Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos






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TÍTULO SEXTO


DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA
Art. 66°. Definición de iniciativa privada: Por iniciativa privada se entenderá toda obra intelectual que lleve implícita y explícitamente la aplicación de conocimientos técnicos y/o científicos, que utilizando metodologías propias, y propuestas por agentes del sector privado, sirvan de base para la ejecución, la conservación, el mantenimiento, la operación y la reparación total o parcial de obras y/o servicios públicos o que generen alternativas que optimicen los procedimientos, la gestión o los recursos del Estado Provincial.

No podrá ser objeto de iniciativa privada, servicios o actividades referentes a fines esenciales del Estado Provincial, en orden a la administración de justicia, la seguridad pública, servicios de atención médica, la educación pública y la percepción, recaudación y determinación directa de deuda impositiva.
Artículo 67°. Inicio: A instancias de una entidad pública que actúe como promotora, se podrán promover iniciativas privadas de interés público para su desarrollo en el marco de lo establecido en la presente ley. Estas entidades deberán remitir dichas iniciativas a la autoridad de aplicación competente para solicitar permiso para su evaluación, adjuntando el perfil del proyecto.
Artículo 68°. Etapas del proceso: El proceso de estructuración del proyecto de iniciativa privada estará dividido en dos etapas, una de prefactibilidad y otra de factibilidad.
Artículo 69°. Etapa de prefactibilidad: En la etapa de prefactibilidad el originador de la propuesta deberá señalar claramente la descripción completa del proyecto y su naturaleza, incluyendo el diseño mínimo en etapa de prefactibilidad, construcción, operación, mantenimiento, organización, explotación, costo estimado y alcance del proyecto, como así también las bases de su factibilidad económica, técnica y ambiental, los antecedentes completos del autor de la iniciativa, y los estudios de demanda en etapa de prefactibilidad.
Artículo 70°. Revisión previa de la iniciativa privada: Presentada la iniciativa del proyecto en etapa de prefactibilidad, y contando con la autorización por parte de la autoridad de aplicación, la entidad promotora dispondrá de un plazo máximo de tres (3) meses para verificar si la propuesta es de su interés, de conformidad con las políticas sectoriales y la priorización de proyectos a ser desarrollados, y si ella contiene los elementos que le permiten inferir que puede llegar a ser viable. Dicha verificación no generará ningún derecho al particular, ni obligación para el Estado.

Luego de esta verificación, la entidad promotora podrá rechazar la iniciativa u otorgar su concepto favorable para que el originador de la propuesta continúe con la estructuración del proyecto e inicie la etapa de factibilidad, dentro de la cual podrá realizar mayores estudios.
Artículo 71°. Etapa de factibilidad: Para la etapa de factibilidad, la iniciativa deberá contener la descripción detallada de las fases y duración del proyecto, justificación del plazo del contrato, análisis de riesgos asociados al proyecto, estudios de impacto ambiental, económico y social, y estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial y jurídica.

En esta etapa, el originador del proyecto deberá acompañar los documentos que acrediten su capacidad jurídica, su experiencia en estructuración o desarrollo de proyectos, el valor de la estructuración del proyecto y una minuta del contrato a celebrar que incluya entre otros, la propuesta de distribución de riesgos. Asimismo, se deberá certificar mediante la presentación de una declaración jurada, que la información que se entrega es veraz.

La presentación de la iniciativa en ningún caso generará derechos para el particular, ni obligaciones para el Estado Provincial.
Artículo 72°. Evaluación de la iniciativa privada: Presentada la iniciativa del proyecto en etapa de factibilidad, la entidad promotora dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de su radicación, para la evaluación de la propuesta y la realización de las consultas pertinentes. Este estudio lo podrá hacer directamente o a través de terceros. Para profundizar en sus investigaciones o pedir al originador del proyecto que elabore estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto, la entidad promotora podrá prorrogar los términos del estudio hasta por un plazo igual a la mitad del plazo inicial.
Artículo 73°. Declaración de interés público y comunicación de viabilidad de la iniciativa privada: Si una vez recibido el informe de evaluación por parte de la entidad competente, la autoridad de aplicación considerase que la iniciativa es viable y acorde a los intereses y políticas públicas, la declarará de interés público. Deberá comunicárselo a su originador a través de la entidad promotora, informándole las condiciones para la aceptación de la iniciativa, incluyendo el monto que acepta como valor de los estudios realizados, con fundamento en costos demostrados en tarifas de mercado para la estructuración del proyecto y las condiciones del contrato. El originador del proyecto podrá aceptar las condiciones de la autoridad de aplicación o proponer alternativas.

