A Competencia: durante el proceso; antes; juez competente






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TEMA 59º

EL ARBITRAJE

(Esquema)

I. EL ARBITRAJE: CONCEPTO Y CLASES DE ARBITRAJE

1. Concepto y regulación

Concepto; fundamento; regulación; inspiración de la Ley de Arbitraje.

2. Naturaleza

a) Teorías contractualistas

b) Teorías jurisdiccionalistas

c) Postura intermedia: órbita del Dº Jurisdiccional, pero: no acción, no proceso, solo declaración, no excluye la intervención de la jurisdicción.

3. Clases de arbitraje

a) De Derecho y de equidad

b) Individual e institucional

c) Ritual o irritual

d) General y especiales

e) Interno e internacional

f) Nacional y extranjero

g) Convencional o testamentario
II. ÁMBITO DEL ARBITRAJE

  1. Ámbito territorial

  2. Ámbito objetivo

  1. Delimitación positiva y supletoriedad del arbitraje

  2. Delimitación negativa (no disposición; cosa juzgada; falta de capacidad; laboral)


III. EL CONVENIO ARBITRAL

1. Concepto

2. Requisitos

a) Capacidad para obligarse y, en su caso, para testar

b) Forma escrita; modalidades

c) Expresión del consentimiento

3. Contenido

a) Identificación de las partes y delimitación de la controversia: hechos futuros; determinación de la concreta relación jurídica

b) Designación del árbitro y reglas de procedimiento: en convenio o en pacto complementario

c) Otras materias

4. Efectos

a) Positivo: obligatoriedad (la inactividad de las partes no impide ni suspende el arbitraje, pero produce efecto preclusivo)

b) Negativo: exclusión de los órganos jurisdiccionales

c) Cesación: renuncia expresa o tácita
IV. LOS ÁRBITROS

a) Capacidad: ejercicio ds.civiles; corporaciones y asociaciones

b) Incompatibilidades y prohibiciones

c) Designación: número; procedimiento: por las partes o art. 15.

d) Abstención y recusación: causas; procedimiento

e) Aceptación: 15 días.

f) Remoción: causas; procedimiento

g) Derechos (honorarios y gastos) y deberes (cumplimiento del encargo)
V. EL NOMBRAMIENTO JUDICIAL DE ARBITROS

a) Procedencia: falta de acuerdo; imposibilidad

b) Competencia: juez lugar, o en su defecto: domicilio o residencia de ambos, o habitual del actor, o a su elección. También juez de lo Mercantil.

c) Tramitación: juicio verbal, sorteo.
VI. LAS MEDIDAS CAUTELARES

a) Competencia: durante el proceso; antes; juez competente

b) Régimen jurídico: Por los árbitros, medidas, laudo parcial, ejecución. Por el juez, LEC.
VII. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

  1. Principios del proceso

  2. Actos procesales

  1. Determinación del procedimiento

  2. Lugar e idioma

  3. Forma de las actuaciones

  4. Actos de comunicación

  5. Plazos

  1. Desarrollo del procedimiento

  1. Fase alegatoria

  2. Efectos de la inactividad de las partes

  3. Fase de prueba

  4. Posible fase de conclusiones


VIII. EL LAUDO

  1. Clases

  2. Requisitos

  1. De forma

  2. De contenido

  3. Plazo

  1. Pronunciamientos

  2. Efectos


IX. ANULACIÓN Y REVISIÓN

  1. La acción de anulación

  1. Concepto y naturaleza

  2. Motivos

  3. Competencia

  4. Plazo de interposición

  5. Procedimiento

  1. El juicio de revisión



EL ARBITRAJE

El arbitraje. Concepto y clases de arbitraje. Ámbito del arbitraje. El convenio arbitral. Los árbitros. El nombramiento judicial de árbitros. Las medidas cautelares. El procedimiento arbitral. El laudo: Anulación y revisión.


  1. EL ARBITRAJE: CONCEPTO Y CLASES DE ARBITRAJE

1. Concepto y regulación

Para la resolución de los conflictos privados que afecten a materias disponibles, el principio de autonomía de la voluntad permite a las partes elegir fórmulas de heterocomposición distintas de las que brinda el Estado a través de los órganos que tienen atribuida la potestad jurisdiccional, y someter sus diferencias a la decisión de un particular que les ofrezca garantías de imparcialidad y objetividad.

El arbitraje puede definirse como la institución jurídica por virtud de la cual una tercera persona nombrada por convenio entre las partes, o por un tercero, resuelve con base en una potestad específicamente conferida el conflicto de intereses que les afecta, siempre que la materia sea de su libre disposición.

La Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre, dispone en su art. 2º que “son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho”, con lo que se evidencia que el fundamento de la institución radica en el ejercicio de la libertad de las partes respecto de aquello que para ellas es disponible.

Las ventajas teóricas del arbitraje (confianza en la persona que ha de resolver el conflicto, especialización del árbitro, mayor discreción y sencillez procedimental, rapidez, etc.), motivaron la Recomendación 12/86 del Comité de Ministros del Consejo de Europa por la que se instaba a los Gobiernos de los países comunitarios a potenciar la institución adoptando las medidas necesarias para que pudiera convertirse en “una alternativa más accesible y más eficaz a la acción judicial”. Con esa vocación se promulgó la anterior Ley de Arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre) y a la misma finalidad responde la ley vigente, aunque con la misma se pretende dar un salto cualitativo (según se manifiesta en la Exposición de Motivos) al basar el régimen jurídico del arbitraje en la Ley Modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985 (Ley Modelo UNCITRAL), recomendada por la Asamblea General en su resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985. Se han tenido en cuenta, en definitiva, sobre la base de un compromiso entre las tradiciones jurídicas europeo-continental y anglosajona, las exigencias de uniformidad procesal en materia arbitral y las necesidades de la práctica del arbitraje comercial internacional.

2. Naturaleza

a) Teorías contractualistas: La postura clásica (Chiovenda, Guasp, Herce) atribuyó al arbitraje la naturaleza de un simple contrato privado, considerándolo como una manifestación del poder de disposición de las partes sobre sus relaciones jurídicas, de modo que la intervención del tercero se justifica por la autonomía de la voluntad de aquéllas, que así lo deciden.

b) Teorías jurisdiccionalistas: Otros autores (Carreras, Fenech, Ramos, Serra) han equiparado el arbitraje a la jurisdicción, basándose en que la concurrencia de los tres elementos de la relación procesal (las partes, el litigio y el tercero que “ius dicit”), así como la semejanza entre las funciones del árbitro y las del juez, y la similitud de los efectos del laudo y de la sentencia, ponen de relieve la existencia en el arbitraje tanto de un “iudicium inter partes” como de cosa juzgada; es más, en el arbitraje de equidad, en el que se prescinde de la norma jurídica, se dice que “solo queda el dato del juicio en su propia desnudez” (Ramos).

c) Postura intermedia: Como en tantas otras cuestiones controvertidas, la relativa a la naturaleza del arbitraje se ha tratado de explicar desde una postura intermedia (Carnelutti, Prieto Castro, Gómez Colomer). Para este último autor la institución pertenece indudablemente a la órbita de lo que hoy se denomina Derecho Jurisdiccional, pero debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1) Que no cabe hablar de “acción” entendida como derecho de acceso al órgano arbitral.

2) Tampoco cabe hablar propiamente de “proceso” arbitral, pues ni el órgano decisor está determinado por el Estado, ni el cauce instrumental o procedimiento está preconstituido legalmente, sino que se regirá por la voluntad de las partes, o por las normas de la institución a la que se haya encomendado la decisión, o por acuerdo de los árbitros, siempre que se respeten ciertos principios mínimos de audiencia, contradicción e igualdad.

3) Los árbitros se limitan a declarar el derecho, nunca a ejecutarlo.

4) El arbitraje no excluye la intervención de la jurisdicción, pues es el órgano jurisdiccional el que formaliza en ocasiones el arbitraje (art. 8.1 LArb), el que conoce de la impugnación por nulidad del laudo (art. 8.5 LArb) y el que lo ejecuta forzosamente (art. 8.4 LArb).

Esta postura intermedia se sustenta, además (como pone de manifiesto Barona), en la configuración que el TC ha efectuado de la institución, denominándola equivalente jurisdiccional, parajurisdiccional o cuasijurisdiccional (ATC 259/1993, SSTC 288/1993 y 174/1995).

3. Clases de arbitraje

Atendida la forma y las manifestaciones de la institución arbitral, suelen distinguirse estas clases de arbitraje:

a) De derecho y de equidad: En el primero el árbitro debe aplicar la legislación vigente para decidir la cuestión; en el segundo, debe resolverla según su leal saber y entender. La elección corresponde a las partes, y tradicionalmente se entendió que en el caso de que las mismas no optaran expresamente por el de derecho, los árbitros resolverían en equidad (salvo que se hubiere encomendado el arbitraje a una corporación o asociación, es cuyo caso se debería estar a lo que resultara de su reglamento). La vigente Ley de Arbitraje establece el sistema opuesto, de manera que “los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente para ello” (art. 34.1).

