A la mesa del congreso de los diputados






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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo del 10% para su debate en el Pleno del Congreso.

Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016


D. Juan Carlos Girauta Vidal

Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos

D. Francisco de la Torre Díaz.

Diputado del Grupo Parlamentario

Ciudadanos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2012, el anterior gobierno aprobó en el Real Decreto-ley 12/2012 diversas medidas dirigidas a la reducción del déficit público entre ellas la posibilidad a los obligados tributariamente de ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones estableciendo un gravamen especial del 10%. Esta polémica regularización fiscal-más y mejor conocida como amnistía fiscal- asestó un golpe fatal a la ya frágil conciencia fiscal de nuestra sociedad y supuso un enorme fracaso que ha sido objeto de repetidas críticas e iniciativas en sede parlamentaria.

En aquel momento el gobierno previó recaudar unos 2.500 millones. Sin embargo, según datos de la AEAT se afloraron 40.000 millones —y escasamente se recaudaron 1.193 millones, lo que supone un tipo efectivo inferior al 3% y no del 10% como establecía el Real Decreto Ley. El anterior gobierno, a través de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012, suavizó, aún más, las condiciones de la regularización fiscal, permitiendo, ilegalmente en opinión de los inspectores de Hacienda y del Congreso de la XI Legislatura, que los defraudadores pagasen el 3% en lugar del 10% legalmente previsto. Además, el citado informe señalaba textualmente, y contra lo previsto en la normativa tributaria que las declaraciones por las que los contribuyentes se acogieron a la regularización “no eran comprobables”.

Con el objetivo de paliar el daño causado por esta de facto amnistía fiscal, el acuerdo de investidura firmado el 28 de agosto de 2016 entre el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos recogía en su punto seis: “Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria.”

No obstante, dado que el plazo para la presentación de las declaraciones y el ingreso de esta regularización extraordinaria venció el 30 de noviembre de 2012, esto supone que, cuatro años más tarde, el 30 de noviembre de 2016 prescribirán las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes.

Hay que recordar también que esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional que admitió a trámite el recurso, pero todavía no lo ha resuelto. Para asegurar la efectividad de la decisión del Tribunal Constitucional es preciso que las situaciones jurídicas no hayan adquirido firmeza. Esto sólo ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de que prescriban las obligaciones tributarias de los defraudores.

De este modo, urge instar al Gobierno, antes de que prescriban las obligaciones defraudadas, a que ponga a la Agencia Tributaria a comprobar y liquidar a estos defraudadores para recaudar los 2.800 millones de euros que se dejaron de ingresar.

Considerando fundamental mantener por un lado el compromiso con la estabilidad presupuestaria, habida cuenta de los desvíos de déficit, deuda y gasto devengados hasta la fecha, incumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea y por otro lado, la necesidad de recursos para potenciar las políticas sociales y de bienestar dada la alta tasa de desempleo y precariedad laboral, más que nunca son necesarios esos 2.800 millones de euros dejados de ingresar por los defraudadores fiscales acogidos a esta amnistía fiscal, dinero público de todos los españoles y no de unos pocos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente Proposición no de Ley por la cual:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude fiscal y realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria.”

“En ejecución de lo anterior, se insta al Gobierno a que anule las instrucciones internas de la Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el Informe de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012”.

“Se insta al Gobierno a que ordene a la Dirección General de la Agencia Tributaria la realización urgente de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la regularización de 2012, y a que éstas se inicien en todo caso antes del 30 de noviembre de 2016, para que los contribuyentes acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Ley 12/2012, es decir pagando el 10% de las cuantías afloradas.”





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