CÁmara de representantes






descargar 139.86 Kb.
títuloCÁmara de representantes
página1/3
fecha de publicación21.06.2015
tamaño139.86 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2   3
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
17ma. Asamblea                                                                                        3ra. Sesión

Legislativa                                                                                             Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES



P. de la C. 1927
30 de ABRIL de 2014
Presentado por los representantes Torres Cruz y Hernández Montañez
Referido a las Comisiones de Desarrollo Socio-Económico y Planificación; y de Bienestar Social y Para la Erradicación de la Pobreza
LEY
Para crear la “Oficina de Desarrollo Comunitario de Puerto Rico”, con el fin de consolidar la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, el Proyecto de la Rama Ejecutiva para el nuevo programa conocido como DIVEDCO; crear el Fideicomiso Perpetuo de Desarrollo Comunitario y el Fondo de Desarrollo Comunitario de Puerto Rico; disponer para la transferencia de funciones, programas, personal, propiedad y fondos; adoptar normas para el funcionamiento, administración y asignación de fondos para el capital inicial de la referida Oficina; y derogar la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, según enmendada, la Ley Núm. 20 de 10 de julio de 1992, según enmendada y la Ley Núm. 271 de 21 de noviembre de 2002, según enmendada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 20-1992, según enmendada, la cual creó la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, y el Proyecto Península de Cantera propiamente, constituyó un experimento de gestión social y comunitaria que inauguró una aproximación integral a la pobreza en Puerto Rico. Dicha iniciativa conformó un frente de acción entre el gobierno, la empresa privada y la plena injerencia de la comunidad de la Península de Cantera a favor de una gestión concertada de mejoramiento socioeconómico, partiendo de la responsabilidad social de los ámbitos gubernamental y privado, y de la resuelta voluntad de superación mostrada por la comunidad de la Península de Cantera.




Dicho Proyecto constituye la prueba concreta del éxito de la autogestión comunitaria y de la solidaridad puertorriqueña. Asimismo, ha quedado claro que la acción gubernamental y privada a favor del mejoramiento socioeconómico de las comunidades marginadas no es de carácter opcional, sino una responsabilidad ineludible. La Península de Cantera, como precursora del proyecto de Comunidades Especiales, sirve como prueba fehaciente de que el giro de la atención pública y privada a dichas comunidades es el buen principio social, y que el sacrificio que actualmente algunos debamos hacer para ayudar a aquellos puertorriqueños con menos recursos y alternativas a su disposición, se traduce en un Puerto Rico sin barreras socioeconómicas entre sus ciudadanos.
Con el referido Proyecto como precursor, el 1 de marzo de 2001 se aprobó mediante la Ley 1-2001, según enmendada, un ambicioso plan de extender dicho principio social al resto de las comunidades especiales de Puerto Rico. La Ley 1-2001, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, estableció como política pública del Estado, entre otras cosas, que éste deberá proveer un ambiente que promueva el pleno desarrollo de las comunidades marginadas, así como medidas que fortalezcan la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA), como una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otro organismo o entidad pública. Ello con el fin primordial de asegurar una efectiva y positiva acción contra las inequidades que aquejan a estos sectores, así como para fiscalizar el cumplimiento de las agencias gubernamentales y entidades privadas con la mencionada política pública.
Entre los fines de la OFSA, como parte de las labores que se realizan en beneficio del mejoramiento de los sectores menos aventajados y en general del País, se desarrollaron obras de construcción de viviendas, infraestructura y de complejos recreativos y educacionales. La OFSA, fue la entidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico llamada a desarrollar el principio de la autogestión y apoderamiento comunitario, mediante la organización de las comunidades especiales y la participación activa de las comunidades en el proceso decisional que afecta sus comunidades, la provisión de asistencia técnica y talleres de capacitación sobre los procesos de desarrollo comunitario para los y las líderes y residentes de las comunidades especiales, la promoción de actividades dirigidas a la autogestión y el apoyo decidido a iniciativas y empresariales comunitarias.
Mediante la Ley 271-2002, según enmendada, se creó el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales que asignó mil millones de dólares para el desarrollo de proyectos de infraestructura, viviendas y otras facilidades en seiscientas ochenta y seis Comunidades Especiales. Seiscientos noventa millones se destinaron a la construcción o rehabilitación de viviendas en doscientas veintidós comunidades. Estos proyectos se desarrollaban a través del Departamento de la Vivienda. Otros trescientos diez millones se destinaron para el desarrollo de proyectos de infraestructura y facilidades en las restantes cuatrocientos sesenta y cuatro comunidades y habrían de ser ejecutados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
A pesar de ello, la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y Autogestión, como brazo operacional y fiscalizador de la política pública, tenía el deber de monitorear y supervisar los trabajos realizados por las instrumentalidades, tanto gubernamentales como privadas, encargadas de las construcciones, siempre supervisando que los trabajos se realicen de forma ágil, adecuada y acorde con las necesidades reales de cada sector dentro del marco de las leyes y reglamentos que rigen estas operaciones.
A la luz de lo anterior, resulta forzoso concluir que la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, era la entidad gubernamental con mayor responsabilidad en la provisión de servicios directos a la población en general. Por esta razón, resulta pertinente darle continuidad a todos los esfuerzos de base comunitarias que se han desarrollado en el pasado a través de una sola entidad que mantenga el nivel de compromiso y servicios requeridos por las Comunidades de Puerto Rico, de forma tal que se continúe el apoyo a dichos sectores marginados.
Con dicho fin en mente, se consolidan todas las entidades de base comunitaria y gubernamental con el fin de crear una oficina principal que mantenga y continúe las iniciativas comunitarias ya existentes e identifique nuevas comunidades a ser impactadas de manera que mantenga en todo vigor la política pública del Estado de desarrollar las Comunidades de Puerto Rico. Se reconoce además la necesidad de que dicho brazo gubernamental sea uno autónomo administrativo y fiscalmente de la Rama Ejecutiva, alejándolo de todo presión gubernamental, privada o política partidista, de forma tal que ésta únicamente persiga el bienestar social de nuestras comunidades en desarrollo.
A la luz de todo lo anterior y por la situación crítica que atraviesa el erario público, así como la complejidad y proliferación de agencias y departamentos gubernamentales, somos del criterio que resulta indispensable una nueva evaluación y posible reestructuración de toda entidad, departamento, oficina, agencia, instrumentalidad y organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En lo pertinente, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estima necesario y conveniente proveer los recursos económicos suficientes que garanticen las operaciones de las agencias, oficinas y entidades dedicadas al desarrollo comunitario y la autogestión, razón por la cual resulta indispensable establecer mecanismos eficientes de reducción de gastos, tales como la fusión de dichas entidades de apoyo comunitario en una sola Oficina (la Oficina de Desarrollo Comunitario de Puerto Rico), según dispuesto en la presente Ley, creando en ésta una Oficina autónoma de la Rama Ejecutiva.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


