Por Francisco Javier Forcada Miranda. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 6, de Familia, de Zaragoza






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VII.- EL MARCO DE LA UNION EUROPEA



Enlazando con el epígrafe anterior, dentro de la Unión Europea, la circunstancia de que una situación matrimonial deje de ser reconocida en otro Estado por el mero hecho de que uno de los afectados cruce la frontera, es una situación anómala y que afecta directamente al derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros con arreglo al Art. 18 TCE. Esta y no otra es la razón que ha llevado al legislador comunitario en el marco del Art. 65 del Tratado y para supuestos transfronterizos y en la medida necesaria para lograr los objetivos allí fijados, a elaborar normas uniformes de derecho internacional privado válidas para todos los Estados miembros.

Se habla así de comunitarización del derecho internacional privado, algo que es una necesidad de la ciudadanía de la Unión y una clara exigencia para lograr la integración europea de tal forma que, incluso, ya se observa la insuficiencia de la sola y exclusiva unificación de las normas de conflictos de leyes de los Estados miembros y se apunta la necesidad obligada de una progresiva unificación de las legislaciones de los Estados miembros. Quizá a estos postulados responda la actual propuesta de reglamento sobre ley aplicable a la separación y divorcio y de reforma del Reglamento 2201/2003. En materia de Derecho de Familia, el pilar central sobre el que pivota la normativa de la Unión Europea, lo es el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000, del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes. Incluso sobre tal instrumento, ya era notorio que las previsiones de desarrollo del libro verde sobre ley aplicable y competencia en asuntos de divorcio (Roma III, 13.03.2005), llevaban a considerar que las instituciones comunitarias se planteaban una pronta modificación del mismo para contemplar la regulación de la ley aplicable a los asuntos de divorcio y compaginar tal regulación con nuevos criterios de competencia que solventen las disfunciones actuales que tal Libro Verde detectaba. Dicho planteamiento ha desembocado en la Propuesta de Reglamento del Consejo publicada el 17 de julio de 2006 por la que se modifica el Reglamento (CE) n° 2201/2003 por lo que se refiere a la competencia y se introducen normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial.
VIII.- REFLEXIÓN FINAL
En temas de separación y divorcio me parece elogiable la reforma española de 2005 en cuanto ha simplificado, abaratado y agilizado los trámites precisos para solventar situaciones de crisis familiar. Considero, igualmente, que un reto que aborda el derecho internacional privado de este siglo XXI en el área de las crisis familiares lo constituye el fenómeno de la multiculturalidad, fruto, a su vez, del fenómeno de la globalización, de la gran facilidad actual para la realización de desplazamientos internacionales, del movimiento de empleados y trabajadores a nivel internacional, de los contactos culturales que promueve la moderna y desarrollada sociedad del ocio y del fenómeno de la emigración a los países desarrollados, entre otros factores.

Este fenómeno de la multiculturalidad obliga a analizar realidades familiares novedosas con sus crisis, que coexisten por virtud del fenómeno de la inmigración. Cabe enumerar algunas de las situaciones reales objeto de atención y análisis: Los matrimonios internacionales con elementos transfronterizos, con importantes problemas accesorios tales como el de la sustracción internacional de menores, los matrimonios poligámicos y los matrimonios contractuales islámicos, los matrimonios y las uniones entre personas del mismo sexo, las parejas de hecho y las llamadas, a su vez, parejas de derecho, los matrimonios heterosexuales tradicionales y las familias monoparentales. Siempre creo, ante estas realidades modernas tan complejas que implica la multiculturalidad, que parece oportuna una llamada general a evitar situaciones etnocentristas al afrontar tal fenómeno. Deben evitarse así tendencias a considerar que cada cultura propia marca el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otras culturas. Si se asume que ninguna cultura o sistema legal interno está por encima de otra a efectos valorativos, se obtendrá un uso moderado, por ejemplo, en ámbitos de derecho internacional privado, del recurso al orden público.

Tánger, 2 de abril de 2008

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