Resumen La comunicación se centra en el estudio del programa +vida, un conjunto de acciones que se presentan por parte del gobierno valenciano como elementos






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VENDER HUMO

LA POLÍTICA FAMILIAR EN EL PAÍS VALENCIANO (1995-2011)

Sandra Obiol Francés

Dept. Sociología y Antropología Social, Universidad de València

GRC Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social

sandra.obiol@uv.es

Congreso Nacional de Sociología 2013

Grupo 3: Sociología de la Familia

Esta comunicación forma parte de un trabajo en curso,

por favor no citar sin consentimiento de la autora.

Resumen

La comunicación se centra en el estudio del programa +VIDA, un conjunto de acciones que se presentan por parte del gobierno valenciano como elementos de protección a la maternidad y que se han construido sobre la base de la Ley 6/2009 de 30 de junio de Protección a la Maternidad (DOCV núm. 6049, 03.07.2009). La principal novedad de la ley es considerar al feto como un miembro más de la familia y por tanto con derecho a cómputo ante la Administración y las medidas que ésta despliega.

La investigación pone de manifiesto la necesidad de cuestionar la pervivencia de la prevención mostrada por los diferentes partidos políticos ante las medidas de política familiar dada su estrecha vinculación con el regimen franquista dado que el gobierno valenciano ha promulgado una serie de medidas que le acercan sin lugar a dudas a posiciones profundamente conservadoras.

Palabras clave: política familiar, maternidad, aborto, Partido Popular, Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

La comunicación sintetiza los principales resultados de un estudio en curso centrado en la evaluación de la política de apoyo a las familias que se ha desarrollado en el País Valenciano en el periodo comprendido entre los años 1995 y 2011, periodo en el que el gobierno valenciano ha estado en manos del Partido Popular el cual ha fundamentado buena parte de su discurso en los valores familiares más tradicionales. Más en concreto, el estudio se centra en el programa +VIDA, un conjunto de acciones que se presentan por parte del gobierno valenciano como elementos de protección a la maternidad y que se han construido sobre la base de la Ley 6/2009 de 30 de junio de Protección a la Maternidad (DOCV núm. 6049, 03.07.2009). La principal novedad de la ley es considerar al feto como un miembro más de la familia y por tanto con derecho a cómputo ante la Administración y las medidas que ésta despliega.

La comunicación se estructura en tres grandes apartados:

- En primer lugar establezco un breve marco teórico sobre el significado de política familiar.

- En segundo lugar, paso a exponer el contenido de la Ley de apoyo a la Maternidad del gobierno valenciano así como el proceso que llevó a su aprobación.

- La comunicación concluye con una reflexión sobre el uso ideológico de la política familiar.

Es preciso señalar, antes de iniciar la exposición de resultados, la enorme dificultad que ha supuesto para el análisis la escasa disponibilidad de datos. La dispersión existente en la presentación, tanto mediática como administrativa, de las medidas incluidas en el programa, la divergencia existente entre éstas y las promesas realizadas así como la no disposición pública de las evaluaciones realizadas por los organismos competentes -si es que efectivamente se han llevado a cabo- junto la falta de datos sobre gasto social presentados de manera sistemática y comparable a otros territorios, complica mucho la aproximación a la política familiar del Gobierno valenciano en general y más en concreto a las medidas relacionadas con la Ley de protección a la maternidad. Aún así, considero que la comunicación presenta evidencias suficientes para perfilar la política familiar valenciana sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un trabajo todavía en curso.

1. Las políticas familiares: delimitación conceptual

El análisis de la ley de apoyo a la maternidad requiere de una previa delimitación conceptual de la política familiar. Sin embargo, no resulta fácil dibujar claramente sus límites. Como han puesto de manifiesto numerosos autores (Brullet y Flaquer, 1999; Brullet y Parella, 2003; Guillén, 1997b; Iglesias de Ussel y Meil, 2001; Sánchez Maldonado y Gómez Sala, 1998) casi toda medida de política social -acceso a la vivienda, política educativa, política de juventud...- viene a redundar en la situación de las familias, es lo que Meil (1992: 175) se refiere cuando habla de "cross section task". Todo cambio en la situación del acceso a la vivienda, en el sistema educativo, en la percepción del subsidio por desempleo o en el acceso a la sanidad, por ejemplo, tiene sus efectos inmediatos en la vida diaria de las personas y, por tanto, en la de sus familias.

