Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos






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Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos


Proyecto de Ley
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
LEY PROVINCIAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS
TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto: La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo general para las asociaciones público - privadas.
Artículo 2°. Definición: Entiéndese por asociación público-privada (APP) a las diferentes formas de cooperación entre el Sector Público y el Sector Privado para el financiamiento, diseño, ejecución, operación, y/o mantenimiento de proyectos de infraestructura o de investigación aplicada y/o innovación tecnológica; la prestación total o parcial de servicios públicos; la ampliación y revalorización de obras y/o servicios públicos existentes; y cualquier otra actividad de competencia de la administración provincial que resulte delegable, conforme a los principios fijados en el artículo 6° de esta ley.

A efectos de esta ley, entiéndese por “proyecto” a las propuestas que comprenden una planificación y un conjunto de actividades orientadas a la ejecución del objeto de una APP.
Artículo 3°. Forma de las asociaciones público – privadas: Las APP se encontrarán reguladas sobre la base de un contrato establecido al principio de la relación y en el cual se fijarán las responsabilidades de cada una de las partes.

A efectos de esta ley, se entenderá por “asociado particular” a la persona del sector privado que conforme una asociación público – privada con la administración provincial.
Artículo 4°. Sujetos: Participarán en una APP: la administración provincial, a través de alguno de sus organismos, y uno o más sujetos del sector privado.
Artículo 5°. Principios: A toda APP le serán aplicables los siguientes principios:

a) Oportunidad y eficiencia: Los esquemas de APP se podrán utilizar cuando en la etapa de estructuración, los estudios económicos o de análisis de costo beneficio o los dictámenes comparativos, demuestren que son una modalidad eficiente o necesaria para su ejecución, y que su uso se haya plenamente justificado;

b) Respeto a los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios públicos y de los entes privados involucrados en la ejecución de los emprendimientos públicos;

c) Promoción y protección de la sana competencia entre los postulantes a fin de asegurar mayor calidad de los proyectos y menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos;

d) Ecuanimidad: La selección de los postulantes deberá llevarse a cabo observando criterios de transparencia, ecuanimidad y no discriminación, promoviendo la competencia entre ellos y procurando alcanzar un adecuado equilibrio entre la necesaria celeridad, reducción de costos de los procedimientos y la selección de la mejor propuesta a los intereses públicos;

e) Transparencia y publicidad: Todas las actuaciones desarrolladas en el marco de proyectos de APP, con las limitaciones que en cada caso establezca la normativa vigente, serán públicas y estarán sujetas a mecanismos de control;

f) Valor por dinero (VPD): Al momento de seleccionar al asociado particular de la APP, deberá considerarse como criterio primordial buscar obtener el mayor valor posible por cada unidad de dinero invertida. A efectos de esta consideración, deberá tenerse en cuenta la mayor calidad, el menor costo, la disminución de riesgos y plazos, la urgencia y la necesidad de la concreción del proyecto;

g) Mantenimiento de la ecuación económica-financiera a lo largo de la vida de la APP

h) Indelegabilidad de las funciones de regulación y de poder de policía del Estado;

i) Responsabilidad fiscal en la celebración y ejecución de los contratos;

j) Sustentabilidad económica de los proyectos de asociación público - privada;

k) Asignación de los riesgos, de acuerdo a la capacidad de gestión de los asociados y a un criterio de mayor eficiencia;

l) Protección del desarrollo sustentable: Los proyectos ejecutados a través de mecanismos de asociación público - privada deberán propender al desarrollo sustentable de la sociedad y de la economía, adoptando medidas de protección al medio ambiente en beneficio de las generaciones actuales y futuras;

m) Control: La administración provincial deberá establecer en los respectivos contratos mecanismos de control adecuados para la efectiva protección de los derechos de los usuarios y la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios correspondientes, y;

n) Fomento del trabajo argentino: Las partes contratantes de una APP otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen provincial, de acuerdo a lo dispuesto por la reglamentación de la presente.
Artículo 6º. Pago a las partes de la APP: La contraprestación que el asociado particular de una APP perciba a cambio de las obligaciones asumidas dependerá del tipo y características de cada proyecto, su nivel y calidad. Dichas contraprestaciones podrán revestir diferentes modalidades, en forma exclusiva o combinada, abonadas por los usuarios o la administración provincial contratante, entre otras. Entre las contraprestaciones aludidas se pueden mencionar:

a) Pago en efectivo;

b) Cesión de créditos tributarios y/u otorgamiento de beneficios tributarios de acuerdo a las disposiciones del Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos.

