Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos






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TÍTULO DÉCIMO TERCERO

EXTINCIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS


Artículo 107°. Extinción de las APP: Las APP se extinguirán por las siguientes causales:

a) Cumplimiento del contrato conforme a sus términos y a satisfacción de la administración provincial de la totalidad de la prestación;

b) Vencimiento del plazo señalado para su vigencia o el de sus prórrogas;

c) Resolución unilateral y anticipada del contrato debido a incumplimiento esencial o abandono de sus obligaciones por parte del asociado particular;

d) Rescate dispuesto por la administración provincial, por razones de interés público, en los términos previstos en la reglamentación y en el respectivo contrato;

e) Imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por el Estado;

f) Imposibilidad del cumplimiento como consecuencia de la quiebra del asociado particular;

g) Inhabilitación del asociado particular que impida el efectivo cumplimiento de su prestación;

h) Imposibilidad de cumplimiento por el asociado particular como consecuencia de la existencia de fuerza mayor o caso fortuito.

Si el caso fortuito o evento de fuerza mayor afectare solo el cumplimiento de algunas de las obligaciones del contrato, o de aquellas vinculadas a parte de la inversión comprometida, y en la medida en que las demás obligaciones del contrato sean susceptibles de cumplimiento separado, las partes deberán acordar, de acuerdo a lo definido en los pliegos de condiciones, el ajuste de las estipulaciones jurídicas, técnicas y económicas del contrato, para adecuarlo al cumplimiento de las obligaciones subsistentes;

i) La demora superior a seis meses, por parte de la administración contratante, en la entrega al asociado particular, de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato. El asociado particular podrá elegir resolver el contrato o exigir el pago de los intereses legales sobre las cantidades debidas o los valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento de la contraprestación o entrega de los bienes pactados;

j) La supresión de la explotación del proyecto de APP por razones de interés público;

k) La imposibilidad de la explotación del proyecto de APP como consecuencia de acuerdos adoptados por la administración concedente con posterioridad al contrato;

l) Mutuo acuerdo entre la administración provincial y el asociado particular, y;

m) En los demás casos expresamente previstos en el contrato correspondiente.
Artículo 108°. Efectos: La extinción del contrato de APP producirá los siguientes efectos:

a) La reversión a la administración provincial, del proyecto de APP, las zonas complementarias anexas, y los bienes e instalaciones incluidos en las zonas de explotación comercial si las hubiera. Todos estos deberán ser entregados en buen estado de conservación y uso, figurando su recepción en un acta que deberá expedir la administración contratante. En los casos de ejecución de obra pública, terminada dicha asociación la propiedad de la obra corresponderá al Estado Provincial;

b) La extinción de todos los contratos vinculados al proyecto de APP y a la explotación de sus zonas comerciales y complementarias. En caso de que se acuerde el mantenimiento de dichos contratos, los titulares de los derechos de explotación seguirán ejerciéndolos, quedando obligados frente al órgano de contratación en los mismos términos en que lo estuvieran frente al asociado particular, salvo que se llegara, de mutuo acuerdo, a la revisión del correspondiente contrato, y;

c) En los supuestos de resolución del contrato de APP que figuran en los literales d), e), i), j) y k) del artículo 107, la administración provincial contratante deberá abonar al asociado particular el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción e investigación, y adquisición de bienes necesarios para la explotación del proyecto de APP. Para su determinación, se tendrá en cuenta el grado de amortización del proyecto en función del tiempo restante para su término, y el mantenimiento del equilibrio de la ecuación económica-financiera.

Asimismo, la administración provincial contratante deberá indemnizar al asociado particular por los daños y perjuicios que se le irroguen. Para determinar la cuantía de la indemnización se ponderará el lucro cesante que el asociado particular dejase de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación del proyecto obtenidos hasta el momento, y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser restituidas a la administración provincial contratante, considerando su grado de amortización.
Artículo 109°. Muerte, incapacidad o quiebra del asociado particular: Quedará extinto el contrato que dio origen a la APP en caso de muerte o extinción de la personalidad jurídica del asociado particular. También quedará extinto el contrato en caso de ser declarada la quiebra del asociado particular, siempre que ésta torne imposible el cumplimiento de su objeto. La extinción del contrato no operará en caso de que los herederos o el síndico de la quiebra se ofrecieran a continuar con la ejecución del objeto de la APP bajo las condiciones estipuladas. La administración provincial fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o rechazarlos, sin que, en el último caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna. En caso de que los rechace, podrá hacerse cargo de la continuación de la ejecución del contrato de APP de acuerdo a lo normado en el artículo siguiente.
Artículo 110°. Intervención por la administración provincial: Si se dispusiera la resolución unilateral y anticipada del contrato de asociación público - privada por su incumplimiento o abandono del proyecto, la administración provincial podrá hacerse cargo, por el tiempo que fuera necesario, de la ejecución del objeto del contrato.

A tales efectos, la administración provincial designará un interventor, que tendrá las facultades necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetos del contrato. El interventor responderá civil, penal y administrativamente por las acciones u omisiones dolosas o culposas en que incurriere en el ejercicio del cargo.

La intervención no podrá extenderse por un plazo superior a veinticuatro (24) meses. Durante dicho lapso, la administración provincial deberá resolver sobre la continuidad o el cese de las actividades objeto del contrato. En caso de decidirse la continuidad del contrato se procederá a una nueva adjudicación conforme al artículo 56 y siguientes de la presente ley, o en su caso asumiendo por sí misma esas actividades por sus propios medios.
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