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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
16ta Asamblea 1ra Sesión

Legislativa Ordinaria


CAMARA DE REPRESENTANTES
1 de mayo de 2009
INFORME POSITIVO

P. de la C. 23
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES
Vuestra Comisión de Asuntos del Consumidor, previo estudio y consideración del P. de la C. 23, tiene a bien recomendar la aprobación de la medida, con enmiendas en el entrillado electrónico.
ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 23, según se desprende de su título, tiene como propósito elevar a rango de legislación los parámetros mínimos relativos al deber de los manufactureros y de toda la cadena de venta, distribución y servicios en Puerto Rico, de ajustar los vehículos de motor nuevos a las garantía y el procedimiento a seguirse cuando existe disconformidad con los mismos, así como sus consecuencias.

Cada uno de los cincuenta (50) estados de la nación americana posee legislación que permite a los consumidores reclamar, a los manufactureros y distribuidores de vehículos de motor nuevos por los defectos de fábrica en los mismos. Dichas leyes son conocidas como “lemon laws”. Además de las “lemon laws”, existe la Ley Federal de Garantías, mejor conocida como el Magnuson-Moss Warranty Act del 1975. 1 Ambas leyes, tanto la estatal como la federal, se complementan para brindarle a los consumidores mayores garantías ante la posibilidad de comprar autos defectuosos.

En Puerto Rico, la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, conocida como la “Ley de Garantías de Vehículos de Motor,” fue concebida para proteger y ofrecer a los consumidores adquirientes de vehículos de motor nuevos en Puerto Rico. Esta ley establece que dichos vehículos han de tener las mismas garantías de fábrica que el fabricante o manufacturero otorga a estos vehículos de motor en los Estados Unidos continentales y que el manufacturero tendrá que proveer el mismo servicio de garantía de fábrica en Puerto Rico.

Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 330 de 2 de septiembre de 2000, conocida como “Ley Complementaria de Garantías de Vehículos de Motor.” Esta ley establecía en Puerto Rico los parámetros a través de los cuales los manufactureros arreglarían o ajustarían los vehículos de motor durante un período mínimo de garantías que tenían que dar a los adquirientes de vehículos de motor nuevos, en especial cuando existía inconformidad en los vehículos de motor con vicios de fábrica.

La Ley Núm. 330, supra, fue derogada el 29 de septiembre de 2004 por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de la Ley Núm. 529 del 29 de septiembre del 2004 (en adelante “Ley 529”). De acuerdo a exposición de motivos en la misma, la Ley 330 estableció unos parámetros que le restaban derechos a los consumidores,2 que le restaban derechos adquiridos mediante la Ley Núm. 7, supra.

No obstante, la Asamblea Legislativa reconoce que la compra de un vehículo de motor nuevo es una transacción sumamente importante que debe estar protegida por leyes claras y precisas que protejan los derechos de los consumidores. En Puerto Rico, el tener un vehículo de motor es una necesidad, máxime cuando los sistemas de transportación pública en nuestra isla no son adecuados para el desplazamiento diario del trabajador común.

Un gran por ciento de los vehículos nuevos que se venden anualmente en Puerto Rico requerirá en algún momento de algún tipo de reparación o ajuste de algún defecto o condición cubierto por la garantía que ofrece el manufacturero o fabricante. El número de Centros de Servicio autorizados para atender la garantía de fábrica es determinada por los mismos fabricantes, por lo tanto, es imperativo que la Ley de Garantía de Vehículos de Motor Nuevo establezca parámetros que permitan minimizar el número de visitas así como atender adecuadamente la calidad y agilidad de los servicios de garantía a ser brindados, evitando demoras injustificadas al momento de recibir servicio bajo garantía. De ésta forma le economizamos tiempo y dinero al consumidor, y minimizamos los problemas de productividad que le crea a las empresas para quienes trabajan quienes ante la falta de unos medios confiables de transportación pública en el país se ven afectadas por la dependencia existente del vehículo de motor de sus empleados para que puedan llegar a su trabajo a cumplir con las obligaciones de su puesto.