Artículo 1.-Título

Esta Ley se conocerá como la “Ley de la Oficina de Desarrollo Comunitario de Puerto Rico”.

Artículo 2.-Declaración de Política Pública

Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mantener, fortalecer y promover los principios de la autogestión y el apoderamiento comunitario, mediante el cual las personas y sus comunidades reconocen y ejercen el pleno dominio y control de sus vidas partiendo desde su propio esfuerzo y poder. Debido a los niveles de pobreza, condiciones ambientales inaceptables y otros males sociales que aún subsisten en Puerto Rico, es prioridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico identificar comunidades que, por sus condiciones, requieren apoyo en su desarrollo y bienestar social.

La presente legislación se aprueba con el fin de atender comunidades marginadas a través de todo Puerto Rico. Estas comunidades, referidas en el presente estatuto como comunidades en desarrollo, son sectores delimitados geográficamente donde prevalecen familias de escasos recursos y con acceso desigual a los beneficios del desarrollo económico y social que disfrutan otros grupos poblacionales del país. Se establece en esta ley que para implementar esta política pública, resulta necesario que el Gobierno Estatal y los Municipios cambien su enfoque de intervención y sustituyan su desempeño tradicional de estado paternalista por un modelo que incorpore la capacidad y voluntad de trabajo de las propias comunidades en desarrollo en las posibles soluciones de sus problemas. Esta Ley reconoce a las comunidades en desarrollo como los mismos agentes de cambio y su propia capacidad de establecer y alcanzar objetivos para una vida comunitaria.

Mediante la presente política pública se requiere, tanto del Gobierno Estatal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias y los municipios, que planifiquen acciones que estimulen la participación activa de las comunidades en desarrollo en los procesos de toma de decisiones que afectan su progreso, creando condiciones que permitan resolver el grave problema de marginalidad que existe en estas comunidades. Además, se establece como política pública que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establezca, promueva y facilite lazos colaborativos entre las comunidades en desarrollo y los sectores públicos (gobierno estatal y municipal), el sector privado empresarial y la sociedad civil.