Podemos considerar, siguiendo a Dumon (1987:291), que la política familiar es “toute action entreprise par le gouvernement pour mantenir, soutenir ou changer la structure et la vie familiales.” Es, por consiguiente, la intervención estatal en la unidad familiar hacia la consecución de unos determinados objetivos demográficos, económicos, políticos o sociales que varían según el contexto temporal y territorial y que, siguiendo a Sánchez Maldonado y Gómez Sala (1998), se pueden aglutinar en tres grandes líneas: intervención demográfica, conciliación ocupación-hogar/familia e intervención redistributiva de carácter horizontal. Objetivos, en definitiva, que según Zimmerman (1992), coinciden en la búsqueda del bienestar de las familias, en la satisfacción de las necesidades familiares como criterio rector de esta intervención, cuya definición es totalmente relativa ya que depende del contexto social, histórico, económico y político en el que nos ubiquemos, al tiempo que su delimitación conceptual implica una, subyacente, declaración de los valores que la rigen.

Sin embargo hay que tener presente que no se trata de un proceso unidireccional, es decir, que las medidas de política social, de política familiar, no son únicamente la respuesta a las necesidades de la población sino que, como bien nos hace patente Titmuss (1974), estas mismas medidas de política social pueden incidir negativamente en las necesidades que pretenden paliar aun crear otras nuevas. Es una idea que recogen Adelantado, Noguera y Rambla (2000: 27), los cuales, teniendo como base la teoría de la estructuración de Giddens, enfatizan el carácter complejo y conflictivo de la relación existente entre estructura social y política social. Consecuentemente podemos decir que la regulación de la política social, así como de la política familiar, viene condicionada por las correlaciones de fuerzas existentes en la estructura social, pero también, dada la reciprocidad existente entre ambas, la protección social (tanto su existencia así como su ausencia) tiene unos efectos en la estructura social y no siempre, necesariamente, igualadores.

Debemos tener presente, sin embargo, que en la actualidad la familia se encuentra en pleno proceso de transformación, sobre todo en el ámbito de los estados del Sur de Europa donde los procesos de cambio en los modelos de relaciones personales, y por tanto familiares, han empezado a variar hace relativamente poco en comparación a otros estados europeos, empujados sobre todo por el cambio del rol asumido por la mujer, al menos en la esfera pública. El aumento del número de divorcios, de los hogares unipersonales, de la tasa de actividad femenina, la caída de la natalidad, por ejemplo, ha tenido como consecuencia nuevas formas familiares y, lógicamente, nuevas necesidades y demandas. Por otro lado, el desarrollo de los Estados del bienestar conlleva la extensión de los derechos sociales que liberan a las familias, especialmente a las mujeres, de muchas de las responsabilidades asumidas históricamente e impulsa los procesos de individualización de la mayoría de los hombres y mujeres. El proceso de individualización conlleva que ya no sean las familias y las redes de parentesco las principales fuentes de oportunidades vitales sino que progresivamente las funciones tradicionalmente realizadas en el seno de las familias se vayan externalizando y trasvasando hacia el estado y el mercado. Habría que estar atentos, no obstante, a cómo la crisis económica actual está repercutiendo en este proceso de individualización.Se puede considerar que hoy en día la principal función de las familias es la procreación, crianza y socialización (compartida con otras instituciones) de los hijos. En este sentido creo más adecuado entender la política familiar tal y como hace Flaquer (2000: 12-13):

“un conjunto de medidas públicas destinadas a aportar recursos a las personas con responsabilidades familiares para que puedan desempeñar en las mejores condiciones posibles las tareas y actividades derivadas de ellas, en especial las de atención a sus hijos menores dependientes (…) son aquéllas que facilitan a las personas con cargas familiares un mejor desempeño de sus responsabilidades y sin que ello comporte para ellas ningún tipo de penalización económica, social y profesional. Así, la política familiar ha de hacer posible que las necesidades de los miembros de las unidades familiares, y en particular las de los niños, sean satisfechas tanto a través de las dependencias y solidaridades mutuas, que constituyen el núcleo de las relaciones familiares, como a través de la aportación de recursos externos derivada de la actuación o de la previsión de organismos públicos.”

La política familiar con los diversos instrumentos que tiene a su alcance - explícitos o implícitos-debería proporcionar a los individuos, independientemente de su género, edad, composición familiar, nivel de ingresos... la posibilidad de decidir por su vida tanto en el presente inmediato como en el futuro. Este objetivo requiere de una serie de recursos que siguiendo a Meil (1992:186) se obtienen a través de relaciones de intercambio y que el estado debe tratar de dar apoyo mediante determinadas medidas para su adquisición: (a) los recursos económicos, es decir, la disponibilidad de efectivos monetarios para el consumo o el ahorro; (b) los recursos ecológicos, los bienes y servicios que no producen por sí mismas las familias y que requieren para sobrevivir; (c) los recursos culturales, el conocimiento necesario para desempeñar los roles familiares en la vida cotidiana o las medidas de política familiar irían todo encaminadas a los servicios de planificación familiar, a la educación ...; (d) y por último, los recursos temporales, el tiempo que los miembros de las familias ponen a disposición de la vida familiar, sobre todo en el caso de la mujer. El autor hace referencia también a la intervención legal como una medida de política familiar, pero únicamente como un recurso familiar, siempre y cuando existan interferencias en la dinámica del sistema (caso de un divorcio). Si no fuera así, formaría parte del contexto.

