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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
16 ta Asamblea 2 da Sesión

Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
11 de noviembre de 2009
Informe POSITIVO sobre el
P. del S. 124

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
La Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Informe del P. del S. 124, recomendando la aprobación del mismo con las enmiendas que se hacen constar en el entirillado electrónico.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 124 busca establecer la Ley General de Corporaciones y derogar la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995. Surge de la Exposición de Motivos de la medida, que Puerto Rico enfrenta un momento histórico de grandes retos. La efectividad de la Isla frente a otras jurisdicciones se ha visto minada por los avances que éstas han hecho en su ofrecimiento al sector empresarial. Las leyes corporativas constituyen uno de los instrumentos que posee el gobierno para promover el desarrollo económico. El estado de Delaware siempre se ha distinguido por estar en la delantera en materia de corporaciones. Por tal motivo, la legislación anterior, la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, se basó en la Ley del Estado de Delaware vigente en aquel momento. Desde entonces, dicha Ley ha sufrido numerosas enmiendas para atemperarla a los desarrollos comerciales, incluyendo, entre otros, los avances en el área de tecnología, informática y comunicaciones. Utilizando como modelo la ley corporativa de Delaware, esta Ley armoniza y atempera nuestro estatuto a las nuevas realidades corporativas.

A su vez, este nuevo estatuto pretende agilizar la gestión corporativa y simplificar los trámites contemplados en la misma. Además expande el uso que las corporaciones le pueden dar a la nueva tecnología y coloca a Puerto Rico a la vanguardia de las leyes corporativas. Con su adopción, nuestra jurisdicción amplía su capacidad y da un paso en la dirección correcta para alcanzar el mayor potencial económico.

Continuando con el objetivo de la Ley de 1995, esta Ley ha sido atemperada para seguir brindando a las corporaciones flexibilidad en sus operaciones, en las actividades a las que puedan dedicarse y para efectuar transacciones.
ANALISIS DE LA MEDIDA

Como fue anteriormente expresado, el P del S. 124 tiene el propósito de establecer la “Ley General de Corporaciones” y derogar la actual Ley General de Corporaciones de 1995, Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995.

La Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación de toda pieza legislativa sometida ante su consideración, revisó el expediente según confeccionado por la comisión senatorial. Cabe destacar, que la Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara tuvo el beneficio, durante el cuatrienio pasado, de escuchar a los profesionales que trabajaron en la redacción del proyecto y de estudiar detenidamente todas las aportaciones y recomendaciones para la medida. Por lo tanto, esta comisión al visitar nuevamente el tema bajo el expediente actual, concurre con el Senado en la aprobación de esta medida.

Cabe señalar, que el Senado solicitó la comparecencia escrita de diversas entidades. También, fue celebrada una Audiencia Pública para la discusión del P del S. 124. Durante dicha audiencia, compareció el Departamento de Estado, por conducto de su Secretario, Hon. Kenneth McClintock Hernández y el Departamento de Justicia. Ambas entidades realizaron en exhaustivo análisis de la pieza ante nuestra consideración.

Se reconoce que Puerto Rico es un lugar idóneo para el establecimiento de entes corporativos provenientes de todo el mundo. La ubicación geográfica, infraestructura, recursos humanos altamente cualificados y un ambiente político estable, son las razones principales que promueven que diversas empresas acudan a nuestra isla para establecer sus negocios. Sin embargo, resulta imperativo hacer un mejor uso de los recursos tecnológicos actuales para que los trámites corporativos puedan realizarse de manera confiable en un mínimo de tiempo. Es de conocimiento general que hoy en día, la mayoría de las transacciones comerciales se realizan de forma digital o en línea. Véase Ponencia del Departamento de Estado sobre el P del S. 124, 18 de junio de 2009, en la pág. 2.

A su vez, las leyes corporativas constituyen un instrumento eficaz para que el gobierno promueva una economía estable. En el 1995, Puerto Rico utilizó como modelo a seguir para establecer sus leyes corporativas la Ley de Corporaciones del estado de Delaware. Dicha legislación se ha caracterizado por ser una de avanzada, que facilita los trámites corporativos y agiliza la forma en que se llevan a cabo los procesos. Sin embargo, la Ley de Corporaciones del estado de Delaware, durante los últimos años, ha incorporado cambios para atemperar la misma a la realidad y avances alcanzados en la tecnología, la informática y las comunicaciones. Estos cambios, a su vez, son necesarios incorporarlos a nuestra legislación y ajustar los mismos a para alcanzar un mayor desarrollo económico.

Por las razones anteriormente esbozadas, se estima necesario sustituir la actual Ley General de Corporaciones de 1995. Es necesaria una legislación que esté a tono con las realidades del Siglo XXI.

