Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos






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Artículo 91°. Recursos administrativos: Los actos dictados por la administración provincial en el procedimiento de contratación podrán ser impugnados mediante la interposición de los recursos correspondientes en los términos y condiciones establecidos por las leyes provinciales N° 7.060 y 7.061 en cuanto no contradigan lo que al respecto establece la presente ley.

Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo, salvo aquel que se interponga contra la adjudicación definitiva. La administración provincial, por razón fundada, podrá disponer lo contrario. Asimismo, podrá disponer el levantamiento del efecto suspensivo sobre el acto que resuelva la adjudicación definitiva cuando, por resolución fundada, declare que dicha suspensión afecta inaplazables necesidades del servicio o le causa graves perjuicios.

TÍTULO NOVENO

APTITUD E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR


Artículo 92°. Aptitud para contratar: Solamente podrán contratar con la administración provincial, en el marco de la presente ley, personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras plenamente capaces, que no estén alcanzadas por una prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional en los términos y condiciones exigidos en cada caso.
Artículo 93°.  Prohibiciones para contratar con la administración provincial: No podrán asumir la condición de postulantes, por sí o por otra persona, quienes:

a) Carezcan de capacidad o de legitimación, o estén afectados por prohibición, interdicción, inhabilitación o impedimentos similares de carácter contractual, legal, judicial, arbitral o de cualquier otra naturaleza para poder celebrar contrataciones con el Estado Provincial en general, o con la administración provincial en particular;

b) Se hubieren desempeñado como asesores contratados por la administración provincial en la implementación del proyecto en el que pretenden participar como postulantes, siempre que dicha participación pueda suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los postulantes;

c) Fueren funcionarios públicos dependientes de la administración provincial;

d) Estuvieren concursados o atravesando un proceso concursal;

e) Hubieren sido alcanzados por una resolución motivada en el incumplimiento de un contrato celebrado con la administración provincial, siempre que aquella haya sido decretada dentro de los cinco años calendario anteriores, contados desde la fecha de la última publicación del llamado público a interesados a que refiere el artículo 19° de la presente ley, y;

f) Hubieren sido sancionados por la comisión de infracciones graves ante la violación de normas laborales o ambientales, siempre que dichas resoluciones se encuentren firmes y hubieren sido aplicadas dentro de los veinticuatro meses anteriores al llamado público a que refiere el artículo 56° de la presente ley.

Las personas comprendidas en las causales precedentes tampoco podrán actuar como miembros de un consorcio oferente o como subcontratista de éste, directamente o por intermedio de otra entidad controlada, vinculada o que forme parte de un conjunto económico con ella.

Asimismo, las prohibiciones antedichas serán de aplicación a aquellos sujetos o entidades que, por razón de dirección, participación u otras circunstancias, pueda presumirse que son una continuación o que derivan, por transformación, fusión, cesión o sucesión o cualquier otra forma, de quienes estuvieren alcanzados por una o más de las limitaciones antes enunciadas.

TÍTULO DÉCIMO

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


Artículo 94°.  Competencia de control: La administración provincial será competente para llevar a cabo la inspección, dirección y control del cumplimiento del contrato, debiendo informar a la autoridad de aplicación con una periodicidad semestral, su estado de cumplimiento. Asimismo, deberá informar a la autoridad de aplicación cualquier alteración sustancial o incumplimiento dentro de los diez (10) días hábiles de verificada dicha alteración o incumplimiento.

Sin perjuicio de los informes a los que refiere el párrafo precedente, la autoridad de aplicación podrá solicitar a la administración provincial, en cualquier momento y cuando lo considere pertinente, toda información o documentación relativa al cumplimiento de los contratos, como así también recomendar la contratación de auditorías externas específicas que contribuyan a garantizar la correcta ejecución de los contratos.
Artículo 95°. Aspectos objeto de control: Los controles a ejercer por la administración provincial abarcarán los aspectos técnicos, operativos, legales, económicos, financieros, contables, y ambientales conforme a lo que disponga la reglamentación y el correspondiente contrato.
Artículo 96°. Instrumentos para el ejercicio de competencias de control: La administración provincial tendrá amplias facultades de control y podrá utilizar diferentes instrumentos para el ejercicio de dichas funciones tales como requerimientos de información, auditorías externas, evaluación de desempeño, inspecciones y peritajes. A estos efectos, el asociado particular quedará obligado a proporcionar, a requerimiento de la administración provincial, toda la información y documentación relativa al cumplimiento del contrato que aquella le requiera, sin poder oponer a su respecto el secreto comercial.

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