En conclusión, consideraré en este trabajo de investigación la política familiar como toda aquella medida de carácter público que presenta, como principal objetivo, la cobertura de las necesidades de las familias, especialmente respecto del cuidado y atención de sus miembros dependientes con un claro trasfondo redistributivo.

2. La Ley de protección a la maternidad: contenido e implicaciones

La Ley de apoyo a la Maternidad en el País Valenciano se aprobó el día 25 de junio de 2009 utilizando el PP la mayoría absoluta que tenía, y tiene, en las Cortes Valencianas pues toda la oposición -formada en ese momento por el Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE), Compromís y diputados de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) no adscritos1 - votó en contra.

Se trata de una ley promovida a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conseguir el apoyo de la Administración a la mujer embarazada y que destila un claro talante antiabortista. De hecho la ILP fue encabezada por RedMadre, fundación creada en 2007 precisamente en el momento de inicio de la campaña –sin que existiera todavía una rama valenciana- y que según expone su web, www.redmadre.es, tiene como finalidad "activar una red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgidas ante un embarazo imprevisto". Se trata además de una fundación estrechamente vinculada al Foro español de la Familia, una entidad de defensa de la familia entendida de manera muy tradicional que tiene como propósito incidir en las decisiones políticas que van en contra de sus creencias como es el caso de la promoción de esta ILP o la asignatura Educación para la Ciudadanía impulsada por el gobierno socialista.

La campaña que llevaba como lema "tu firma es su vida" tenía como objetivo conseguir la aprobación en los diferentes gobiernos autonómicos lo que llaman leyes de protección a la maternidad y que tienen como meta principal luchar en contra del aborto, en un momento en el que se estaba llevando a cabo desde el gobierno español una nueva legislación acerca de la salud sexual y reproductiva que incluía la reforma de la ley del aborto vigente hasta ese momento que tuvo como resultado la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE n º 55, de 4 de marzo de 2010)

El objetivo general manifestado por los promotores de la ILP es evitar la sensación desamparo que, dicen, sienten muchas mujeres en quedarse embarazadas de forma imprevista y que las conduce al aborto, para ellos la principal causa de mortalidad de España (www.forofamilia.org). Pretenden que la mujer continúe con la gestación pues consideran que se trata de una cuestión de justicia social respecto el futuro bebé y, al mismo tiempo, que el proceso de recogida de firmas suponga la toma de conciencia de la sociedad española ante esta situación2. A estas alturas, han sido ocho las Comunidades Autónomas que han aprobado la ILP bien como ley o bien integrada en otras leyes de mayor alcance: Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, además del País Valenciano.

En el caso valenciano -según el dossier informativo de la campaña (www.redmadre.es, www.forofamilia.org, 15/03/2013) el proceso se inicia en 2008 y consigue un total de 80.00 firmas siendo la ILP admitida a trámite en abril de 2009. La iniciativa fue defendida por el gobierno valenciano que de manera paralela estaba redactando su propia propuesta en esta línea. Según David Calatayud, entonces secretario autonómico de Familia y Coordinación Social de la Generalitat Valenciana, desde finales de 2007 se estaba trabajando en la elaboración de un "texto normativo que garantizase una mayor protecciones a las mujeres gestantes de nuestra Comunidad" (Calatayud, 2009: 100). El gobierno valenciano aprovechó la ocasión para presentar como suya esta propuesta a través de una enmienda a la totalidad, un hecho que fue fuertemente contestado por los partidos de la oposición porque suponía obviar trámites preceptivos en la aprobación de normas jurídicas como es el paso del texto por el Consejo Jurídico Consultivo y el Consejo Económico y Social.

De esta manera el Grupo Parlamentario Popular presentó un texto que fue aprobado en mayo de 2009 abriéndose el plazo para la presentación de enmiendas parciales y aprobándose definitivamente en junio de 2009 (Abril, 2009). Una decisión que justifican, según la ponente del Grupo Parlamentario Popular en el debate del 20 de mayo (Diario de Sesiones, 20.05.2009), porque “compartimos en su oportunidad y en su espíritu y también en su contenido, y que sólo deseamos ampliar y mejorar”.

