El Artículo 07 de la Ley Núm. 68 del 28 de agosto de 1990, el Artículo 1 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 2001, el Artículo 3 de la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001 y el Artículo 1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada. Exposición de motivos






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títuloEl Artículo 07 de la Ley Núm. 68 del 28 de agosto de 1990, el Artículo 1 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 2001, el Artículo 3 de la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001 y el Artículo 1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada. Exposición de motivos
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Artículo 11.-Jornada de Trabajo
Sección 11.1
Las normas sobre jornada de trabajo para los empleados públicos son las siguientes:
1. La jornada regular semanal para los empleados regulares de carrera no excederá de cuarenta (40) horas ni será menor de treinta y siete (37 ½), sobre la base de cinco (5) días laborables, salvo disposiciones en contrario de leyes especiales. La jornada diaria no excederá de ocho (8) horas. Se concederá a los empleados dos (2) días de descanso, por cada jornada regular semanal de trabajo.
2. La jornada regular semanal del empleado consistirá del número de horas que dentro de un período de siete (7) días consecutivos, el empleado está obligado a rendir servicios, conforme a su horario regular de trabajo. Normalmente la jornada regular semanal comprenderá los días de lunes a viernes, constituyéndose el sábado y domingo, los días de descanso. Sin embargo, por necesidades del servicio las agencias podrán establecer una jornada semanal regular, para todo o parte de su personal, comenzando y terminando en cualquier día de la semana, siempre y cuando dicha jornada comprenda dos (2) días de descanso.
3. Se podrá reducir la jornada regular diaria o semanal de los empleados como acción para evitar cesantías. Cuando se haya establecido una jornada regular reducida como medida para evitar cesantías, dicha jornada podrá establecerse sobre la base de menos de cinco días laborables.
4. Cada agencia, dentro de los límites anteriores indicados, establecerá la jornada de trabajo, semanal y diaria, aplicable a sus empleados, tomando en consideración las necesidades de servicio.
5. Como norma general, el horario regular diario de trabajo se fijará sobre la base de una hora fija de entrada y una de salida. No obstante, las agencias podrán adoptar mediante su reglamentación interna un sistema de horario flexible, escalonado, extendido o turnos rotativos.
6. Cada agencia concederá a todo empleado una hora (1) para tomar alimento durante su jornada regular diaria. Dicho período deberá comenzarse a disfrutar por el empleado no antes de concluida la tercera hora y media, ni después de terminar la quinta hora de trabajo consecutiva. Mediante acuerdo escrito entre el empleado y un representante autorizado de la agencia, la hora de tomar alimento podrá reducirse a media (½) hora por necesidades del servicio o conveniencia del empleado. En caso de empleados sindicados el acuerdo debe ser aprobado por el representante sindical.
7. Las agencias deben programar su trabajo en forma tal que el empleado pueda disfrutar de su hora de tomar alimento. No obstante, en situaciones de emergencia se podrá requerir al empleado que preste servicios durante su hora de tomar alimento o parte de ésta.
8. Las horas trabajadas comprenderán todo el tiempo durante el cual se le requiere a un empleado prestar servicios o permanecer en el recinto o en un determinado lugar de trabajo y todo el tiempo durante el cual se le ordene o autorice expresamente a realizar el mismo.