c) Otorgamiento de derechos sobre determinados bienes públicos que podrán consistir en concesiones, permisos, autorizaciones o algún otro instrumento legal con excepción del derecho de propiedad sobre ellos;

d) Prestaciones accesorias en los términos del artículo 50 de la Ley Nº 19.550, si correspondiere en función del tipo de obra de que se trate y la figura jurídica adoptada, y;

e) Otras formas de aporte legalmente autorizadas.
Asimismo, dependiendo de las características y estructura de cada proyecto, podrá determinarse en beneficio de la administración provincial, la percepción de ingresos por parte de ésta consistentes en pagos provenientes del asociado, usuarios, u otros que en su caso se estipulen.
Artículo 7º. Contribuciones públicas para el desarrollo de proyectos de asociación público-privada: Conforme a las características concretas de cada proyecto, y a efectos de hacerlos viables, el contrato podrá prever la realización de contribuciones por parte de la administración provincial, tales como aportes pecuniarios, otorgamiento de subvenciones, créditos, garantías para la financiación del proyecto, garantías de obtención de ingresos mínimos y exoneraciones fiscales, entre otras.
En ningún caso se podrá asegurar contractualmente niveles mínimos de rentabilidad del proyecto.
Artículo 8°. Plazo de los contratos para proyectos de asociación público - privada: Los contratos para la ejecución de proyectos de APP, tendrán un plazo máximo de treinta (30) años. Podrán celebrarse contratos de APP por plazo superior cuando antes del proceso de selección de la contraparte del sector privado, resultase que la ejecución del proyecto demandará más de treinta (30) años.
Artículo 9°. Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación público – privada: Sólo se podrán conceder prórrogas relacionadas directamente con el objeto del contrato, después de transcurridos los primeros tres (3) años de su vigencia y hasta antes de cumplir las primeras tres cuartas (3/4) partes del plazo inicialmente pactado en el contrato.
Artículo 10°. Relaciones entre las partes: Las relaciones entre la administración provincial y los socios privados integrantes de la asociación público - privada se regirán por las normas de derecho que resulten aplicables en la especie.

Las relaciones de la asociación público - privada con terceros se regirán por el derecho que resulte aplicable según sea la forma bajo la que se hubiera organizado.
TÍTULO SEGUNDO

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO 1

DEL PANEL TÉCNICO
Artículo 11°. Del Panel Técnico: Las controversias de carácter técnico o económico que surjan a raíz de la ejecución del contrato de asociación público – privada, podrán someterse a la consideración de un Panel Técnico, a solicitud de cualquiera de las partes.

El Panel Técnico tendrá como función la emisión de recomendaciones técnicas no vinculantes con el fin de resolver las discrepancias que le fueren presentadas. Dichas recomendaciones deberán estar debidamente fundadas, y serán emitidas dentro del plazo de veinte (20) días hábiles desde la presentación de la discrepancia, debiendo ser notificadas a las partes dentro del plazo de tres (3) días hábiles desde su emisión.

La recomendación del Panel no obstará a la facultad del asociado particular para accionar posteriormente ante la Comisión Arbitral o ante alguna de las Cámaras en lo Contencioso y Administrativo que corresponda, aunque la controversia recaiga sobre los mismos hechos. En tal caso, la recomendación podrá ser considerada por la Comisión Arbitral o la Cámara en lo Contencioso y Administrativo correspondiente como un antecedente para el dictado de su sentencia.
Artículo 12°. Competencia del Panel Técnico: El Panel Técnico entenderá acerca de las discrepancias producidas en relación con:

   1) La evaluación técnica y económica de las inversiones realizadas por el asociado particular, de su estado de avance, de sus costos y plazos, conforme a los niveles de servicios y estándares técnicos establecidos para el respectivo proyecto.

    2) La determinación de la existencia de costos adicionales y sus causas económicas, técnicas o de gestión, o de otros hechos o circunstancias que técnicamente afecten o puedan afectar el normal desarrollo del proyecto durante la etapa de ejecución.

    3) La determinación de los efectos económicos que tendría en el proyecto la realización de obras adicionales.

     4) La determinación técnica de la tasa de descuento, riesgo del negocio, costos financieros y demás factores económicos que sea necesario establecer para calcular las compensaciones económicas correspondientes al asociado particular, en caso de terminación anticipada del contrato de APP, de realización de obras adicionales o de cualquier otro evento que contemple la ley y que requiera de esos cálculos.

     5) Las demás discrepancias técnicas o económicas que las partes de un contrato de APP tengan entre sí con motivo de la ejecución del contrato o de la aplicación técnica o económica de la normativa aplicable a dicho contrato y que, de común acuerdo, sometan a su consideración, así como las demás que indique la ley.

    La presentación de una discrepancia ante el Panel Técnico referida al dictado de una resolución de la administración provincial contratante, no suspenderá sus efectos.

