Habeas corpus causales / habeas corpus carácter subsidiario no supletorio






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HABEAS CORPUS - Causales / HABEAS CORPUS - Carácter subsidiario no supletorio
Es preciso advertir que la petición de libertad por vencimiento de términos debe presentarse ante el juez que lleva la causa penal, funcionario judicial que debe examinar y decidir ese tipo de solicitudes. Por otra parte, se reitera que este instrumento no puede utilizarse para suplir los trámites propios del proceso penal, pues no es de carácter residual, supletorio, alternativo o sustituto, así que, las cuestiones adicionales mencionadas por la impugnante deben ser debatidas ante el juez natural.
NOTA DE RELATORIA: Sobre las causales para la acción de Habeas Corpus, Corte Constitucional, sentencia C-187 del 2006, MP. Clara Inés Vargas Hernández.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 30 / LEY 1095 DE 2006 - ARTICULO 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION CUARTA
Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil doce (2012).
Radicación número: 25000-23-27-000-2012-00155-01(AC)
Actor: BEATRIZ ENCISO DE BLANCO
Demandado: JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA


De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1095 del 2006, decide el Despacho la impugnación presentada por la apoderada de la actora contra la providencia del 23 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, Magistrada Gloria Isabel Cáceres Martínez, mediante la cual declaró improcedente la acción de habeas corpus.

LA SOLICITUD
El 21 de febrero de 2012, BEATRIZ ENCISO DE BLANCO, detenida en la cárcel El Buen Pastor, en nombre propio y de su esposo Pedro Germán Ariza, instauró la acción constitucional porque, a su juicio, “desde el día en que se terminó la audiencia1” han transcurrido “más de 210 días, sin que se dicte sentencia” y que, vencidos los términos para proferir esa decisión debe ordenarse la libertad inmediata.
En el escrito, afirma lo siguiente:
Que el 15 de abril de 2008, fue capturada por estar sindicada del delito de lavado de activos y, el 21 de abril del mismo año, fue puesta en libertad.
Que el 10 de octubre de 2010, nuevamente fue capturada y se encuentra en la institución carcelaria a órdenes del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C.
Que “después de varios meses de asistir a audiencias y (de) haber sido escuchada por la juez, de toda mi conducta como madre, señora, esposa, trabajadora, ganadera, agricultora, y de entregar todos los documentos (…) que reposa(n) en el proceso (…) demostramos nuestra inocencia frente al delito que nos endilgaron”.
Que finalizada la audiencia, el paso siguiente es, dictar la sentencia. Que no hay prueba legalmente producida que demuestre que incurrió en el delito de lavado de activos, de rebelión o de delito alguno.
TRAMITE
El 22 de febrero del 2012, efectuado el reparto del proceso2, fue asignado a una de las Magistradas que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, quien por auto de Sala Unitaria, admitió la solicitud de habeas corpus3; además, dispuso que se oficiara al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C., para que rindiera informe en relación con las actuaciones adelantadas en el proceso número 11001-31-07-005-2010-00048 y ordenó notificar la providencia a la actora y a Pedro Germán Ariza.

