Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos






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TÍTULO QUINTO


DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA
Artículo 61°. Iniciativa pública: Entiéndese por proyectos de asociación público - privada de iniciativa pública aquellos cuya propuesta tiene origen en la administración provincial.
Artículo 62°. Sistema de precalificación: Cuando a juicio de la administración provincial los proyectos revistan especiales características de complejidad, magnitud o costo, para la selección de postulantes para la APP de iniciativa pública, podrá utilizarse el sistema de precalificación, en las condiciones que establezca el reglamento de la presente ley.

A efectos de esta ley, se entenderá por “Sistema de Precalificación” a la etapa preliminar en el proceso de la adjudicación de un contrato de APP, en la cual la administración provincial, a través de una convocatoria pública, llama a los interesados en participar en el proyecto de APP, para someterlos a una evaluación mediante el cumplimiento de requisitos mínimos, predefinidos y precisos, basados en las siguientes categorías y aquellas que defina el reglamento de la presente ley: experiencia, cualidades del personal, calidad del equipo de trabajo, capacidad financiera, índice de siniestralidad laboral y antecedentes litigiosos. Ello con el fin de acotar el número de presentantes a aquellos interesados que se encuentren suficientemente aptos y calificados para asegurar el cumplimiento satisfactorio del contrato.

Estos requisitos deberán establecerse de manera tal que no inhiban la competencia ni fijen un número predeterminado de interesados para ser precalificados. Se deberá invitar al proceso adjudicatario posterior correspondiente a todos aquellos que hayan cumplido con los criterios requeridos.
Artículo 63°. Requisitos para abrir procesos de selección de asociados particulares para la ejecución de proyectos de asociación público - privada, de iniciativa pública: En los proyectos de APP de iniciativa pública, la entidad que invita a participar en el proceso de selección, deberá contar antes de hacerlo con:

a) Los estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero y jurídico acordes con el proyecto, la descripción completa del proyecto incluyendo diseño, construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo, el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción detallada de las fases y duración del proyecto y justificación del plazo del contrato. El modelo financiero estatal tendrá reserva legal;

b) Evaluación costo beneficio del proyecto analizando su impacto social, económico y ambiental sobre la población directamente afectada, evaluando los beneficios socioeconómicos esperados;

c) Análisis de amenaza y vulnerabilidad con el fin de garantizar la no generación o reproducción de condiciones de riesgo de desastre, y;

d) La adecuada identificación, tipificación, estimación y asignación de los riesgos, posibles contingencias, la respectiva matriz de riesgos asociados al proyecto en cuanto al impacto del evento y su probabilidad asociada.

Esta entidad deberá realizar un informe detallado que contenga los resultados y conclusiones de los literales mencionados en este artículo.
Artículo 64°. Factores de selección objetiva: En los procesos de selección que se estructuren para la ejecución de proyectos de APP de iniciativa pública o que requieran desembolsos de recursos públicos, la selección objetiva se materializará mediante la selección del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca.

Los factores de elección y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes en estas contrataciones, deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

a) La capacidad jurídica, la capacidad financiera o de financiación y la experiencia en inversión o en estructuración de proyectos, serán objeto de verificación documental de cumplimiento por parte de las entidades estatales como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje;

b) Bajos índices de siniestralidad laboral, de acuerdo a los datos aportados por la entidad pública competente para suministrarlos.

c) La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de selección y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, represente el mejor beneficio de valor-por- dinero para la entidad, sin que la conveniencia la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. Dentro de tales criterios las entidades podrán considerar los niveles de servicio y estándares de calidad, el valor presente del ingreso esperado, los menores aportes estatales o mayor aporte al Estado según sea el caso, contraprestaciones ofrecidas por el oferente salvo en caso de contraprestaciones reguladas o tarifas a ser cobradas a los usuarios, entre otros, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

El reglamento de la presente ley deberá establecer los mecanismos imprescindibles de elección de los postulantes de manera que la entidad de la administración provincial no se vea presionada a elegir necesariamente la oferta con el precio más bajo, y así poder asegurar el cumplimiento del principio VPD.

Estos podrán consistir en la fijación de precios topes y mínimos, a fin de que los postulantes no realicen ofertas que resulten innecesariamente onerosas para la administración provincial, ni riesgosamente baratas. Estos precios deberán tener su fundamento en la evaluación del proyecto realizada en su etapa de estructuración, y deberán figurar en el pliego de condiciones.
Artículo 65°. Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación público - privada de iniciativa pública: En los contratos para la ejecución de proyectos de APP de iniciativa pública, las adiciones de recursos del Presupuesto General de la Administración Provincial, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos al proyecto no podrán superar el veinte (20) por ciento del valor del contrato originalmente pactado. En dichos contratos, las prórrogas en tiempo deberán ser valoradas por la entidad estatal competente. La sumatoria de las solicitudes de adiciones de recursos y el valor de las prórrogas en tiempo, no podrán superar el veinte (20) por ciento del valor del contrato originalmente pactado.

El valor del contrato para estos efectos deberá estar expresamente determinado en él, y basarse en el presupuesto estimado de inversión o en los criterios que se establezcan en el reglamento de esta ley.

Todas aquellas inversiones que no impliquen desembolsos de recursos públicos, ni modificaciones en los plazos, podrán ser realizadas por el ejecutor del proyecto por su cuenta y riesgo, sin que ello comprometa o genere obligación alguna de la entidad estatal competente. Cuando dichas inversiones impliquen una modificación de las condiciones del contrato inicialmente pactado, deberán ser previamente autorizadas por la entidad competente.
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