Por su parte, se reitera como política pública promover el principio de la autogestión y apoderamiento comunitario. Esto es, el proceso integral mediante el cual las comunidades reconocen y ejercen el pleno dominio y control de sus vidas partiendo desde su propio esfuerzo y poder a través de la participación activa de sus residentes para el mejoramiento de sus comunidades; mediante una estructura organizativa que les permite participar colectivamente en la toma de decisiones en aquellos asuntos que las mismas comunidades identifiquen como áreas que necesitan mejorar, convirtiéndose en autores de su propio proceso de desarrollo económico y social.

Artículo 3.-Creación de la Oficina

Se crea la Oficina de Desarrollo Comunitario de Puerto Rico, en adelante "la Oficina", como una entidad autónoma administrativa y fiscalmente de la Rama Ejecutiva, que tendrá la misión primordial de cumplir con los deberes y funciones que le impone esta ley.

La Oficina tendrá personalidad jurídica propia, podrá demandar y ser demandada. Además, podrá adquirir a título oneroso o gratuito el equipo, materiales y servicios necesarios para cumplir con esta Ley.

La Oficina se crea  con la clara intención legislativa de que funcione de forma totalmente autónoma e independiente, con capacidad plena para operar de forma continua, sin intervenciones externas, lo que le permite llevar a cabo su función ministerial, eficaz y efectivamente, aislada de cualquier influencia ejercida por alguna entidad gubernamental, privada o político partidista. Esta autonomía administrativa y fiscal es indispensable para ejercer la función que tiene encomendada, persiguiendo sobre todas las cosas el bienestar social de las comunidades, irrespectivamente de cualquier interés adicional o ajeno a la misión de la Oficina.

Con el fin de reforzar como política pública su autonomía y la necesidad de que sus operaciones y proyectos sean ágiles y oportunos, desde su concepción, se reconoce que la Oficina estará exenta del pago de todos los impuestos, permisos, aranceles, tarifas, costos o contribuciones impuestas por el Gobierno o sus municipios sobre las propiedades de la Oficina o en las que sea arrendador o arrendatario y sobre el ingreso derivado de cualquier actividad de la Oficina, incluyendo, pero sin limitarse, a las patentes municipales impuestas conforme a la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, los arbitrios municipales impuestos sobre la construcción, conforme a la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”. Además, la Oficina se encuentra exenta del pago de toda clase de cargos, sellos de rentas internas y comprobantes, costos o impuestos requeridos por ley en los procesos judiciales; del pago por concepto de certificaciones en todas las oficinas y dependencias del Gobierno, y por el otorgamiento de documentos públicos y su presentación e inscripción en cualquier registro público del Gobierno.

Así también, la Oficina se encuentra excluida de la Ley 184-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; de la Ley Núm. 25 de 8 de diciembre de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer un Sistema de Pronto Pago para los Proveedores de Bienes y Servicios al Gobierno”; del Plan de Reorganización 3-2011, conocido como “Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 2011”, así también, del Registro Único de Licitadores adscrito a la Administración de Servicios Generales; de la Ley 45-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos”; de la Ley 265-2003, conocida como “Ley para Reglamentar Ciertos Contratos Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles”; de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”; de la Ley 148-2006, según enmendada, conocida como Ley de Transacciones Electrónicas; de la Ley 80-1991, según enmendada, conocida como “Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales”, de la Ley 6-2010 y de la Ley 155-2010.

No obstante lo anterior, las operaciones fiscales de la Oficina serán auditadas y examinadas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, por lo menos, una vez cada dos (2) años.

Artículo 4.-Objetivos y Funciones de la Oficina

La Oficina tendrá la responsabilidad de implantar la política pública enunciada en esta ley. Para lograr su consecución, la Oficina coordinará los esfuerzos gubernamentales en aras del desarrollo social y económico de las comunidades en desarrollo y con el fin de alcanzar los siguientes objetivos;