Para poder garantizarles efectivamente sus derechos a los consumidores es necesario que la Asamblea Legislativa, a través de legislación, establezca los parámetros mediante los cuales las garantías provistas por los manufactureros de vehículos nuevos puedan ser efectivamente reclamadas dentro del término provisto para las mismas. Un análisis concienzudo de la legislación de garantías de vehículos existente demuestra que hay lagunas que impiden que el consumidor tenga la debida garantía de fábrica que se establece por el manufacturero. El problema principal es que toda la legislación existente obliga la extensión de garantías y algunos requerimientos básicos, sin embargo ninguna claramente establece parámetros para el debido cumplimiento de las mismas.

Esta Ley toma como base los estatutos que se han adoptado a través de las diferentes jurisdicciones en los Estados Unidos. La misma va dirigida a proteger adecuadamente a los consumidores que adquieren un vehículo de motor nuevo al garantizarles el derecho a que se le reemplace el vehículo por uno similar o se le reembolse el importe pagado por la unidad, incluyendo los gastos incurridos, cuando el defecto que presenta el mismo no se corrige dentro del término de tiempo establecido por Ley. De esta manera, se les garantiza a los consumidores que adquieran un vehículo de motor nuevo el valor de su inversión. Por otro lado, la Ley procura asegurar que los servicios de garantías ofrecidos por los manufactureros cumplan con los ofrecimientos realizados a los consumidores en el Certificado de Garantía. Además, la ley limitará la cantidad de vehículos de motor que transiten nuestras vías con desperfectos mecánicos que pongan en riesgo la seguridad de conductores.
ANALISIS DE LA MEDIDA

A los fines del análisis del P. de la C. 23, la Comisión de Asuntos del Consumidor, cumpliendo con sus obligaciones y deberes para la consideración y evaluación de la medida, solicitó y evaluó en vistas públicas las posiciones de:

1. Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO);

2. Asociación Independiente de Concesionarios de Automóviles (AIDA);

3. Asociación de Distribuidores de Automóvil de Puerto Rico (PRADA);

4. Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA);

5. Dr. Shopper – Gilberto Arvelo;

6. Limón Auto Corp. – Ignacio García;

7. Asociación de Bancos de Puerto Rico;

8. The Alliance of Automovile Manufacturers


DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (DACO)

A tenor con el requerimiento de la Comisión de Asuntos del Consumidor, el 16 de abril de 2009 el Honorable Luís G. Rivera Marín, Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor sometió para la consideración de la Comisión de Asuntos del Consumidor su posición y recomendación sobre el P. de la C. 23.

El Secretario somete para la consideración de la Comisión de Asuntos del Consumidor las siguientes enmiendas al proyecto:

“Artículo 3. Interpretación.

Esta Ley deberá interpretarse razonablemente liberalmente a favor del consumidor por ser los vehículos un artículo de primera necesidad ante la ausencia de un sistema de transportación colectivo adecuado en Puerto Rico.”

En el Artículo 4, propone que se enmiende la definición de “contrato de servicio”, a los efectos que el inciso “G” de dicho artículo lea como sigue:

“G. Contrato de servicio –Aquél definido por el Artículo 21.25, inciso (2), de la Ley Núm. 382 de 6 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley de Contrato de Servicio”. Cualquier reclamación sobre el incumplimiento de un contrato de servicio deberá ser referida y atendida por la Oficina del Comisionado de Seguros, excepto las de daños y perjuicios por haber el vendedor, proveedor o compañía de contrato de servicio incurrido en prácticas o anuncios engañosos.”

