Recursos; una mayor accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos; y la simplificación






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“Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”

Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de Noviembre de 2011

Para reorganizar el Departamento de Corrección y Rehabilitación, consolidando en éste la

Administración de Corrección y la Administración de Instituciones Juveniles, definir sus

nuevos objetivos, disponer sus poderes y organización, transferirle funciones, programas,

así como establecer penalidades; para enmendar los Artículos 3, 5, 24, 30, 31 y 35 de la

Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como la “Ley de

Menores de Puerto Rico”, y los Artículos 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley

47-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de la Corporación de Empresas de

Adiestramiento y Trabajo”; derogar el Plan de Reorganización Núm. 3 de 1993, según

enmendado, la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como

la “Ley Orgánica de la Administración de Corrección”, la Ley Núm. 154 de 5 de agosto

de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Administración de

Instituciones Juveniles”, y la Ley 377-2004, según enmendada, conocida como la “Ley

del Mandato Constitucional de Rehabilitación”; y para otros fines.

CAPÍTULO I. — DISPOSICIONES INICIALES

Artículo 1. — Título.

Este Plan se conocerá como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y

Rehabilitación de 2011”.

Artículo 2. — Declaración de Política Pública.

Este Plan es creado al amparo de la Ley 182-2009, conocida como la “Ley de Reorganización

y Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009”. Con este Plan se

promoverá una estructura gubernamental que responda a las necesidades reales y contribuya a

una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Igualmente, redundará en la optimización

del nivel de efectividad y eficiencia de la gestión gubernamental; la agilización de los procesos

de prestación de servicios; la reducción del gasto público; la asignación estratégica de los

recursos; una mayor accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos; y la simplificación

de los reglamentos que regulan la actividad pública y privada, sin menoscabo del interés público.

El resultado de ésta y de otras reorganizaciones permitirá la reducción en la contribución

económica que hace el ciudadano.

La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Artículo VI, establece como política

pública referente al sistema correccional que, el Estado habrá de: “…reglamentar las

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de

los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su

rehabilitación moral y social”. “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” [Plan 2-2011]

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Con la aprobación de este Plan, se decreta como política pública del Gobierno de Puerto Rico

la creación de un sistema integrado de seguridad y administración correccional donde las

funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y medidas

de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la

comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitación moral y social del

miembro de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la

sociedad.

La burocratización del sistema correccional y la duplicidad en las funciones administrativas

han conllevado a un aumento en los costos de los servicios que se ofrecen a la clientela.

Mediante el presente Plan de Reorganización se pretende reorganizar al actual Departamento de

Corrección y Rehabilitación, reduciendo su burocracia, a la vez que se delegan aquellos poderes

necesarios para facilitar la toma de decisiones. Esta nueva visión redundará en la optimización y

redistribución de los recursos, garantizando los estándares de calidad, tiempo y efectividad. La

nueva estructura establece líneas de mando claras que permitirán la implementación de una

política pública efectiva, procesos claramente delimitados y accesibilidad a nuevos y mejores

programas y sistemas.

Según los preceptos promulgados en el presente Plan, la redistribución de recursos velará por

la efectividad de los servicios a los menores transgresores y los adultos, miembros de la

población correccional, cónsona con las estipulaciones federales provenientes de años de litigio.

De igual forma, se ha garantizado los derechos y protecciones a las víctimas de delito a recibir un

trato digno y compasivo por parte de todos los funcionarios y empleados del Departamento.

Como resultado de este Plan, tendremos un Departamento enfocado en la custodia y la

rehabilitación, proveyendo un tratamiento adecuado por personal capacitado, de tal forma que,

conforme a los ajustes institucionales de la clientela, se pueda evidenciar su rehabilitación.

Artículo 3. — Definiciones.

Para propósitos de este Plan, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a

continuación se expresa:

(a) Acto de indisciplina o mala conducta: Incurrir en acciones establecidas como prohibidas por

ley o en contra de las reglas o reglamentos establecidos por el Secretario, que atentan contra la

seguridad y buen funcionamiento de la institución.

