Sres Jueces de la Cámara de Apelaciones de la plata






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fecha de publicación16.03.2017
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INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN

Sres Jueces de la Cámara de Apelaciones de LA Plata

Sala IV:
Marcelo Peña, abogado inscripto al T 48 F 235 CALP CUIT 20233539199 con domicilio legal en calle 13 n° 723 piso 7 de la ciudad de La Plata, en causa n CP- 25543 “ Velischek Rafael s denuncia IPP n 16230/15, respetuosamente me presento y manifiesto:
I. Objeto:

Que en mi carácter de Presidente del Partido Es Posible de la Pcia de Bs As y en el presente respondiendo al traslado efectuado por VVEE Sala IV de ésta Cámara de Apelaciones y Garantías, vengo por el presente a interponer recurso de casación conforme lo normado en los arts. 433, 448 inciso 1º y 2·, 450, 451, 454 inc 1·, 456, 460 y 461 del ritual, contra el fallo de fecha 10 de marzo 2016 dictado por la sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Depto Judicial La Plata bajo resolución registro n 81/16 por el que se resolvió no hacer lugar al recurso de apelación introducido contra la resolución de fecha 14 de diciembre de 2015 en el marco de la IPP n 16.230/15 según la misma fundada en los arts 21, 77, 84, 106, 162, 299, 300, 308, 421, 434, 439, 441, 442, 467, y ss CPP; 29 CPBA; art 8 inc 4 CADH; 14 inc 7 PICDP .

De ésta manera habiendo expresado en tiempo y forma mi intención de impugnar el fallo cuestionado, adelanto que motivo el mismo en la arbitraria apreciación de la queja interpuesta y, la arbitraria y errónea aplicación de ley sustantiva conforme lo dispuesto por los arts. 1, 3, 77, 106, 201 y ss, 209 y 210, del ritual Bonaerense; arts. 18 y 75 inc 22 de la Constitución Nacional con relación a los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 8, apartado 2°, incisos h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y conforme las consideraciones de hecho y de derecho que expondré a continuación.-. Solicito asimismo que en el tratamiento del presente recurso se siga los lineamientos trazados por el Superior Tribunal de la Nación relativos a la obligación de garantizar la revisión del fallo establecida en el precedente C.S.J.N “ Casal Matías Eugenio ( Fallos 328:3399);
II. Admisibilidad formal del recurso. Cumplimiento de los recaudos previstos en el art. 451 del CPP.-
El remedio procesal que se interpone es formalmente admisible, por las siguientes razones:

1.- La decisión atacada de fecha 10 de marzo de 2016 y notificada a mi domicilio legal constituido en fecha 15 de marzo 2016 es de carácter definitivo y expresamente recurrible (art. 450, primer párrafo, y art. 454, inciso 1º, del CPP).

Además de la inobservancia en la aplicación de la ley procesal y doctrina y jurisprudencia aplicable; y errónea valoración de los elementos de prueba, se advierte que el contenido de la Resolución que ahora se impugna, vulnera los derechos constitucionales fundamentalmente del debido proceso legal, , y normas supralegales como el incumplimiento a Tratados Internacionales (Ley 26.097 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción lo cual constituye también una causal de ARBITRARIEDAD, de conformidad con lo que se explicará en el curso de esta presentación y se ampliará oportunamente en el respectivo memorial ante la alzada .
2.- Se ha interpuesto en la forma y plazo oportunos, habiéndose manifestado ante el órgano que dictó el resolutorio la clara intención de recurrir en casación (art. 451, tercer párrafo, del CPP) dentro del plazo establecido por el digesto ritual bonaerense ( 18-03-16), acompañándose copia de dicha presentación de reserva.

Se acompañan, asimismo, copias certificadas del recurso de apelación y su resolución; copia de recurso de queja y su resolución .Se acompaña también el resumen prescripto por el art. 451, segundo párrafo, del CPP.


III. Antecedentes del caso:

Que en mi carácter de Presidente del partido político Es Posible Buenos Aires realicé en el carácter invocado el requerir se nulifique el resolutorio donde se otorga dar sobreseimiento en virtud del art 323 inc 1y ss del CPP al Sr Daniel Scioli en los autos ut supra mencionado por el delito tipificado en el art 268 inc 2 del CP; de ésa forma el Dr. Jorge Paolini titular de la UFI n 8 y quien ejerce la persecución de la acción pública desiste de proseguir con la responsable tarea de investigar a quien le era imputable la conducta ilícita y por ende desiste de impugnar el resolutorio que el Dr Pablo Nicolas Raele titular del Juzgado de Garantías n 3 del Depto Judicial LA Plata desliga de un modo confuso , “exprés” y desmotivada la responsabilidad penal denunciada y por ello dispone sobreseer definitivamente al Sr Daniel Scioli.del hecho denunciado-