  1. Fortalecimiento socio económico de las familias;

  2. Fortalecimiento organizativo de las comunidades en desarrollo;

  3. Rehabilitación física y ambiental de las comunidades en desarrollo;

  4. Fomento de las iniciativas ciudadanas compatibles con la política pública que persigue esta ley;

  5. Coordinación y participación de los Gobiernos Municipales como un componente fundamental en la identificación de las comunidades en desarrollo y sus necesidades, en la elaboración de planes estratégicos de desarrollo comunitario y en la colaboración hacia la implantación de estos planes, asegurándose de que se cumpla con la política pública establecida en esta Ley a los efectos de que, en aquellos casos en que dichos planes municipales contemplen la expropiación de terrenos y viviendas dentro de las comunidades reconocidas como comunidades en desarrollo de acuerdo a esta Ley, se requiera una Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa autorizando dicha acción; que haya sido objeto de estudio y consideración mediante vistas públicas en ambos cuerpos legislativos a las cuales hayan sido invitados los municipios y los líderes comunitarios concernidos y tal Resolución Conjunta deberá certificar que la Oficina de Desarrollo Comunitario de Puerto Rico, ha realizado una consulta comunitaria en la cual el setenta y cinco (75) por ciento de los que ejerzan su derecho al voto, endosan las expropiaciones y que además dicha consulta se llevó a cabo de acuerdo al proceso establecido por dicha Oficina;

  6. Colaborar en la coordinación de búsqueda de fondos gubernamentales o privados para subvencionar el inicio de negocios propios; y

  7. Solicitar y aceptar donaciones de entidades públicas o privadas con el fin de adelantar los fines de la presente Ley.

  8. Adoptar las normas y reglamentación necesarias para su funcionamiento.

Artículo 5.-Creación del Cargo de Director(a) Ejecutivo(a)

  1. Nombramiento y término:

La Oficina será administrada por el/la Director(a) Ejecutivo(a) nombrado por el Gobernador(a), sujeto al consejo y consentimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por un término de diez (10) años o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. En caso de que surja una vacante antes de expirar el plazo aquí dispuesto, el nuevo nombramiento se extenderá por el período restante del término original del cargo de Director(a) Ejecutivo(a).

  1. Requisitos y sueldo:

El cargo de Director(a) Ejecutivo(a) sólo será desempeñado por una persona mayor de edad, de reconocida capacidad profesional, probidad moral, que tenga por lo menos o ocho (8) años de experiencia en servicio comunitario o trabajo social y en adición, que haya cursado estudios y/o obtenido un grado universitario a nivel graduado en trabajo social, psicología o algún campo relacionado al desarrollo comunitario.

El sueldo del Director(a) Ejecutivo(a) será fijado por el Gobernador(a) tomando en consideración lo establecido para los Secretarios(as) de Departamentos Ejecutivos.

El Director(a) Ejecutivo(a) podrá acogerse a los beneficios establecidos mediante la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que establece el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias o entidades gubernamentales.

  1. Restricciones del cargo

Con el fin de mantener la imparcialidad y transparencia de la oficina, el Director(a) Ejecutivo(a) no podrá:

(1) Aportar dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos;

(2) Desempeñar o hacer campaña para ocupar cargo alguno en la dirección u organización de un partido político ni postularse para un cargo público electivo;

(3) Participar ni colaborar en campaña política de clase alguna;

(4) Endosar a un candidato a un puesto electivo.

  1. Procedimiento de selección:

El Consejo Asesor de la Oficina de Desarrollo Comunitario de Puerto Rico recomendará una lista de, por lo menos, tres (3) posibles candidatos(as) para ocupar el cargo de Director(a) Ejecutivo(a).

En caso de que el Consejo Asesor no someta una lista con los candidatos(as) durante los siguientes treinta (30) días de existir una vacante en el cargo de Director(a) Ejecutivo(a), el/la Gobernador(a) podrá designar a la persona que ocupará el cargo de Director(a) Ejecutivo(a).

Una vez nombrado(a) el/la Director(a) Ejecutivo(a), éste(a) únicamente podrá ser removido(a) del cargo por justa causa y previa radicación de cargos.

  1. Funciones y deberes:

  1. Identificar aquellas comunidades que serán designadas como comunidades en desarrollo para los fines de esta ley a base de criterios, objetivos, entre los cuales se encuentran:

(i) Nivel socioeconómico;

(ii) condiciones de infraestructura básica;

(iii) condiciones ambientales, y

(iv) el estado de las viviendas y otros aspectos de desarrollo.

  1. Actualizar periódicamente el inventario de las comunidades designadas para los fines de esta ley.

  2. Velar por la implantación y la revisión periódica de la efectividad de uno o más modelos de desarrollo comunitario para las comunidades basado en los siguientes fundamentos:

(i) El principio de autogestión y apoderamiento comunitario que hace del residente el eje central de la planificación y la acción de renovación y desarrollo.