(b) Adulto: toda persona que ha cumplido los dieciocho (18) años de edad.

(c) CEAT: Corporación de Empresas y Adiestramiento al Trabajo.

(d) Cliente o Clientela: toda persona detenida, sentenciada o convicta en virtud de un dictamen o

resolución del Tribunal e ingresado en una Institución Correccional o Centro de Tratamiento

Residencial. Incluye a todo menor detenido en virtud de una Orden del Tribunal e ingresado a

una institución, Centro de Detención o Centro de Tratamiento Social. Asimismo, incluirá toda

persona que reciba servicios o que este disfrutando de privilegios en Programas de Desvíos o

Centros de Servicios Multifamiliares.

(e) Código Penal de Puerto Rico de 2004: Ley 149-2004, según enmendada.

(f) Código Penal derogado: Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada.

(g) Comité: Comité de Derechos de las Víctimas de Delito.“Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” [Plan 2-2011]

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(h) Cuerpo de Oficiales de Custodia: Cuerpo integrado por Oficiales Correccionales y Oficiales

de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación, creado en virtud de este

Plan.

(i) Departamento: Departamento de Corrección y Rehabilitación, creado en virtud de este Plan.

(j) Institución Correccional: toda estructura o lugar, bajo la jurisdicción del Departamento,

donde sean ingresados miembros de la población correccional.

(k) Instituciones Juveniles: aquellos Centros de Detención donde se refieren a menores en

carácter de detención y aprensión mientras está pendiente la adjudicación de su caso en el

Tribunal. También, incluye los Centros de Tratamiento Social donde se ubican los menores para

recibir servicios de evaluación, diagnóstico, tratamiento y custodia luego de la disposición del

Tribunal.

(l) Liberado: miembro de la población correccional que ha sido puesto en libertad habiéndole

sido otorgado el privilegio de la libertad bajo palabra.

(m) Menor: persona que no ha cumplido la edad de dieciocho (18) años de edad o que

habiéndola cumplido, sea llamada a responder por una falta cometida antes de cumplir esa edad.

(n) Miembro de la población correccional: persona adulta sumariada, sentenciada o convicta que

ha sido puesto bajo la custodia del Departamento por autoridad de ley, que se encuentra recluso

en alguna institución correccional o disfrutando del privilegio de un programa de desvío.

(o) Población correccional: toda persona que se encuentra bajo la custodia del Departamento y

que haya sido convicto y sentenciado como adulto.

(p) Programa de Desvío: programa establecido para que las personas convictas cumplan parte de

su sentencia fuera de la institución correccional, sujeto a los criterios y condiciones establecidos

mediante reglamentación.

(q) Programa de Tratamiento: programa individualizado y/o especializado establecido por el

Secretario, dentro de las instituciones correccionales, programas externos de base comunitaria o

las instituciones correccionales especializadas para satisfacer las necesidades de la clientela con

miras a lograr su rehabilitación.

(r) Secretario: Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

(s) Sumariado: toda persona que, en espera de la celebración de una vista o juicio, es puesta bajo

la custodia provisional del Departamento, en virtud de orden o determinación judicial.

(t) Transgresor: menor a quien se le ha declarado incurso en la comisión de una falta.

(u) Víctima del delito: cualquier persona natural contra quien se haya cometido o se haya

intentado cometer cualquier delito tipificado en las leyes de Puerto Rico o en las leyes de los

Estados Unidos de América; o el tutor o custodio legal de tal persona, cónyuge sobreviviente o

un pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, cuando aquélla hubiese fallecido, fuese

menor de edad o estuviere física o mentalmente incapacitada para comparecer a prestar

testimonio.

CAPÍTULO II. — DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

Artículo 4. — Creación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Se crea el Departamento de Corrección y Rehabilitación como el organismo en la Rama

Ejecutiva responsable de implantar la política pública relacionada con el sistema correccional y “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” [Plan 2-2011]

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de rehabilitación de adultos y menores, así como de la custodia de todos los ofensores y

transgresores del sistema de justicia criminal del país.