     El Panel Técnico podrá solicitar a los asociados particulares y a la administración provincial contratante aquellos antecedentes que estime necesarios en relación a los aspectos técnicos y económicos de los contratos de APP durante la etapa de ejecución.
Artículo 13°. Composición del Panel Técnico: El Panel Técnico estará integrado por los siguientes profesionales, que deberán tener una destacada trayectoria profesional o académica, en las materias técnicas, económicas o jurídicas del sector de obras públicas, concesiones de infraestructura, investigación aplicada y/o innovación tecnológica según el caso: dos abogados; dos ingenieros, y un profesional especializado en ciencias económicas o financieras.
Artículo 14°. Incompatibilidades: Dichos profesionales no podrán estar, ni haber estado en los doce meses previos a su designación, relacionados con empresas concesionarias de obras públicas, sea como directores, trabajadores, asesores independientes, accionistas, o titulares de derechos en ellas o en sus matrices, filiales, coligantes o coligadas, o con empresas constructoras o de ingeniería subcontratistas de los concesionarios; ni podrán estar, ni haber estado en los doce meses previos a su designación, relacionados con la administración provincial contratante, ser dependientes de la misma u otros servicios públicos o prestarle servicios remunerados a ella o a otros servicios públicos vinculados directa o indirectamente a la actividad de concesiones o construcción de obras públicas. Las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en este artículo, se mantendrán respecto de cada integrante, hasta un año después de haber terminado su período.
Artículo 15°. Selección y nombramiento de los integrantes: Los integrantes del Panel Técnico serán nombrados por la autoridad de aplicación de esta ley, mediante concurso público de antecedentes, fundado en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. En el marco del concurso, la autoridad de aplicación deberá constatar la idoneidad de los profesionales elegidos y la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades que les afecten. El concurso deberá cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley, y desarrollarse en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. El nombramiento de los integrantes así designados se efectuará mediante resolución de la administración provincial contratante.
Artículo 16°. Duración en el cargo: Los integrantes del Panel Técnico, permanecerán seis años en sus cargos, y no podrán ser designados para períodos sucesivos. Su renovación se efectuará parcialmente cada tres años, empezando por los dos abogados. Las designaciones serán efectuadas en listas únicas por la autoridad de aplicación, con acuerdo de cuatro quintos de sus integrantes.
Artículo 17°. Del Presidente y el Secretario del Panel Técnico: Una vez constituido, el Panel Técnico elegirá de entre sus integrantes al miembro que lo presidirá por los siguientes tres años. El presidente será de dedicación exclusiva, pudiendo ejercer actividades académicas en universidades reconocidas por el Estado. El quórum mínimo para sesionar será de tres de sus integrantes, y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, decidiendo el voto del presidente en caso de empate.

Asimismo, el Panel contará con un secretario abogado que tendrá las funciones que fije el reglamento y será de dedicación exclusiva, pudiendo ejercer actividades académicas en universidades reconocidas por el Estado.
Artículo 18°. Gastos del Panel y honorarios de sus integrantes: La administración provincial contratante financiará los gastos de administración y funcionamiento del Panel Técnico y la mitad del monto de los honorarios de sus integrantes, incluyéndolos en las partidas correspondientes de la Ley de Presupuesto General Anual de la Administración Provincial. La mitad restante de los honorarios señalados será solventada por los asociados particulares regidos por esta ley, según la prorrata definida en el reglamento. La remuneración mensual del presidente corresponderá a una suma equivalente a cinco (5) remuneraciones mensuales de los agentes Categoría 1, del Escalafón General de la Provincia de Entre Ríos, más una (1) remuneración mensual de los agentes Categoría 1, del Escalafón General de la Provincia de Entre Ríos por cada sesión, con un tope total de diez (10) remuneraciones mensuales de los agentes Categoría 1, del Escalafón General de la Provincia de Entre Ríos; la de los demás integrantes de la Comisión, corresponderá a una suma mensual equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales de los agentes Categoría 1, del Escalafón General de la Provincia de Entre Ríos, más una (1) remuneración mensual de los agentes Categoría 1, del Escalafón General de la Provincia de Entre Ríos por cada sesión, con un tope total de siete (7) remuneraciones mensuales de los agentes Categoría 1, del Escalafón General de la Provincia de Entre Ríos; y, la de su secretario abogado, corresponderá a una suma equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales de los agentes Categoría 1, del Escalafón General de la Provincia de Entre Ríos.
Artículo 19°. Reglamento interno: El Panel Técnico se constituirá y dictará las normas de su funcionamiento.
CAPÍTULO 2