El P del S. 124 pretende incorporar cambios significativos en la forma de hacer negocios, surgidos como consecuencia del desarrollo tecnológico ocurrido durante la última década. Dichos cambios harán posible la utilización de los procesos mecanizados y la digitalización de documentos, lo que ofrece mayor flexibilidad a los trámites corporativos que realizan los ciudadanos, logrando un mejor desarrollo económico para Puerto Rico. A su vez, mediante la nueva legislación propuesta en el P. del S. 124, se agilizará la gestión corporativa mediante la simplificación de los procesos y trámites contemplados en la misma; permite un registro corporativo ágil y eficiente; facilita los trabajos internos del Registro de Corporaciones. En fin, la aprobación del P del S. 124 coloca a Puerto Rico a un nivel competitivo y a la vanguardia de las leyes corporativas.

A continuación, se discute en detalle, la propuesta Nueva Ley de Corporaciones:
CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN

El Artículo 1.01establece los propósitos de la Ley de Corporaciones.

El Artículo 1.02 de la Ley regula lo pertinente al Certificado de Incorporación. La Ley de Delaware define el término “certificado de incorporación” en una sección aparte. Sin embargo, se optó por incluirla en la definición de certificado de incorporación en el Inciso (D) dentro del Artículo 1.02, el cual de por sí ya está titulado como “Certificado de Incorporación”. Así se provee suficiente certeza al término, lo cual hace innecesario dedicarle un artículo propio a la definición.

En el Artículo 1.02 de la Ley se incluye un nuevo inciso (C). Dicho inciso proviene de la Ley de Delaware, la cual dispone:
Except for provisions included pursuant to subdivisions (a)(1), (a)(2), (a)(5), (a)(6), (b)(2), (b)(5), (b)(7) of this section, and provisions included pursuant to subdivision (a)(4) of this section specifying the classes, number of shares, and par value of shares the corporation is authorized to issue, any provision of the certificate of incorporation may be made dependent upon facts ascertainable outside such instrument, provided that the manner in which such facts shall operate upon the provision is clearly and explicitly set forth therein. The term "facts," as used in this subsection, includes, but is not limited to, the occurrence of any event, including a determination or action by any person or body, including the corporation. (8 Del. C. § 102)
El propósito de este inciso es rechazar cualquier implicación sobre que la naturaleza pública de la radicación de un certificado de incorporación impide la inclusión de dichas disposiciones.

El Artículo 1.03 atiende lo pertinente al otorgamiento, certificación, radicación y registro del certificado de incorporación original; su fecha de vigencia y excepciones. Este Artículo proviene de la Sección 1.03 de la Ley de Delaware. Desde la adopción de la Ley, la sección equivalente en la Ley de Delaware ha sufrido varias enmiendas. La revisión de la Ley debe tener como propósito el agilizar la gestión corporativa y eliminar aquellos trámites que la impidan. Por ello, el requisito de jurar los documentos contemplados en el inciso (A) (1) de la Ley de 1995 fue eliminado.

Por otro lado, la Ley Delaware proveyó para la situación en que el encargado de incorporar esté impedido o se rehúse a dar su consentimiento para el otorgamiento de un documento que así lo requiera. Se adopta dicha postura y se integra al sub-inciso (A)(1) del propuesto artículo.

Bajo el inciso B, se dispone la manera mediante la cual se certificaran los documentos ante el Departamento de Estado. En su origen, la medida disponía que la certificación se llevara a cabo mediante dos formas de certificar: (1) por medio de juramento ante Notario o (2) por medio de juramento so pena de perjurio con la propia firma. Esta propuesta, avalada por el Departamento de Estado, fue fundamentada en el argumento de brindar mayor agilidad a la gestión corporativa y eliminar aquellos trámites que la puedan impedir.

La Ley de Delaware también establece la responsabilidad del Departamento de Estado de mantener un registro de lo que allí se radique. Por otro lado, se le dispone una oración al final de dicho sub-inciso, para reconocer la excepción recogida en el sub-inciso (C) (4). Bajo dicho sub-inciso se reconocen derechos y procedimientos existentes en la Ley de Delaware, como la posibilidad de reservar un turno si aún cuando se somete un documento que no logra registrarse, se toman ciertas medidas para corregirlo. El sub-inciso (C) (5) se añade para dejar establecida la naturaleza pública de los documentos en cuestión y de la responsabilidad del Departamento de Estado de almacenarlos y hacerlos disponibles.