En el caso del Artículo 15, sugiere que se enmiende el Artículo 15.3 de la siguiente forma:

“15.3.-Todo manufacturero tendrá que proveer a los consumidores una notificación de la dirección y el número de teléfono de su representante de fábrica en Puerto Rico y de aquella entidad localizada en Puerto Rico que aparezca en el Manual del Propietario o Certificado de garantía como la responsable de honrar o administrar la garantía del fabricante bajo ésta Ley. Para el 1ro de enero de cada año, cada manufacturero deberá remitir al Departamento una copia fiel y exacta de la garantía escrita aplicable para cada marca y modelo de vehículo de motor que vende en Puerto Rico.”

Finalmente el DACO propone una enmienda al Artículo 26 para que establezca:

“Artículo 26.-Derechos del Consumidor

Nada de lo dispuesto en esta Ley limitará en forma alguna el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le reconozcan las leyes generales o especiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como las acciones de saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos y la acción redhibitoria o de resolución de contrato que reconoce el Código Civil de Puerto Rico.”

Luego de su análisis, el Secretario del DACO apoya la medida con la incorporación de las enmiendas sugeridas al texto.
ASOCIACION INDEPENDIENTE DEALERS AUTOMOVILES

El Lcdo. Luis Rivera Martínez, Asesor Legal de AIDA, la Asociación Independiente de Dealers de Automóviles, participó de las Vistas Públicas celebradas por la Comisión el 30 de enero de 2009 donde presentó la posición oficial de la organización.

Primero que todo, el Lcdo. Rivera Marín hizo referencia la situación que atraviesa el país, la nación americana y el mundo en lo relacionado a la economía y al impacto sobre la venta de vehículos en Puerto Rico y los Estados Unidos.

En cuanto al contenido del P. de la C. 23, proponen lo siguiente;

En las definiciones se debe considerar:

Definición:

M. Distribuidor Autorizado- Toda persona responsable por la distribución de vehículos nuevos en Puerto Rico por concesión y autorización o acuerdo con el fabricante o su representante de fabrica en Puerto Rico.

Sugerimos se debe decir:

M. Distribuidor Autorizado- Toda persona responsable por la importación distribución o venta de vehículos nuevos en Puerto Rico por concesión y autorización o acuerdo con el fabricante o su representante de fabrica en Puerto Rico.

El cambio se debe a que hay, y puede haber, distribuidores Autorizados que vendan vehículos directamente al consumidor. Además el distribuidor autorizado por el fabricante es el responsable por la importación y el pago de arbitrios al Departamento de Hacienda.

Definición:

N. Distribuidor de Fábrica- Toda subsidiaria o afiliada del fabricante o manufacturero, responsable por la distribución de sus vehículos de motor en Puerto Rico.

Sugerimos debe decir:

N. Distribuidor de Fábrica- Toda subsidiaria o afiliada del fabricante o manufacturero, responsable por la importación y distribución o venta de sus vehículos de motor en Puerto Rico.

El cambio se debe a que puede haber, distribuidores de fábrica que vendan vehículos directamente al consumidor. Además el distribuidor de fábrica es el responsable por la importación y el pago de arbitrios al Departamento de Hacienda.

Por otra parte el P. de la C. 23 no considera en sus definiciones al Distribuidor y/o Agente Distribuidor. El Tribunal Supremo de Puerto Rico definió al Distribuidor y/o Agente Distribuidor en Joaquín Soler v. Jeep Int., 108 D.P.R. 134, de la siguiente manera:

Distribuidor y/o Agente Distribuidor: Intermediario y/o persona natural o jurídica, que tiene efectivamente a su cargo en Puerto Rico, o en cualquier área geográfica o en algún sector de algún pueblo o municipio de Puerto Rico, o de algún área de ese lugar, la distribución , agencia, concesión, promoción, coordinación y desarrollo del mercado, publicidad (total o parcial para Puerto Rico o esa área geográfica especifica), inventario, conclusión de contratos de ventas, cobro, entrega al consumidor, y/o representación de determinada marca de vehículos y/o automóviles, y/o servicio a los mismos.

Solicitamos sea incluida en el proyecto de Ley P. de la C. 23 la definición del Distribuidor y/o Agente Distribuidor como fue definido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

De igual forma sugiere se enmiende el Artículo 12 en la página 18 del proyecto de ley.