(ii) La organización comunitaria como eje fundamental para la participación democrática e instrumento para la concienciación de la democracia participativa.

(iii) La alianza entre las comunidades, los sectores públicos y el sector empresarial asumiendo las diversas responsabilidades para facilitar el desarrollo socioeconómico.

(iv) El enfoque integral al problema de la pobreza que descansa en el convencimiento de que hay que atacarla desde todos los frentes.

(v) El deber de constituirse en el enlace entre las agendas gubernamentales, corporaciones públicas, gobiernos municipales, el sector privado, y organizaciones de la sociedad civil, comunidades en general, con las comunidades en desarrollo.

(vi) Promover que las ayudas disponibles en las agencias gubernamentales, tanto locales como federales, corporaciones públicas y municipios que puedan destinarse a la realización de proyectos y actividades en las comunidades, de forma tal que se permita establecer con razonable certeza las fechas de inicio y terminación de los proyectos.

(vii) Establecer vínculos de colaboración mediante la implantación de planes de trabajos desarrollados entre las comunidades y los municipios.

(viii) Fiscalizar la ejecución de los proyectos seleccionados para que se realicen conforme a lo acordado, es decir dentro de los plazos y términos prescritos.

(ix) Conducir directamente, o por iniciativa de otra entidad gubernamental o privada, la realización de talleres educativos y campañas de divulgación sobre los alcances y oportunidades que ofrece esta ley.

  1. Someter en o antes del 28 de febrero de cada año un informe anual escrito al Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el proceso de administración e implantación de esta ley, los recursos utilizados, metas alcanzadas, planes trazados y áreas a revisar.

  2. Establecer y adoptar las normas y reglamentación necesaria para el funcionamiento de la Oficina, incluyendo, pero sin limitarse a, la organización, uso de equipos y facilidades; y a los procesos de compras de bienes y servicios no profesionales para realizar toda obra de los Programas de la Oficina.

  3. Recibir, solicitar, administrar y crear las cuentas que sean necesarias para manejar las donaciones, asignaciones, y todo otro ingreso, sea estatal o federal, gubernamental o privado, para el desarrollo de diversos proyectos en las comunidades en desarrollo, comunidades rurales y las comunidades en general.

  4. Administrar el Fondo para el Desarrollo Comunitario de Puerto Rico, conforme a los fines para los cuales fue creado.

  5. Planificar, diseñar y construir los edificios, obras, estructuras, infraestructura y demás que sean necesarios para el desarrollo integral de las comunidades en desarrollo.

  6. Exigir a las agencias del Estado Libre Asociado a atender las necesidades, situaciones y los proyectos de las Comunidades dentro de un plazo razonable.

  7. Acudir a los Tribunales de Justicia de Puerto Rico con el fin de solicitar un Mandamus o interdicto que le exija a las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a atender las necesidades, situaciones y proyectos de las comunidades en desarrollo o con cualquier otro fin que exija el cumplimiento con la presente política pública.

  8. Ordenar a las agencias a proveer los servicios necesarios y fundamentales de las comunidades y coordinar con los municipios, facilitando y canalizando los recursos de acuerdo a las prioridades establecidas por las comunidades en un plan estratégico integral. Con el fin de cumplir con dicho fin, toda agencia de servicios del Estado Libre Asociado separará un cero punto veinticinco (0.25) por ciento de su presupuesto anual para realizar las obras que ordene la Dirección Ejecutiva en las comunidades en desarrollo.

  9. Crear por resolución las subsidiarias que estime conveniente y apoyar a las organizaciones comunitarias existentes para descargar cualesquiera de sus funciones.

  10. Planificar, diseñar y construir los edificios, obras, estructuras, infraestructura y demás que sea para el desarrollo integral de las comunidades en desarrollo con la participación en los procesos y el consentimiento de las organizaciones comunitarias existentes.

  11. Mantener, establecer los parámetros y operar el “Taller Cien: La Nueva DIVEDCO”, el cual será un programa de enseñanza, apreciación y enriquecimiento sociocultural que cada año beneficiará a los jóvenes de cien escuelas del sistema público del País. Al mismo tiempo, esta iniciativa integrará a las cien (100) comunidades a las que sirven estas escuelas, haciéndolas partícipes de las distintas actividades e intercambios artísticos, culturales, educativos y deportivos.