Sección 11.2.-TRABAJO EN EXCESO DE LA JORNADA REGULAR

1. El programa de trabajo de cada agencia se formulará de tal manera que se reduzca al mínimo la necesidad de trabajo en exceso de jornada regular establecida en la Agencia para los empleados. No obstante, las Autoridades Nominadoras, por razón de la naturaleza especial de los servicios a prestarse o por cualquier situación de emergencia, podrán requerir a sus empleados que presten servicios en exceso de su jornada de trabajo, diaria o semanal, o en cualquier día en que se suspendan los servicios sin cargo a licencia por la(el) Gobernadora(or). En estos casos deberá mediar una autorización previa del supervisor del empleado, la cual deberá ser aprobada por la autoridad nominadora o por aquel funcionario en quien éste delegue. Los supervisores deberán tomar medidas para que cuando un empleado permanezca trabajando sea siempre a virtud de una autorización expresa.
2. Los empleados tendrán derecho a recibir licencia compensatoria, a razón de tiempo y medio, por los servicios prestados en exceso de su jornada regular, diaria o semanal, hora de tomar alimentos y por los servicios prestados en los días feriados, en los días de descanso, o en los días en que se suspendan los servicios sin cargo a licencia por la(el) Gobernadora(or). Esta licencia deberá disfrutarla el empleado dentro del período de treinta días a partir de la fecha en que haya realizado el trabajo extra. Si por necesidad del servicio esto no fuera posible, se le podrá acumular dicha licencia hasta un máximo de doscientas cuarenta (240) horas. En los casos de empleados en puestos de seguridad o salud se podían acumular hasta cuatrocientas ochenta (480) horas. La compensación de tiempo extra en tiempo compensatorio no procede para las horas que el empleado acumule en exceso de los límites mencionados.
3. Están excluidas de las disposiciones del apartado (2) precedente cualquier empleado que realice funciones de naturaleza administrativa, ejecutiva o profesional, conforme estos términos se definen en la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo.

Artículo 12.-Expedientes de los Empleados

1. Todas las agencias mantendrán los siguientes expedientes para cada uno de sus empleados:


  1. Uno que refleje el historial completo del empleado desde la fecha de su ingreso original al servicio público hasta la fecha de su separación definitiva del servicio.

  2. Uno confidencial y separado que contenga las instrucciones, determinaciones y certificaciones de índole médica, a tenor con lo establecido por la Ley Federal para Americanos con Impedimentos. (ADA).


c. Uno que contenga copia de todos los Informes de Cambio y demás documentos e información requerida para fines de retiro.
2. Dichos expedientes tendrán carácter confidencial, no obstante, estos podrán ser examinados para fines oficiales por empleados o funcionarios autorizados. Todo empleado tendrá derecho a examinar su expediente de personal, previa solicitud escrita y en presencia de un funcionario o empleado de la división de Recursos Humanos autorizado para ello. La referida solicitud será sometida a dicha oficina con antelación razonable a la fecha en que se interesa efectuar el examen. El empleado podrá autorizar por escrito a otra persona para que examine el expediente.

Todo empleado tendrá derecho a obtener una copia de todo o cualquier documento contenido en su expediente mediante el pago del costo de reproducción.
3. Todo lo relativo a la conservación y disposición de los expedientes de los empleados que se separen del servicio se regirá por lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico y su reglamentación, administrada por la Administración de Servicios Generales o cualquier disposición estatutaria que la sustituya.
4. Cuando ocurra el traslado de un empleado de una agencia a otra, la agencia de origen transferirá los expedientes a la agencia a la cual se traslada el empleado, no más tarde de treinta (30) días, contados a partir de la efectividad del traslado.

Artículo 13.-Comisión Apelativa de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público

Sección 13.1.-CREACION
Se crea la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público, como un organismo enteramente independiente de la Oficina.
Sección 13.2-COMPOSICION
La Comisión estará compuesta por un Presidente(a) y dos Comisionados(as) Asociados(as) que serán nombrados por la(el) Gobernadora(or) con el consejo y consentimiento del Senado. Tanto el(la) Presidente(a) como los miembros(as) asociados(as) serán abogados(as), admitidos al ejercicio de la profesión, con vasto conocimiento y experiencia en el campo en la Administración de Recursos Humanos y en la aplicación y protección del principio de mérito. No podrá ser miembro de la Comisión ninguna persona que haya estado activo en política durante los cuatro años anteriores a su nombramiento.

Sección 13.3.-NOMBRAMIENTO, TERMINOS, CONTINUIDAD
El Presidente(a) será nombrado por un término inicial de siete (7) años. Un Comisionado(a) Asociado(a) será nombrado por término de cinco (5) años y otro por un término de cuatro (4) años. Todos los demás nombramientos serán por términos de siete (7) años. Los miembros de la Comisión desempeñarán sus cargos por el término de su nombramiento y hasta que su sucesor tome posesión. En caso de surgir vacantes antes de expirar el término de nombramiento de algún Comisionado(a), la/el Gobernadora(or) designará un nuevo Comisionado(a) con el consejo y consentimiento del Senado, por el resto del término del Comisionado(a) sustituido.