He aquí mi pretensión impugnativa sobre la inmotivada resolución expresando decrete su nulidad arts. 1, 18, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 171 de la Constitución Provincial, 1, 106, 201 y ss CPP.
MOTIVOS. FUNDAMENTACION
Los Sres. Jueces a cargo de la Sala Cuarta de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, han concluido el análisis traído a su conocimiento, apartándose de las normativas de la legislación Adjetiva (arts. 21, 77, 162, 201 y ss , 209, 210 ; 300, 308, 421 y ss CPP), al no sustentarse el resolutorio con los elementos probatorios del expediente de marras (arts. 168.1º y 171 de la Constitución Provincia), y en violación a las disposiciones normativas de nuestra Carta Magna (arts. 17, 18 , 19, 22, 28, 33 y 75 inc 22 de la C.N.)

En consecuencia, en contra de las más elementales normas de la lógica jurídica y de los principios de legalidad y debido proceso legal, se intenta cerrar las puertas y concluir una resolución judicial mediante una arbitraria e Injusta Sentencia, mediante un sobreseimiento inválido y que la Sociedad pague los costos de un manejo fraudulento como si nada hubiere pasado, quien LA SOCIEDAD no deba permitir que en un debido proceso legal se obtenga provecho de un fraude o ilícito;

PROCEDENCIA DE LA REVISION CASATORIA.-

INNECESARIEDAD DE INVOCACION DE AGRAVIO POR LEGITIMACION SUBJETIVA

Tal como lo sostiene el fallo recurrido con votos mayoritarios de los Dres Riusech y Silva Acevedo el cual …” es innecesario abordar la cuestión de legitimación subjetiva del presentante para efectuarla, desde que aún lo afectara particularmente de modo que hubiera podido presentarse conforme el art 77 CPP, no estaría habilitada la revisión…” comprendo que sin ingresar en el tratamiento de análisis alguno por parte de la Exma Cámara en cuanto encontrarme o no legitimado, no es presupuesto excluyente para ingresar al tratamiento del estudio nulificante y/o revisable por la vìa casatoria del sobreseimiento traído por el suscripto debido a las serias afectaciones de gravedad institucional, sin perjuicio de ello entiendo que en nuestro ordenamiento jurídico, este derecho encuentra su fundamento en lo dispuesto en el art. 8 inc. 2º ap. H del Pacto de San José de Costa Rica, para una persona condenada por una arbitraria sentencia…

En el mismo sentido, el art. 14 punto 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce a toda persona el declarada culpable de un delito, el derecho a que el fallo condenatorio y la pena… sean sometidos a un Tribunal Superior.

Ambos Tratados Internacionales poseen hoy jerarquía constitucional o supralegal, en virtud de lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

El Fallo ahora apelado, adopta inequívocamente a la causa una solución definitiva, en tanto los agravios suscitan cuestión federal bastante, pues se invoca la arbitrariedad del fallo en el tratamiento de las circunstancias que hacen al principio de inocencia y la consiguiente vulneración de las garantías derivadas del artículo 18 de la Constitución Nacional, existiendo relación directa entre dicha causal y el punto recurrido.

En tales términos, “el recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibilidad a la persona afectada por una fallo desfavorable de criticar la sentencia y lograr un nuevo examen de la cuestión que al menos permita la revisión legal por un Tribunal Superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluyendo la legalidad de la prueba y que permita además examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales, en especial del debido proceso”. (Véase Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 17/94, caso 11.086, Argentina: Ver Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la república Argentina. Caso “Guillermo José Maqueda”, en Nueva Doctrina Penal, 1996/B, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, pp. 760/761; Asimismo, Informe de la Comisión IDH 55/97, caso 11.137. Argentina, ps. 259 y 262).

La decisión del “A Quo” resulta arbitraria, de una arbitrariedad manifiesta, pues, el rechazo a los fundamentos expuestos en el recurso de apelación en conceder una medida nulificante como la peticionada, a esta altura de los acontecimientos procesales, constituye violaciones al principio de legalidad y al derecho penal mínimo, infringiendo de este modo, lo señalado por la Máxima Autoridad de Justicia.

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (C.S.J.N. 2005/09/20 – “Casal, Matías E. y otro”), puso punto final a la debatida cuestión de si a través del recurso casatorio se puede o no revisar los hechos, o si por el contrario, dicha impugnación se limitaba exclusivamente a las cuestiones de derecho, a fin de cumplimentar con la nueva garantía constitucional de la doble instancia.