DE LA COMISIÓN CONCILIADORA
Artículo 20º. Comisión Conciliadora: Créase la Comisión Conciliadora, que será competente para conocer en toda controversia o reclamación que se produzca con motivo de la interpretación, aplicación y/o ejecución del contrato de asociación público – privada, a fin de buscar conciliar a las partes.
Artículo 21°. Composición: La Comisión Conciliadora estará integrada por:

a) Un profesional universitario designado por la administración provincial contratante.

b) Un profesional universitario designado por el asociado particular.

c) Un profesional universitario nombrado de común acuerdo entre las partes, quién la presidirá. A falta de acuerdo, este último será designado por el Presidente de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo correspondiente.
Artículo 22°. Designación y nombramiento de sus miembros: Las bases de licitación podrán establecer el procedimiento de designación de los miembros de la Comisión. Si éstas nada disponen, el asociado particular deberá entregar una escritura pública en la que conste el nombre, domicilio y profesión de la persona que hubiere designado y del miembro con el que habría acuerdo con la administración provincial contratante, si aquel existiera; para ambos casos deberá designarse un suplente.

La administración provincial dictará un Decreto con el nombramiento de la Comisión. En todo caso, los miembros deberán estar designados en el plazo de tres (3) meses desde el inicio del proyecto. Si dentro de este plazo, la administración provincial contratante o el asociado particular no hubieren designado al miembro nombrado de común acuerdo, se procederá a su designación por el Presidente de Cámara en lo Contencioso y Administrativo correspondiente.
Artículo 23°. Suplentes: Cada parte deberá designar un titular y un suplente en la Comisión, actuando éste último en caso de ausencia o impedimento del titular, no teniendo que acreditar esta condición ante terceros.
Artículo 24°. Reemplazo de los miembros designados: La administración provincial y el asociado particular podrán reemplazar al profesional designado por cada uno y, de común acuerdo podrán reemplazar al Presidente de la Comisión.
Artículo 25°. Plazo de constitución de la Comisión: La Comisión Conciliadora deberá constituirse con todos sus miembros dentro del plazo de un (1) mes desde su nombramiento. En el acto de constitución, los titulares y los suplentes, en su caso, deberán aceptar el nombramiento, comprometiéndose a desempeñar fielmente sus funciones.
Artículo 26°. Reglamentación interna: En el acto de constitución, o en un plazo no superior a treinta (30) días, la Comisión Conciliadora fijará las normas para su funcionamiento, debiendo contemplar, en todo caso:

a) La audiencia de las partes y de los terceros acreedores prendarios, cuando corresponda.

b) Los mecanismos para recibir las pruebas y antecedentes que las partes aporten.

c) El modo en que se le formularán las solicitudes o reclamaciones.

d) Los plazos de respuesta.

e) El mecanismo de notificación que empleará para poner en conocimiento de las partes las resoluciones, o decisiones que adopte.
Artículo 27°: Remuneraciones de los miembros de la Comisión: Las partes fijarán, de común acuerdo, las remuneraciones a que tendrán derecho los miembros de la Comisión. Dichas remuneraciones deberán ser pagadas por la parte que solicitó la intervención de la Comisión, salvo que, en el acto de conciliación, si se produjere, se llegara a otro acuerdo sobre el pago. Cuando la Comisión actúe como Comisión Arbitral deberá declarar el pago de costas.
Artículo 28°: Pago de los gastos administrativos: Los gastos de administración generales en la que la Comisión incurra, deberán ser aprobados por las partes en el acto de constitución, y pagados en partes iguales. Cualquier otro gasto que la Comisión realice deberá ser pagado por la parte que lo solicitó salvo que, en el acto de conciliación, si se produjere, se llegara a otro acuerdo sobre el pago. Cuando la Comisión actúe como Comisión Arbitral deberá declarar el pago de costas.
Artículo 29º. Competencia de la Comisión Conciliadora: La Comisión Conciliadora intervendrá en los siguientes casos:

a) Cuando lo solicite la administración provincial contratante en virtud de lo dispuesto en el artículo siguiente.

b) Cuando se produzca alguna controversia con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de asociación público - privada o reclamaciones relativas a su ejecución.

La Comisión Conciliadora podrá solicitar a la administración o al asociado particular todos los documentos que estime convenientes, relacionados con el contrato de asociación público - privada, para conciliarlos.
Artículo 30°. Intervención de la Comisión a solicitud de la administración provincial: La administración provincial contratante deberá solicitar la intervención de la Comisión Conciliadora en los casos siguientes:

a) Cuando proceda la aplicación de una multa igual o superior a quince (15) remuneraciones mensuales de los agentes Categoría 1, del Escalafón General de la Provincia de Entre Ríos;

b) Cuando se haya producido una causal de extinción del contrato por incumplimiento grave del asociado particular;

c) Cuando el asociado particular abandone el proyecto o lo interrumpa injustificadamente;

d) En aquellos casos contemplados en el contrato de APP o en que la administración provincial contratante lo estime conveniente.

