Protocolo de ushuaia sobre compromiso democratico en el mercosur, la republica de bolivia y la republica de chile y su ley aprobatoria






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Sentencia C-538/10
PROTOCOLO DE USHUAIA SOBRE COMPROMISO DEMOCRATICO EN EL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE Y SU LEY APROBATORIA-Armonizan con los fines, principios y derechos reconocidos en la Constitución Política
PROTOCOLO DE USHUAIA SOBRE COMPROMISO DEMOCRATICO EN EL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE-Trámite legislativo
VICIO DE PROCEDIMIENTO EN LA FORMACION DE LA LEY-Subsanación
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
El examen de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias presenta características especiales que han sido decantadas por la jurisprudencia de esta Corporación, a saber: (i) es previo a la ratificación que perfecciona el tratado, aunque posterior a la aprobación del Congreso y la sanción del Gobierno; (ii) es automático, pues debe remitirse por el Gobierno a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley aprobatoria del tratado; (iii) es integral, toda vez que se examinan los aspectos formales y materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con toda la Constitución, incluidas las normas que se integran a ella; (iv) es preventivo, ya que busca garantizar no sólo el principio de supremacía de la Constitución, sino también el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad internacional; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del tratado y la consecuente obligación del Estado; y, finalmente, (vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional. Además, el juicio de constitucionalidad exige a la Corte abordar un análisis formal y material tanto del tratado como de su ley aprobatoria.
DEMOCRACIA-Base del ordenamiento constitucional/DEMOCRACIA-Se proyecta en una triple dimensión constitucional

Como acto libre y en ejercicio de su soberanía, el Constituyente de 1991 fue especialmente acucioso en reivindicar la democracia como estandarte del ordenamiento jurídico-político colombiano. Así, señaló el propósito de garantizar bienes como la vida, la justicia, la igualdad, la libertad, el trabajo y la paz, “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo”(Preámbulo). Proclamó que uno de los principios fundantes del Estado Colombiano es su organización como República “democrática, participativa y pluralista” (artículo 1º). Consagró los fines esenciales del Estado, uno de los cuales es el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (artículo 2º). Reconoció el principio de soberanía popular y su ejercicio por el Pueblo “en forma directa o por intermedio de sus representantes” (artículo 3º). Además, reivindicó el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (artículo 40). En este escenario, la democracia se proyecta en una triple dimensión constitucional. De un lado, (i) es un fin esencial o valor fundante del Estado que “basa todo su accionar en la limitación y racionalización del ejercicio del poder y en el respeto por la libertad, la igualdad, la participación y el pluralismo”. De otro lado, (ii) constituye un principio básico, en la medida en que “define la naturaleza de nuestra organización institucional y delimita las relaciones que existen entre los ciudadanos y las autoridades”. Finalmente, (iii) una de sus manifestaciones concretas es la participación ciudadana, que se refleja “no sólo como un estandarte del principio democrático, sino que constituye a la vez un verdadero derecho de naturaleza fundamental.

PRINCIPIO DEMOCRATICO-Carácter universal y expansivo/PRINCIPIO DEMOCRATICO-Repercusión en el manejo de las relaciones internacionales
La dimensión constitucional del principio democrático implica reconocer su carácter universal y expansivo, de manera que su fortalecimiento es un asunto que concierne a todas las autoridades y en algunos escenarios a los particulares. El principio democrático tiene repercusión “no sólo en la estructura y acción del Estado colombiano en su interior, sino también en el manejo de las relaciones internacionales”, proyectándose en las diferentes esferas en las que se expresa el poder del Estado. Una de ellas corresponde al plano de las relaciones internacionales y en particular la asunción de obligaciones en los procesos de integración económica regional.
PROCESOS DE INTEGRACION ECONOMICA-Desarrollo sobre la base del principio democrático
La Corte considera que el fortalecimiento de la democracia es, por una parte, un principio fundante del Estado Colombiano que como tal debe tomarse en cuenta para el desarrollo de las relaciones internacionales y la consolidación de procesos de integración Latinoamericana y del Caribe. Por otra, la democracia constituye un postulado básico promovido por la comunidad internacional, que la estimula como forma de gobierno de los Estados y la proyecta en los organismos internacionales. Si en el constitucionalismo actual “no hay otra constitución que la constitución democrática”, en el escenario actual de las relaciones internacionales no se concibe una integración que no estimule el respeto de la democracia, pues “sin ésta no tendría sentido hablar de integración.
CLAUSULA DE CONDICIONALIDAD DEMOCRATICA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y PROCESOS DE INTEGRACION REGIONAL-Contenido
La cláusula de condicionalidad democrática es el instrumento jurídico a través del cual se supedita la entrega de asistencia económica o se sujeta la participación y toma de decisiones al interior de un organismo internacional, a la vigencia y respeto de las instituciones democráticas al interior de un Estado. Por esta vía, el derecho internacional se convierte en un instrumento para promocionar la democracia “a través de la sanción de procedimientos antidemocráticos, o incluso proponiendo posibles modelos de convenios o tratados internacionales que recojan y codifiquen el derecho de todos los individuos a tener un gobierno democrático”. Los antecedentes de la cláusula de condicionalidad democrática se encuentran en el marco de la cooperación económica internacional, aunque recientemente esta exigencia se ha afianzado en los procesos de integración regional, tanto en Europa como en América, bajo la idea de que estos organismos “pueden hacer condición de admisión y permanencia la adopción y conservación de un régimen democrático según los estándares de la organización y de sus miembros, pudiendo suspender a quienes no lo respeten.
TRATADOS INTERNACIONALES SUJETOS A CLAUSULA DE CONDICIONALIDAD DEMOCRATICA-Debe ser interpretado como un avance en los procesos de integración regional

