Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007






descargar 38.13 Kb.
títuloResolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007
fecha de publicación03.07.2016
tamaño38.13 Kb.
tipoSolución
ley.exam-10.com > Ley > Solución

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MARÍA ISABEL HOQUEE, QUIEN ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ, CONTRA LA DECISIÓN N° 17/2007 DE 20 DE JULIO DE 2007 EMITIDA POR LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ DENTRO DE LA DENUNCIA POR PRÁCTICA LABORAL DESLEAL N°PLD-32/06 PRESENTADA POR EL SINDICATO PANAMA AREA METAL TRADES COUNCIL (PAMTC). PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. -PANAMÁ, DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO (2008).-


Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Adán Arnulfo Arjona L.

Fecha: 10 de Septiembre de 2008

Materia: Acción contenciosa administrativa

Apelación contra la Junta de Relaciones Laborales - ACP

Expediente: 667-07

VISTOS:

La Licenciada María Isabel Hoquee, quien actúa en representación de la AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ, en adelante, ACP, ha comparecido ante esta Superioridad, a fin de promover recurso de apelación en contra de la Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 por la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, en adelante, JRL, y adicionada mediante Resolución N° 85/2007 de 4 de septiembre de 2007, dentro de la Denuncia por Práctica Laboral Desleal N° PLD-32/06 interpuesta por el Sindicato Panama Area Metal Trades Council (PAMTC) en contra de la ACP.

Mediante la decisión contenida en la Resolución apelada, la autoridad demandada reconoció que se violó el debido proceso acordado por las partes y, consecuentemente, se desconoció el contenido de la Sección 4.03 de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los empleados No Profesionales, vulnerando el derecho de los señores Jorge Donaldson y Pedro Ibáñez a ser representados adecuadamente por un representante sindical durante la entrevista realizada en febrero de 2066. Por tanto, resolvió:

"PRIMERO: DECLARAR la comisión de una práctica laboral desleal por parte de la Autoridad del Canal de Panamá al momento de efectuar un interrogatorio predisciplinario al señor Jorge Donaldson el día 3 de febrero de 2006 y al Señor Pedro Ibáñez el día 7 de febrero de 2006, sin habérseles respetado su derecho de ser asistidos por un Representante Sindical.

SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina del Fiscalizador General realizar nuevamente la entrevista. Después de repetir el interrogatorio, la administración debe considerar el curso de la acción a tomar incluyendo la medida adversa en contra del trabajador.

TERCERO: ORDENAR a la Oficina del Fiscalizador General que cese y desista de esta práctica.

CUARTO: LEVANTAR la suspensión del proceso disciplinario ordenado según Resolución N° 13/2007 de uno (1) de diciembre de dos mil seis (2006).

I. FUNDAMENTO DEL RECURSO:

La Autoridad del Canal de Panamá -en adelante A.C.P, objeta la Resolución Nº 17/2005, modificada por la decisión N° 85/2007 de 4 de septiembre de 2007 y peticiona su revocatoria, con fundamento en los siguientes aspectos:

El derecho Weingarten deriva de un caso decidido por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en 1975, en el cual se establecieron las reglas del derecho que tiene un trabajador a solicitar un representante sindical durante un interrogatorio efectuado dentro de una investigación llevada a cabo por parte de un representante de la agencia empleadora, cuando el trabajador razonablemente cree que dicha investigación puede resultar en una medida disciplinaria.

En cuanto al derecho Weingarten, adicionó que es potestativo del trabajador solicitar en un interrogatorio de investigación que puede resultar en una medida disciplinaria, la presencia de un representante exclusivo. A su vez, que en caso de un interrogatorio predisciplinario por parte del representante de una agencia, quien interroga debe advertirle al trabajador sobre su derecho de representación.

Continúa advirtiendo que en el caso en estudio, los interrogatorios de que fueron objeto los señores Donaldson e Ibáñez por parte del personal de la Oficina del Fiscalizador General no eran predisciplinarios, en consecuencia, dicho funcionario no tenía el deber de informarles sobre sus derechos a contar con un representante sindical, tal como lo requiere la segunda parte de la Sección 4.03 del artículo 4 de la Convención Colectiva.