Sección 13.4.-JORNADA Y SUELDO
Los miembros de la Comisión serán funcionarios a tiempo completo. Durante el término de sus cargos no podrán ocupar ningún otro puesto ni cargo público, no podrán practicar profesión u oficio alguno ni devengarán compensación adicional de ninguna otra entidad, sea pública o privada. Los Comisionados(as) devengarán un sueldo equivalente al sueldo básico de un juez del Tribunal de Primera Instancia, Sección Superior. El Presidente devengará la cantidad de quinientos (500) dólares mensuales adicionales.

Sección 13.5.-DESTITUCION
La(el) Gobernadora(or) podrá iniciar, mediante la formulación de cargos, el procedimiento de destitución de un Comisionado(a) por negligencia o conducta ilegal o impropia en el desempeño de su cargo. Tal procedimiento de destitución se iniciará mediante la formulación de cargos ante un Juez Administrativo designado por la(el) Gobernadora(or). El Juez Administrativo designado practicará la investigación correspondiente. Si luego de realizada la investigación éste encontrará que no existe causa, recomendará el archivo del caso. Si determinara que existe causa, el Juez Administrativo concederá una vista a la mayor brevedad posible para dar a las partes la oportunidad de ser oídas y presentar su evidencia. Si el Juez Administrativo concluyese que los cargos han sido probados, emitirá una Resolución e instruirá a la destitución del Comisionado. El miembro de la Comisión destituido podrá apelar la decisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro del término de treinta (30) días, luego de recibida la notificación de dicha resolución.

Sección 13.6.-APORTACION AL SISTEMA DE RETIRO Y A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL ELA
El Presidente(a) y los Comisionados(as) Asociados(as) podrán acogerse, a su opción, a los beneficios del Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado, en cuyo caso la Comisión vendrá obligada a pagar la aportación patronal correspondiente y a tramitar toda la documentación que sea necesaria. Además, el Presidente(a) y Comisionados(as) podrán acogerse, a su opción, a los beneficios de ahorros y préstamos y otros servicios que ofrece la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Sección 13.7.-QUORUM
Para todas las determinaciones que requieren la actuación de la Comisión en pleno, dos de sus miembros constituirán quórum. Las decisiones adjudicativas requerirán la aprobación de dos Comisionados.

Sección 13.8.-OFICINAS CENTRALES
Las Oficinas Centrales de la Comisión radicarán dentro de la demarcación municipal de San Juan, pero cuando las circunstancias del asunto bajo su atención lo hicieren necesario o conveniente, ésta podrá constituirse y actuar en cualquier municipio dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Sección 13.9.-FACULTADES DE LA COMISION

La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes facultades:
1. Celebrar todas las audiencias e investigaciones que en opinión de la Comisión sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades que le confiere la ley, a tales fines, la Comisión o su agente tendrá acceso a cualquier evidencia de cualquier persona que esté siendo investigada o contra la cual se haya procedido y que se refiera a cualquier asunto que esté investigando la Comisión o que esté en controversia.
2. La Comisión tendrá facultad para iniciar investigaciones en cualquier caso que estime necesario aunque no haya mediado petición formal al respecto de ninguna de las partes interesadas.
3. En caso de rebeldía o de negativa a obedecer una citación expedida contra alguna persona, cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción se encuentre, resida o tenga negocios la persona, tendrá jurisdicción para expedir contra dicha persona un orden requiriéndola a comparecer ante la Comisión o alguno de sus agentes, para presentar evidencia o hacer una declaración. El incumplimiento a dicha orden podrá ser penalizado como desacato al Tribunal.
4. La Comisión queda facultada para adoptar un sello oficial y todas sus órdenes, comunicaciones, citaciones y decisiones tendrán la presunción de regularidad y cuando se expidan con el sello, serán reconocidos como documentos oficiales. Las órdenes, citaciones u otros documentos de la Comisión o su agente podrán diligenciarse personalmente, por correo certificado, facsímil o dejando copias de los mismos en la oficina principal o lugar de negocios de la persona a ser notificada.