b) Individual (o ad hoc) e institucional: En el primero de ellos las partes organizan el arbitraje y designan al árbitro en atención a las específicas circunstancias del caso, mientras que en el segundo lo confían a una institución especializada y permanente que se ocupa tanto de la organización del arbitraje como de la designación de los árbitros con arreglo a su reglamento. En este sentido el art. 14 LArb dispone que las partes pueden encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su reglamento, a: 1) Corporaciones de Derecho Público que puedan desempeñar funciones arbitrales según sus normas reguladoras, y en particular el Tribunal de Defensa de la Competencia, y 2) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.

c) Formal y no formal: Se distingue entre formal (o ritual) y no formal (o irritual), según que se ajuste o no a las prescripciones de la Ley Arbitral. Sólo el primero, el sometido a la ley, será verdadero arbitraje. Para que el arbitraje sea válido y eficaz en cuanto tal, deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley. Cuando en forma distinta de la prescrita en ella dos o más personas pacten la intervención dirimente de un tercero, se estará ante un convenio cuya fuerza vinculante será la de un contrato, pero lo decidido por el tercero no producirá cosa juzgada ni tendrá fuerza ejecutiva.

d) General y especiales: El arbitraje general es el que se somete a la Ley 60/2003, y los arbitrajes especiales los que son objeto de regulación singular en otras leyes, siendo en todo caso la LArb de aplicación supletoria (art. 1.3).

e) Interno e internacional: Conforme al art. 3 LArb el arbitraje tendrá carácter internacional cuando: 1) En el momento de celebración del convenio las partes tengan sus domicilios en Estados diferentes; 2) El lugar del arbitraje, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica de la que dimane la controversia o el lugar con el que ésta tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las partes tengan sus domicilios; o 3) La relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del comercio internacional. En caso contrario (es decir, si el domicilio de las partes, el lugar del arbitraje, el del cumplimiento y de la relación, se encuentran en España y la controversia no afecta a intereses del comercio internacional), el arbitraje será interno.

f) Nacional y extranjero: Desde otro punto de vista y en atención a la necesidad de reconocimiento para su ejecución en España, el art. 46 LArb establece que “se entiende por laudo extranjero el pronunciado fuera del territorio español”.

g) Convencional y testamentario: Por razón de su origen puede ser el arbitraje convencional o testamentario, siendo este último el que se instituye por disposición testamentaria para solucionar diferencias entre heredero no forzosos o legatarios por cuestiones relativas a la distribución o administración de la herencia (art. 10).


  1. ÁMBITO DEL ARBITRAJE

Distinguiremos el ámbito territorial y el ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Arbitraje.

A) Ámbito territorial

1) La Ley de Arbitraje es aplicable a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio español, sean de carácter interno o internacional, y sin perjuicio de lo establecido en los tratados en los que España sea parte o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje (art. 1.1).

2) Las normas contenidas en los apartados 3, 4 y 6 del art. 8, en el art. 9 (salvo el apartado 2), en los arts. 11 y 13 y en los títulos VIII y IX de la Ley, es decir, las relativas a medidas cautelares, ejecución forzosa del laudo, exequatur, excepción de sumisión a arbitraje, forma y contenido del convenio arbitral y capacidad para ser árbitro, serán aplicables aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera de España (art. 2.2).

B) Ámbito objetivo

a) Delimitación positiva y supletoriedad del arbitraje: Pueden someterse a arbitraje todas las controversias en materia de Derecho Privado susceptibles de libre disposición (art. 2), presentes o futuras, es decir, surgidas o por surgir (art. 9.1). El art. 19.1 LEC establece también, en este sentido, que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán someterse a arbitraje excepto cuando la ley lo prohiba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.

Las normas de la LArb se aplican, además, supletoriamente, en lo no previsto por sus leyes especiales (art. 1.3), a los arbitrajes en materia de Defensa de Consumidores y Usuarios (art. 31 LGDCU), Seguro Privado (art. 34.2 LCS), Transportes Terrestres (arts. 337 y 38 L. 16/87, de 30 de julio), Propiedad Intelectual (art. 153 LPI), Cooperativas (salvo en materia laboral DA 10ª L. 27/99, de 16 de julio) y arrendamientos urbanos (art. 38.5 LAU de 1994).

b) Delimitación negativa: No podrán ser objeto de arbitraje: 1) Las materias sobre las que las partes no tengan poder de disposición y las que estén inseparablemente unidas a ellas (art. 2.1); 2) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo en los aspectos derivados de su ejecución; 3) Las cuestiones en que, con arreglo a las Leyes, deba intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí mismos; y 4) Los arbitrajes laborales (art. 1.4).

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