Continúa expresando que el Fiscalizador General no es representante de la ACP y por ende no lleva a cabo investigaciones predisciplinarias, ya que la figura tiene una naturaleza y finalidad distinta a la que supone la administración de la ACP, cual es la de "fiscalizar, o detectar situaciones irregulares y lesivas al patrimonio de la ACP..." (ver foja 17 del expediente contentivo del presente proceso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la ACP que trata sobre las funciones que tiene el Fiscalizador General.

A su juicio, la omisión de los trabajadores en solicitar un representante sindical, no debe traducirse a una negativa por parte del Fiscalizador General de permitirle al trabajador investigado tener presente a su representante sindical, puesto que en el caso que lo hubiesen solicitado, el personal de la oficina del Fiscalizador hubiera hecho efectivo este derecho conforme lo establece la norma general del weingarten.

Dadas las consideraciones, solicita a la Sala se revoque la decisión proferida por la JRL y se declare que los hechos alegados en la denuncia no constituyen una práctica laboral desleal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la ACP, debiéndose declarar procedente continuar con el procedimiento disciplinario seguido a los señores Donaldson e Ibáñez.

Son competencia de la Junta de Relaciones Laborales, según el artículo 113 de la Ley 19 de 1997.

II. DECISIÓN DE LA SALA.

Conocidos los puntos sobre los cuales recae el recurso de apelación formulado contra la Resolución Nº 17/2007 de 20 de julio de 2007, modificada, que fue dictada por la Junta de Relaciones Laborales de la ACP, esta Superioridad pasa a resolver la controversia planteada, previa las siguientes consideraciones.

La competencia de la Sala Tercera de la Corte, para conocer como tribunal de apelación en estos procesos, le fue conferida a través de la Ley 19 de 11 de junio de 1997 "Por la cual se organiza la Autoridad del Canal de Panamá", la cual en su artículo 114 establece que: "...Las decisiones de la Junta de Relaciones Laborales serán inapelables, salvo que sean contrarias a esta Ley, en cuyo caso la apelación se surtirá ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión será definitiva y obligatoria." (El Tribunal resalta).

Es de lugar precisar que la Autoridad del Canal de Panamá se rige por un sistema laboral especial por mandato del artículo 322 de la Constitución. Dicho precepto constitucional lo desarrolla el artículo 81 de la Ley Nº 19 de 1997, cuando establece que a los trabajadores y organizaciones sindicales reconocidas por la ACP únicamente les serán aplicables las normas legales y reglamentarias pertinentes al régimen laboral especial de la ACP y, que sólo de manera excepcional, cuando la Ley 19 así lo disponga expresamente, se aplicarán otras normas legales o reglamentarias.

Reconocida la competencia de este Tribunal en cuanto a los recursos de apelación contra las Resoluciones de la Junta de Relaciones Laborales, pasamos a hacer un recuento de los hechos que motivaron el presente proceso.

El día 16 de enero de 2006, la División de Protección del Canal, Sector Atlántico (ESCA) recibió una denuncia en la cual se señaló que personal de la Unidad de Obras Civiles (IPIO) del Sector Atlántico, estaba hurtando material ferroso, propiedad de la ACP.

La precitada denuncia originó un operativo de vigilancia y seguimiento por parte de ESCA, en conjunto con los miembros de la Policía Nacional, el cual dio como resultado que el día 26 de enero de 2006 se detuviera el camión tipo volquete, con placa 078633, conducido por el señor Camilo Soriano Moreno, empleado de la compañía JUANBA, S. A., contratista de la ACP, el cual transportaba en el vagón estructuras de hierro, propiedad de la ACP, consistente en piezas de pasamanos del puente viejo sobre el vertedero de Gatún y retazos de tubos de hierro.

Al cuestionársele al conductor por las piezas de pasamanos, este señaló que las mismas habían sido cargadas en el camión por el señor Jorge Donaldson, mientras que los tubos de hierro habían sido cargados por el señor Pedro Ibáñez.

A fin de corroborar la información proporcionada por el señor Camilo Soriano, los días 3 y 7 de febrero de 2006, personal de la Oficina del Fiscalizador General procedió a entrevistar a los señores Donaldson e Ibañéz, respectivamente. El día 9 de febrero se realizó una inspección ocular del área relacionada con el incidente, diligencia en la cual estuvieron presentes los señores Jorge Donaldson, Samuel Gómez y Gil García.

