A: [Dirección del centro asistencial o del colegio profesional]






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A: [Dirección del centro asistencial o del colegio profesional]
D/D.ª ______________________, colegiad_ núm. ____________ del Ilustre Colegio Oficial de ______________ de ______________, con ejercicio profesional en________________________________,
Declara
I. Que la entrada en vigor del RD 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y, en particular, de la modificación del artículo 3 de la Ley 16/2003, la introducción del artículo 3 bis en esta misma Ley 16/2003 y la reforma del artículo 12 de la LO 4/2000, es susceptible de crear un conflicto de deberes jurídicos.
Que, por una parte, el RD podría “obligarme” a no atender a determinadas personas que solicitan y requieren asistencia sanitaria, pero no están provistas de la correspondiente tarjeta; y por otra parte, diversas disposiciones legales me obligan a prestar esa asistencia, siendo las siguientes:
1. el artículo 19 a) de la Ley 55/2003, reguladora del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece que el personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del ordenamiento jurídico. El respeto a la Constitución exige la atención a cualquier persona, desde el momento en que el principio de universalidad en materia sanitaria aparece implícitamente reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, cuando proclama (párrafo primero), el derecho a la protección de la salud sin limitación subjetiva ninguna, y cuando remite (párrafo segundo) a la regulación legal los derechos y deberes “de todos”. La asistencia sanitaria, como uno de los contenidos del derecho a la protección de la salud, debe alcanzar a toda persona, con independencia de que tenga o no tarjeta sanitaria.
2. El artículo 19 b) de la Ley 55/2003 establece que el personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables.
Es mi deber legal, por tanto, observar los principios deontológicos; como es un principio y criterio de actuación el de la “Incorporación de los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos, tanto en la actuación profesional como en las relaciones con los usuarios” [art. 4 h) Ley 55/2003]. Y, entre estos principios, el Código Deontológico de la Enfermería Española establece en su el artículo 4 que “la Enfermera/o está obligada/o a tratar con el mismo respeto a todos, sin distinción de raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, opinión política, condición social o estado de salud”; en el artículo 34 insta a guiarse por el principio de justicia social y en el artículo 53 dispone que la responsabilidad primordial de la enfermera o el enfermero es la salvaguarda de los Derechos Humanos, orientando su atención hacia las personas que requieran sus cuidados.

En este eventual conflicto de deberes, considero que en base al principio de jerarquía normativa debe prevalecer el deber que resulta más respetuoso con el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE) y a la defensa del paciente.
II. Que, para el hipotético caso de que la autoridad a la que corresponda pronunciarse sobre este conflicto considere que debo cumplir prioritariamente lo previsto en el RD 16/2012 de 20 de Abril en lo referente a las modificaciones de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, manifiesto mi derecho a la objeción de conciencia a lo expresado en el mencionado RDL 16/2012 de 20 de Abril en lo referente a las modificaciones de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, al amparo de:
1. Lo señalado en el art. 16 de la Constitución española, que reconoce el derecho fundamental a la libertad ideológica y de conciencia, en relación con el derecho a la vida y a la integridad física garantizados en el art. 15 CE; 2. Lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, que en su fundamento 14, reconoce que “No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercitado con independencia de que se haya dictado o no su regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el art. 16.1 CE y como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”; 3. Lo dispuesto en el art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”; 4. Lo indicado en el art. 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”; 5. Lo previsto en el artículo 22 del Código Deontológico de la Enfermería Española: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Constitución Española, la Enfermera/o tiene, en el ejercicio de su profesión, el derecho a la objeción de conciencia que deberá ser debidamente explicitado ante cada caso concreto. El Consejo General y los Colegios velarán para que ningún Enfermero/a pueda sufrir discriminación o perjuicio a causa del uso de ese derecho”; 6. Lo dispuesto en los citados arts. 4, 34 y 53 del Código Deontológico de la Enfermería Española; y 7. Lo previsto en el artículo 17.1 k) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: “el personal estatutario de los servicios de salud ostenta los siguientes derechos: A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
Las modificaciones referidas excluyen de la asistencia sanitaria a ciudadanos españoles en algunos supuestos, así como a extranjeros no registrados y autorizados como residentes en España, a los que únicamente se reconoce su derecho a la atención sanitaria en urgencias por enfermedad grave o accidente, embarazo, parto, postparto o tener una edad inferior a los 18 años.
Mis convicciones morales y deontológicas, así como el respeto a los principios éticos de beneficencia y justicia, me obligan a objetar a dicha normativa, y por lo tanto a no denegar la asistencia a ninguna persona que me la solicite, cualquiera que sea su condición, y a continuar atendiendo al cuidado de su salud, tanto en sus aspectos preventivos como curativos y rehabilitadores.
Asimismo, deseo dejar constancia de la absoluta reserva y la especial protección de que goza esta declaración, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Lo que comunico para su conocimiento y efectos en ____________

a _________________
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