Cabe señalar que la Conselleria de Bienestar Social del gobierno valenciano se encontraba dirigida en ese momento por Juan Cotino, persona de fuertes creencias religiosas, miembro del Opus Dei y máximo defensor de esta normativa3. De hecho Cotino al iniciarse el trámite parlamentario de aprobación de la norma manifestó a los medios de comunicación: “Soy muy feliz [...] antes de verano seremos la primera comunidad autónoma de España en la que apostamos por una ley social de apoyo a la madre y al ser engendrado. Para el Gobierno valenciano, se es cuando se es engendrado” (El País, 21.05.2009).

Este conjunto de medidas que supone el Programa + VIDA en el que se incluye la Ley de apoyo a la Maternidad, tiene como precedentes, según los responsables de la Conselleria (Calatayud, 2009) la Ley 12/2008 de 3 de julio de 2008 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana en la que ya se hace referencia a la necesidad de proteger a las madres gestantes que estén decididas a llevar a cabo su embarazo (Título II, art. 8). Y también el Decreto 140/2008, de 26 septiembre que crea la Comisión Interdepartamental de Apoyo a la Maternidad (DOCV núm. 5865, 04.10.08), la cual tiene como objetivo coordinar las funciones de diferentes conselleries -Bienestar Social, Educación, Sanidad, Justicia y Administraciones Públicas e Inmigración y Ciudadanía- para promocionar y evaluar, medidas que cambian la tendencia descendente de la fecundidad en la Comunidad Valenciana que toman cuerpo en el objetivo, en sus propios términos, de promover “iniciativas de protección a las madres gestantes con dificultades, medidas de apoyo a la natalidad y medidas, en definitiva, de fomento de la natalidad”.

El debate que acompañó a la aprobación de la ley se apoyó por parte del Partido Popular en la defensa de la vida – “la política social de la Generalitat comienza con la vida”4 - y en la novedad de que cualquier prestación del gobierno valenciano tuviera presente al hijo que ha de venir como un miembro más de la unidad familiar desde el mismo momento de su concepción. Es decir, que los beneficios y las prestaciones se adelantan, manifiestan, a los nueve meses de gestación; que la mujer embarazada cuenta por dos, y se protege así, defienden, a la madre y al hijo. Se trata para sus redactores de una medida pionera en Europa ya que como bien señala Calatayud (2009:102; las mayúsculas son del autor) “Si ES desde que se concibe, ¿por qué esperar?”. En contraposición los representantes del resto de partidos replican la pertinencia de esta ley haciendo uso de varios, pero a grandes rasgos convergentes, argumentos entre los que destacan: (a) su carácter conservador; (b) el uso partidista de la ley como posicionamiento en contra del gobierno español y su reforma de la ley del aborto; (c) la singularidad del procedimiento llevado a cabo por el gobierno valenciano y que supuso aprovechar la presentación de la ILP para agilizar la aprobación de un anteproyecto de ley del mismo gobierno en términos muy parecidos a lo que proponía la entidad promotora obviando así trámites preceptivos de control; (c) el uso de la ley para favorecer económica y socialmente a entidades cercanas al partido del gobierno a través de la convocatoria del programa Primeros Días de ayudas económicas a entidades meses antes de la aprobación de la ley, en abril de 2009. Retomaremos este punto más adelante5.

En definitiva, la Ley de protección a la maternidad pone en evidencia la posición del gobierno valenciano ante la consideración de la maternidad, pero sobre todo del aborto. En un informe encargado por la Conselleria de Bienestar a un conjunto de académicos de la Universidad privada Cardenal Herrera encabezados por Ruth Abril (2009:143) se pone de manifiesto que el objetivo del programa + VIDA es generar “una cultura de familia, una cultura de vida, un lenguaje positivo de apoyo a la maternidad y paternidad, e integre recursos y medidas económicas y de otra índole, dirigidas a las madres y padres que favorezcan la crianza de sus hijos”.

Uno de los principales motivos que aparece en las exposiciones de motivos de los textos jurídicos que se ven relacionados así como a los diferentes materiales informativos sobre el programa + VIDA, es la preocupación por la baja tasa de fecundidad del País Valenciano y sus consecuencias en el proceso de envejecimiento poblacional. Contrarrestar esta tendencia deviene prioridad en la agenda política del Consell. Sin embargo esta preocupación, a pesar de ser legítima pues la evolución histórica de los datos de fecundidad ha descendido, en relación al conjunto español no es tan baja, como nos muestra la siguiente gráfica.
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