5. Ninguna persona podrá negarse a comparecer y testificar o a producir cualquier evidencia documental que se le requiera, alegando que el testimonio o evidencia requerido por la Comisión podría incriminarle o exponerle a un proceso criminal. No obstante, ninguna persona será procesada ni estará sujeta a castigo o confiscación alguna por razón de alguna transacción o asunto en relación con los cuales se vea obligada a prestar testimonio o someter evidencia después de haber reclamado su privilegio de no declarar contra sí misma, excepto que dicha persona podrá ser procesada por perjurio cometido durante su declaración ante una Comisión.
6. A los testigos citados ante la Comisión o ante cualquiera de sus agentes autorizados que sean empleados públicos les será concedida una licencia judicial con paga durante el término de la citación. Aquellos testigos que no sean empleados públicos recibirán la misma dieta y compensación por millaje que reciben los testigos en los Tribunales de Justicia.
7. Los departamentos, agencias, municipios, corporaciones públicas y otras subdivisiones del Gobierno de Puerto Rico suministrarán a la Comisión, a petición de ésta, todos los expedientes, documentos e informes no privilegiados por ley que posean en relación con cualquier asunto en el que esté interviniendo la Comisión.
8. Se dispone expresamente que los Comisionados(as) no podrán actuar como Oficiales Examinadores.
9. La Comisión podrá conceder los remedios que estime apropiados, y emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes para cumplir con los propósitos de esta Ley. Esto incluye, entre otras, órdenes provisionales o permanentes de cesar y desistir; órdenes para la reposición de empleados suspendidos o destituidos, con o sin el abono de la paga atrasada dejada de percibir y la concesión de todos los beneficios marginales a que los empleados hubiesen tenido derecho durante el período de suspensión o destitución; y órdenes imponiendo sanciones económicas o procesales a agencias, funcionarios o representantes legales por incumplimiento o dilación de los procedimientos.
10. Interpretará y adjudicará todo caso o controversia que se plantee oportunamente y que concierna a su jurisdicción y al principio de mérito.
11. La Comisión podrá sancionar a toda persona que perturbe el orden o lleve a cabo conducta desordenada, irrespetuosa o deshonesta ante la Comisión constituida en pleno o ante cualquiera de sus miembros u oficiales investigadores o examinadores, cuando tal conducta tienda a interrumpir, dilatar o menoscabar de cualquier modo los procedimientos, con una multa no menor de treinta (30) dólares ni mayor de trescientos (300) dólares.

Sección 13.10.-FUNCIONES DEL PRESIDENTE

El Presidente será el principal funcionario ejecutivo de la Comisión y tendrá los siguientes responsabilidades:
1. Nombrar o contratar a las personas y funcionarios necesarios para llevar a cabo las funciones operacionales de la Comisión.
2. Nombrar a un Secretario de la Comisión, quien ocupará su cargo mientras goce de la confianza de ésta.
3. Designar Oficiales Examinadores o investigadores para que realicen las labores relacionadas a apelaciones específicas.
4. Aprobar la reglamentación necesaria para viabilizar un eficaz y adecuado funcionamiento de la Comisión al cumplimiento de esta ley.
5. Someter al Gobernadora(or) y a la Asamblea Legislativa un informe sobre las actividades de la Comisión al final de cada año fiscal.

Sección 13.11.-FUNCIONES DEL SECRETARIO(A)
El Secretario(a) tendrá todas aquellos deberes y facultades que el Presidente o la Comisión le asignen por reglamento.