“Articulo 12- Término, naturaleza de la garantía en los vehículos de motor nuevos.

12.1 Todo distribuidor autorizado o concesionario, representante de fábrica, distribuidor de fábrica, agente de servicio autorizado, y vendedor autorizado tendrán que, a nombre y en representación del fabricante o manufacturero, que honrar la garantía de fábrica a tenor con el Artículo 3 de la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, según enmendada, tomando en cuenta que los vehículos de motor cuenten con los mismos componentes y especificaciones. Tanto el fabricante o manufacturero como todos los representantes anteriormente señalados, podrán conceder una garantía más amplia y de mayor alcance que la que exige esta Ley. “

De acuerdo a AIDA, con éste artículo se logra liberar al fabricante, manufacturero, representante de fábrica o distribuidor de fábrica de dar la garantía a los consumidores.

La Comisión entiende que la enmienda sugerida resulta innecesaria. El Artículo 12 hay que leerlo en conjunto con el Artículo 3 de la Ley Núm. 7, supra. El Artículo 12 persigue que los intereses de los consumidores sean salvaguardados frente a los intereses del manufacturero y el distribuidor o vendedor, según se definen estos términos en la Ley Núm. 7 para precisamente asegurarse que a los consumidores se les honre su garantía. Bajo ninguna circunstancia se libera al Manufacturero o fabricante de su responsabilidad.

Por otro lado, AIDA sugiere que se enmiende el P. de la C. 23 de forma tal que no se pueda interpretar que la Ley impone una obligación solidaria de honrar la garantía, entre el fabricante y el vendedor, concesionario, distribuidor y/o agente distribuidor que no es representante exclusivo del fabricante.

El Artículo 20 sobre los Remedios Disponibles al Consumidor establece inequívocamente en sus incisos 20.1 y 20.2 que el manufacturero, su representante autorizado, distribuidor de fábrica, distribuidor autorizado, o aquella entidad que aparezca en el Manual de Operación, Manual del Propietario o Certificado de garantía como responsable de honrar o administrar la garantía son los responsables de responderle al consumidor por el reemplazo o adquisición de su vehículo en aquellas situaciones que no pueden ajustar el vehículo de motor a la garantía después de un número de intentos de reparación razonables dentro del plazo provisto por ley.

Sin embargo, el consumidor no puede quedar desprovisto de remedios en aquellas situaciones en que la razón por la cual no se pudo ajustar el vehículo a la garantía no es atribuible a un defecto de fábrica sino a una mala intervención del concesionario de servicio. Por lo tanto, aunque el Artículo 20.4 del proyecto establece que la responsabilidad primaria recae sobre el manufacturero o fabricante, del Departamento o un Tribunal con competencia determina que existe algún grado de responsabilidad en el vendedor, el concesionario y el agente de servicio autorizado, éstos podrían ser responsables solidaria o mancomunadamente por el remedio concedido:

20.4.-Independientemente del remedio que seleccione el consumidor, de éste presentar una reclamación ante el Departamento o un tribunal con competencia, además de las personas llamadas a responderle al consumidor conforme a lo dispuesto en los Artículos 20.1 y 20.2, el vendedor, el concesionario y el agente de servicio autorizado podrán ser responsables solidaria o mancomunadamente por el remedio concedido. La obligación de responder del vendedor, concesionario y/o el agente de servicio autorizado, estará sujeta a la determinación del grado de responsabilidad atribuible a cada uno de los participantes que intervino en la cadena de distribución, venta, y reparación del vehículo de motor nuevo que el Departamento o un tribunal con competencia les asigne.

No obstante, en las Vistas Públicas celebradas por la Comisión de Asuntos del Consumidor el 30 de enero de 2009, el panel compuesto por PRADA y AIDA expresaron su conformidad con el 99.9% del articulado del P de la C 23, aunque expresen sus reservas sobre algunos aspectos del mismo.
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