Así, a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, en donde se otorgó jerarquía constitucional a los diversos Tratados Internacionales (art. 75 inc. 22 de la C.N.), se ampliaron los derechos y garantías constitucionales, consagrándose y ampliándose la doble instancia.

En el precedente “LOPEZ” del 15 de octubre de 2004 (La Ley, 2004-F, 950), la Cámara de Casación (Federal), Sala IV, evidenció el primer criterio aperturista respecto de las cuestiones fácticas, al pronunciarse por una revisión amplia por medio de la impugnación casatoria.

Así, en dicho Fallo se consideró que, si bien el recurso de casación es la vía recursiva adecuada, dicha impugnación debe interpretarse en forma amplia, a fin de comprender el examen de las cuestiones de hecho, ya que “tales exigencias no se satisfacen con la mera corrección formal del fallo, mediante un recurso de alcance reducido, sino asegurándose un margen más amplio para el examen de las posibles arbitrariedades, interpretando el recurso de casación dentro del criterio de máxima protección de los derechos del individuo”.

Dicho precedente abrió un nuevo camino en materia recursiva, definitivamente consolidado en el Fallo “Casal, Matías” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es así que nuestro Más Alto Tribunal, reconoce que nuestro sistema penal se enrola en el sistema penal acusatorio por explícito mandato constitucional, por sus propios antecedentes históricos, por sus mismas disposiciones (como los arts. 24 y 118 que consagran el establecimiento del juicio por jurados), por el procedimiento del juicio político (que distingue nítidamente las funciones de acusar y juzgar) y la jerarquía constitucional de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran la publicidad del proceso penal, con lo cual, sin duda, se estructuró un proceso penal de naturaleza acusatoria.

Sin embargo, la nueva garantía constitucional, que surge de los pactos internacionales sobre Derechos Humanos es “un imperativo constitucional” (considerando 21), debiendo entonces compatibilizarse dicha garantía con el recurso de casación.

A tal fin, señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el Tribunal de Casación deberá extremar su capacidad de revisión, recurriendo a la llamada “teoría del agotamiento de la capacidad de revisión” o “capacidad de rendimiento”, la cual implica que “el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable” (considerando 23).

En consecuencia Excmo. Tribunal, y mediante los fundamentos esbozados por nuestra Corte Suprema de la Nación en el precedente citado, lo cierto es que la Cámara Nacional de Casación Penal deberá efectuar una amplia revisión respecto del Fallo dictado por el la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental (Sala cuarta), ahora impugnado.

Que a partir de lo expuesto, la Ley 11.922, introduzco la procedencia del Recurso Casatorio, cuando se advierte un arbitrario manejo de los elementos probatorios e inobservancia de la doctrina jurisprudencial correspondiente a la decisión impugnada, que se advierte en el caso concreto, al resolver el sobreseimiento al Sr Daniel Scioli dictado por el Juez de Garantías en lo Penal Nº 3 del Departamento Judicial de La Plata), sin sustentar tal decisión en las disposiciones de la ley adjetiva, ni doctrina legal vigente, ni sostener la misma con los elementos probatorios del expediente, que evidencian que el presunto hecho ilícito denunciado a nuestro asistido, existió y el cual el Sr Agente fiscal omitió su tratamiento probatorio y posterior ausente interposición recursiva.-

En consecuencia, bien sabemos que la construcción de la Corte tiene por objeto, evitar la violación de los principios constitucionales que integran el debido proceso (art.17, 18 y 19 C.N.).
Por ello, no cabe duda que el presente recurso resulta procedente, ya que se han violado garantías constitucionales concretas, constituyendo ello, una cuestión federal.

Conforme se analizará en el transcurso de este escrito, el Fallo que ahora se recurre resulta ARBITRARIO, siendo claro que como ciudadano denuncio que se agravia, al vulnerarse los derechos constitucionales respecto a una adecuada administración de justicia; del debido proceso y LEGALIDAD, entre otros.

Ello, teniendo en cuenta que a esta altura de los acontecimientos, NO SE ADVIERTEN SATISFECHOS LOS EXTREMOS DE PROCEDIBILIDAD PARA EL DICTADO DE UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO COMO EL AQUÍ DENUNCIADO.

Así, el derecho que conculca la resolución atacada, está previsto tanto en la Constitución Nacional como en Tratados que gozan de jerarquía constitucional, según quedó establecido.

La resolución atacada causa un agravio de imposible reparación ulterior. El gravamen resulta preciso, cierto y actual, y no deriva de la conducta del recurrente.