La existencia de tratados internacionales sujetos a la cláusula de condicionalidad democrática, en los cuales se contemple la posibilidad de adoptar medidas sancionatorias en el marco de cada organización, con el propósito de contribuir a la estabilidad y el restablecimiento del orden democrático en los Estados Partes, cuando quiera que éste se haya visto afectado, debe ser interpretada como un avance en los procesos de integración regional. Los acuerdos de este tipo no sólo son compatibles con la nueva dinámica de las relaciones internacionales, sino que armonizan con los fines, principios y derechos reconocidos en la Constitución de 1991, particularmente con los que orientan las relaciones internacionales y la integración económica, social y política en Latinoamérica y del Caribe.
PROTOCOLO DE USHUAIA SOBRE COMPROMISO DEMOCRATICO EN EL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE-Ambito de aplicación
La Sala observa que el ámbito de aplicación del acuerdo y de las medidas en él previstas está circunscrito a las relaciones surgidas en el marco de integración del Mercosur, lo cual es constitucionalmente válido por cuanto no excede los límites inherentes a esa organización ni incursiona en órbitas ajenas que puedan afectar la autonomía y libertad de cada Estado. Por otro lado, la aplicación del tratado se supedita a la ruptura del orden democrático en alguno de los Estados Partes, lo cual se acompasa con los propósitos generales del Acuerdo.
RUPTURA DEL ORDEN DEMOCRATICO-Definición
Responde a la técnica de los conceptos jurídicos abiertos e indeterminados y, por lo mismo, es susceptible de ser definido a partir del cotejo del acatamiento a sus principales principios, como lo son, entre otros, la dignidad y los derechos fundamentales, el principio de soberanía popular y la separación funcional del poder público (artículos 1°, 2°, 3° y 113 de la Constitución Política). De manera pues que el concepto “ruptura del orden democrático”, puede ser definido a partir de los principios contenidos en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales que pregonan por la defensa de la democracia, tales como, Carta Democrática Interamericana de la OEA, recientemente reiterada en la Declaración de Nuevo León del 13 de enero de 2004, en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas realizada en Monterrey, México”.
PROTOCOLO DE USHUAIA SOBRE COMPROMISO DEMOCRATICO EN EL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE-Ruptura del orden democrático, consultas previas y medidas para propiciar el restablecimiento

Referencia: expediente LAT-333


Revisión de constitucionalidad del “Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, hecho en Ushuaia, Argentina, el 24 de julio de 1998”, y de la Ley aprobatoria número 1208 del 14 de julio de 2008.

Magistrado Ponente:

Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D. C., treinta (30) de junio de dos mil diez (2010).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Adhesión de Colombia, como Estado asociado del Mercosur, al protocolo de Ushuaia sobre el compromiso de fortalecimiento de la democracia.

Subsanado el vicio de procedimiento observado por la Corte en la formación de la Ley 1208 de 2008 (Auto 171/09), relativo al incumplimiento del requisito de anuncio previo a la discusión y votación del proyecto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, le correspondía examinar en primer término, el trámite legislativo del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático (1998). De este examen, la Sala concluyó que la citada ley cumplió a cabalidad con las etapas y requisitos establecidos en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso, de manera que la Ley 1208 de 2008, resulta ajustada a la normatividad superior por el aspecto formal.