En todos estos casos, se deberá solicitar la intervención del Presidente de la Comisión Conciliadora, poniendo en su conocimiento todos los antecedentes en que fundamenta su solicitud y señalando la causal invocada.
Artículo 31°. Intervención de la Comisión en los casos en que se solicita una indemnización o compensación: La Comisión Conciliadora deberá pronunciarse cada vez que no exista acuerdo entre la administración provincial y el asociado particular, respecto de la procedencia o monto de alguna indemnización o compensación por causas establecidas en esta ley. Especialmente deberá pronunciarse en las siguientes situaciones:

a) En los casos de modificaciones de la ecuación económica-financiera previstos en el artículo 102 de esta ley;

b) En los casos en que se haya suspendido la ejecución del proyecto y se solicite la concurrencia de la administración provincial contratante para subsanar los daños;

c) Cuando durante el periodo de ejecución del proyecto se hayan producido retrasos imputables a la administración provincial contratante;

d) En cualquier otra situación establecida en las bases de licitación.
Artículo 32°. Procedimiento: Solicitada la intervención de la Comisión Conciliadora, ella buscará la conciliación entre las partes. Las propuestas de conciliación que realice serán aceptadas o rechazadas por quien tenga poder para ello por parte de la administración provincial contratante y por el asociado particular, o por sus representantes.

De ser aceptada, producirá los efectos legales de una transacción.

Si no se llega a una conciliación en el plazo de treinta (30) días, el asociado particular dispondrá de cinco (5) días para solicitar a la Comisión que se constituya en Comisión Arbitral; o recurrir, en el mismo plazo, ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo correspondiente.
CAPÍTULO 3

DE LA COMISIÓN ARBITRAL
Artículo 33°. Comisión Arbitral: La Comisión podrá actuar también como Comisión Arbitral, cuando las partes lleven a su conocimiento las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la interpretación, aplicación o ejecución del contrato de APP, a fin de dictar una sentencia que resuelva definitivamente la cuestión controvertida.
Artículo 34°. Tratamiento técnico o económico de la controversia: Los aspectos técnicos o económicos de una controversia podrán ser llevados a conocimiento de la Comisión Arbitral, sólo cuando hayan sido sometidos previamente al conocimiento y recomendación del Panel Técnico.
Artículo 35°. Composición de la Comisión Arbitral y selección de sus integrantes: La Comisión Arbitral estará integrada por tres profesionales universitarios, de los cuales al menos dos serán abogados y uno de éstos la presidirá.

Los integrantes serán nombrados de común acuerdo por las partes a partir de dos nóminas de expertos. La primera de ellas estará compuesta por abogados y será confeccionada al efecto por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. La segunda, estará conformada por diez profesionales universitarios designados por los Colegios Profesionales respectivos a su área de experiencia, mediante concurso público de antecedentes, fundado en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. En el marco del concurso, tanto el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos como los correspondientes Colegios Profesionales deberán constatar la idoneidad de los profesionales elegidos y la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades que les afecten.

El concurso deberá cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley, y desarrollarse en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles.

    

Artículo 36°. Conformación de las nóminas de expertos: Las nóminas de expertos estarán conformadas, la primera de ellas, por veinte abogados y, la segunda, por diez profesionales universitarios de áreas ligadas a la economía, la ingeniería, la investigación aplicada o la construcción, y sólo podrán figurar y permanecer en ellas quienes tengan una destacada actividad profesional o académica en sus respectivas áreas de desempeño, acrediten a lo menos diez años de ejercicio profesional y no estén relacionados con empresas concesionarias de obras públicas, sea como directores, trabajadores, asesores independientes, accionistas, o titulares de derechos en ellas o en sus matrices, filiales, coligantes o coligadas, o con empresas constructoras o de ingeniería subcontratistas de los concesionarios, ni haberlo estado en los doce meses previos a su designación. Asimismo, no podrán estar relacionados, ser dependientes suyos, ni prestar servicios remunerados a la administración provincial contratante o a otros servicios públicos vinculados directa o indirectamente a la actividad objeto del proyecto de APP, ni haberlo estado en los doce meses previos a su designación. El reglamento establecerá las formalidades para su nombramiento.
Artículo 37°. Renovación de las nóminas: Las dos nóminas de expertos se renovarán parcialmente cada cinco años mediante nuevo concurso público de antecedentes, no pudiendo figurar ningún profesional en ella por más de quince años consecutivos o discontinuos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. A falta de acuerdo de las partes en uno o más integrantes, su nombramiento será efectuado por sorteo ante el presidente de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo correspondiente de entre los candidatos incluidos en las nóminas.