Como dijera, el daño ocasionado es muy grave.

Asimismo, el prejuicio derivado del Fallo que se impugna, afecta un interés jurídicamente protegido por la Constitución Nacional.

Y en tal sentido, lo cierto es que, resultan recurribles en Casación, aquellas resoluciones definitivas, o resoluciones equiparables a las sentencias definitivas, que causan un gravamen actual de imposible o insuficiente reparación ulterior, o bien, todos los autos procesales importantes que sean adversos a UN DEBIDO PROCESO LEGAL.-

Con dicho piso de marcha, entonces, resulta contradictorio e ilógico sostener como lo describe en éste caso el voto del Dr. Ariel Arguero entre el concepto mismo y lo que realmente ha ocurrido desde la formación de la presente IPP n 16230/15 hasta el enmarañado resolutorio de primera instancia el cual pretendo su anulación; de ésta forma el magistrado Arguero expresa en su respetable opinión….” que se denomina cosa juzgada a la sentencia cuyos efectos han adquirido una inmutabilidad tal que resulta insusceptible de ser alterada, por haber adquirido firmeza en virtud de no haberse sometido a instancias superiores que la revisen a su acierto o error..; ello responde a una consideración esencial , que es la necesidad de que el orden y la paz reinen en la sociedad…”

Pese a ello remarca en su voto el magistrado..” sin embargo las razones de seguridad jurídica , economía procesal y la necesidad de evitar sentencias contradictorias que dan fundamento a la institución de cosa juzgada no son absolutas y deben ceder a favor de la justicia…”; como lo referencio en éste caso que se trató de una sentencia “írrita”, donde el civilista Rolando Arazi expone …” que el adjetivo permite revisar las sentencias cuando el mandato constituye una flagrante violación al Derecho y a elementales normas de justicia. Para Arazi no puede otorgarse validez a decisiones notoriamente injustas o erróneas cuyo mantenimiento ocasionaría un serio e irreparable perjuicio y un agravio a la conciencia colectiva ..” los jueces no deben asumir que se encuentran impotentes frente a un pronunciamiento jurisdiccional que consagra una decisión aberrante que repugna el más elemental sentido común y, sin embargo , por tributo al formalismo deban admitir su condición de cosa juzgada..”

Es en ésta secuencia de presentaciones que el suscritpto denuncia y pretende mediante acción autónomas de nulidad por cosa juzgada írrita, porque en éste caso existieron y se encuentran comprobables , por cualquier ciudadano y lego jurídico que exiaten vicios que afectan el valor de cosa juzgada, porque a simple lectura se demuestra como el en normal proceder de cualquier investigación el resalto de solo o fraude procesal que ningún{un magistrado puede dejar de pasar por alto….remito en ello precedentes Conf Fallos C.S.J.N 254:320, 279:54; 281:421; 283:66; 323:1222, y demás reseñas jurisprudenciales expuestas en su voto .-

Que los requisitos exigidos por el magistrado en su voto, no se han reunido ni demostrado por el suscripto, como además expresa…” no es posible acreditar la existencia de vicios sustanciales que se le atribuyen, pues en el caso de que existieran debieron haberse comprobado…”; por ello considero absurdo pretender exigirme a todas luces en un carácter desproporcionado y fuera de toda función que me encargue de brindar detalle , como una nueva etapa investigativa a quienes omitieron llevarlo a cabo, como ser falta de comunicación a los organismos que efectúen el debido contralor del erario público como ser Fiscalía de estado, que en el presente caso, estuvo ausente de velar por los intereses patrimoniales del estado Pcial, en éste caso un espectador de lujo, de ésta forma sería yo la persona indicada y responsable de haberle dado intervención ¿?? Es obvio que existen vicios sustanciales gravísimos que conforman causales exclusivas para que revisen el carácter firme de la sentencia;

Con el mismo énfasis que me resuelve el sentenciante, nuestro reclamo de reapertura y efecto nulificante no es un mero capricho, aquí la cosa jzgada írrita juega un papel fundamental que exige a cualquier magistrado lo necesario para revisar y reabrir algo aue no se investigó ( propia de su función) no sólo exigible a quien pide se observe…sólo reclamo abrir los ojos “ y si no es en la presente etapa lo será un recurso de revisión en la siguiente, con el sólo objetivo de que fehacientemente se determine que existió en la sentencia una serie de puntos probatorios y omisiva labor con el sólo efecto de concluir a un sobreseimiento írrito…

ANTECEDENTE CASO GALEANO.-

Para algunos autores la viabilidad de la nulidad por cosa juzgada írrita no se reduce a la comisión de un delito por parte del juez o a la comprobación efectiva de que fue coaccionado; hay casos, como el sobreseimiento del ex juez Galeano, refiere el Dr. Federico Morgenstern, en los que no hay una pizca de las pràcticas opresivas por las que surgió la garantía contra el doble juzgamiento.¿¿ Merece tranquilidad y fin de la zozobra quien tal vez no hizo algo para pervertir el proceso fue sobreseído sin que se investigue de manera mínimamente sería la hipótesis delictiva esgrimida en su contra?...