  12. Colaborar en todas las encomiendas, iniciativas, gestiones y proyectos programáticos de la Oficina del Comisionado Especial para el Desarrollo Sustentable de las Islas Municipios de Vieques y Culebra.

  13. Expropiar o adquirir bienes muebles e inmuebles de cualquier forma legítima, incluyendo concesión, regalo, compra, legado o donación y poseer y ejercer todos los derechos de propiedad sobre los mismos, así como disponer de ellos.

  14. Realizar el proceso de adquisición y realojo de personas y familias de las Comunidades conforme a lo establecido en el “Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policy Act” de 1970, según enmendada, P.L. 91-646; 42 U.S.C. 4601 et seq.

  15. Someter las obras de infraestructura e iniciativas de autogestión aprobadas en Asambleas de las Comunidades en Desarrollo y en la Oficina al Fideicomiso Perpetuo de Desarrollo Comunitario.

Artículo 6.-Fideicomiso Perpetuo de Desarrollo Comunitario

  1. Se crea el Fideicomiso Perpetuo de Desarrollo Comunitario, el cual absorberá el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales creado mediante la Ley 271-2002, según enmendada, y mantendrá todas las facultades y deberes ya existentes, además de las facultades y deberes que se le deleguen mediante esta Ley, el cual funcionará como un cuerpo corporativo público con personalidad jurídica independiente, sin fines de lucro, irrevocable y a perpetuidad con el fin de atender las obras e iniciativas propuestas por la Oficina de Desarrollo Comunitario a favor de las Comunidades en Desarrollo. El Fideicomiso estará adscrito al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Los fondos del Fideicomiso continuarán depositados en el Banco, separados e independientes de otros fondos públicos bajo la custodia del Banco. Los fondos del Fideicomiso se utilizarán para los propósitos especificados en esta Ley.

  2. El Fideicomiso tendrá una Junta de Directores, la cual estará compuesta por once (11) miembros; a saber, el Secretario de la Vivienda, el Secretario de Transportación y Obras Públicas, la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Desarrollo Comunitario, un (1) Alcalde, dos (2) funcionarios públicos, tres (3) Líderes Comunitarios residentes de una comunidad en desarrollo que no sea parte del Consejo Asesor de la Oficina y dos (2) ciudadanos privados en representación del interés público. En su inicio, los Miembros del Fideicomiso serán los Miembros en funciones del Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales creado mediante la Ley 271-2002, cuyos términos se extenderán desde su nombramiento original, conforme lo dispone esta Ley. Según se vayan venciendo los nombramientos de dichos Miembros, el Gobernador nombrará a sus sucesores y nombrará los Miembros que ocuparán las vacantes existentes.

  3. Los funcionarios públicos y los líderes comunitarios serán designados por el/la Gobernador(a) por un término de seis (6) años, o hasta que sus sucesores sean designados. Los dos (2) ciudadanos privados que representan el interés público en la Junta serán nombrados por el/la Gobernador(a) por un término de seis (6) años, o hasta que sus sucesores sean designados. El/La Alcalde(sa) será nombrado por un término de cuatro (4) años. Estos términos comenzarán a cursar desde la aprobación de esta Ley.

  4. Estos Miembros podrán ser removidos de sus cargos por el/la Gobernador(a) en cualquier momento por justa causa.

  5. En caso de renuncia de algún miembro, su sucesor será designado por el período restante del término original del director saliente.

  6. Ningún miembro de la Junta de Directores tendrá derecho a recibir el pago de dietas, salarios, emolumentos, o cualquier otro tipo de compensación, por el ejercicio de sus funciones. Esta prohibición no impide que la Oficina pueda adquirir y proveer alimentos de costo módico a los miembros de la Junta de Directores durante, inmediatamente antes o inmediatamente después de una reunión debidamente convocada.

  7. El Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina fungirá como Presidente de
  1   2   3

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

CÁmara de representantes iconCamara de representantes

CÁmara de representantes iconCÁmara de representantes

CÁmara de representantes iconCamara de representantes

CÁmara de representantes iconCÁmara de representantes

CÁmara de representantes iconCamara de representantes

CÁmara de representantes iconCÁmara de representantes

CÁmara de representantes iconCÁmara de representantes

CÁmara de representantes iconH. Cámara de Representantes

CÁmara de representantes iconCÁmara de representantes

CÁmara de representantes iconH. Cámara de Representantes






© 2015
contactos
ley.exam-10.com