Posteriormente, el día 24 de julio de 2006, las señoras Lina Linares y Martha Garzón se reunieron de manera individual con los señores Donaldson e Ibáñez, quienes en esta ocasión estuvieron acompañados por su representante sindical.

Debemos tener presente que no sólo el artículo 95 de la mencionada Ley 19 de 1997, precisa los derechos del trabajador que pertenezca o pueda pertenecer a una unidad negociadora, sino también los artículos 96, 97, 98 y 99 ibídem.

Ahora bien, los derechos contemplados en el Capítulo V de la Sección Segunda de la Ley 97 de 1997, no deben entenderse como los únicos derechos de los trabajadores, así como tampoco los que exclusivamente pueden constituir una práctica laboral desleal por parte de la Autoridad, en el evento de que se "interfiera" "restrinja" o "coaccione" a un trabajador en su ejercicio. Esto es así, porque dicha sección en su artículo 94 también reconoce claramente que: "Las relaciones laborales de la Autoridad se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, en los reglamentos y en las convenciones colectivas..."

La Unidad de Empleados No-Profesionales del Canal de Panamá cuenta con una Convención Colectiva que consagra que "un trabajador tendrá el derecho de solicitar ser representado por el RC durante cualquier interrogatorio por parte de un funcionario de la Agencia en relación con la investigación, si el trabajador razonablemente cree que pueda resultar en una medida disciplinaria...". Consecuentemente, cualquier actuación por parte de la Autoridad al margen de tal disposición que interfiera o restrinja a un trabajador de la ACP, también puede considerarse como un práctica laboral desleal de su parte y, por ende, ser objeto de una denuncia ante la Junta de Relaciones Laborales, entidad que según el artículo 113 de la Ley 19 de 1997 tiene competencia privativa para resolver este tipo de denuncias.

Lo antedicho es avalado por el artículo 84 del Acuerdo Nº 18 de 1 de julio de 1999 "Por el cual se aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá", el cual establece como una práctica laboral desleal por parte de la Administración: "No obedecer o negarse a cumplir cualquier disposición de la sección segunda del capítulo V de la ley orgánica" (ordinal 8). También por lo dispuesto en la sección quinta del Reglamento de Relaciones Laborales relativo a las normas sobre competencia en material de prácticas laborales desleales, que precisa lo siguiente:

"Artículo 89. Dado un hecho que por su naturaleza y características pueda ser tramitado indistintamente a través del procedimiento negociado para la tramitación de quejas o el de prácticas laborales desleales, el procedimiento que inicie el afectado constituirá la única opción para impugnar el hecho."

Hemos visto, que está en disputa la negativa de la ACP a cumplir con las normas que consagran el derecho a representación "Weingarten" de un trabajador no profesional del Canal, al no comunicársele durante un interrogatorio -llevado a cabo por la Oficina del Fiscalizador General- que tenía derecho a ser representado (Sección 4.03 de la Convención Colectiva de la Unidad de Empleados No Profesionales); que el artículo 94 de la Sección Segunda de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, señala que las relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en la Ley, Reglamentos y las Convenciones Colectivas y; que el numeral 8 del artículo 108 de la Ley 19 de 1997 dispone que se considera una práctica laboral desleal por parte de la ACP negarse a cumplir cualquier disposición de la sección segunda del capítulo V de la Ley Orgánica.

También nos hemos percatado que un trabajador puede iniciar un proceso por la vía de queja o denuncia por práctica laboral desleal cuando el hecho por su naturaleza o características así lo permita. Por tanto, estima la Sala que la Junta de Relaciones Laborales sí tiene competencia para conocer del reclamo respecto al derecho Weingarten, en calidad de práctica laboral desleal como ocurre en el presente caso.

Reconocida la competencia de la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá para conocer de la denuncia de los trabajadores Donaldson e Ibáñez, relacionada con la violación del derecho a ser representado, pasamos a estudiar los siguientes puntos:a. ¿En qué consiste el Derecho a ser representado (Weingarten)?