Refiere el autor que en èste caso en particular la investigación por el atentado a la AMIA dirigida por Galeano es una de las peores vergüenzas històricas del Poder Judicial de La Naciòn….lo que pretendo desde el inicio del pretenso poder nulificante es que en los presentes autos “ Rafael Velischek s denuncia no corra el mismo carril de hipocresía y control político sobre la Justicia de nuestra ciudad….

De ésta investigación surgió que el Dr Gabriel Cavallo instruyó una causa por anomalías en la investigación de Galeano y lo sobreseyó, cuya medida no fue apelada por el Ministerio Pùblico Fiscal, pero siete años después las presuntas irregularidades fueron advertidas por un Tribunal Oral Criminal Federal n 3 de ésta manera los abogados de los imputados Ubeira y Ribelli requirieron la nulidad del sobreseimiento dictado por el Juez Cavallo; en el contexto recursivo la defensa de Galeano planteó la violación del ne bis in ídem con un supuesto pago de coima…de allí que apelada la negativa del juez de primera instancia, la Sala 1 de la Cámara Federal revocó el “ sobreseimiento “ pronunciándose a favor del planteo de nulidad por cosa juzgada írrita…los camaristas consideraron un logro destronar la cosa juzgada írrita o nula y dijeron….que la búsqueda de la verdad y no su ocultamiento es la norma de todo Derecho…. “NO BUSCAMOS MÀS QUE ESO…APARTE DE LA DIGNIDAD DE LOS MAGISTRADOS QUE ORIENTEN SUS SENTENCIAS A LA VERDADERA ADMINISTRACION DE JUSTICIA…ÈSA ES LA VERDADERA SEGURIDAD JURÌDICA ….”

De ésa manera los camaristas Bruzzone y Rimondi sostuvieron que la vía apropiada es la acción de nulidad por cosa juzgada írrita; sostienen en el fallo que ..” no se produjeron importantes diligencias probatorias requeridas por la Fiscalía, entre las cuales enumeraron cuales son….por eso entendieron que se configuró un notorio vicio formal por la omisión de prueba pertinente....también se hizo mención a la situación que el fiscal omitió presentar su recurso de apelación, señalando que el mismo no efectuó el debido contralor de legalidad correspondiente….”

Resaltaron además los camaristas en cuanto a las deficiencias de la investigación resaltando como “ notable” la limitación del pedido de informes de cuentas bancarias a nombre de Telleldìn, que se libró solamente a una sucursal de un banco determinado, cuando los principios de la lógica y de la experiencia gral indicaban que se debió haber adoptado un método más amplio, teniendo como única finalidad otorgarle apariencia de exhaustividad a una investigación que debía concluir…”

Es a posteriori y como corolario de èste agravio que la Sala 2 de la Càmara Federal de Casaciòn Penal asume la misma postura resaltando en un brillante voto del Dr Gemignani apuntò al art 168 CPPN que se equipara al art 201 de nuestro ritual, …” esa positiva obligación de seguridad comprende la obligación estatal de organizar y administrar un sistema penal eficiente …” por ello concluyò con sus colegas y considerò que hubo graves irregularidades procesales y sustantivas que invalidan el procedimiento y la resolución….

De ésta forma advierte el suscripto, que en éste resumido primer enfoque casatorio, expreso que en el respectivo informe de memorial, ampliaré in voce los puntos de la enunciación de los puntos críticos y motivados vicios que proceda y sea pasible de una revisión del fallo atacado.-

Es destacable poner énfasis que de la CADH cuyo art 8.4 establece que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos”y el Pacto Internaxional de Derechos civiles y Políticos que dice en el art 14.7” Nadie podrá ser jugado ni sancionado por un dleito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimien to penal para cada país..”pero el deber de un magistrado respetandoel estado de Derecho tiene sentido cuando observa que ésa artilugio procesal conlleva con astucia e ingenio a engañar a la sociedad…