Artículo 38°. Designación de los integrantes: Los integrantes de la Comisión deberán ser designados al inicio de la ejecución del proyecto de APP, y la Comisión, a su vez, deberá quedar constituida dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha designación. Sus integrantes permanecerán en el cargo durante toda la vigencia del contrato de APP. No obstante, podrán ser reemplazados de común acuerdo, cuando ello sea necesario o se estime conveniente, o a solicitud de cualquiera de las partes, por una sola vez, siempre que hubieren transcurrido más de tres años desde la fecha de su nombramiento y no estuvieren conociendo una reclamación.


Artículo 39°. Remuneración de los integrantes: Los integrantes de la Comisión serán remunerados por el respectivo asociado particular y la administración provincial contratante, por partes iguales, en la forma y con los límites que establezca el reglamento.


Artículo 40°. Modo de las reclamaciones y mecanismos de notificación: La Comisión, en cuanto se designen sus integrantes y se constituya, deberá determinar el modo en que se le formularán las reclamaciones y el mecanismo de notificación que empleará para poner en conocimiento de las partes las resoluciones o decisiones que emita, y dictará las demás normas de procedimiento que estime pertinentes. Entre estas últimas se encontrarán las que regulen la audiencia de las partes y aquellas correspondientes a los mecanismos para recibir las pruebas y antecedentes que las partes aporten.


Artículo 41°. Plazo para formular las reclamaciones: Salvo disposición en contrario de esta ley, las partes deberán formular sus reclamaciones a la Comisión dentro del plazo de dos años contados desde la puesta en servicio definitiva de la obra, si el hecho o ejecución del acto que las motiva ocurriese durante la etapa de ejecución del proyecto, y de dos años contados desde la ocurrencia del hecho o desde que hubieren tenido noticia del mismo si así se acreditare fehacientemente, si éste ocurriese en etapa de explotación.


Artículo 42°. Plazo para reclamar contra resoluciones de la administración: El plazo para reclamar contra resoluciones de la administración contratante será de un año desde que se hubiese dictado la resolución. Vencido este plazo, prescribirá la acción.

    
Artículo 43°. Normativa aplicable: Cuando la Comisión actúe como Comisión Arbitral, se aplicarán las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos correspondientes a los amigables componedores, en todo aquello que no disponga esta ley.
Artículo 44°. Medios de prueba: La Comisión apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, admitiendo además de los medios de prueba indicados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos, cualquier otro medio, indicio o antecedente que, en concepto de la Comisión, sea apto para establecer los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.
Artículo 45°. Plazo para dictar sentencia definitiva: La Comisión tendrá un plazo de sesenta (60) días hábiles, contado desde la citación a las partes al efecto, para dictar sentencia definitiva, la que será fundada, y deberá enunciar las consideraciones de hecho, de derecho, técnicas y económicas sobre cuya base se haya pronunciado.
Artículo 46°. Carácter de la sentencia definitiva: La sentencia arbitral será conforme a equidad, salvo pacto en contrario por las partes. Tendrá carácter de definitiva e irrecurrible.
Artículo 47°. Publicidad del procedimiento: La sentencia definitiva y todos los escritos, documentos y actuaciones de cualquier especie que se presenten o verifiquen en el curso del procedimiento, serán publicados en la forma que establezca el reglamento.


Artículo 48°. Suspensión de los efectos del acto administrativo: El asociado particular sólo podrá solicitar la suspensión de los efectos del acto administrativo reclamado ante la Comisión Arbitral desde que ésta se encuentre constituida de conformidad con el artículo 25°.

Dicha solicitud se tramitará con audiencia de la administración provincial contratante y para decretarla deberán existir motivos graves y calificados, debiendo acompañarse comprobantes que constituyan por lo menos presunción grave del derecho que se reclama.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Arbitral no podrá, en caso alguno, autorizar o disponer la paralización de la construcción de las obras o de la prestación del servicio por un plazo superior a sesenta (60) días, sea directamente o mediante la suspensión de los efectos de un acto de la administración provincial, a menos que existiere acuerdo entre las partes en cuanto a mantener dicha paralización.
TÍTULO TERCERO