En cuanto a su contenido material, la Corte tampoco encontró reparo alguno de constitucionalidad. Este análisis comenzó por señalar, que el Protocolo de Ushuaia (1998) constituye un tratado cuyo objetivo principal apunta a reafirmar la vigencia de las instituciones  democráticas como condición indispensable para la existencia y desarrollo en el Mercosur, creado mediante el Tratado de Asunción, cuyos principios y fines se reafirman en el preámbulo del Protocolo. Reiteró que el principio democrático tiene repercusión no sólo en la estructura y acción del Estado colombiano en su interior, sino también en el manejo de las relaciones internacionales, proyectándose en las diferentes esferas en las que se expresa el poder del Estado. Al mismo tiempo, indicó que la democracia se ha convertido en un componente de primer orden en las relaciones entre Estados, bajo supuestos de participación y representación ciudadana en condiciones mínimas de igualdad.

En el caso colombiano, los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución trazan el derrotero a seguir en materia de relaciones exteriores y procesos de integración regional. De un lado, el artículo 9º se refiere expresamente a que éstas se fundan en la soberanía, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. De otra parte, los artículos 226 y 227 de la Carta enfatizan en la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de reciprocidad, conveniencia nacional, equidad e igualdad, a la vez que en la integración de Colombia con los demás países de América Latina y del Caribe. Como es lógico, los diferentes procesos de integración deben desplegarse en armonía con los demás fines y principios reconocidos en la Constitución Política, entre ellos el principio democrático, base fundante del Estado colombiano. La Corte afirmó que si en el constitucionalismo actual “no hay otra constitución que la constitución democrática”, en el escenario actual de las relaciones internacionales no se concibe un proceso de integración regional que no estimule el respeto de la democracia, pues “sin ésta no tendría sentido hablar de integración”.

Ahora bien, la Corporación precisó que la cláusula de la condicionalidad democrática consiste en un instrumento jurídico a través del cual se supedita la entrega de asistencia económica o se sujeta la participación y toma de decisiones al interior de un organismo internacional, a la vigencia y respeto de las instituciones democráticas en un Estado. Por esta vía, el derecho internacional se convierte en un instrumento para promocionar la democracia. Los antecedentes de esta cláusula se encuentran en el marco de la cooperación económica internacional, aunque recientemente esta exigencia se ha afianzado en los procesos de integración regional, tanto en Europa como en América, en donde se encuentra en el Protocolo de Washington aprobado en Colombia mediante la Ley 210 de 1995, como también, en el “Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia”, aprobado en nuestro país por medio de la Ley 846 de 2003, instrumentos internacionales declarados exequibles por la Corte Constitucional.

En ese marco, la Corte verificó que el articulado del Protocolo de Ushuaia, resulta acorde con los principios, valores y preceptos constitucionales. No obstante, en relación con el artículo 6º del Acuerdo que exige consenso para adoptar las medidas previstas en el artículo 5º, si bien constituye una expresión del derecho a la igualdad al interior de MERCOSUR y se justifica en razón de la transcendencia e impacto institucional de las decisiones que pueden adoptarse, la exclusión del Estado afectado en el proceso decisorio pertinente sólo puede comprender la decisión como tal, pero desde ninguna perspectiva puede significar la imposibilidad del Estado colombiano de ejercer el derecho al debido proceso (art. 29 de la C.P.), particularmente, en su dimensión de contradicción y defensa, a fin de exponer sus argumentos y pruebas ante los demás Estados Parte, cuando pretendan imponer algún tipo de sanción. Por consiguiente, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 6º del Protocolo de Ushuaia, bajo una declaración interpretativa, consistente en que la imposibilidad de participación se refiere exclusivamente a la adopción de la decisión, más no a la viabilidad de intervenir dentro del proceso, con la finalidad de garantizar el ejercicio cabal de su derecho de defensa. Precisó que frente a tratados multilaterales, es válido hacer declaraciones interpretativas que no afecten el objeto y fin del tratado, a menos que estén expresamente prohibidas, lo que no ocurre en esta ocasión. Con esta salvedad, el Protocolo fue declarado exequible en cuanto se refiere a su contenido material.  

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión constitucional del “Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, hecho en Ushuaia, Argentina, el 24 de julio de 1998”, y de la Ley aprobatoria 1208 del 14 de julio de 2008.
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