Existen autores como German Bidart Campos que manifiestan que la inmutabilidad de la cosa juzgada no debe ser absoluta, pues cuando un pronunciamiento judicial choca contra hechos indiscutidos cuyo conocimiento fue deliberadamente saboteado por los actos judiciales relevantes , o no hubo un verdadero proceso antes de la sentencia , la cosa juzgada necesita ser derribada para rescatsr la verdsd materisl u objetiva y la justicia , cuyo afianzamiento ordena imperativamente el preámbulo constitucional..así reitera el autor “ sería ritualismo fatuo, exceso procesal manifiesto, vicio instrumental y negatorio del derecho fondal sobre todo constituciuonal apegarse y aferrarsea la formalidad vacía de la autoridad de la cosa juzgada en una sentencia viciada de nulidad..se interrog el autor..¡para que es la sentencia ¿para administrar Justicia; la justicia como valor, como servicio , como función del poder no es cosa de meras formas, de apariencias..” la raíz constitucional de la nulidad de la cosa juzgada..”ED, 136-619 (1990)

Denuncio asimismo la arbitrariedad de la sentencia aquí recurrida, pues advierto la liviandad con que el resolutorio de primera instancia que desprende un yerro incomprensible en omitir se destaque un pronunciamiento judicial que no guarda relación con el estricto sentido del deber de un a debida y correcta administración de justicia so pretexto de exigir al suscripto la demostración probatoria cuya omisiva producción brilla por su ausencia; pues si de la lectura de los magistrados del órgano a quo no se comprende lo escueto de la presentación, de la declaración indagatoria del imputado, de la falta de secuencia lógica en el desarrollo de la etapa de instrucción y consecuentemente el resolutorio que pone fin al delito de acción pública, sin siquiera esbozar un razonamiento tendiente a explicitar cómo concluye el magistrado de primera instancia, más allá de pretender resaltar, que no es materia de estudio, pero sí es una obligación ética y moral que el dictado enrostrado según art 323 inc 3 CPP tiene sus aristas que va en contra de cualquier objetividad y seriedad revestida y exigida a un magistrado por la sociedad.-

En éste caso, desprendo y cito diversos autores y antecedentes jurisprudenciales de la obra del Prof Federico Morgenstern “ Cosa Juzgada Fraudulenta” editorial B de F ;el cual su lectura me ha servido de guía para poder ir reflexionando en el presente medio de impugnación.-

Como la CSJN ha reiterado…” ciertos fallos no son verdaderos sobreseimientos, sino epílogos espurios de procesos en los que el juez mostró indiferencia respecto de la verdad objetiva casos en que, como dijo la CSJN en “ Malvina Rosa Nicefora Kaswalder de Bustos” Fallos 278:85, consid. 19”;….” surgen indicios vehementes de una tramitación programada para otro fin que el que se procura con la sentencia recurrida…” en idéntico sentido y ante la omisiva tarea de los votantes que rechazaran con tanto énfasis el pretenso acto nulificante, la convocatoria de testigos y nefastas y direccionadas producción de un plexo probatorio sin el debido carácter objetivo que deviene imperioso para una correcta investigación penal, resulta ser parte de un proceso encubierto a fin de dar impunidad a un funcionario político, no podemos ser necios y evitar la lectura que reitero con el debido respeto no quiso la Exma Cámara de apelaciones consentir.

Con éstos pretextos del justiciable se logrará que la gente pierda respeto por el sistema penal y lo observará como ilegítimo, como en el presente aún la sociedad percibe que he aquí un funcionario que “ redarguyó de falsedad una declaración jurada” es en lo cotidiano que ante la desconfianza del voto de los magistrados también no debe escaparse que en éste tema en particular el fiscal de instrucción como el juez de primera instancia no se esforzaron en lo más mínimo, como lo propuse en mi primer requerimiento nulificante, buscar la verdad jurídica objetiva; por ello la percepción es peor porque el desprestigio máximo es consagrar y proteger el fraude, o la cosa juzgada delincuente…según Eduardo Couture, “ la acción revocatoria de la cosa juzgada fraudulenta”, LL, 16-104 .-