MARCO INSTITUCIONAL
Artículo 49°. Autoridad de aplicación: El Poder Ejecutivo Provincial determinará la autoridad de aplicación de la presente ley. Serán funciones de la autoridad de aplicación, entre otras:

a) Desarrollar y fomentar la ejecución de proyectos de asociación público - privada mediante la aplicación de los mejores criterios técnicos y el apego a los principios y orientaciones contenidos en la presente ley;

b) Elaborar los lineamientos técnicos aplicables a proyectos de asociación público - privada a través de la confección de guías de mejores prácticas recomendadas, uniformidad de procedimientos y preparación de manuales, modelos e instrumentos que contribuyan al diseño y ejecución de los referidos proyectos en forma más eficaz y eficiente;

c) Asesorar en la identificación, concepción, diseño, estudio, estructuración, promoción, selección y contratación de los proyectos de asociación público - privada;

d) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial a identificar y priorizar proyectos susceptibles de ser ejecutados mediante el sistema de asociación público - privada;

e) Declarar de interés público aquellos proyectos de asociación público - privada de iniciativa privada que de su evaluación resulten viables y de interés para la administración provincial;

f) Realizar el seguimiento de los aspectos económico-financieros de los proyectos que se lleven a cabo mediante asociación público - privada;

g) Verificar el cumplimiento de los aspectos presupuestarios de los proyectos que se lleven a cabo mediante asociación público - privada;

h) Evaluar los riesgos comprendidos en los proyectos que se lleven a cabo mediante asociación público – privada;

i) Proveer a los licitantes las proyecciones de inflación de los respectivos índices oficiales que deberán ser utilizados por los postulantes al momento de la licitación, a los fines del cómputo de la afectación de costos a lo largo de la ejecución del proyecto de APP y a los efectos de hacer homogéneas las comparaciones de precios licitados en un entorno inflacionario y, llegado el caso, restablecer el balance de la ecuación económica-financiera del contrato cuando hayan operado desvíos sustanciales respecto a lo previsto;

j) Llevar un registro de las APP que haya celebrado la administración provincial, así como de sus modificaciones; los llamados a interesados para la adjudicación de proyectos de asociación público - privada; las iniciativas privadas presentadas para el desarrollo de proyectos de asociación público - privada, respetando los derechos de confidencialidad que correspondan al titular de la iniciativa; y los informes de auditoría de proyectos de asociación público - privada. Esta información deberá figurar en su sitio web gubernamental de manera tal que se garantice un acceso fácil, público y gratuito a la totalidad de la información que sobre ellas exista.
Artículo 50º. Atribución de competencia: La administración provincial, dentro del ámbito de su competencia, y sin perjuicio de las atribuciones y competencias de regulación y control que correspondan a otros organismos estatales conforme a sus competencias originarias y a las que se atribuyen por la presente ley, será responsable del diseño, estructuración y celebración de los contratos de APP, así como del control de su correcta ejecución y del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los asociados.
Artículo 51°. Estructuración de proyectos: Para la estructuración de proyectos de asociación público - privada, la administración provincial podrá contratar en forma directa a la autoridad de aplicación de esta ley.

A los efectos de esta ley, entiéndese por “estructuración del proyecto” al procedimiento de presentación y evaluación de los estudios que justifiquen la viabilidad y factibilidad de aquel desde un punto de vista estratégico, social, económico, financiero, técnico y comercial, con el objetivo de demostrar que el proyecto es necesario, conveniente y asequible; y que tiene lugar como etapa posterior al diseño y previa al procedimiento de adjudicación del contrato de APP.
Artículo 52º. Comisión técnica asesora: Para cada proyecto respecto del cual se fuera a contratar mediante APP, la autoridad de aplicación designará una comisión técnica asesora conformada por entre tres (3) y cinco (5) miembros con experiencia demostrada en los aspectos que componen la materia objeto de contratación, a fin de que la asistan en la evaluación de los proyectos.
TITULO CUARTO

DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA
Artículo 53°. Tipos de iniciativa: Los proyectos de asociación público - privada podrán ser de iniciativa pública o privada.
Artículo 54°. Evaluación previa: Para iniciar la preparación de un proyecto de asociación público - privada la entidad promotora deberá remitir a la autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo Provincial una solicitud para su evaluación previa adjuntando el perfil del proyecto. La reglamentación establecerá el alcance, la forma y el contenido de la evaluación previa, y la forma de su justificación.

En los términos previstos en esta ley, los proyectos de asociación público- privada deberán especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.

A los efectos de esta ley, se entiende por entidad promotora al organismo de la administración provincial que propicie la propuesta de APP.
Artículo 55°. Estudios complementarios y bases de la contratación: Los estudios de factibilidad, análisis de riesgos y los modelos de contrato desarrollados por las entidades promotoras de los proyectos de APP deberán contar con la aprobación de la autoridad de aplicación según las condiciones y plazos que establezca la reglamentación. Ésta evaluará los estudios y bases de contratación teniendo en consideración el impacto social y económico del proyecto, la relevancia estratégica de los servicios de infraestructura que serán provistos, la viabilidad económica y financiera, los impactos presupuestarios de las contribuciones públicas firmes y contingentes y los beneficios de adoptar esta modalidad de contratación. Al finalizar la evaluación, deberá realizar un informe en donde consten los resultados, en la forma en la que disponga la reglamentación de esta ley.
Artículo 56°. Procedimiento de contratación: Una vez obtenida la autorización previa y el informe del artículo 55° de esta ley, la entidad promotora podrá iniciar el proceso de contratación realizando un llamado público, en el que establecerá el procedimiento competitivo a emplear, así como los términos y condiciones aplicables a él, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. En lo no contemplado por esta ley, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en las leyes 6.351 y 5.140.
Artículo 57°. Procedimiento de diálogo competitivo: La administración provincial podrá aplicar un procedimiento de diálogo competitivo con aquel o aquellos postulantes que, habiéndose presentado al llamado público, cumplan con los requisitos de solvencia técnica y económica establecidos en él.