El informe rendido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C.
El 23 de febrero de 2012, la Jueza rindió el informe correspondiente, según consta en los folios 9 a 13 del expediente.
LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El 23 de febrero del 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante providencia de Sala Unitaria, decidió:
Primero: Abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la solitud (sic) de libertad del señor Pedro Germán Ariza Quintero, formulada en su nombre por la señora Beatriz Enciso de Blanco, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Declárase improcedente la acción pública de Habeas Corpus, impetrada a nombre propio por la señora Beatriz Enciso de Blanco (…), conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Como cuestión previa advirtió que Pedro Germán Ariza Quintero, en su propio nombre, presentó acción de Habeas Corpus, por circunstancias similares a las expuestas por la actora en la solicitud inicial; y que, está en trámite en otro Despacho judicial. Razones por las que no se pronunció sobre la libertad que la actora reclamaba en nombre de él.
En cuanto al fondo del asunto, citó los artículos 30 de la Constitución Política y 1° de la Ley 1095 de 2006 y algunos apartes de la sentencia del 31 de mayo de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, dictada en el proceso 36631, para precisar que, por la naturaleza de esta acción, sólo procede frente a las arbitrariedades evidentes y palmarias, en los eventos previstos por el legislador, sin que sea permitida la injerencia en las facultades que son propias del juez de la causa.
Luego, se refirió al artículo 2° de la Ley 15 de 1992 y a lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-301 de 1993, al resolver sobre la exequibilidad del inciso segundo de dicho artículo, para destacar que al juez constitucional no le está permitido inmiscuirse en asuntos propios del proceso penal que deben ser debatidos y decididos en el curso del mismo y que el Habeas Corpus sólo admite el examen de elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad, no la de los intrínsecos, porque éstos son de competencia exclusiva y excluyente de la autoridad penal.
Indica que esta acción es un mecanismo excepcional de protección, de carácter residual y subsidiario, que procede cuando las autoridades han incumplido las formalidades constitucionales y legales para disponer la captura y la privación de la libertad de las personas, pero que en ningún caso, puede sustituir a la autoridad judicial cuando se ha solicitado la libertad, ni es una instancia adicional a las legalmente establecidas para que el interesado la utilice siempre que considere que tiene derecho a la libertad o cuando los funcionarios que conocen del asunto nieguen sus pretensiones.
Advirtió que según el informe rendido por el Juzgado Quinto Penal Especializado del Circuito de Bogotá, D.C., el proceso en el que está sindicada la actora “es tramitado de conformidad con lo establecido en la Ley 600 de 2000” y que, por tratarse de un proceso penal de conocimiento de éstos jueces especializados, los términos de que tratan los numerales 4° y 5° del artículo 365 ib se duplican, según lo dispone el artículo 15 transitorio de la misma Ley.
Precisó que la audiencia pública culminó el 16 de agosto de 2011 y que en el acta contentiva de la misma consta que se ordenó “que el expediente ingresara al Despacho para fallo”.
Luego, citó el artículo 410 de la Ley 600/00 y advirtió que el vencimiento del término para proferir sentencia no fue previsto en el artículo 365 de la Ley 600/00 como causal de libertad del procesado; que esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional; que al referirse a la duración de la detención preventiva y, en particular, al cómputo de los términos para obtener la libertad provisional, destacó que es un deber ineludible de las autoridades judiciales, en cada caso, evitar que la medida se prolongue más allá de un lapso razonable.
Frente al caso, concluyó que atendiendo el carácter residual y subsidiario del Habeas Corpus, “la accionante, si considera que se presenta una prolongación ilícita de su libertad, debe elevar la correspondiente solicitud ante el juez ordinario competente de conocimiento”, pues según el informe rendido por él, a la fecha, la actora no ha formulado petición de libertad, lo cual torna improcedente la acción pública instaurada.
LA IMPUGNACION
La actora, por intermedio de apoderada, impugna la decisión de primera instancia y solicita que se revoque y, en su lugar, que se ordene la libertad inmediata de su defendida. Sustenta la impugnación en lo siguiente:
Que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado acepta que el proceso penal se encuentra al Despacho para fallo desde el 16 de agosto del 2011, que está en turno en el cuarto puesto.
Que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 6 de octubre de 2009 proferida en el proceso 32791, sostuvo que la acción de Habeas Corpus, como medio principal, fue previsto para garantizar la libertad en los casos en que, de manera ilícita, se prolongue la privación de este derecho.
Que en el caso, se dictó medida de aseguramiento en contra de Beatriz Encizo de Blanco y luego, el superior la revocó “sin prueba de ninguna clase, sin otros medios de prueba …”
Que “la providencia habla de la libertad provisional, de las causales para concederla de los momentos de impetrarla, pero en relación con la pruebe (sic) completa, suficiente, reconocida por el titular del Despacho, de la Inspección Judicial realizada, guarda silencio, por considerar que está plenamente probados los vencimientos de término para proferir el fallo; amén de saber que a partir de fecha 2 de enero del año 2012, fue nombrado un Juez, titular y un Juez, auxiliar, lo que destruye la justificación, y menos el turno aducido.”
Finalmente, con fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política, afirma que tiene derecho a invocar el Habeas Corpus, por lo siguiente:
“Es el caso de Beatriz Enciso de Blanco ella sabe que no cometió ningún delito, sabe que la justicia no le probó (la) comisión de delito, sabe que no hay denuncia contra ella, como autora de delito; tiene conciencia que el proceso es nulo desde que nace hasta su última hoja o folio actoral, sabe que dentro de la audiencia se demostró su conducta social y como violaron sus derechos y que ahora desde el 16 de agosto del año 2011, no le han dictado la sentencia”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El habeas corpus está consagrado en la Constitución Política, en el artículo 30, reglamentado por la Ley 1095 de 2006, que en el artículo 1º establece: “El Habeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine4”.
De lo anterior se colige que el Habeas Corpus es una garantía excepcional para la protección del derecho a la libertad personal, el cual está consagrado en el artículo 285 de la Carta Política, pero, de ningún modo, puede utilizarse para suplir los trámites propios del proceso penal, pues no tiene carácter residual, supletorio, alternativo o sustituto.
Además, son causales para solicitar el habeas corpus: 1) La violación de las garantías constitucionales y 2) la privación ilegal de la libertad o su ilegal prolongación.
Sobre estas causales, la Corte Constitucional6, al analizar la exequibilidad de la Ley 1095 del 2006, precisó:
“Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.
Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.
También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial, la que al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.
En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona (C.P. art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.
En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas actuaciones provenientes de las autoridades públicas, cuando ellas signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de aquellos derechos conexos protegidos mediante el hábeas corpus”.
De la normativa constitucional, de la ley que la desarrolla, así como de la interpretación jurisprudencial, citadas se advierte que es presupuesto para la procedencia de habeas corpus la existencia de la privación de la libertad y que ésta o su prolongación sean contrarias a la ley, pues el habeas corpus garantiza el derecho a la libertad personal.
En el caso, a juicio de la impugnante, se cumplen los presupuestos legales para la procedencia de la acción constitucional. Afirma que de manera ilegal se ha prolongado la privación de la libertad de la actora, porque han transcurrido más de 210 días, contados desde el día en que pasó el expediente al Despacho para fallo a la fecha de radicación de la presente acción, sin que se haya proferido la sentencia correspondiente.
Adicionalmente, en el escrito de impugnación argumenta que la medida de aseguramiento fue revocada “sin prueba de ninguna clase, sin otros medios de prueba” y que la actora “sabe que no cometió ningún delito”, que “la justicia no le probó la comisión de delito”, que “no hay denuncia contra ella como autora del delito”, que ella “tiene conciencia” que el proceso es nulo, que en la audiencia “se demostró su conducta social” y que se le están violando sus derechos porque no se ha dictado sentencia en el proceso penal.
Sea lo primero destacar que la privación de la libertad de Beatriz Enciso de Blanco no es ilegal, toda vez que la misma obedece a la orden emitida por un funcionario competente, que se hizo efectiva el 11 de octubre de 2010, según consta en el numeral “7” del informe rendido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C7.
De otra parte, que precluida la audiencia pública del 16 de agosto de 2011 el Juez dispuso “que de manera inmediata ingrese la actuación al despacho para emitir el fallo correspondiente”8, según consta en el Acta correspondiente que obra en los folios 26 a 28.
De acuerdo con el informe citado, el proceso que adelanta el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá es complejo, dadas las circunstancias particulares del caso, porque en él se presenta concurso de delitos, son once (11) los procesados9 y se trata de delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado, que al momento en que fue rendido dicho informe, el proceso se encontraba en el turno cuarto para proferir el fallo correspondiente y se estaba adelantando el estudio del expediente10, razones por las cuales no es posible atribuir al mismo la mora judicial para dictar sentencia, tal como se pretendió al formular la petición de hábeas corpus.
Así, la situación aducida por la actora no revela el desconocimiento del derecho a la libertad, porque no es ilegal la privación de ese derecho ni es indebida la prolongación de la misma, por lo que resulta improcedente la acción constitucional.
Es preciso advertir que la petición de libertad por vencimiento de términos debe presentarse ante el juez que lleva la causa penal, funcionario judicial que debe examinar y decidir ese tipo de solicitudes.
Por otra parte, se reitera que este instrumento no puede utilizarse para suplir los trámites propios del proceso penal, pues no es de carácter residual, supletorio, alternativo o sustituto, así que, las cuestiones adicionales mencionadas por la impugnante deben ser debatidas ante el juez natural.
En consecuencia, la Sala Unitaria estima que la acción interpuesta no tiene vocación de prosperidad por las razones antes expuestas y, por tanto, confirmará la decisión impugnada.
Por lo anterior, el Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sala Unitaria,
R E S U E L V E
Confírmase la providencia del 23 de febrero del 2012 proferida por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
Notifíquese por el medio más expedito posible a los actores y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.
MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA



1 Sostiene que la audiencia terminó en los primeros días del mes de agosto del 2011.

2 Fl. 2

3 Fl. 4

4 La cláusula pro homine es uno de los principios de interpretación en materia de derechos humanos, según la cual las restricciones a los derechos deben entenderse restrictivamente mientras que sus ampliaciones y accesos deben comprenderse extensivamente.

5 C.P. art. 28. “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”

6 C-187 del 2006, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

7 Cfr. Fl 11, en el numeral 7 “En lo que atañe a la privación de la libertad de los ciudadanos (…) y Beatriz Enciso de Blanco, debe advertirse que la misma obedece a la expedición de orden de captura impartida por la Fiscalía instructora, misma que se hizo efectiva el 11 de octubre de 2011, en desarrollo de la audiencia preparatoria atendiendo el informe de captura remitido por la Policía Judicial de Puerto Boyacá, por los delitos de Lavado de Activos y Rebelión, respectivamente, y que corresponde a la causa en comento”.

8 Cfr. Fl. 28 “Decisión”.

9 En las Actas de las Audiencias Públicas que obran en los folios 23 a 28, se mencionan los nombres de las 11 personas, en las que se incluye el de la actora, contra las cuales se adelanta el proceso 11-001-31-07-005-2010-00048-00.

10 Fl. 12, numeral 9.

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