Existen otros autores que en ciertos supuestos de aplicación de la cosa juzgada írrita, la decisión judicial debe conllevar una denuncia penal al juzgador ó magistrado, o se podría destacar que paralelamente mientras se destaque o intente resolver un efecto nulificante sobre ésa sobreseimiento fraudulento , podría encontrarse ( denunciarse), como en éste caso un delito de acción pública de prevaricato de derecho u alguna otra figura mientras se sustancie el presente requerimiento incidental; para ello deviene necesario tiempo e investigación como asimismo una certero apoyo de la Justicia, que sin el mismo es en vano proseguir con un justo fallo si se quiere garantizar un verdadero Estado de Derecho sin hipocresías…” Julio Maier, D Procesal penal.., cit pp 601-602.-
Todas las cuestiones antes señaladas, que precedieron al hecho juzgado en autos, fueron totalmente pasadas por alto por el sentenciante, a pesar de ser prueba esencial, cuya debida consideración hubiera exonerado al Juez de primera instancia como a la tarea del fiscal de instrucción de su ociosa y entremetida tarea ; por ello el revestir un serio contenido a la pretensión nulificante por la absurda y famosa vista gorda” como lo expresara todo integrante y operador de éste sistema, y conceptuar con vulgares términos a quien sólo pretende como lo exige nuestra CN un digno espíritu de Justicia es una desconsideración de prueba relevante para la resolución del caso el cual también constituye un nuevo motivo de arbitrariedad por cuanto el fallo recurrido no constituye la derivación del derecho aplicable conforme las constancias de la causa ya expuestas, al prescindirse sin ningún motivo plausible el justo y objetivo estudio de prueba relevante en la revisión del presente estado de firmeza denunciado; art. 18 de la Constitución nacional).

. La interpretación efectuada en el resolutorio, incurre en afirmaciones netamente dogmáticas, no constituye una derivación razonada con arreglo a las circunstancias del caso, es por ello, es que decimos que el resolutorio impugnado, es arbitrario.

La motivación principal que exige el a quo en la queja interpuesta es según expresara el Dr. Arguero…” no puede aceptarse el reproche de nulidad , por resultar poco serio y sin sustancia , si pretende descalificar los términos y contenidos en que ha sido concebida la resolución judicial que ataca por irregular , al propio tiempo que admite no conocer los fundamentos que la sustentan por no haberse dado a publicidad…” en éste punto lo que se intenta imponer es la excepcionalidad a la regla del non bis in ídem, pues los motivos de seguridad jurídica no son absolutos en ningún área del Derecho; como en el presente caso una férrea defensa al respeto de un estricto formalismo para el concepto del non bis in ídem, cuando lo absoluto debería ser que la defensa férrea sea a favor de respaldar decisiones jurisdiccionales constitucionalmente válidas….

Es así que, la sentencia atacada no es una derivación razonada con aplicación a las circunstancias del caso, por lo que el presupuesto de apertura de esta instancia deviene viable frente a la clara arbitrariedad del fallo, en la necesidad de proteger los principios y garantías constitucionales básicos y el debido proceso legal porque lo que intento reclamar es no darle excepcionalidad a la regla de la cosa juzgada írrita sino lo contrario darle preeminencia a la garantía del non bis in ídem con un plexo probatorio contundente sin consecuencias jurídicas…
La cosa juzgada responde a diversas expectativas de seguridad jurídica: primero a la confianza de los sujetos que exigen tener la certidumbre de que las decisiones tienen existencia duradera; segundo , a la exigencia de la comunidad jurídica de que a partir de cierto momento se pone fin a la duda y a la lucha por el derecho que se busca en todo asunto concreto…Perez Luño, Antonio “ Seguridad Jurídica”, en Garzón Valdez Ernesto- Laporta Francisco, El Derecho y la Justicia 2 Ed, Trottas, Madrid 2000, pp 481-492.-

Siguiendo en lineamiento del fallo que antecede el voto de la Dra Riusech el cual expresa ..” que la revisión de la cosa juzgada compromete la seguridad jurídica y aún coincidiendo en que no puede concedérsele carácter sacramental , no puede bastar la alegación de alguna circunstancia para habilitarla..” en humilde contraposición a lo expresado por la magistrada he de manifestar que el tipo de seguridad implicada en la cosa juzgada es la seguridad-certeza, vinculada a la estabilidad contra los cambios, de ésa manera el Dr Hitters afirma que la justicia y la seguridad son dos piezas del mecanismo judicial que deben funcionar yuxtapuestas sin descompensarse, que se encuentran correlacionadas; de ésta manera la seguridad jurídica se concreta en las exigencias objetivas de corrección estructural según Antonio Perez Luño, Seguridad Jurídica” ..se realiza una formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico de acuerdo con el principio de legalidad y corrección funcional que es el cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y órganos jurisdiccionales mientras que en la acepción subjetiva el valor se encarna en la certeza del Derecho…” con ése espíritu se pronunció la Dra Aida Kemelmajer de Carlucci al resolver un caso en el que la actora planteó la existencia de un error esencial en una resolución firme que regulaba honorarios por servicios profesionales inexistentes; de ésta manera la jueza sostuvo la procedencia de la acción autónoma de nulidad por cosa juzgada írrita porque consideró que mantener esa regulación de honorarios suponía convalidar un enriquecimiento sin causa y una contradicción absoluta con la legislación en la materia al haber una grave deficiencia en el material de percepción del órgano judicial que determina un error de conocimiento de los hechos que fundamenten la sentencia …en éste caso no se aplicó la cosa juzgada írrita por una conducta dolosa o fraudulenta sino por la existencia de un error esencial en el juez…” Sentencia 99.717 del 2-09-99 Suprema corte Pcia Mendoza Sala 1..Banco Previsión Social en LL, 1999-.F-529.-