De conformidad con la Sección 4.03 del Artículo 4 de la Convención Colectiva de la Unidad de Empleados No Profesionales del Canal de Panamá, entiéndase por derecho "Weingarten" el que le asiste a un trabajador para "solicitar ser representado por el RC durante cualquier interrogatorio por parte de un funcionario de la Agencia en relación con una investigación; si el trabajador razonablemente cree que puede resultar en una medida disciplinaria. En la medida en que no entre en conflicto con la Ley del Inspector General de 1978 de los Estados Unidos, previo a cualquier interrogatorio predisciplinario por parte de un representante de la Agencia, el trabajador debe ser informado de su derecho a ser representado por el RC. El no informar al trabajador no se considerará un error perjudicial. Por lo tanto, donde las partes interesadas concuerden que un trabajador no fue informado de su derecho a solicitar representación del RC, esto será causa para que se le informe al trabajador tal derecho y, si el trabajador solicitase representación, volver a interrogar al trabajador en presencia de un representante del RC, a menos que el RC falte o decline representar al trabajador".

En el caso de los trabajadores Donaldson e Ibáñez, se advierte que estos fueron objeto de interrogatorio por parte del personal de la Oficina del Fiscalizador General de la Autoridad del Canal de Panamá, funcionario responsable de realizar y supervisar auditos e investigaciones relacionados con la operación del Canal (art. 28 Ley 19 de 1997). Con miras a cumplir con esta responsabilidad se le ha facultado a este funcionario para "recibir declaraciones sobre hechos que se investiguen con relación a fraudes..."

Al respecto, el artículo 3 (numeral 6) del Acuerdo Nº 14 de 17 de junio de 1999 -que Reglamenta las funciones del Fiscalizador General- establece que este funcionario está facultado para "recibir declaraciones, tanto de empleados como de terceros, sobre hechos que se investiguen con relación a fraudes, abuso de autoridad, despilfarros e irregularidades en perjuicio de la Autoridad".

Precisada esta función del Fiscalizador General, observamos que en el proceso objeto de análisis el personal de la oficina del Fiscalizador General interrogó a Donaldson y a Ibáñez, los días 3 y 7 de febrero de 2006 y posteriormente realizó una inspección ocular en presencia de Donaldson el día 9 de febrero de 2006.

Ahora bien, debemos entender que las entrevistas realizadas a los trabajadores los días 3 y 7 de febrero de 2006, podían ser utilizadas en su contra en procedimientos administrativos o de cualquier otra índole. No obstante, se omitió el uso del derecho a representación que consagra el artículo 4 (Sección 4.03) de la Convención Colectiva.

Se asevera a lo largo de este recurso de apelación, que el Fiscalizador General de la ACP no estaba obligado a informarles a los trabajadores de su derecho a ser representados, según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4 (Sección 4.03) de la Convención Colectiva de Empleados No Profesionales. Sobre el particular, advertimos que la obligación de informar por parte del Fiscalizador General estaba supeditada a si se trataba de un interrogatorio predisciplinario el que le hizo a los señores Donaldson e Ibáñez; razón por la cual procedemos a señalar que este término implica "..la serie de preguntas que se hacen con anterioridad a la imposición de una sanción disciplinaria y con el fin de averiguar la verdad de hechos que se investigan..." (Cfr. Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. 21ava Edición 1989. Tomos IV. Pág. 478).

En el caso en estudio, se ha determinado que el propósito del interrogatorio que hacía el Fiscalizador General era averiguar o constatar que efectivamente los señores Donaldson e Ibáñez habían incurrido en irregularidades en el transporte de material ferroso, propiedad de la ACP.

Respecto, a las investigaciones del Fiscalizador General dentro de la ACP, acotamos que puede iniciarlas en cualquier momento porque tiene la facilidad para acceder a las bases de datos de compras o de cualquier actividad que realicen en las operaciones normales del Canal. Terminada la investigación emite una Resolución en la cual hace las recomendaciones que estime convenientes y una vez la Junta Directiva de la ACP apruebe las mismas, se instruye al Administrador y al Departamento objeto de investigación sobre las acciones de personal a tomar (Arts. 17-23 del Reglamento del Fiscalizador General).