Sección 13.12.-OFICIALES EXAMINADORES

El Presidente seleccionará y nombrará a los Oficiales Examinadores, los cuales ocuparán los puestos mientras disfruten de la confianza del Presidente. Estos no tendrán necesariamente que ser abogados, salvo que otra cosa se disponga en el reglamento que promulgue la Comisión. Cuando fueren designados como tales, los Oficiales Examinadores dictarán órdenes, presidirán vistas, recibirán la prueba correspondiente en cada caso y someterán a la Comisión un informe con las determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y las recomendaciones pertinentes. La Comisión resolverá, por mayoría, la acción que estime procedente y ajustada a derecho.

Sección 13.13.-JURISDICCION APELATIVA
Esta Comisión tendrá jurisdicción sobre las apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores Individuales y los municipios en los casos y por las personas que se especifican a continuación:
1. Cuando un empleado dentro del Sistema de Administración de los Recursos Humanos, no cubiertos por la Ley de Relaciones del Trabajo para Servicio Público, alegue que una acción o decisión que le afecta viola cualquier derecho que se le conceda en virtud de las disposiciones de esta Ley, de la Ley de Municipios Autónomos, los reglamentos que se aprueben para instrumentar dichas leyes, o de los reglamentos adoptados por los Administradores Individuales para dar cumplimiento a esta Ley.

2. Cuando un empleado cubierto por la Ley Núm. 45, que no ejerza su derecho a organizarse sindicalmente, alegue que una acción o decisión de la Autoridad Nominadora relacionada con la aplicación de esta ley, viola cualquier derecho que se le conceda al amparo de las áreas esenciales al principio de mérito establecidos en la misma.


  1. Cuando un ciudadano alegue que una acción o decisión le afecta su derecho a competir o ingresar en el Sistema de Administración de los Recursos Humanos de conformidad al Principio de Mérito.




  1. Cuando un empleado irregular alegue que la autoridad nominadora se ha negado injustificadamente a realizar su conversión a empleado regular de carrera según dispone la Ley de Empleados Irregulares, Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958, según enmendada.




  1. Cuando un Administrador Individual alegue que una acción, omisión o decisión de la Oficina es contraria a las disposiciones generales de esta ley en las áreas esenciales al Principio de Mérito.




  1. Se dispone expresamente que la Comisión tendrá jurisdicción tanto sobre el personal docente y clasificado del Departamento de Educación, como sobre el personal civil de la Policía de Puerto Rico, que no estén sindicados bajo la Ley Núm. 45, Ley de Relaciones del Trabajo en el Servicio Público de Puerto Rico.

A los fines de lo dispuesto en el primer párrafo de este inciso, se entenderá que la autoridad facultada para sancionar a un funcionario público no lo ha sancionado, si dicha autoridad afirmativamente determina que exonera al funcionario en cuestión, o si, luego de formulada una queja o querella contra un funcionario público, o de ocurridos los hechos que pudieran dar lugar a tal queja o querella, trascurren ciento veinte (120) días sin que la autoridad facultada para sancionar imponga medidas disciplinarias o exonere al funcionario público en cuestión. Transcurridos los referidos ciento veinte (120) días, la facultad para sancionar al funcionario en cuestión será, exclusivamente, de la Comisión. Sin embargo, a solicitud de la autoridad, facultada para sancionar, la Comisión concederá prórrogas adicionales por términos de treinta (30) días cada una, siempre que dichas prórrogas se soliciten antes expirar el término original de ciento veinte (120) días, o de la prórroga que se hubiere concedido, y se establezca que existe razón justificada para ello. Disponiéndose que el referido término de ciento veinte (120) días aplica exclusivamente a casos donde ha habido mal uso o abuso de autoridad.


  1. La Comisión podrá tener jurisdicción apelativa voluntaria sobre los empleados no organizados sindicalmente de aquellas agencias excluidas de la aplicación de esta ley y las corporaciones públicas que operen como negocio privado que se sometan voluntariamente al proceso apelativo y adjudicativo de este organismo. El procedimiento y costo para que éstos puedan acogerse a esta jurisdicción se establecerá mediante reglamento.

  2. La Comisión fomentará el uso de métodos alternos de solución de disputas como mecanismo para resolver controversias que surjan de esta ley.