En otro orden de ideas se me refuta según refiere en su voto la Dra Riusech, que mi presentación fue luego de dos meses, sin que èse presupuesto temporal coexistiría de manera esencial al pretenso nulificante; no debería proceder de éste particular el planteo sino de algún funcionario judicial y/o político que tomó público a los pocos días de tomar conocimiento la Sociedad Bonaerense de tan ardidosa estrategia que culmine con la protección de raigambre constitucional .-

De ésta forma el otorgar un manto de categoría absoluto a la propuesta de revisar la sentencia del a quo, no deviene tampoco necesario que el voto del magistrado de la Exma Cámara rechace el presente con el motivo de colisionar con el concepto de seguridad jurídica sino lo contrario el valor que le estamos otorgando a la facultad de revisar resulta imprescindible para impedir los efectos de una sentencia intolerablemente injusta como el de autos;

Dejo planteada la Cuestión federal en los términos del art. 14 de la ley 48 el cual ampliaré los fundamentos en el respectivo memorial .-
V. Petitorio:

Por lo antes expuesto, solicito:

1. A los Sres. Jueces de la sala IV de la Cámara de Apelaciones Depto Judicial La Plata tengan por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación, y lo concedan ante dicho Tribunal

2. A los Sres. Jueces del Tribunal de Casación Penal:

Hagan lugar al recurso, se case la sentencia impugnada y se anule el resoolutorio de primera instancia

Solicito asimismo se tengan por planteadas las cuestiones federales introducidas a lo largo del presente recurso.

Proveer de conformidad

Es Justicia

RESUMEN DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO (ART.451 C.P.P)
Recurrente: Marcelo Peña, abogado inscripto al T 48 F 235 CALP CUIT 20233539199 con domicilio legal en calle Solís n xx de Quilmes y constituyendo domicilio a los fines del presente recurso en calle 13 n° 723 piso 7 de la ciudad de La Plata, en causa n P- 5325, en carácter de defensor particular imputado Juan Pedro Soria.
Resolución judicial atacada: Sentencia definitiva del Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial Quilmes de fecha 23 de octubre de 2015 por el cual se condena al nombrado Soria a la pena de 10 años de prisión, con accesorias legales y costas por hallarlo autor responsable de los delitos de estrago culposo seguido de muerte en concurso real con omisión de evitar torturas en los términos de los arts. 188 segundo párrafo, 146.1 y 55 del Código Penal.

Notificación de tal resolución: Dicha resolución se notificó a la defensa el 23 de octubre de 2015.

Manifestación previa de intención de interponer este recurso: Dentro del plazo de siete días se presentó escrito efectuando reserva de interposición de recurso de casación en los términos del artículo 451 del C.P.P. el que obra en autos.

Disposiciones legales violadas o inobservadas: arts. 1, 3, 106, 210, 367, 371, 373, 375 y ccts. del C.P.P.; 188 segundo párrafo, 146 incisos 1 y 5, y 55 del Código Penal.; 1, 18, 28 y 75 inc. 22 C.N. y 8.1 y 2. CADH y 14. incs. 1 y 2 del PIDCP.

Pretensión recursiva: Se case la sentencia impugnada y se absuelva libremente al imputado Soria en ambos delitos imputados. Subsidiariamente solicito que se modifique la calificación del delito contra la libertad y se lo subsuma en la figura descripta en el art. 146 inc. 5° del Código Penal, y en virtud de su carencia de antecedentes y la foja de servicios intachable que tiene como funcionario público se le imponga una pena cercana al mínimo legal, que en virtud de lo normado por los arts. 26 y 27 del Código y la doctrina emanada del precedente “Squillario” de la Suprema Corte de la Nación (S.579 XXXIX, del 8 de agosto de 2006) sea de ejecución condicional.

Subsidiariamente, solicito se rebaje el quantum de la pena.

Documentación acompañada: copia del acta de debate de la que surge la notificación de la sentencia recurrida merced a su lectura (art. 374 in fine del C.P.P.) con fecha 23 de octubre de 2015 y copia del escrito conteniendo la manifestación de la intención de recurrirlo.

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