Artículo 5. — Funciones, Facultades y Deberes del Departamento.

El Departamento tendrá las siguientes funciones, facultades y deberes:

a) clasificación adecuada y revisión continúa de la clientela, conforme a los ajustes y cambios de

ésta;

b) integrar y dar participación activa a la clientela, sus familiares, el personal correccional y las

víctimas del delito en el diseño, implantación y evaluación periódica de los sistemas de

clasificación y de los programas de rehabilitación;

c) estructurar la política pública correccional de acuerdo con este Plan y establecer directrices

programáticas y normas para el régimen institucional;

d) incorporar y ampliar los programas de salud correccional y salud mental para hacerlos

disponibles a toda la clientela;

e) establecer y evaluar periódicamente la efectividad y alcance de los distintos modelos para la

rehabilitación;

f) ampliar los programas de educación y trabajo para que impacten a toda la población

correccional que interese participar y asegure la aplicación correcta de los sistemas de

bonificación por trabajo y estudio que permitan las leyes aplicables;

g) adquirir la custodia legal de todo menor, transgresor, sumariado o sentenciado a

confinamiento por orden de un tribunal competente y mantener las debidas medidas de seguridad

en las instituciones juveniles. Al momento de dictar sentencia, el Tribunal no podrá ordenar el

ingreso del sentenciado en una institución pública o privada que no sea de naturaleza penal;

h) perseguir diligentemente a todo menor en detención o bajo la custodia del Departamento que

se evadiera, incumpliera con alguna de las condiciones de custodia en comunidad, salida

provisional o de cualquier otra forma en que incumpliera con alguna otra condición que le fuere

impuesta. Además, arrestarlos, previa orden del Tribunal, a cualquier hora y lugar utilizando los

medios autorizados a los oficiales del orden público para realizar un arresto;

i) identificar los elementos disfuncionales del sistema y tomar las medidas apropiadas para

atender las causas de estos problemas y para establecer una operación ordenada, integrada,

segura y eficiente de las instituciones juveniles a su cargo;

j) planificar, implantar y evaluar actividades y servicios encaminados a promover el desarrollo

integral de los menores bajo su custodia y la modificación de la conducta antisocial, propiciando

su regreso a la comunidad como entes responsables y productivos;

k) crear y conservar en forma individualizada un expediente que incluya los historiales médicos,

social, psicológico, evaluaciones y progreso de la población correccional, pudiendo además

establecer reglamentos para fijar criterios de confidencialidad en relación a dichos expedientes; y

l) evaluar la efectividad del uso de los recursos fiscales asignados para lograr el cumplimiento de

los propósitos del presente Plan.

Artículo 6. — Nombramiento del Secretario.

El Secretario del Departamento será nombrado por el Gobernador, con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico y se desempeñará en el cargo hasta que su sucesor sea “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” [Plan 2-2011]

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nombrado y tome posesión del mismo. El Secretario responderá directamente al Gobernador y

actuará como su representante en el ejercicio del cargo. El Secretario deberá ser mayor de edad

y poseer reconocida capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el

campo de la administración pública y la gestión gubernamental. No podrá ser nombrado

Secretario aquella persona que haya ejercido un cargo electivo durante el término para el cual fue

electo por el pueblo.

El Secretario devengará el sueldo anual que le sea fijado por ley a los demás Secretarios del

Gabinete Ejecutivo.

Artículo 7. — Facultades, Funciones y Deberes del Secretario.

El Secretario tendrá entre otras, las siguientes funciones, facultades y deberes:

a) ejercer las funciones, facultades y deberes que el Gobernador le delegue, y proveerle

asesoramiento continuo a éste en todo lo relacionado con la rehabilitación de los transgresores y

los convictos, así como sobre el sistema correccional y otros programas alternos a la reclusión;

b) dirigir, planificar, coordinar, supervisar y evaluar las operaciones de los organismos,
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