATOS.

4.- RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS: SUS CAUSAS.

5.- EXAMEN ESPECIAL DE LA ACCIÓN PAULIANA.

6.- LA LESIÓN “ULTRADIMIDIUM” EN CATALUÑA Y EN NAVARRA.

1.- INEFICACIA DE LOS CONTRATOS.
I.- Concepto y Naturaleza jurídica.
Si con “eficacia del contrato” se alude a la producción de unas determinadas consecuencias, a la creación de un deber de observancia del contrato y de una vinculación a lo establecido, con “ineficacia del contrato” se alude a la falta de producción de consecuencias o, al menos, de aquellas consecuencias que normalmente deberían haberse producido en virtud de la celebración del contrato.
Bajo el concepto de ineficacia se engloban una gran variedad de supuestos que tienen como denominador común la existencia de una cierta discrepancia entre la eficacia prevista o esperada y la eficacia realmente desarrollada. De ahí que algunos autores prefieran utilizar la expresión “eficacia anormal”.
Esta “eficacia anormal” es una sanción impuesta por el ordenamiento jurídico ante una infracción negocial: existe un desajuste o desarmonía entre el contrato tal y como había sido previsto por el ordenamiento jurídico y el contrato tal y como ha sido llevado a cabo en la realidad. La discrepancia entre la previsión y la realidad implica una infracción y la “ineficacia” o “eficacia anormal” constituye su sanción.
II.- Modelos teóricos de ineficacia contractual.
Siguiendo a DIEZ-PICAZO, los modelos teóricos de ineficacia pueden enumerarse como sigue:
1.- Ineficacia automática y provocada.
Atendiendo al mecanismo de producción y de actuación, la ineficacia puede ser:
a) Automática: cuando la ineficacia se produce por la misma fuerza del ordenamiento jurídico, sin necesidad de requisito adicional. Es lo que la tradición jurídica llama ineficacia ipso iure o “de pleno derecho”. La acción para exigirla corresponde a cualquier persona con interés y es imprescriptible.
b) Provocada: cuando el ordenamiento jurídico atribuye a uno o varios sujetos un poder jurídico (un derecho potestativo) en virtud del cual (y únicamente en virtud del cual) la sanción será actuada. La acción corresponde a personas determinadas y está sujeta a caducidad.
2.- Ineficacia absoluta y relativa.
Atendiendo al círculo de personas o intereses afectados, la ineficacia puede ser:
a) Absoluta: cuando el contrato no produce efectos para nadie. Es una ineficacia erga omnes.
b) Relativa: cuando el contrato despliega consecuencias diferentes para diferentes grupos de personas o círculos de intereses.
3.- Ineficacia originaria y sobrevenida.
Atendiendo al momento temporal en que se produce, la ineficacia puede ser:
a) Originaria: cuando la sanción debe o puede aplicarse desde el momento mismo de la celebración del contrato.
b) Sobrevenida: cuando la sanción comienza a aplicarse a partir de un momento posterior a la celebración y por virtud de un hecho sobrevenido.
4.- Ineficacia total y parcial.
Atendiendo a la extensión objetiva del contrato que se ve afectada, la ineficacia puede ser:
a) Total: cuando la ineficacia afecta a la totalidad del contenido preceptivo del contrato.
b) Parcial: cuando la ineficacia afecta a alguna o algunas de las disposiciones contractuales. La mayor parte de la doctrina admite la figura de la ineficacia relativa sobre la base del principio de conservación del negocio y la regla de que lo invalidado no puede viciar lo válido (utile per inutile non vitiantur).
5.- Ineficacia estructural y funcional.
Atendiendo a la razón o causa determinante de la ineficacia, esta puede ser:
a) Estructural: cuando la irregularidad determinante de la ineficacia radica en la estructura misma del contrato. Por tanto, la irregularidad se produce ya en la fase de celebración o formación del contrato, que será un contrato imperfecto, defectuoso o viciado.
b) Funcional: cuando la irregularidad radica en la consecuencia inmediata que el contrato despliega. Es decir, cuando un contrato, regularmente formado, conduce a un resultado contrario a Derecho, normalmente un perjuicio, un fraude o una lesión.
6.- Ineficacia sanable y insanable.
Atendiendo a la posibilidad de corrección de los efectos anormales del contrato, la ineficacia puede ser:
a) Sanable: cuando un contrato ineficaz es susceptible de convertirse en un contrato plenamente regular y eficaz, en virtud de un hecho a acto jurídico posterior.
b) Insanable: cuando la ineficacia tiene carácter definitivo e irremediable.
III.- Regímenes típicos de ineficacia contractual.
El Código Civil presenta, en esta materia, una regulación de escasa precisión técnica y sistemática, aunque pueden considerarse regímenes de ineficacia típicos los de la nulidad, la anulabilidad y la rescisión. Su regulación se contiene en los Capítulos 5º y 6º del Título 2º del Libro 4º, así como en ciertos preceptos aislados. Al estudio de estos regímenes típicos nos dedicamos a continuación.