Al inciso (D) se especifica la manera de enmendar o cancelar un documento ya radicado pero cuya efectividad comenzara en fecha posterior según dispuesto en el propio documento. Además, se especifica que se puede enmendar la fecha posterior, para disponer que la fecha de radicación sea la fecha original en la cual se presentó el documento en el Departamento de Estado y para establecer, a su vez, que no se puede enmendar la fecha de vigencia con el propósito de extender la fecha y hora específica posterior con el propósito de exceder del plazo de noventa (90) días de vigencia a partir de la fecha de radicación. Por consiguiente, el plazo de noventa (90) días para establecer la fecha de vigencia, es un plazo de caducidad, evitando así la presentación de documentos cuya vigencia se mantenga incierta en el Departamento de Estado, mediante la presentación de documentos enmendado la fecha de vigencia.

Bajo el inciso (F) se provee una forma de corregir un documento radicado diferente al de certificado de corrección.

Finalmente, bajo el inciso (G) se establece y a manera de excepción dos alternativas para que bajo una situación excepcional se pueda retrotraer la radicación a una fecha anterior. La primera oración del inciso (G) que lee, “El Secretario podrá establecer dicha fecha y hora como la fecha de presentación si:…”, hace referencia directa al inciso (F). El inciso (F) establece que todo documento inexacto que se presente ante el Departamento de Estado podrá ser corregido por medio de un certificado de corrección o por un documento corregido y que la fecha de validez de la información corregida se retrotraerá a la fecha anterior del documento original (el que era inexacto) sujeto a que se cumplan con los requisitos del inciso (G).

Al igual que en la ley de Delaware, la nuestra usa la palabra “dicha” para hacer referencia directa al inciso (F) dentro del mismo Artículo 1.03 que contiene el siguiente lenguaje: “El documento corregido tendrá vigencia a partir de la fecha de radicación del documento original, excepto para las personas afectadas de forma sustancial y adversa por la corrección para las cuales el documento corregido regirá a partir de la fecha de radicación de éste.”

El Artículo 1.04 de la Ley de Corporaciones de 1995, el cual no tiene equivalente en la Ley de Delaware, fue eliminado debido a que dicho asunto debe ser atendido mediante Reglamento.

Los cambios incluidos al Artículo 1.04 (antes Artículo 1.05 de la Ley de Corporaciones de 1995) son sólo para aclarar su contenido.

Cuando se adoptó el Artículo 1.05 de la Ley (antes Artículo 1.06 de la Ley de Corporaciones de 1995), la Sección 106 de la Ley de Delaware contenía un texto similar a nuestro inciso (A) que, aunque con diferencias, trataba el mismo asunto. Desde entonces la Ley de Delaware no ha sufrido mayores enmiendas. Por otro lado, los incisos (B) y (C) no tienen equivalente en la Sección 106 de la Ley de Delaware. El lenguaje incluido es sólo para aclarar el contenido del artículo. La parte del Artículo que respondía a la enmienda de la Ley Núm. 295 de 21 de agosto de 1999, fue eliminada. Dicha Ley 295 tenía el propósito de limitar la responsabilidad impuesta por este inciso a aquellas personas que tengan conocimiento del defecto de incorporación. Sin embargo, fue recomendado revertir al texto de la Ley de 1995, que es el de Delaware, debido a que el procedimiento establecido de incorporar es tan sencillo que aquellos que incumplan, deben responder personalmente.

El Artículo 1.06 de la Ley se mantiene similar al Artículo 1.07 de la Ley de 1995.

El Artículo 1.07 de la Ley (antes Artículo 1.08 de la Ley de 1995) y su equivalente en la Ley de Delaware son prácticamente idénticos. Los cambios sugeridos intentan aclarar el contenido del artículo.

En cuanto al Artículo 1.08 de la Ley (antes Artículo 1.09 de la Ley de Corporaciones de 1995), desde que se adoptó la Ley, la sección equivalente en la Ley de Delaware no ha sufrido enmiendas. La Ley y la Ley de Delaware son prácticamente idénticas. Sin embargo, cuando se adoptó la Ley, diferente a Delaware se omitieron del inciso (A) las frases “con derecho al voto” y los poderes para “adoptar” o “derogar” los estatutos. Por consiguiente, dichas frases se han integrado al artículo.
CAPÍTULO II

PODERES

Artículo 2.01.- Poderes generales

El Artículo 2.01 de la Ley proviene de la Sección 121 de la Ley de Delaware. En Puerto Rico existen otras leyes, aparte de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, que conceden o restringen los poderes de la corporación para realizar ciertos actos específicos. Nuestro estatuto actual no contempla tal posibilidad. Con el propósito de atemperar nuestro estatuto a la realidad actual, se ha incluido en el Artículo 2.01 una referencia a otras leyes. Así, pues, se reconoce la posibilidad de que pueda haber leyes que concedan o restrinjan las facultades de una corporación.

