Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos






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TÍTULO NOVENO: APTITUD E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

Las prohibiciones que figuran en este título tienen su razón de ser en un actuar prudente por parte de la administración provincial al momento de asociarse, de manera de restringir los riesgos y su responsabilidad por el eventual incumplimiento de la otra parte. Busca evitar asociarse con personas cuyos antecedentes de dudosa reputación, falta de capacidad, de solvencia y de capacitación para llevar adelante el proyecto le pudieran producir un grave perjuicio. Asimismo, contempla los casos de aquellos agentes que, por su cercanía con la administración provincial, pudieran recibir un trato privilegiado y distorsionar la competencia.


TÍTULO DÉCIMO: CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Recurrimos a los típicos instrumentos de control, como los pedidos de informes y de documentación, las auditorías externas, las inspecciones, evaluaciones de desempeño y los peritajes.

El plazo semestral para el informe de la administración provincial a la autoridad de aplicación nos resulta coherente, ya que una de las notas características de las APP es su extensa duración, por lo que seis meses cubren una etapa relativamente pequeña del proyecto. Asimismo, una mayor frecuencia podría tornar al proceso en algo innecesariamente burocrático.

El plazo de diez días hábiles para informar a la autoridad de aplicación acerca del incumplimiento es lo suficientemente corto para evitar mayores daños y que la notificación no termine pasando inadvertida, evitando dilaciones.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO: RÉGIMEN SANCIONATORIO

Siendo fieles al espíritu convencional de las APP, nos inclinamos por permitir a los asociados pactar cuáles van a ser las sanciones a las que se va a someter el asociado particular.

Si bien uno podría pensar (y con mucha razón) que la decisión acerca de las sanciones va a ser impuesta por el sector público, sin dar lugar a la negociación por parte del privado, nosotros nos mantenemos optimistas confiando en que a mayor calidad del proyecto del privado, mayor atractivo financiero va a poseer, lo que le debería otorgar un poder de negociación considerable, ya que al fin y al cabo, el Estado provincial necesita de esa inversión.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES Y CESIÓN DEL CONTRATO



Reconociendo la situación de inestabilidad económica e inflación que ocurre en nuestro país, es imperioso brindarles a los asociados la oportunidad de modificar los términos que hubieran pactado para la ejecución del proyecto, de manera que este no se torne excesivamente oneroso. Aquí no inventamos nada nuevo; simplemente incluimos las modificaciones causadas por la tradicional tríada: hechos del príncipe, caso fortuito y fuerza mayor; teniendo siempre como referencia la estabilidad de la ecuación económica – financiera del contrato.
En cuanto a la cesión y subcontratación del contrato de APP, vemos favorablemente que sea permitido, ya que el subcontratista podría llegar a hacer incluso un mejor trabajo. La administración provincial estará siempre informada de estos traspasos, ya que su autorización es necesaria en todos los casos.


TÍTULO DÉCIMO TERCERO: EXTINCIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS
Dentro de este título, enumeramos las causales de extinción de las APP, tomando como base a la legislación de Uruguay, Colombia, Chile y España.

Art. 105°: Para resolver la problemática de qué es lo que ocurre con las quiebras del asociado particular, decidimos apegarnos a la letra del artículo 49 de la ley 13.064, que es una solución que actualmente se aplica y funciona.

Art. 106°: El fin de este artículo es darle un mecanismo a la administración provincial para la continuación del proyecto de APP en caso en que ocurran los inconvenientes mencionados.
TÍTULO DÉCIMO CUARTO: GARANTÍAS EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES
Bajo este título, tratamos las garantías en beneficio de los acreedores. Reconociendo el papel fundamental que juegan en la financiación de los proyectos de APP, aquí buscamos abrirles un abanico de herramientas para que tengan confianza a la hora de invertir en estos emprendimientos, tales como una variedad de prendas, fideicomisos de garantía, la instrumentación mediante escritura pública o instrumento privado certificado, y su inscripción en un registro.
TÍTULO DÉCIMO QUINTO: FONDO FIDUCIARIO
Tomando como base el texto del decreto 1299/2000, este proyecto dispone la creación de un Fondo Fiduciario de APPs, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los inversores al asegurarles que se afectará un patrimonio con el exclusivo fin de servir como garantía de repago de las obligaciones contraídas por la administración contratante en caso de que ésta no cumpla con sus obligaciones. Es muy común que en el ámbito de la construcción de obras públicas y de su concesión, la administración provincial se retrase en los pagos a los concesionarios. En respuesta, ellos suelen detener el avance de las obras, transformando así la relación en un “tira y afloje” entre dos partes que deberían trabajar de manera cooperativa. La creación de este fondo viene a otorgar tranquilidad y un respaldo más a los asociados particulares.

En estos artículos, disponemos que el uso de las reservas del Fondo deberá ser destinado exclusivamente para el repago de las obligaciones de la administración provincial. Asimismo, este fondo es auditado por la Contaduría General y la Tesorería General, a fin de brindar un mayor control sobre el uso de su patrimonio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
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