2.- INEXISTENCIA, NULIDAD Y ANULABILIDAD: SUS CAUSAS Y EFECTOS.
2.1.- INEXISTENCIA Y NULIDAD.
I.- Concepto.
A pesar de que inexistencia y nulidad suelen estudiarse conjuntamente, asimilándose la primera a la segunda, debido a que sus consecuencias jurídicas son las mismas, cabe señalar que el origen y naturaleza de ambas figuras es distinto.
La inexistencia es una construcción conceptual de la doctrina francesa, con el fin de eludir las rigurosas consecuencias a que conducía el carácter taxativo de las causas de nulidad (pas de nullité sans texte). Dicha categoría permitía reputar como ineficaces por inexistentes aquellos contratos que, sin incurrir en causa de nulidad prevista legalmente, no debían producir efectos por la naturaleza misma de las cosas (por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo).
Posteriormente, el concepto de inexistencia evoluciona para referirse a los supuestos de falta total y absoluta de algún elemento esencial del contrato (consentimiento, objeto o causa)
La nulidad, en sentido estricto, implica la falta de producción de efectos por la violación de una norma imperativa prevista en el ordenamiento jurídico.
Abarcando ambos supuestos, define DÍEZ PICAZO el contrato nulo como aquel que por causa de un defecto no es apto para producir ningún tipo de consecuencias jurídicas. Se considera al contrato como no realizado (nullum est negotium; nihil est actum).
Se trata, por tanto, de una ineficacia estructural, radical y automática, normalmente originaria y absoluta.
II.- Causas.
Las causas de nulidad del contrato se derivan de los conceptos antedichos, y son las siguientes:

1.- El haber traspasado las partes los límites a la autonomía privada, como son ley, moral y orden público, según el Art.1255 Cc.
La sanción de nulidad está específicamente prevista en el Art. 6–3 Cc, según el cual:
“Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.”
2.- La falta absoluta de consentimiento.
3.- La inexistencia, falta absoluta de determinación o ilicitud del objeto del contrato.
4.- La inexistencia o ilicitud de la causa.
Para estos supuestos, la nulidad derivaría del Art. 1261 Cc, según el cual:
“No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

  1. Consentimiento de los contratantes.

  2. Objeto cierto que sea materia del contrato.

  3. Causa de la obligación que se establezca.”


5.- La falta de forma cuando venga exigida por la ley con el carácter de forma ad solemnitatem.
III.- La acción de nulidad.
Aunque la nulidad opera ipso iure y, por tanto, sin necesidad de pronunciamiento judicial expreso, razones de orden práctico pueden aconsejar el ejercicio de la acción de nulidad. Se trata de una acción declarativa, al igual que la sentencia que recae si la acción prospera: no crea el estado de ineficacia del contrato, sino que se limita a constatarlo.
La legitimación activa corresponde a cualquier persona que ostente un interés legítimo (por tanto, no sólo las partes, sino también los posibles terceros interesados). Además, la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez, aunque nadie la haya instado.
La legitimación pasiva corresponde a todos los que han sido parte en el contrato, tratándose de un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario.
En cuanto al plazo para su ejercicio, se trata de una acción imprescriptible. Ahora bien, dicho carácter imprescriptible se predica únicamente de la declaración de nulidad, no alcanza a la restitución de las cosas entregadas (plazo general de 15 años, Art.1.964 Cc) siendo además recomendable su ejercicio antes del transcurso del plazo de usucapión.
IV.- Efectos o Consecuencias.
Para evitar la forzada expresión “efectos del contrato nulo”, nos referiremos mejor a las consecuencias de la nulidad, que son las siguientes:
1.- La consecuencia fundamental es que el contrato nulo no produce efecto alguno, lo que se recoge en la regla quod nullum est nullum effectum producit. No crea una verdadera vinculación entre las partes, ni hay, por tanto, prestaciones que cumplir, ni pueden ser exigidas. En caso de exigir dicha prestación, podría oponerse la excepción de nulidad.
2.- El contrato nulo no debe ser admitido en registros y oficinas públicas. En cuanto al Registro de la Propiedad, esta exigencia deriva claramente de Art.18 y 33 Ley Hipotecaria.
3.- El contrato nulo no puede servir de título para la usucapión ordinaria, de acuerdo con el Art.1953 Cc.
4.- Salvo supuestos muy excepcionales (y discutidos) que citaremos más adelante, no admite la sanación o regularización.
5.- De haberse efectuado alguna de las prestaciones, procede la restitución de las cosas entregadas. El Cc establece ciertas reglas en materia de restitución que, a pesar de ubicarse en sede de anulabilidad, se entienden igualmente aplicables a la nulidad radical. Dichas reglas son:
Artículo 1303.

“Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.
Artículo 1307.

Siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha.




Artículo 1308.

Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba.”
6.- Deben tenerse en cuenta, sin embargo, las excepciones a la obligación de restitución previstas en el propio Cc, relativas a la causa ilícita (o causa constitutiva de delito o falta) y la causa torpe (o causa inmoral o contra bonos mores), fundadas en la regla “nadie debe ser oído si alega su propia torpeza” (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Dichas excepciones se contienen en los siguientes preceptos:
Artículo 1305.

“Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos contratante, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose, además, a las cosas o precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta.

Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte de uno de los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido.

Artículo 1306.

Si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes:

  1. Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido.

  2. Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido.”


V.- La convalidación y la conversión del contrato nulo.
A pesar de que el contrato nulo se integra en la categoría de los “no sanables”, señala DIEZ PICAZO ciertos supuestos excepcionales de convalidación y conversión.
1.- Supuestos de convalidación:
La convalidación implica la sanación del contrato nulo por la concurrencia de un hecho jurídico sobrevenido que salva el defecto que originó dicha nulidad. Por ejemplo:
a) Contratos nulos porque su autor carecía de la legitimación necesaria para afectar a la esfera de intereses contemplada en el contrato. La posterior aceptación del negocio por el titular de dicha esfera de intereses (ratificación) permite convalidar el contrato según el Art.1259–2 Cc.
b) Contratos nulos porque el transmitente carece del necesario poder de disposición. La posterior adquisición del dominio por el transmitente produce la convalidación.
Es importante advertir que se trata de supuestos poco pacíficos en la doctrina, y que las citadas convalidaciones se producirán sin perjuicio de tercero.
2.- Supuestos de conversión:
La conversión se produce cuando un negocio jurídico nulo es mantenido como negocio jurídico válido, pero de otro tipo diferente, por reunir los requisitos sustanciales y de forma de este segundo negocio que se reputa válido y por satisfacer el interés perseguido por las partes.

2.2.- LA ANULABILIDAD.
I.- Concepto.
Dispone el Art.1300 Cc:
“Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.”
La anulabilidad se define por DIEZ-PICAZO como un medio jurídico puesto por la ley a disposición de determinadas personas para facilitar la protección de concretos intereses, que se consideran dignos de tutela jurídica, de manera que se deja al arbitrio de ellas la decisión final sobre si el contrato va a ser o no válido.
Por tanto, a diferencia de la nulidad, en el caso de la anulabilidad hablamos de una ineficacia estructural pero provocada.
II.- Causas.
El contrato anulable debe reunir los elementos esenciales, pero adolecer de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley, siendo irrelevante la existencia de lesión.
Se consideran como vicios invalidantes de acuerdo con el Art.1.301 (que después citaremos), los siguientes:
1.- Concurrencia de vicios de la voluntad. Son anulables los contratos celebrados con error esencial excusable, dolo causante, intimidación y miedo grave, de acuerdo con los Arts.1265 y ss Cc.
2.- Falta de plena capacidad de obrar o incapacidad relativa. Son anulables los contratos celebrados por incapaces de obrar, por sí solos o sin reunir los complementos de capacidad necesarios, y siempre que no adolezcan de una falta absoluta de entendimiento, pues entonces faltaría absolutamente el consentimiento y el contrato será nulo.
3.- Falta de consentimiento del cónyuge. Son anulables los contratos celebrados por uno solo de los cónyuges cuando el consentimiento del otro sea necesario conforme a la legislación aplicable (ejemplo, Art. 1.320 o 1376-78 Cc). Excepción: que el propio ordenamiento sancione la falta de consentimiento con nulidad radical (Art. 1.322 – 2 Cc).
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