Este es el caso de la Ley de Transacciones Electrónicas, Ley Núm. 148 de 8 de agosto de 2006. Esta Ley fue aprobada con el propósito de promover y facilitar la participación de Puerto Rico en los mercados nacionales e internacionales y fomentar el desarrollo de 3la infraestructura legal necesaria para que nuestros ciudadanos puedan disfrutar, de manera confiable y segura, de los beneficios del comercio electrónico a nivel nacional y global. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 148 de 2006. Estos principios son compatibles con la medida ante nuestra consideración.

La Ley Núm. 148, supra, dispone en su Artículo 7 lo siguiente:

Artículo 7. Reconocimiento legal de los documentos electrónicos, firmas electrónicas y contratos electrónicos

(a) No se le restará efecto o validez legal a un documento electrónico o firma electrónica por el mero hecho de estar en formato electrónico.

(b) No se le restará efecto o validez legal a un contrato por haberse utilizado un documento electrónico en su formación.

(c) Si algún estatuto requiriese que cierto documento conste por escrito, un documento electrónico satisfará dicho requisito.

(d) Si algún estatuto requiriese que cierto documento contenga una firma, una firma electrónica satisfará dicho requisito.
Además el Artículo 8(a) establece:

Artículo 8.-Disposiciones Relativas a la Documentación Escrita; Presentación de Documentos.-

(a) Si las partes han acordado realizar determinada Transacción por medios electrónicos y alguna ley requiere que la información provista, enviada o entregada a una persona conste por escrito, dicho requisito se satisfará si la información es provista, enviada o entregada en un Documento Electrónico susceptible de ser retenido por el receptor de la información al momento de recibirse la misma. Un Documento Electrónico no será susceptible de retención si el remitente, o el sistema de procesamiento de información, impide que el receptor pueda imprimir o almacenar el Documento Electrónico.

La actual Ley de Corporaciones no está expresamente excluida de la aplicación de la Ley Núm. 148 de 2006. Véase Artículo 3(b) de la Ley Núm. 148.

Bajo esta nueva propuesta contenida en el P del S. 124, por ejemplo, el Artículo 7.18 de la Ley contiene disposiciones para añadir los medios de comunicación electrónica como forma de renunciar a cualquier notificación. Esta propuesta está a tenor con los cambios modernos en los medios de comunicación. Específicamente, el Artículo 7.18 se atempera a los cambios en tecnología de comunicación y establece que serán aceptables las renuncias a notificación realizadas mediante transmisiones electrónicas. Esta propuesta está en acorde con otras enmiendas similares propuestas en otros capítulos de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico y representa un paso más en la modernización de nuestro estatuto.

Por consiguiente, bajos las disposiciones del Artículo 2.01 de la Ley de Corporaciones que se propone mediante el P del S. 124, las disposiciones contenidas en la Ley de Transacciones Electrónica son compatibles con la medida propuesta y no se debe excluir su aplicación a la nueva Ley de Corporaciones.

Artículo 2.02.- Poderes específicos

La mayoría de los poderes expresados en el Artículo 2.02 de la Ley se derivan de las Secciones 122 y 123 de la Ley de Delaware.

La Sección 122(13) de la Ley de Delaware, equivalente al Artículo 2.02 (L), es la disposición que faculta a las corporaciones en dicho estado a otorgar contratos y garantías. Dicha sección fue enmendada durante los años 1983 y 1985 con el propósito de aclarar la facultad que tienen las corporaciones de garantizar las deudas de sus compañías afiliadas, incluyendo las subsidiarias y la matriz.

En el 2000, Delaware enmendó su Ley de Corporaciones para añadir el inciso 17 a la Sección 122. A través de esta enmienda la Legislatura de dicho estado aclaró el poder que tienen las corporaciones de renunciar por adelantado mediante disposición en su certificado de incorporación o decisión de la Junta de Directores de la corporación a cualquier interés o expectativa de la corporación en ciertas oportunidades de negocio o en otros negocios en los cuales se le ofrezca participar relacionados a diferentes categorías y clases de oportunidades de negocios. Con esta enmienda la legislatura de Delaware buscó eliminar la incertidumbre planteada en el caso Siegman v. Tri-Star Pictures Inc., 15 Del. J. Corp. Law 218 (1989), en cuanto al poder de la corporación para renunciar por adelantado a oportunidades de negocios que podrían presentársele. Esta enmienda se recoge en el inciso (S) del Artículo 202.

El Artículo 2.03 de la Ley se mantiene similar a su antecesor.

En el Artículo 2.04 se eliminó la restricción referente a la compra de lingotes de oro y plata. En la época que se adopta esta Ley no parece necesario mantener dicha restricción.

El Artículo 2.05 de la Ley se mantiene similar a su antecesor.

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