Una vez declarada de interés público, la iniciativa privada pierde el estado de confidencial y reservada, y adquiere estado de publicidad.
Artículo 74°. Cesión a terceros de los derechos sobre la iniciativa privada: En los casos de cesión de derechos sobre la iniciativa privada que hubiese sido declarada de interés público por la autoridad de aplicación, el cesionario deberá cumplir con los mismos requisitos de idoneidad que le hubiesen sido exigidos al autor de la iniciativa en su evaluación por parte de la entidad promotora, y los fijados por los artículos 55 y 56 de la presente ley. Si la cesión de derechos se hubiese llevado adelante para la ejecución del proyecto, el cesionario deberá, además contar con los medios de financiación o solvencia económica necesarios para su ejecución.



Artículo 75°. Rechazo de la iniciativa: En caso de considerar inviable a la iniciativa, la entidad pública la rechazará mediante acto debidamente motivado. Se entenderá asimismo rechazada, cuando, en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles contados desde la comunicación de la viabilidad al originador, no se llegara a un acuerdo entre ambos.
Artículo 76°. Derechos del autor sobre su proyecto de iniciativa privada: Los derechos del autor sobre su proyecto de iniciativa privada están resguardados desde su presentación y hasta el momento de la formalización del contrato de asociación público – privada que lleve adelante su ejecución.

En caso de que, en el tiempo transcurrido entre su presentación a la autoridad de aplicación y la formalización del contrato de APP se presentase un proyecto que compartiese una similitud sustancial, y/o introdujera una variación en su valor, considerado al momento de su presentación, no mayor del veinticinco (25) por ciento respecto del valor del primero, se lo tendrá por no válido. Lo antedicho no obsta a la aplicación del artículo 77.

La autoridad de aplicación deberá verificar, a través de un cotejo con el registro mencionado en el literal i) del artículo 49, que las iniciativas privadas presentadas por particulares no sean copias de otros proyectos anteriormente presentados, por más que aquellos hubieran sido rechazados, o que habiendo sido declarados de interés público, su llamado a licitar no hubiera sido efectuado, hubiera sido declarado desierto o dejado sin efecto, o se hubieran presentado ofertas inadmisibles dentro de este. En estos casos, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 77.
Artículo 77°. Réplica del proyecto de iniciativa privada: La administración provincial podrá replicar aquellos proyectos de iniciativa privada que hubieran sido rechazados, o que, habiendo sido declarados de interés público, su llamado a licitar no hubiera sido efectuado, hubiera sido declarado desierto o dejado sin efecto, o se hubieran presentado ofertas inadmisibles dentro de este.

En tales casos la administración provincial deberá invitar al originador de la propuesta, cuyos datos constarán en el registro mencionado en el literal i) del artículo 49 de la presente ley, a participar del nuevo llamado público para el proceso de adjudicación del proyecto de APP, sin perjuicio de que posteriormente resulte seleccionado otro participante que hubiese presentado una mejor oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 81 de la presente ley.

La obligación de invitar al originador de la propuesta deberá ser efectivizada, aunque fuese para llevarla a cabo en un lugar distinto del originalmente proyectado en los estudios elaborados para su desarrollo, y/o presentase variantes que no alterasen su sustancia, o introdujeran una variación en su valor, actualizado al momento de la invitación al originador, de hasta el veinticinco (25) por ciento. Esta obligación durará ocho (8) años desde la primera presentación de la propuesta.

En los supuestos en que el originador del proyecto de iniciativa privada se negare o no se presentase a participar en el proceso de adjudicación, la administración provincial tendrá derecho a utilizar el proyecto de iniciativa privada como si fuera de iniciativa pública, sin obligación de pagar compensación alguna al originador. La reglamentación de esta ley deberá fijar el plazo mínimo que la administración provincial deberá esperar la respuesta del autor original, vencido el cual se considerará como si no se hubiese presentado. Este plazo no podrá ser inferior a dos (2) meses.
Artículo 78°. Iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos públicos: Logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador de la iniciativa, pero requiriendo la ejecución del proyecto desembolsos de recursos públicos, se abrirá una licitación pública para seleccionar a un postulante con el objetivo de que ejecute el proyecto que el originador ha propuesto. En este proceso de selección, quien haya presentado la iniciativa privada tendrá una bonificación en su calificación entre el tres (3) y el diez (10) por ciento sobre su calificación inicial, dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto, para compensar su actividad previa, en los términos que señale el reglamento. Asimismo, estará exento del pago de los pliegos o documentos descriptivos correspondientes.