En el transcurso de este procedimiento podrán debatirse todos los aspectos del contrato, a efectos de contribuir a la definición del pliego de condiciones particulares.

Durante el procedimiento, se dará un trato igualitario a todos los participantes y, en particular, no se les facilitará de forma discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados participantes con respecto al resto. No se podrán revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos confidenciales por él aportados, sin su previo consentimiento.

El procedimiento de diálogo competitivo proseguirá hasta que sea posible determinar cuáles son las soluciones que resulten más adecuadas al objeto del llamado.

Tras declararse cerrado el diálogo competitivo y notificarse a todos los participantes, se convocará a la presentación de ofertas de acuerdo a lo que establezca el pliego de condiciones particulares.

En todos los casos en que se aplique el procedimiento del diálogo competitivo deberá especificarse previamente, en oportunidad de realizarse el llamado público, si una vez concluido el diálogo, solamente podrán presentar ofertas quién o quiénes hayan participado en el diálogo, o si la presentación de ofertas será abierta a cualquier interesado. En caso que un único postulante hubiere participado en el procedimiento de diálogo competitivo, la presentación de ofertas deberá ser abierta a cualquier interesado.

La administración provincial podrá establecer preferencias o compensaciones para aquel o aquellos postulantes participantes en el diálogo competitivo, dando cuenta de ellas en el llamado público a que se refiere el artículo 56° de la presente ley.
Artículo 58°. Examen de las ofertas: Los criterios de evaluación de las ofertas deberán ser estipulados en el pliego correspondiente, de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación. Aquellos podrán incluir diversos elementos vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el costo de utilización, las condiciones financieras de las prestaciones económicas, la satisfacción de necesidades sociales, la rentabilidad, el valor e idoneidad técnica de la propuesta, la solvencia técnica y económica del proponente, las garantías, las características estéticas o funcionales, así como cualquier otro elemento relevante para la contratación.
Artículo 59°. Contenido de los contratos: Los contratos de las asociaciones público - privada deberán identificar y describir los siguientes aspectos:

a) La naturaleza del proyecto que se pretende ejecutar;

b) Las prestaciones principales objeto del proyecto;

c) Los riesgos del proyecto y su distribución entre las partes;

d) La información de los costos del proyecto en cada una de las etapas previstas en el contrato;

e) Los estándares de calidad de las obras y de los servicios objeto del proyecto;

f) Las condiciones por las cuales se podrán efectuar modificaciones al contrato;

g) La modalidad de pago o remuneración de los desarrolladores, así como las circunstancias y procedimientos para determinar sus variaciones a lo largo del período de ejecución del contrato;

h) Las garantías y seguros otorgados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes;

i) Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de lo pactado en los contratos y sus procedimientos;

j) El destino de los activos objeto del contrato;

k) Los mecanismos de control y supervisión para el cumplimiento del contrato y de debida prestación de los servicios en todas las etapas del proyecto;

l) Las disposiciones referentes al pago de eventuales compensaciones que pudieran deberse en caso de liquidación por extinción del contrato;

m) Los métodos para la resolución de controversias;

n) Las condiciones de traspaso de las obras o servicios a la administración provincial una vez finalizada la obra o terminado el plazo de concesión del servicio;

o) Los mecanismos necesarios para calcular la afectación de los costos del proyecto causados por la inflación esperada de los precios de los bienes y servicios en la economía, a fin de restablecer el balance de la ecuación económica-financiera del contrato.
Artículo 60°. Formalización del contrato: El contrato deberá formalizarse por escrito, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, prorrogable en caso de necesidad debidamente justificada, por otro plazo de igual duración, contado a partir del día siguiente a la última notificación del acto de adjudicación definitiva, siempre que no se hubieran interpuesto recursos contra dicho acto.

En caso que se hubieran interpuesto recursos administrativos contra el acto de adjudicación definitiva, el contrato deberá formalizarse por escrito en el plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de que el acto sea definitivo, o del levantamiento del efecto suspensivo del recurso, en su caso.
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