En estas circunstancias, se colige que el Fiscalizador General es quien recauda y evalúa toda la información recopilada en una investigación dentro de la ACP, a fin de que las distintas esferas administrativas apliquen una sanción disciplinaria. En este sentido, el artículo 16 del Acuerdo Nº 14 de 17 de junio de 1999, "Por medio se aprueba el Reglamento del Fiscalizador General de la Autoridad del Canal de Panamá", dispone lo siguiente: "cualquier medida administrativa o disciplinaria que tome la administración de la Autoridad, relacionada con una investigación del Fiscalizador General que esté en proceso, deberá ser coordinada previamente con éste."

A juicio de la Sala, el hecho de que el Fiscalizador sólo sea quien recomiende y coordine la sanción, mas no aplique la misma, carece de fundamento para sustentar que dicho funcionario no forma parte de la Administración de la Autoridad del Canal de Panamá. Sobre este punto, cabe agregar que de conformidad con la Ley 19 de 11 de junio de 1999, la Organización Administrativa de la ACP está integrada por las personas que a continuación se detallan: Junta Directiva, Administrador, Subadministrador y el Fiscalizador General (art. 12).

En cuanto a la figura del Fiscalizador General, resulta oportuno señalar que entre sus deberes como funcionario de la ACP está la de promover "la economía, eficiencia y efectividad en la administración, prevenir y detectar el fraude y el abuso de autoridad, así como recomendar las políticas destinadas a esos fines"; por lo que concluimos -contrario a lo expuesto por la apelante- que el Fiscalizador General sí forma parte y tiene responsabilidad respecto a la ejecución de los programas de la ACP y, por ende, el interrogatorio que se les hizo a los señores Donaldson e Ibáñez los días 3 y 7 de febrero de 2006, deviene en predisciplinario (Ver art. 28).

Advertida la categoría de predisciplinario de los interrogatorios, colegimos que al tenor de la Sección 4.03 del artículo 4 de la Convención Colectiva de la Unidad de Empleados No-Profesionales, la Administración de la Autoridad del Canal de Panamá tenía el deber de informarles a los trabajadores sobre su derecho a ser representados por un representante certificado. El no haberlo hecho, origina la comisión de una práctica laboral desleal y la base en que se sustenta la JRL para ordenar a la Oficina del Fiscalizador General realizar nuevamente las entrevistas en presencia de un representante exclusivo y suspender el proceso disciplinario ordenado en contra de los trabajadores.

Considerando que la Junta de Relaciones Laborales ordenó suspender el proceso disciplinario que se le instruía a los trabajadores, lo que implica que se ha mantenido la relación empleador-trabajador, consideramos procedente que pueda retrotraerse un proceso a la etapa de interrogatorio, por lo que coincidimos con el criterio vertido por la autoridad demandada y procedemos a reconocerlo de conformidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, CONFIRMA la resolución N° 17/2007 fechada 20 de julio de 2007, modificada por la Resolución N° 85/2007 de 4 de septiembre de 2007, ambas proferidas por la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá dentro de la Denuncia por Práctica Laboral Desleal N° PLD-32/06 presentada por el Sindicato Panama Area Metal Trades Council (PAMTC) en contra de la Autoridad del Canal de Panamá.

Notifíquese,

ADÁN ARNULFO ARJONA L.

VICTOR L. BENAVIDES P. -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

JANINA SMALL (Secretaria

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 iconSegunda legislatura – julio 2007 A julio 2008

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 icon© Tirant lo Blanch, 2007 Reyes Aranda Laffarga, 2007

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 icon© Tirant lo Blanch, 2007 © Reyes Aranda Laffarga, 2007

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 icon© Tirant lo Blanch, 2007 © Reyes Aranda Laffarga, 2007

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 icon© Tirant lo Blanch, 2007 © Reyes Aranda Laffarga, 2007

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 icon© Tirant lo Blanch, 2007 © Reyes Aranda Laffarga, 2007

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 icon© Tirant lo Blanch, 2007 © Reyes Aranda Laffarga, 2007

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 icon© Tirant lo Blanch, 2007 © Reyes Aranda Laffarga, 2007

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 iconSegunda resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007

Resolución N° 17/2007, proferida el 20 de julio de 2007 iconJueves, 26 de Julio de 2007






© 2015
contactos
ley.exam-10.com