En esta clase de proyectos de asociación público - privada, los recursos del Presupuesto General de la Administración Provincial, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos, no podrán ser superiores al veinte (20) por ciento del presupuesto estimado de inversión del proyecto.

Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato, deberá recibir del adjudicatario, el valor que la entidad pública competente haya determinado, antes de la licitación, como costos de los estudios realizados para la estructuración del proyecto. Deberá informársele de esta obligación en el respectivo llamado público.
Artículo 79°. Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación público - privada de iniciativa privada que requieren desembolsos de recursos públicos: En los contratos para la ejecución de proyectos de asociación público - privada de iniciativa privada que requieren desembolsos de recursos del Presupuesto General de la Administración Provincial, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos, las adiciones de recursos al proyecto no podrán superar el veinte (20) por ciento de los desembolsos de los recursos públicos originalmente pactados. En dichos contratos, las prórrogas en tiempo deberán ser valoradas por la entidad estatal competente. La sumatoria de las solicitudes de adiciones de recursos y el valor de las prórrogas en tiempo, no podrán superar el veinte (20) por ciento de los desembolsos de los recursos públicos originalmente pactados.

Todas aquellas inversiones que no impliquen desembolsos de recursos públicos, ni modificaciones en plazo podrán ser realizadas por el ejecutor del proyecto por su cuenta y riesgo, sin que ello comprometa o genere obligación alguna de la entidad estatal competente de reconocer, compensar o retribuir dicha inversión. En todo caso, dichas inversiones deben ser previamente autorizadas por la entidad competente cuando impliquen una modificación de las condiciones del contrato inicialmente pactado.
Artículo 80°. Iniciativas privadas que no requieren desembolsos de recursos públicos: Logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador del proyecto, manteniendo el originador la condición de no requerir recursos del Presupuesto General de la Administración Provincial, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos para la ejecución del proyecto, la entidad competente publicará el acuerdo, los estudios y la minuta del contrato y sus anexos en la página web referida en el artículo 49 de esta ley, por un período mínimo de un (1) mes y máximo de seis (6) meses, en los términos que establezca el reglamento, dependiendo de la complejidad del proyecto.

En esta publicación, la entidad estatal competente señalará las condiciones que deben cumplir eventuales interesados en participar en la ejecución del proyecto y anunciará su intención de adjudicar un contrato al proponente originador, en las condiciones acordadas, si no existieren otros interesados en la ejecución del proyecto.

Transcurrido el plazo de la publicación anteriormente referida, sin que ningún interesado distinto al originador del proyecto manifieste a la entidad estatal competente, su interés de ejecutarlo o cumpla las condiciones para participar en su ejecución, se podrá asociar con el originador, de manera directa en las condiciones pactadas.
Artículo 81°. Terceros interesados y selección: Si un tercero manifiesta su interés en ejecutar el proyecto, en las condiciones pactadas entre la entidad estatal competente y el originador del proyecto, manteniendo la condición de no requerir recursos Presupuesto General de la Administración Provincial, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos para la ejecución del proyecto, deberá manifestarlo y garantizar la presentación de la iniciativa mediante una póliza de seguros, un aval bancario u otros medios autorizados por la ley, acreditando su capacidad jurídica, técnica y financiera o de potencial financiación y la experiencia en inversión o en estructuración de proyectos para desarrollar el proyecto acordado.

En ese caso, la entidad deberá abrir un proceso haciendo uso de la metodología establecida para los procesos de selección abreviada de menor cuantía con precalificación, para la selección del asociado entre el originador del proyecto y los demás postulantes que hayan acompañado una garantía para la presentación de sus ofertas y cumplan las condiciones para su ejecución.

Si como resultado del proceso de selección el proponente originador del proyecto no presenta la mejor oferta, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos, éste tendrá el derecho a presentar una oferta que mejore la del proponente mejor calificado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde la publicación del informe de evaluación de las propuestas. Si el originador mejora la oferta, una vez que se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley, se le adjudicará el contrato.

Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato, deberá recibir del adjudicatario el valor que la entidad estatal competente haya aceptado, como costo de los estudios realizados para la estructuración del proyecto.
Artículo 82°. Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación público - privada de iniciativa privada que no requieren desembolsos de recursos públicos: Los contratos para la ejecución de proyectos de asociación público - privada de iniciativa privada en los que no se hubiere pactado en el contrato el desembolso de recursos del Presupuesto General de la Administración Provincial, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos, no podrán ser objeto de modificaciones que impliquen el desembolso de este tipo de recursos. Asimismo, solamente podrán prorrogarse por un plazo no superior al veinte (20) por ciento del plazo inicial.

Todas aquellas inversiones que no impliquen desembolsos de recursos públicos, ni modificaciones en plazo podrán ser realizadas por el ejecutor del proyecto por su cuenta y riesgo, sin que ello comprometa o genere obligación alguna de la entidad estatal competente de reconocer, compensar o retribuir dicha inversión. En todo caso, dichas inversiones deben ser previamente autorizadas por la entidad competente cuando impliquen una modificación de las condiciones del contrato inicialmente pactado.
Artículo 83°. Prioridades para el estudio de las iniciativas privadas: Cuando existan varios originadores para un mismo proyecto, tendrá prioridad para su estudio el primero que radique una oferta ante la entidad estatal competente y que posteriormente sea declarada viable por ella.
Artículo 84°. Restricciones a la presentación de iniciativas privadas: No podrán aceptarse iniciativas que, al momento de su presentación, modifiquen contratos o concesiones existentes o para los cuales se haya comenzado su diseño o ejecución por parte de cualquier entidad estatal. Tampoco se aceptarán aquellas iniciativas que demanden garantías del Estado Provincial o desembolsos de recursos del Presupuesto General de la Administración Provincial, las entidades territoriales o de otros fondos públicos, superiores a los establecidos en esta ley y su reglamento.
TÍTULO SÉPTIMO

GARANTIAS
Artículo 85°. Constitución de garantías: La administración provincial exigirá a los postulantes la constitución de una garantía de mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato y de una garantía de cumplimiento de contrato, en los términos y condiciones que prevea la reglamentación y los pliegos generales y particulares.

La reglamentación de la presente ley fijará los plazos para la constitución de dichas garantías.
Artículo 86°. Garantía de mantenimiento de oferta: La garantía de mantenimiento de oferta será retenida hasta que se proceda a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o se rechace la totalidad de las ofertas. Quienes retiren injustificadamente su oferta antes de la adjudicación perderán la garantía constituida, la que quedará a favor de la administración provincial.

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía de mantenimiento de oferta a la garantía de cumplimiento del contrato.

La adjudicación provisional del contrato podrá dejarse sin efecto si el adjudicatario no cumple con la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta previamente constituida, la que quedará a favor de la administración provincial.
Artículo 87°. Ampliación de la garantía de cumplimiento del contrato: En caso de que se apliquen penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario sobre la garantía depositada, éste deberá reponerla o ampliarla según el caso, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince (15) días, incurriendo en caso contrario en causal de resolución.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato éste experimente una variación en su precio, deberá reajustarse la garantía dentro de los quince (15) días contados desde la fecha en que se notifique el acuerdo de modificación, de manera tal que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado.
Artículo 88°. Afectación de las garantías constituidas: La garantía de cumplimiento de contrato responderá por los siguientes conceptos:

a) Por sanciones impuestas al asociado particular;

b) Por incorrecta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato;

c) Por los gastos originados a la administración provincial por la demora del asociado particular en el cumplimiento de sus obligaciones;

d) Por los daños y perjuicios ocasionados a la administración provincial con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento;

e) Por otros incumplimientos referidos a condiciones establecidas expresamente en la reglamentación de la presente ley, el pliego particular o el contrato.
Artículo 89°. Preferencia en la ejecución de garantías: Para hacer efectiva la garantía, la administración provincial tendrá preferencia por sobre cualquier otro acreedor del asociado, sin importar su naturaleza ni el título del que derive su crédito. Cuando la garantía no fuera suficiente para cubrir las responsabilidades a las que está afectada, la administración provincial ejercerá las acciones legales que correspondan para su cobro.
Artículo 90°. Devolución y cancelación de las garantías: La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del asociado. En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el asociado solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta tanto no estuviese constituida formalmente la garantía del cesionario.
TÍTULO OCTAVO

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
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