Sección 13.14.-PROCEDIMIENTO APELATIVO, TERMINO
El procedimiento para iniciar una querella o apelación será el siguiente:
1. La parte afectada según la Sección 9.13, deberá presentar escrito de apelación a la Comisión dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que se le notifica la acción o decisión objeto de apelación en caso de habérsele cursado comunicación escrita, o desde que advino en conocimiento de la acción o decisión por otros medios.
2. La Comisión podrá luego de investigada y analizada una apelación, desestimar la misma o podrá ordenar la celebración de una vista pública, delegando la misma a un Oficial Examinador, quien citará a las partes y recibirá la prueba pertinente.
3. La Comisión dispondrá mediante reglamento los procedimientos que gobernarán la vista pública ante un Oficial Examinador.

Sección 13.15 .-REVISION JUDICIAL
Las decisiones de la Comisión serán finales a menos que la Autoridad Nominadora, el ciudadano o el empleado solicite su revisión judicial radicando una petición al efecto.
La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales. 

Sección 13.16.-RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION
La Comisión constituirá un Administrador Individual sujeto a las disposiciones de la presente ley, y desarrollará e implantará un reglamento de personal que incorpore y proteja el principio de mérito. El personal de la Comisión estará excluido de las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público.

Sección 13 .17.-PROCESO DE TRANSICION
1. Los cargos de presidente y miembros asociados de la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, creada por la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada; de la Junta de Apelaciones del Sistema de Educación creada por la Ley Núm. 78 de 28 de agosto de 1991; quedarán abolidas a la fecha en que se apruebe esta Ley.
2. El personal, equipo, expedientes, documentos y asignaciones presupuestarias pertenecientes a los organismos cuasi-judiciales mencionados en el inciso 1 anterior, serán trasferidos a la Comisión creada a virtud de esta Ley.
3. La Comisión Apelativa iniciará sus operaciones en o antes del día en que se cumplan tres (3) meses desde la aprobación de la presente Ley. Durante el proceso de transición cada uno de los organismos continuaran funcionando de forma regular, hasta tanto la nueva Comisión inicie sus operaciones. En dicho período, la Comisión deberá haber establecidos sus oficinas centrales en la demarcación municipal de San Juan; haber desarrollado los reglamentos, normas y procedimientos que regirán su operación interna y el ejercicio de sus funciones cuasi-judiciales; haber organizado el personal transferido y reclutado el personal adicional mínimo, si fuera necesario, para comenzar a operar con normalidad.
4. Se faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, previa autorización de la(el) Gobernadora(or) de Puerto Rico, a prorratear la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares con cargo al presupuesto funcional de gastos vigentes de cada una de los organismos cuasi-judiciales mencionados en el inciso (1) anterior, para sufragar los gastos de divulgación y orientación entre empleados públicos y la ciudadanía en general.
En años subsiguientes las asignaciones anuales para el funcionamiento de la Comisión Apelativa se incluirán en el Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 14.-Status de los Empleados a la vigencia de esta Ley


  1. Los empleados que a la vigencia de esta ley estuvieren ocupando puestos en el servicio de carrera conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada o de leyes especiales, que conforme las disposiciones de esta Ley estuvieren comprendidos dentro de la categoría de empleados de carrera, tendrán el status que a continuación se indica:

    1. los empleados que tuvieren status regular, serán empleados de carrera con status regular;




    1. los que tuvieren status probatorio, serán empleados de carrera con status probatorio.




    1. Los empleados que a la vigencia de esta ley estuvieran ocupando puestos mediante nombramiento transitorio, permanecerán en sus puestos hasta la terminación del período de nombramiento.




  1. Los empleados que a la vigencia de esta Ley estén prestando servicios en agencias que constituyen Administradores Individuales en puestos comprendidos en el servicio de carrera o en el servicio de confianza, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, o de leyes especiales, conservarán todos los derechos adquiridos, conforme a las leyes, normas y reglamentos que les sean aplicables siempre que los mismos no sean incompatibles con las disposiciones de esta ley, y estarán sujetos a los mismos deberes y prohibiciones.

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